Es imposible que en los cuatro años de la segunda presidencia de Donald Trump se resuelva el problema del fentanilo. Tampoco será posible terminar con las intrincadas e “intolerables” redes de complicidad entre políticos y narcos mexicanos, y menos la “eliminación total” de los cárteles del narcotráfico, como lo formuló la fiscal general de Estados Unidos. Esos son los tres parámetros que la administración Trump ha exigido a México para no aplicar tarifas a sus exportaciones. Pero Claudia Sheinbaum tiene menos de un mes para inventar algo que posponga de los aranceles. ¿Si es un juego, de qué se trata?
Algunos datos para entender la complejidad del fentanilo
La epidemia de muertes por sobredosis de fentanilo en EU se disparó en 2015. La venta masiva y sin control, pese a estar regulada, de analgésicos con base en opioides que, se dijo, no causaban adicción, produjo que millones de estadounidenses se volvieran adictos. Para cuando las autoridades trataron de poner orden en la venta de recetas, el daño estaba hecho. Los adictos, ante las dificultades de conseguir opioides legales, recurrieron a la heroína y posteriormente al fentanilo, que comenzaba a llegar desde China. Los cárteles mexicanos solo sustituyeron a los chinos como productores y abastecedores.
Insight Crime, organización dedicada a la investigación del crimen organizado en América Latina, publicó en mayo de 2023 uno de los pocos y más serios estudios sobre las drogas sintéticas en México. Esta es una de sus principales conclusiones: “El fentanilo es un mercado de proporciones nunca antes vistas. La potencia concentrada de esta droga y, por ende, las minúsculas cantidades con las que se trafica hacen casi imposible un control eficaz de la propia droga y sus precursores”.
En México, continúa el estudio, se produce una cantidad considerable de fentanilo, si bien imposible de cuantificar. En lugar de producir fentanilo desde cero, los “cocineros” mexicanos parecen sintetizarlo utilizando precursores y preprecursores que requieren pocos pasos relativamente sencillos para llegar a la droga final.
Y sigue: “Las organizaciones como el Cartel de Sinaloa y el CJNG son solo un eslabón de la cadena de suministro, por lo que centrar los esfuerzos de organismos de seguridad en ellas no tendrá un impacto significativo en el comercio de drogas sintéticas”.
Dadas las pequeñas cantidades necesarias para satisfacer la demanda, el fentanilo ofrece una oportunidad para que los pequeños productores y vendedores entren en el mercado, creando así un comercio más “democrático”, que es mucho más difícil de vigilar. Los sitios de confección pueden estar prácticamente en cualquier lugar, incluso en casas particulares, lo que dificulta su detección. Además, en esos sitios no hay necesidad de maquinaria altamente especializada, y el proceso no genera ruidos u olores fuertes que puedan llamar la atención.
Hasta aquí los resultados de Insight Crime.
Así pues, estos laboratorios para producir fentanilo no son grandes instalaciones cuya destrucción con misiles disparados desde drones mermaría drásticamente la disponibilidad de la droga. Se trata de cualquier casa de cualquier barrio de cualquier ciudad, y por tanto son fácilmente movibles y sustituibles, como lo demostró el reportaje de Natalie Kitroeff y Paulina Villegas en el New York Times publicado a fines de diciembre pasado.
Además, los expertos estiman que para satisfacer la demanda actual de fentanilo en Estados Unidos bastan entre dos y tres toneladas anuales (la dosis requerida por usuario es de un miligramo de fentanilo en una pastilla –dos miligramos pueden matar–, por lo que con un gramo se pueden hacer mil dosis y con un kilo un millón).
Con estos datos, imaginemos un escenario posible de la producción y exportación de 3 mil 600 kilos de fentanilo (las tres toneladas para el consumo, más un 20% de pérdidas por decomisos). Supongamos que el cártel de Sinaloa y el CJNG tienen cada uno 50 laboratorios y existen además 50 productores independientes. Imaginemos que en una “cocinada” de droga, cada laboratorio produce tres kilos. En un día, los 150 laboratorios producirían 450 kilos, por lo que en solo ocho jornadas habrán manufacturado las 3.6 toneladas requeridas para todo el año. Escondida y/o transportada a Estados Unidos, los laboratorios podrían desaparecer el resto del año. Podemos imaginar que el trasiego de esa droga al norte también burlaría fácilmente a los diez mil guardias nacionales que mandó Sheinbaum a la frontera norte por órdenes de Trump.
