Hay consenso en que una de las pocas diferencias entre los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum es la política de seguridad. El activismo del gabinete de seguridad es evidencia nítida de dos cosas. Primera, que los “abrazos” a las organizaciones delictivas han sido abandonados, declarando tácitamente y de paso, que fueron un error grave. Segunda, que se tratará de imponer un límite a la militarización de la seguridad pública, pues el mando de la estrategia (que no de la fuerza operativa) está en Omar García Harfuch, un mando civil, situación que no debe ser del agrado de muchos generales. Ambas decisiones me parecen acertadas.
Lo anterior haría pensar que la estrategia de seguridad va por buen camino. Seguir en la ruta anterior llevaría al país a un abismo aún más profundo del que lo dejó AMLO: el daño a la sociedad crecería exponencialmente; el riesgo del avance político del crimen organizado pondría en riesgo las partes aún sanas del Estado y el empoderamiento del estamento militar aumentaría peligrosamente en detrimento del poder civil.
Sin embargo, pese a que el rumbo es correcto, la profundidad y eficacia de las nuevas políticas y proyectos enfrentan limitaciones severas, que son producto de factores políticos del mismo proyecto de gobierno.
Las contradicciones del nuevo diseño institucional
El Congreso legisló, a fines de junio pasado, una nueva institucionalidad para la seguridad pública, con la cual se enfrentarán los retos en esa materia:
En principio, se aprobó la militarización permanente de la Guardia Nacional con su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional, no obstante que el artículo 21 de la Constitución establece que “las instituciones responsables de la seguridad pública deben ser de carácter civil”.
Además, con la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se consolidó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con un mando civil cuya atribución principal es definir y coordinar la estrategia nacional de seguridad pública, en la que deben participar y coordinarse los tres órdenes de gobierno, pero con un fuerte componente centralizado, ya que la federación tiene nuevas facultades para suspender recursos y centralizar decisiones.
Finalmente, se creó el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que será el principal instrumento para las operaciones en contra de las organizaciones criminales y la reducción de los delitos de mayor impacto en la sociedad.
Sin entrar a un análisis profundo de este nuevo entramado institucional (en artículos anteriores he analizado con más detalle las deficiencias de la militarización y de la ley del sistema de inteligencia), me interesa destacar las contradicciones y límites que obstaculizarán o reducirán la eficacia de la nueva estrategia:
En cuanto a la Guardia Nacional militarizada: a) no tiene una misión definida, lo que impide exigirle cuentas y poder evaluar su desempeño; su función básica sigue siendo el despliegue de fuerza, una tarea meramente disuasiva que contribuye poco a pacificar el país; b) está integrada mayoritariamente por soldados que no son policías; por tanto su propensión a violar los derechos humanos, pese a los esfuerzos por inculcarles su respeto, es mayor; c) la opacidad de la Defensa Nacional impide conocer su tamaño real y saber cómo y cuándo la transformarán en una verdadera fuerza policial. Estas deficiencias severas hacen evidente que el ejército mexicano, pese a llevar 18 años asumiendo cada vez mayores responsabilidades en materias de seguridad pública, no ha traducido esa experiencia en un pensamiento estratégico integral para hacerse cargo de la seguridad pública del país.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene el acierto de fortalecer a la SSC y asignarle la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de todo el sistema (el gabinete de seguridad y los gobiernos locales), pero comete el error grave de no hacerse cargo de que el problema estructural de la violencia e inseguridad no es la falta de mecanismos de coordinación, sino de capacidades de las instituciones de seguridad y justicia, especialmente en el ámbito estatal y municipal. Al igual que en la administración de Peña Nieto, sobrestiman el papel de las mesas de coordinación para la paz. Por supuesto que coordinarse es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿De qué sirve coordinarse con policías locales insuficientes e ineficaces o, peor, controladas por el crimen organizado y con fiscalías sumidas en la corrupción, la burocracia y con carencias abrumadoras? En la nueva ley no hay un planteamiento serio e integral para reconstruir y fortalecer operativa y presupuestalmente a los policías, las fiscalías, los poderes judiciales y el sistema penitenciario.
A ello debe añadirse la tendencia centralizadora del Sistema. Quizás en ciertas condiciones y temporalmente es pertinente que la Federación tenga facultades para forzar a los gobiernos locales a colaborar. Pero está claro que la seguridad se construye desde lo local hacia lo nacional, y el centralismo (que suele acompañarse de prepotencia e ignorancia de las especificidades regionales) no es recomendable en el mediano plazo, por ineficaz.
