Desde el 2 de diciembre, al dormir en un hotel, comprar en una agencia de viajes o alquilar un coche, tendremos que dar 42 datos nuevos. Entre ellos están el teléfono, el correo electrónico, el lugar de residencia, la tarjeta y su fecha de caducidad si pagamos con ella, el parentesco (¿cómo? No se sabe) si hay menores de edad. Los establecimientos deben almacenar estos datos durante tres años. Los deben registrar en una aplicación del ministerio del Interior (que a principios de semana estaba caída).
La regulación es legalmente dudosa. Se limitan derechos fundamentales de los ciudadanos no a través de una Ley Orgánica como sería preceptivo sino de un real decreto. Este se ampara en el desarrollo del artículo 25 de la Ley de Seguridad Ciudadana, una regulación que según Pedro Sánchez situaba a España en la derecha más extrema de Europa pero que no ha tenido tiempo de cambiar en los más de seis años que lleva en el Gobierno. No se ha consultado al sector. No se ha hecho una evaluación de impacto. El Estado decide recopilar una cantidad enorme de información y además exige que el trabajo se lo hagan otros. Gestionarlo genera dificultades para los establecimientos y les coloca en desventaja: en ningún país de Europa se piden tantos datos. Este recorte de la intimidad se quiso hacer a espaldas de los ciudadanos (organizaciones del sector, periodistas como Ignacio Cembrero y expertos como Borja Adsuara protestaron; el PP llevó el asunto al Senado.)
El acopio de datos, muy superior al que se hacía durante el franquismo, se justifica por razones de seguridad. Los criminales utilizan hoteles: inconcebible. También comen en restaurantes, posiblemente, compran zapatillas, van al gimnasio y alguno se suscribirá a este periódico o a Spotify: la elección del sector es arbitraria. Paradójicamente, el primer efecto es la inseguridad: si el Estado es vulnerable a ataques –como hemos visto con la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tráfico–, el peligro resulta todavía más claro para los establecimientos, que a menudo son pequeñas empresas sin mucha protección frente a los hackers. ¿Quién responderá del robo de datos que sin duda se va a producir? Existe una prevención razonable ante la idea de que el Estado tenga más datos de los mínimos necesarios, ejemplos concretos de uso político de las instituciones no inspiran ninguna tranquilidad y es delirante que se trate a todos los individuos como si fueran sospechosos.
Se invade la intimidad de los ciudadanos con exigencias abusivas, se legisla de manera tramposa y desproporcionada, se dificulta el trabajo de las empresas y se crea una inseguridad mayor: a medio camino entre Philip K. Dick y Rompetechos, tenemos un Leviatán voraz que ni siquiera sabe atarse los cordones.
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).
