Durante los últimos meses, los choques entre el gobierno y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se han incrementado dramáticamente. En mayo, la Secretaría de Educación despidió a más de tres mil maestros que se fueron a un paro indefinido; la razón oficial fue que habían acumulado “cuatro inasistencias injustificadas”. Al mes siguiente, fueron arrestados el secretario general de la sección 22, Rubén Núñez Ginés y el secretario de organización, Francisco Villalobos, ahora ya libres bajo caución. Y el 19 de junio la policía federal abrió fuego sobre manifestantes en el pueblo oaxaqueño de Nochixtlán, una acción que dejó un saldo de ocho muertos y cientos de heridos. Para cuando escribo estas líneas, continúan los bloqueos en Oaxaca y Chiapas, las manifestaciones son frecuentes en Guerrero y Michoacán, y los maestros permanecen en huelga indefinida en la Ciudad de México.
Los maestros en huelga sostienen que las reformas propuestas por el presidente Peña Nieto, centradas en una evaluación estandarizada, discriminan a los maestros de las regiones más pobres e indígenas, además de que serán usadas para disminuir el poder de la muy poderosa CNTE y que están diseñadas para dar inicio a una privatización gradual del sistema educativo. Grupos de izquierda y proindígenas han entrado a respaldarlos, como el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el Frente Indígena y Campesino de México, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sin duda, los maestros y sus partidarios tienen algo de razón. Durante los últimos tres meses, las habilidades de negociación de Peña Nieto han sido, según se ha visto, tan poco finas como sus compras de bienes raíces y sus conocimientos literarios. Particularmente en Oaxaca, el momento en el que han llegado las tácticas más agresivas del gobierno no parece estar relacionado con la reforma educativa sino más bien con el deseo de librar al Estado del poderoso sindicato de maestros, antes de la llegada de Alejandro Murat Hinojosa, amigo de Peña Nieto. El despido masivo de maestros y el arresto de Rubén Núñez fueron movimientos torpes y provocadores a propósito. El tiroteo de Nochixtlán es inexcusable. Además, el manejo de la crisis llegó con la acostumbrada mezcla de negaciones obstinadas, incompetencia e impunidad.
En sí mismas, las reformas están mal pensadas, son vagas hasta el desconcierto y fueron aprobadas a toda prisa, sin haber sido sometidas a consultas con expertos o con la sociedad en general. Hay una total ausencia de herramientas para educar a ciudadanos indígenas. Las regulaciones no aciertan a diferenciar entre profesionalización y evaluación de la enseñanza. Aunque en el papel exista un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se creó la Coordinación del Servicio Profesional Docente, estos organismos tienen criterios poco claros, y así es difícil imponer un nivel mínimo de estándares de enseñanza a lo largo del país. Y como la interpretación y la puesta en práctica de las nuevas reglas sigue estando a cargo del gobierno federal, el control sobre las plazas de los maestros podría sencillamente pasar del sindicato a otros poderes no democráticos. La reforma del artículo 67 de la Ley General de Educación, que alienta a las organizaciones de padres de familia para que ayuden a pagar algunos gastos de las escuelas, podría abrir la puerta a los rastreros modelos de privatización que han servido para arruinar el sistema educativo de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, las reformas no responden a los verdaderos problemas de la educación en México. El último lugar que ocupa la educación pública mexicana en la lista de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se debe a que el gasto anual promedio por estudiante es del 19% del pib, muy por debajo del 27% promedio de la OCDE. La evaluación de los maestros, si no se atienden otras variables, no revertirá la desigualdad ni habrá de generar movilidad social.
Aquí hay una importante discusión pendiente. Hasta hace poco pudo haber ocurrido un amplio diálogo que incluyera a todos los sectores de la sociedad mexicana, pero una combinación de la pobre capacidad de negociación del gobierno y la intransigencia de los maestros ha echado por tierra un debate más amplio. Los asesinatos de Nochixtlán generaron simpatía por los maestros, tal y como lo hizo el desalojo del zócalo oaxaqueño en 2006. Pero, también como en 2006, el rechazo absoluto a debatir los privilegios sindicales y las estrategias, tediosamente familiares, de humillar públicamente a algunos maestros, cerrar escuelas, obstruir las rutas de tránsito, limitar el turismo y provocar carencias en los ciudadanos de Oaxaca (por más que las fuentes gubernamentales las hayan exagerado) están logrando que los maestros pierdan apoyo. Si el gobierno del presidente Peña Nieto no fuera tan incompetente en casi todo lo que hace, uno podría imaginar que dirige al sindicato magisterial para desacreditar a la izquierda.