El Sistema de Investigación e Inteligencia es una herramienta indispensable que puede ser un factor decisivo para otorgar una gran ventaja al Estado frente a las enormes capacidades del crimen organizado. El problema del sistema es que está diseñado más allá de lo necesario –tiene características de un Big Brother orwelliano– y carece de controles legales y políticos, por lo que existe el riesgo de abusos para otros fines (control político, acoso de adversarios, espionaje a medios, opositores, etc.) que acaben por deslegitimarlo frente a la sociedad.
¿Es real la reducción de la violencia?
El cambio de estrategia se ha traducido en una intensa actividad del gabinete de seguridad (operativos en varias entidades, especialmente en Sinaloa para tratar de controlar el conflicto entre los hijos de El Mayo y los Chapitos; accione contra el huachicol; inicio de la estrategia contra la extorsión; despliegue de la Guardia en las carreteras, etc.), que, desde la perspectiva oficial, ha tenido resultados positivos, como la reducción de homicidios (25%) y delitos de alto impacto (20%), incremento de detenciones (más de 25 mil), destrucción de laboratorios (115), aseguramiento de drogas (188 toneladas) y armas (13 mil), según las cifras de Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno.
Sin embargo, habrá que matizar el optimismo, cuando menos en el tema de homicidios. Desde 2019 se ha presentado un fenómeno nunca explicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Los homicidios son clasificados en tres categorías: dolosos (cuando hay intención de quitar la vida), culposos (sin intención, como los accidentes) y “otros delitos que atentan contra la vida” (que no tienen una causa definida o el ministerio público no la pudo identificar). Históricamente, el número de los “otros delitos contra la vida” eran alrededor de 20% de los homicidios dolosos, pero a partir de 2019 comenzaron a crecer de manera desproporcionada, hasta llegar a representar 54% de los homicidios dolosos.
| Año | Homicidio doloso | Homicidio culposo | Otros delitos que atentan contra la vida | Otros delitos/ Homicidios dolosos (%) |
| 2015 | 17,884 | 17,104 | 3,692 | 20.6 |
| 2016 | 22,541 | 17,064 | 4,458 | 19.8 |
| 2017 | 28,868 | 17,976 | 5,765 | 20.0 |
| 2018 | 33,742 | 17,339 | 8,064 | 23.9 |
| 2019 | 34,723 | 17,722 | 10,269 | 29.6 |
| 2020 | 34,569 | 16,877 | 12,237 | 35.4 |
| 2021 | 33,361 | 17,978 | 14,928 | 44.7 |
| 2022 | 30,978 | 19,208 | 15,359 | 49.6 |
| 2023 | 29,714 | 19,259 | 16,490 | 55.5 |
| 2024 | 30,047 | 19,264 | 16,339 | 54.4 |
Fuente: INEGI.
En los tres primeros trimestres de Claudia Sheinbaum, los otros delitos contra la vida registran una tendencia creciente y ahora representan 74% de los homicidios dolosos.
La sospecha de que existe una manipulación estadística para presentar una realidad menos violenta es inevitable. Las cifras que reporta el SESNSP resultan de la agregación de las estadísticas que le envían las fiscalías estatales y al parecer no hay ningún proceso de validación o verificación a nivel nacional, por lo que la confiabilidad de la información depende de la seriedad del trabajo de las fiscalías locales. Y no hay una tendencia única del comportamiento de los otros delitos a nivel estatal. Algunos estados han abusado de esa tercera categoría, muy probablemente para presentar una cifra de homicidios dolosos menor a la real.
Lo han hecho gobiernos morenistas y panistas. Entre los primeros destacan los de la Ciudad de México, Estado de México, Baja California (estos tres ya tienen menos homicidios que otros delitos contra la vida), Tabasco e Hidalgo; de los panistas destacan Guanajuato, Chihuahua, Querétaro e incluso Yucatán. Los estados modelo de seguridad, gobernados por el PAN, pudieran no serlo. ¿A qué están jugando las gobernadoras y gobernadores de Acción Nacional? También hay entidades donde es real la tendencia decreciente de los homicidios (y además disminuyen los otros delitos contra la vida), sin embargo, se compensan con estados donde crecen ambas categorías. Podría decirse, pues, que la manipulación se estaría dando a nivel estatal y no por parte del gobierno federal, aunque este presume una cifra que muy probablemente no es real. En todo caso, será difícil conocer la cifra exacta mientras las fiscalías estatales no expliquen el comportamiento atípico de los otros delitos contra la vida.