¿Qué harían los marines que invadieran México, los aviones cargados de sofisticados aparatos de espionaje y los drones con sus misiles rondando el espacio aéreo mexicano, todos en búsqueda de “laboratorios” que estarían cerrados 51 de las 52 semanas del año? Podrían no encontrar nada. Con suerte, se toparían con algún productor independiente despistado.
En otras palabras: si combatir, o por lo menos controlar, la producción y trasiego de mariguana, cocaína o metanfetaminas ha sido casi un fracaso total, la probabilidad de tener algún éxito significativo en el caso del fentanilo es aún más cercana a cero. Otra cosa sería detener capos o políticos, expediente al que probablemente recurrirá la Casa Blanca, aunque la evidencia demuestre que no resolverá el problema.
Sobre la complejidad de las relaciones entre crimen y política
Dos verdades ya de Perogrullo abundan en los análisis de estos días. La primera es que si en un territorio operan organizaciones criminales con grandes libertades y total impunidad para asesinar y depredar es porque existen no uno, sino muchos tipos de complicidad o sociedad con las autoridades. La segunda es que esas relaciones se expandieron y profundizaron el sexenio pasado gracias a la ominosa señal política en que se tradujo la consigna –que no estrategia ni política— de los abrazos y no balazos de López Obrador. Por esa razón, combatir al crimen organizado implica no solo desarticular sus redes de protección política y policiaca, sino blindar lo mejor posible a las instituciones de seguridad y justicia y a los procesos electorales para que no se repita el fenómeno.
La gravedad de la situación que enfrenta Claudia Sheinbaum es que, si quiere realmente reducir los niveles de violencia e inseguridad y demostrar que su gobierno rechaza cualquier alianza con el crimen organizado, entrará en conflicto con importantes grupos de su partido que no han dudado en hacerse socios de las organizaciones criminales, tanto para ganar elecciones como para enriquecerse.
Supongamos que esa voluntad es real y que en las próximas semanas vemos no solo caer al gobernador Rocha Moya, sino multiplicarse las operaciones Enjambre por todo el país sin detenerse en alcaldes y policías de municipios lejos de los grandes mercados ilegales. Entonces aparecerán las complejidades. Enumero las más relevantes:
Traducir en carpetas de investigación bien fundadas judicialmente los innumerables indicios y sospechas sobre los funcionarios, policías, ministerios públicos, jueces, militares, guardias nacionales, legisladores, gobernadores, etc. que han buscado o aceptado acuerdos con grupos criminales. Las variedades de “vínculos” son muchas y de distintos niveles de gravedad. La facilidad y superficialidad con que los medios y las redes sociales señalan e involucran a políticos y policías (muchas veces con información interesada de los mismos criminales) no puede ser el criterio para perseguir. Si algo nos puede sacar tanto de la pesadilla de los pactos políticos con el crimen organizado como del juego interesado de acusaciones mediáticas sin fundamento y de las presiones externas, es la aplicación rigurosa del estado de derecho. Y eso comienza con investigaciones judiciales impecables.
La debilidad institucional de las policías y fiscalías para investigar y darle soportes sólidos a sus carpetas (evidencia válida frente a los jueces), causada no solo por la corrupción que existe en las fiscalías, sino por la escasez de policías, fiscales y peritos especializados y bien capacitados; de falta de equipos y laboratorios forenses; de la pobreza presupuestal de las instituciones. Los rezagos son impresionantes y superarlos tomará varios años.