La CNTE se encuentra en el corazón de la total incapacidad de la izquierda para generar entusiasmo popular por la huelga. Durante una década, la CNTE luchó contra el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y eventualmente expulsó a su dirigente Carlos Jonguitud Barrios durante una huelga, en 1989. Detrás de la hostilidad actual hacia la CNTE hay varios padres de familia que conservan simpatías y respeto por los maestros de los años ochenta. La CNTE estuvo al frente del movimiento de democratización y a menudo formó alianzas con otros grupos sociales para impulsar reformas más amplias.
Pero con la victoria de 1989 el panorama cambió. El Estado de partido único, consciente de la fuerza sustancial de la CNTE, comenzó a comprar su lealtad con extraordinarias concesiones. Por ejemplo, en 1992, el gobernador de Oaxaca firmó un acuerdo con la rama local de la CNTE que permitió al sindicato tomar control de la designación y los ascensos de los maestros, y decidir sobre la distribución de los subsidios gubernamentales para vivienda, salud y becas. El acuerdo también contemplaba la creación de una fiscalía especial para investigar y perseguir los ilícitos en donde estuvieran involucrados los maestros.
A lo largo de los últimos veinte años, estos amplios poderes han generado una considerable corrupción. La Fiscalía Especial para la Atención de Asuntos Magisteriales, en cuyas averiguaciones participan abogados escogidos por la CNTE, fue instituida originalmente para juzgar crímenes contra los maestros, pero ahora se utiliza para atender casos de maestros a los que se les imputan crímenes. La tasa de acción judicial es baja, lo que ha conducido a acusaciones generalizadas de impunidad. El control del sindicato sobre las designaciones ha llevado a un nepotismo omnipresente. En Oaxaca, en 2013, la mitad de las plazas disponibles fueron heredadas a un familiar cercano y la otra mitad se destinó a los maestros que cada año inician su carrera.
La rama de Guerrero del sindicato institucionalizó la práctica de heredar la plaza en sus estatutos de 2012. Esta costumbre ha creado una genuina aristocracia laboral, donde los trabajos estables se pasan de generación a generación, sin siquiera el disimulo de la igualdad de oportunidades o la selección meritocrática. Al mismo tiempo, ha creado también, de manera irónica, un mercado de trabajo para los maestros, aunque se trate de un mercado negro. Los hijos de maestros retirados que no quieren seguir las huellas de sus padres pueden vender sus plazas al mejor postor.
El sindicato también controla la asignación y los ascensos de los maestros. La diferencia entre los salarios de los maestros principiantes y los de los veteranos es la mayor en la OCDE, así que los maestros ambiciosos quieren ascender por este notablemente inclinado escalafón de salarios lo más rápido posible. La mayoría de los maestros también preferirían los trabajos mejor pagados que hay en la ciudad que las agotadoras labores de las regiones rurales. Más allá de premiar la pasión o la competencia, el sindicato utiliza la asignación y el ascenso como medios de control. Los maestros solo pueden obtener un ascenso o una asignación más urbana una vez que han cumplido con ciertos deberes del sindicato, incluyendo votar por la persona indicada, asistir a las marchas, firmar peticiones y gritar las consignas correctas en las muy orquestadas asambleas “democráticas”.
La CNTE, cuyas amenazas e incentivos pueden movilizar a miles, es ahora una fuerza política poderosa. Ya que las huelgas y la rebelión se han convertido en la moneda corriente del sindicato, los maestros aspirantes compiten por promoverse como emprendedores de izquierda. Estas actitudes han dañado dolorosamente la educación en el sur de México. Durante tres décadas, los maestros de Oaxaca han pasado el mes de mayo en huelga, acampando a las afueras de la ciudad de Oaxaca y exigiendo mejores salarios y mayores donaciones del gobierno. En 2006, maestros en huelga cerraron el centro de la ciudad y, por siete meses, se negaron a dar clase. Los estudiantes de Oaxaca han estado este año sin clases por más de dos meses. De hecho, un niño nacido en Oaxaca en el año 2000 ha perdido cerca de un año de su educación (una quinta parte) por las huelgas de los maestros.