Este breve apunte sobre el nivel real de los homicidios debe llevar a un debate más profundo sobre los indicadores pertinentes para medir el nivel de violencia que se vive en el país. Y es que, si ya apareció ese tercer “cajón” que al parecer sirve de escondite a un número grande pero no preciso de personas asesinadas, también está el fenómeno de las desapariciones, una forma de violencia incluso más cruel por la incertidumbre que durante años sufren los familiares ante la imposibilidad de enterrar a su ser querido y con ello hacerle frente al duelo y estar en posibilidad de superarlo.
La estadística sobre los desaparecidos está lejos del optimismo gubernamental y es por eso que nunca es mencionada en las mañaneras, y menos en el paradisiaco paisaje mexicano que describió Sheinbaum en su primer informe de gobierno.
| Víctimas de homicidio y desaparecidos 2019-2024 y promedio diario al día | ||||||
| Año | Víctimas de homicidio | Promedio diario | Desaparecidos | Promedio diario | Homicidios + desaparecidos | Promedio H+D |
| 2019 | 36,661 | 100.4 | 9,259 | 25.4 | 45,920 | 125.8 |
| 2020 | 36,773 | 100.7 | 8,791 | 24.1 | 45,564 | 124.8 |
| 2021 | 35,700 | 97.8 | 9,526 | 26.1 | 45,226 | 123.9 |
| 2022 | 33,287 | 91.2 | 10,172 | 27.9 | 43,459 | 119.1 |
| 2023 | 32,252 | 88.4 | 11,372 | 31.2 | 43,624 | 119.5 |
| 2024 | 33,241 | 91.1 | 13,514 | 63.4 | 46,755 | 128.1 |
| 207,914 | 94.9 | 62,634 | 28.6 | 270,548 | 123.5 | |
Fuente: INEGI y Secretaría de Gobernación
Si a ello se añaden los otros delitos contra la vida, tendríamos un panorama más realista de la violencia en México, la cual está lejos de tener una tendencia decreciente.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI; SESNSP y Secretaría de Gobernación
Si tanto el gobierno como la sociedad deseamos librarnos de la pesadilla de la violencia, es indispensable una estrategia que reconozca todas sus dimensiones y su magnitud real; de poco servirá autoengañarnos y cantar victoria anticipadamente ocultando bajo la alfombra una parte considerable del problema.
Los límites políticos y presupuestales
Los operativos contra el huachicol en varias partes del territorio, contra la extorsión en los municipios del sur del Estado de México y contra la corrupción política y policiaca también en esa zona deben ser reconocidos. Además del daño a las bandas criminales, el mensaje político es enormemente relevante: la voluntad del Estado de frenar la expansión del crimen organizado después de seis años de libertades plenas para expoliar a la sociedad y apropiarse de territorios e instituciones. Urgía el regreso de esa voluntad política.
Sin embargo, el mensaje está incompleto si no se consideran también la vida efímera que tuvo la iniciativa contra las redes de protección política y policiaca en el Estado de México; las reiteradas negativas a investigar la eventual complicidad del gobernador de Sinaloa en el evento que desembocó en el secuestro del “Mayo” Zambada; la protección política a Adán Augusto López Hernández, cuyo secretario de Seguridad resultó ser líder de una poderosa banda criminal.
En el caso del huachicol se acaba de dar un importante paso con la detención de dos marinos (sobrinos del ex secretario de la Marina de AMLO, Rafael Ojeda) y otros funcionarios de Aduanas involucrados en el decomiso de diez millones de litros en Altamira, en marzo pasado.
Sin regatear el enorme mérito de presentar culpables y actuar en su contra, falta, en este último caso, que avancen más las investigaciones, pues aún no está claro si los marinos acusados eran los dueños de esa empresa dedicada al huachicol (son muchas a lo largo del territorio) o solo empleados que recibieron sobornos por facilitar la entrada del combustible. Un estudio sobre el impacto económico del huachicol en Pemex (por el robo de combustibles y crudo) y en Hacienda (por los impuestos no pagados en el caso del huachicol fiscal) estimó que en el sexenio de López Obrador el daño al patrimonio público fue de 24 mil 500 millones de dólares, cantidad equivalente a cinco veces el presupuesto de este año de la Secretaría de Salud.