Las resistencias políticas. Algunas son, en teoría, relativamente fáciles de superar, como los celos y las competencias entre dependencias. Otras son más complicadas, como los boicots o las filtraciones de información por parte de funcionarios involucrados que harán todo lo posible por que las investigaciones no avancen. Hace poco se comentó en artículos de opinión cómo han boicoteado a García Harfuch, a quien no le entregan las plazas administrativas, el personal policial, las instalaciones, los vehículos ni el armamento que le prometieron para operar. ¿Será que impedirán, por la buenas o por las malas, la operación y un eventual éxito del único enclave civil que agrieta la militarización completa de la seguridad pública ordenada y defendida por López Obrador? ¿Aguantarán García Harfuch y Claudia Sheinbaum los embates de los radicales de Morena que actúan a las órdenes de ya sabemos quién?
Los elementos anteriores nos ayudan a dimensionar los esfuerzos y el tiempo que se requieren para estar en capacidad de iniciar una operación a gran escala tanto contra las redes de protección política como para desmantelar organizaciones criminales.
En 2010, el gobierno de Felipe Calderón decidió desarticular a los Zetas con el apoyo de Estados Unidos. Para ello se creó un centro de fusión de inteligencia –donde operaban todas las agencias mexicanas y estadounidenses– dedicado específicamente a generar la inteligencia que guiara las acciones de desmantelamiento de la estructura logística, operativa, financiera y militar de esa organización criminal. Le llevó más de tres años. Sergio Aguayo tiene bien documentado el caso.
Lo que viene
Los “halcones” del gabinete de seguridad de Trump no serán pacientes, y menos el habitante de la Casa Blanca. Quieren “resultados” espectaculares y rápidos que le puedan vender a sus clientelas políticas y a su base social. Básicamente tienen dos opciones.
La primera consistiría en operaciones vistosas militares o civiles (como pasear los portaviones y aviones espías) para eliminar o detener capos y destruir infraestructura de los cárteles. Aunque esta opción sea la preferida de los más duros e ignorantes del gabinete trumpista, tendría repercusiones muy negativas para ellos. La violación de la soberanía generaría un repudio nacional –y probablemente internacional– que le daría pretexto al gobierno para cancelar cualquier tipo de colaboración con E.U. Sin ella, las probabilidades de éxito para desmantelar a los carteles se reducen prácticamente a cero. La repulsa nacional orquestada por Morena también frenaría cualquier acción contra políticos relevantes de ese partido inmiscuidos con los narcos. Sheinbaum tendría, con toda razón, que defender la soberanía del país, y de paso, a los miembros de su partido señalados por Estados Unidos. Es el mejor escenario para AMLO.
Si las voces menos radicales –como la de Marco Rubio– se imponen y frenan los impulsos militaristas e intervencionistas y E.U. opta por la colaboración, no sería extraño que Trump y Sheinbaum coincidan en que lo mejor y lo posible sean las acciones espectaculares para mantener contentas a sus bases: la detención de capos ha sido el recurso más vistoso, con gran impacto mediático, aunque de efectos nulos en términos de la producción y comercialización del fentanilo. Pero a ambos les beneficiará que las muertes por sobredosis de fentanilo ya se estén reduciendo (14% entre 2022 y 2023) debido tanto a la mayor disposición de naloxona –el fármaco que, aplicado oportunamente, impide la muerte de los adictos críticos– como a una ligera reducción de nuevos consumidores jóvenes, gracias a las campañas de prevención en escuelas.
Solo queda la incógnita en lo referente a la persecución de los narcopolíticos, pues si Trump y sus aliados no quitan el dedo del renglón, Claudia Sheinbaum quedará entre la espada y la pared. Lo obvio sería que trate de negociar que López Obrador nunca sea mencionado. Como sería muy difícil proteger a más personajes, más le vale aceptar que le ayuden a hacer la tarea de limpia, caiga quien caiga, pues de lo contrario hasta podrían negarse a cuidar al expresidente.
Si le gana el pragmatismo y no se deja llevar por la solidaridad con los miembros de su partido cuya lealtad está con el crimen organizado, Claudia Sheinbaum se estará haciendo un enorme favor a ella misma –ganaría independencia tanto del expresidente como de los duros de su partido– pero sobre todo al país, pues lo pondría en la vía de derrotar a la gobernanza criminal. Sería un gran paso. ~
Es especialista en seguridad nacional y fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Es socio de GEA.