Estos paros no solo han afectado a los niños oaxaqueños sino a la sociedad mexicana en su conjunto. Ya que la oferta irregular e insuficiente de la educación pública ha orillado más y más a ciertos padres a buscar la educación privada, la movilidad social de las clases baja y media baja ha declinado abruptamente. Los niños que no pueden pagar la educación privada se rezagan aún más. Aquellos que apenas pueden pagarla utilizan el precioso capital extra de sus familias. Las largas huelgas han provocado migraciones masivas. El actual cierre de Oaxaca quizá las provoque de nuevo. De acuerdo con un estudio del antropólogo Jeffrey Cohen, autor de The culture of migration in Southern Mexico, el movimiento de maestros del 2006 en Oaxaca obligó a miles a hacer el peligroso viaje a Estados Unidos con el propósito de ganar el dinero necesario para pagar la educación privada de sus hijos o lograr que estos entraran al sistema educativo estadounidense. En resumen, la CNTE ha hecho gran parte del trabajo de Peña Nieto. La mayoría de los mexicanos, muchos de los cuales luchan cada día en la economía informal, se sienten en este momento bastante alejados del movimiento magisterial. Esos mexicanos piensan que la reforma educativa es una prioridad alta y un 69% desaprueba las acciones de los maestros. En Oaxaca, Morena –que ha manifestado su apoyo al sindicato de maestros– alcanzó un humillante tercer lugar en las últimas elecciones, por detrás de un candidato priista que hizo carrera fuera de la política oaxaqueña y un aspirante impopular de la alianza PAN-PRD.
La razón es que, a diferencia de muchos partidarios de la izquierda que se han mostrado como efímeros turistas revolucionarios u opulentos habitantes de la capital oaxaqueña, los mexicanos comunes conocen a los maestros. Saben que mientras sus hijos carecen de una educación normal y están obligados a luchar por un trabajo, los hijos de los maestros ejercerán su profesión sin ningún problema. Saben que los trabajos permanentes de los maestros les otorgan créditos (y que, en ocasiones, terminan sirviendo para comprar automóviles nuevos como los que se han visto obstruyendo las calles aledañas al hotel subsidiado de los maestros en Oaxaca). Saben que a pesar de que los maestros principiantes reciben salarios bajos, si son sindicalistas leales, pueden ascender en la jerarquía de los salarios con bastante rapidez. Quizá no conozcan las cifras exactas, pero pueden intuir que, a pesar de sus manifestaciones, muchos maestros no son, en comparación, pobres. (De acuerdo con la OCDE, los ingresos promedio de los maestros eran, en 2012, de dieciocho mil pesos al mes, aunque en el nivel básico y las zonas rurales esta cifra sea mucho más baja. En contraste, dos tercios de los mexicanos ganan menos que el salario nacional promedio al mes: 2,260 pesos. El empleo precario y la desigualdad económica son vergonzosos, pero no afectan directamente a los maestros.) Y, a diferencia de los letrados de izquierda, que envían a sus hijos a costosas escuelas privadas, saben que la educación pública mexicana necesita de algún tipo de reforma, aunque no por fuerza una privatizadora.
A pesar de la impopularidad de la CNTE y la disparidad entre los intereses de los maestros y los de la población en general, la izquierda mexicana ha apoyado en grupo el movimiento de los maestros. Para muchos, la movilización de la CNTE se ha convertido en un símbolo de resistencia ante el programa general de reformas de Enrique Peña Nieto. El novelista Paco Ignacio Taibo II se ha pronunciado a favor de la Coordinadora, lo mismo el analista John Ackerman, que ha considerado los recientes movimientos gubernamentales parte de una “contrainsurgencia”. Para los líderes de Morena, los maestros son las víctimas de la guerra de clases neoliberal instigada tanto por el Estado como por los medios de comunicación.
Del lado estadounidense no han faltado comentaristas que se han unido a la discusión de manera bienintencionada. David Bacon, desde The Nation, dice que las estrategias gubernamentales recientes han constituido “serias violaciones de los derechos humanos y laborales”. Para Lynn Stephen, que escribió a favor del movimiento de la APPO de 2006, las manifestaciones se centran en “la pobreza, la creciente desigualdad del país y la impunidad”. Esta manera de cubrir el movimiento de los maestros no es solo un espectáculo aparte sino que tiene dos efectos cruciales. Por un lado, ha contribuido a cancelar cualquier debate sobre la evaluación educativa. Es posible que si la CNTE hubiera efectuado al menos un cambio interno (como suprimir la herencia de plazas) muchos habrían confiado en el sindicato para sugerir alternativas a las reformas. Pero la ciega adherencia de la izquierda ha respaldado el poder y la autoconfianza de la CNTE, permitiendo que las prácticas antidemocráticas continúen mientras todos los críticos son repudiados como “sirvientes de la prensa amarillista”. Entre los canales de televisión de derecha y los comentaristas de izquierda no hay un terreno común. Así como la población no alineada de la guerra sucia de América central y del sur, los ciudadanos mexicanos se encuentran atrapados entre lo que Jorge Iván Puma Crespo ha denominado “los dos diablos”, un establishment neoliberal y una administración sindical corrupta e indiferente.