Los primeros datos públicos del huachicol fiscal en el sexenio anterior involucraban a Sergio Carmona, poderoso empresario de ese mercado ilícito asesinado en Nuevo León en 2022, quien tenía amplias relaciones con morenistas de alto nivel: Mario Delgado, Andy López Beltrán, Jesús Ramírez y Américo Villarreal, entre otros. ¿Las investigaciones sobre la red de políticos y empresarios vinculados al huachicol llegarán hasta el partido oficial o se detendrán a la mitad de la escalera? ¿Investigarán al ex secretario de Marina, considerando que desde 2022 se dieron a conocer versiones sobre los negocios en que andaban sus sobrinos? Con el tiempo se conocerá hasta dónde llega la voluntad política para desmantelar las redes políticas y empresariales vinculadas a los mercados ilegales (drogas, huachicol, extorsión o venta del del derecho de piso, armas, lavado de dinero, tráfico de migrantes, etc.) y a la corrupción en el sector público. No se necesita ser muy perspicaz para imaginarse las resistencias que ello suscitará dentro de Morena, especialmente de políticos vinculados al gobierno anterior, ya que varios gobernadores parecen tener acuerdos con el crimen organizado para intercambiar control territorial por apoyos para ganara elecciones. Sheinbaum está frente a una batalla aún no ganada. Ojalá y los golpes al huachicol no se queden en los mandos medios inculpados hasta ahora.
De manera acertada, el gobierno emprendió una estrategia nacional contra la extorsión, el delito que más afecta a las empresas de todo tipo (formales e informales, micro, medianas y grandes de los tres sectores) en los 32 estados del país. Se trata de un sistema tributario paralelo al de Hacienda, brutal e implacable por los métodos violentos: pago o muerte. Combatirlo con eficacia y universalidad requiere necesariamente de las policías locales, pues ni los supuestos 130 mil guardias nacionales alcanzan para realizar los operativos de manera permanente en los más de dos mil municipios del país. Pero no hay esos policías estatales y municipales preparados para tal tarea ni tampoco ministerios públicos para preparar las carpetas de investigación que se traduzcan en sentencias, porque además no hay dinero para capacitarlos, equiparlos y pagarles bien. Hace poco se anunció que las policías estatales y municipales deberán incrementar su estado de fuerza en 25% para fines de 2029, un compromiso que no está acompañado de los recursos presupuestales. La campaña nacional contra la extorsión esperará mejores tiempos; a lo mucho se convertirá en operativos pilotos regionales con durabilidad temporal y eficacia muy limitada.
Un tema central de toda estrategia que además de reducir la inseguridad pretenda generar paz (entendida no solo como la ausencia de violencia, sino como la construcción de condiciones de vida cotidiana basadas en la solidaridad, la confianza social y el respeto al estado de derecho; sin miedos de ningún tipo) es el papel que juegan la procuración e impartición de justicia, ya que son el instrumento para dirimir conflictos de manera pacífica. Además, castigar a los culpables de la violencia (eliminando la impunidad) es un acto de reparación indispensable para que pueda comenzar el proceso de sanación de las profundas heridas sociales que han dejado los homicidios y los desaparecidos en las familias y comunidades.
La procuración de justicia –responsabilidad de las fiscalías y los ministerios públicos– vive desde hace décadas una profunda crisis de escasez, corrupción e ineficacia, sin que haya una propuesta seria del gobierno para enfrentarla. Por su parte, la impartición de justicia –responsabilidad de los poderes judiciales, es decir, los jueces– camina en sentido opuesto al de mejorar, gracias a la reforma del Poder Judicial que destruyó la carrera profesional de los juzgadores y abrió la puerta a jueces sin experiencia y, en algunos casos, con antecedentes dudosos para impartir justicia de manera imparcial.
Así, los esfuerzos del SSC para desmantelar organizaciones mediante la detención de miles de sus integrantes difícilmente se traducirán en procesos judiciales rápidos y eficaces que reduzcan la impunidad y contribuyan a la pacificación del país mediante el imperio de la justicia y la recuperación de la confianza social en las instituciones.
¿Colaboración o sumisión con Estados Unidos?
La inclusión del combate al flujo de fentanilo hacia Estados Unidos como una de las prioridades de Trump en su agenda con México se ha convertido en el principal problema político de Claudia Sheinbaum, debido a que el ala dura de la Casa Blanca –es decir, todo el gabinete de seguridad– decidió que los indicadores de éxito no se reducen a las cantidades de la droga incautada y a los capos del narcotráfico detenidos y expulsados a su país. Se debe incluir en ellos el desmantelamiento de las redes de protección política, es decir, detener y procesar a políticos vinculados con las organizaciones criminales, lo que significa –a la luz de los escándalos del secuestro del Mayo Zambada, el huachicol fiscal y La Barredora– poner en la mira policial y judicial a muchos políticos morenistas de alto rango, gobernadores, funcionarios del gobierno y hasta altos mandos de las fuerzas armadas. En términos de ajedrez, es un jaque tanto al expresidente López Obrador como al modelo de dominación del partido político oficial, que, si no es atendido adecuadamente, podría convertirse en jaque mate por sus eventuales implicaciones.
El discurso oficial de ambos gobiernos en materia de colaboración para la seguridad ha estado lleno de lugares comunes: grupos de alto nivel, coordinación sin sumisión, respeto a la soberanía nacional, voluntad de trabajar juntos los mismos objetivos, frases grandilocuentes del nivel de la cooperación, etc. Sin embargo, hay que recordar que las relaciones entre los gobiernos de Trump y Sheinbaum partieron de un nivel de confianza negativo, y sin confianza la colaboración real no existe; es retórica hueca. AMLO se encargó de destruir cualquier atisbo de credibilidad del gobierno mexicano (la liberación de Ovidio después del culiacanazo, en México no se produce fentanilo; a los criminales abrazos; vamos a investigar a Cienfuegos, etc.) y la respuesta del gobierno de Biden fue el operativo para detener al Mayo Zambada y la cerrazón absoluta a informar y explicar. Así las cosas, para reiniciar la ardua tarea de reconstruir la credibilidad del gobierno mexicano frente a la Casa Blanca y recuperar algo de confianza, vino el abandono de los abrazos por parte de García Harfuch y la expulsión (que no extradición) a Estados Unidos de los 55 capos.
Pero Trump y sus halcones aún no están completamente convencidos de la voluntad del gobierno mexicano. Las filtraciones de la existencia de una lista de políticos morenistas involucrados con el crimen organizado; las advertencias de eventuales operativos militares unilaterales; los acuerdos del Departamento de Justicia con los capos mexicanos para que aporten información que será la base de imputaciones futuras; el retiro de visas a morenistas; las acusaciones a la casa de bolsa Vector de estar lavando dinero del narcotráfico; la imposición de aranceles por no haber detenido por completo el flujo de fentanilo y la negativa a definir y firmar un acuerdo amplio de colaboración en la materia son todas señales de dos cosas. Primero, que Estados Unidos quiere acciones mucho más contundentes, léase, políticos morenistas detenidos, enjuiciados y/o entregados legal o ilegalmente a su país. Segundo, que no está dispuesto a eliminar la unilateralidad ni la asimetría de la relación.
El margen de maniobra de Sheinbaum es muy limitado. Las negociaciones reales deben estar centradas en tres objetivos evidentes: que la lista de políticos involucrados con el crimen organizado no incluya a López Obrador ni a sus hijos; que los procesos judiciales se lleven en nuestro país –es decir, que no se solicite su extradición o expulsión para que sean enjuiciados en cortes estadounidenses–; y que le permitan administrar los tiempos. Afortunadamente para la presidenta, quien lleva las negociaciones es Marco Rubio y no Pam Bondi del DOJ o Anne Milgram de la DEA pues, aunque el secretario de Estado no es precisamente amigo de México y fan de López Obrador, es un político más racional que toma en cuenta otros aspectos de la relación y tiene una visión más amplia los objetivos estratégicos y geopolíticos de Estados Unidos; no parece actuar únicamente en función del antimexicanismo de sus colegas o del impacto electoral en las bases trumpistas.
Sin embargo, Rubio y Trump no cederán y mantendrán la presión. El resultado de las negociaciones lo conoceremos tarde o temprano, pero lo más seguro es que, por lo menos, una buena parte del manto de protección que Claudia ha mantenido hasta la fecha para sus compañeros de partido se romperá. Las consecuencias las descubriremos dependiendo de la lista de implicados y de si sus procesos judiciales se dan en suelo estadounidense o bajo la tutela del fiscal Gertz.
El resto de los asuntos –el flujo de fentanilo, la estructura criminal del narcotráfico, la exportación de armas a los cárteles y el lavado de dinero– se adaptarán a las nuevas circunstancias, como lo han hecho durante los último cien años. ~