Es triste admitirlo pero la intransigencia de la izquierda es también una de las razones por las que las reformas de Peña Nieto habrán de triunfar. Hace tres años, Peña Nieto aprovechó la falta de modernización en la paraestatal, pero también en alguna medida la impopularidad del sindicato petrolero, para hacer pasar las reformas de Pemex y una revisión mucho más dañina del artículo 67, sin que se desatara el descontento general. Ahora confía en una desaprobación similar para intentar aniquilar a la CNTE de raíz.
La ceguera de la izquierda con respecto a los límites de la CNTE resulta conocida. Ya en otros momentos claves de la historia de México, los activistas de la izquierda fracasaron a la hora de ganar apoyo para sus causas, a pesar de que las políticas del gobierno fueran ampliamente impopulares. Las huelgas de ferrocarrileros, en 1959, y de médicos, en 1965, se hicieron con poco apoyo del campesinado o de los trabajadores. Durante los años setenta y ochenta las guerrillas lideradas por estudiantes tuvieron poca aceptación popular. En 1968 y 1971 los residentes de los barrios de clase trabajadora llegaron incluso a ofrecerse como voluntarios para golpear a estudiantes que se manifestaban. La mayoría de los comentaristas atribuyen este pésimo récord a la manipulación de los medios, la cooptación del gobierno y la violencia. Hay mucho de verdad en todo esto. Los diarios controlados por el gobierno demonizaban a los ferrocarrileros y a los estudiantes, retratándolos como extranjeros y comunistas. Los trabajadores que se inclinaban hacia la izquierda corrían el riesgo de perder su trabajo y de ser golpeados por soldados infiltrados y gente pagada por el gobierno.
Pero, después de tantos fracasos, la izquierda debe compartir la culpa. Respirando el aire sofisticado de San Ángel Inn y Coyoacán, los intelectuales de izquierda mexicanos se han quedado cortos para medir la temperatura de la opinión pública e interactuar con aquellos que no pertenecen a su clase social. Sobre todo desde los años setenta, cuando el gobierno mexicano destinó mucho dinero a las artes, las universidades y la Secretaría de Relaciones Exteriores, los intelectuales de izquierda, al igual que sus contrapartes de derecha, se han vuelto parte de la élite. Como la mayoría de las élites latinoamericanas, no toman transporte público ni frecuentan restaurantes populares ni envían a sus hijos a las escuelas públicas. Mientras que las obras del difunto novelista Carlos Fuentes sobre la corrupción de las élites y la moralidad de la clase media son cortantes y precisas, su retrato de la clase trabajadora y de las costumbres indígenas se leen como una grosera parodia. (El Departamento de Estado de Estados Unidos, nada ajeno a la fulminante indiferencia hacia los marginados, concluyó que los escritos de Fuentes “revelan indiferencia, casi desprecio hacia la crisis social y económica del mexicano promedio”.)
La distancia entre los intelectuales y la gente que quieren representar evita que haya un diálogo sostenido y constructivo, la creación de alianzas entre clases y el surgimiento de “intelectuales orgánicos” (el término que utilizó Antonio Gramsci para designar a los intelectuales que hablan, de manera convincente, como parte de una clase social). También conduce a burdas y destructivas medidas estratégicas. Apoyar a trabajadores ferrocarrileros relativamente bien pagados a pesar de sus prácticas de trabajo descuidadas y la amenaza constante de los choques entre trenes era un suicidio político. Respaldar a médicos y guerrilleros también era poco popular. Y, aunque esto es algo que casi no se le puede decir a la izquierda que presume proceder del movimiento del 68, apoyar a estudiantes de clase media era igualmente impopular, por lo menos hasta los años setenta, cuando el Estado permitió un acceso más amplio a la educación superior.
Quizá la izquierda mexicana, dividida entre la rebelión y la cooptación, continúe cayendo en la misma trampa, como una especie de Sísifo socialista. Quizá haya algunas salidas. El subcomandante Marcos escribió sobre cómo su confianza en los pueblos mayas lo forzó a abandonar su izquierdismo doctrinario, una conversión que ayudó a los zapatistas a tomar decisiones sensatas, consensuadas e informadas. Quizá diez años en la selva es pedir demasiado pero, si se quiere un resultado exitoso, los maestros deben encontrarse con los padres de familia a la mitad del camino.
En una entrevista reciente, René González Pizarro, miembro de la sección 22, reconoció que había problemas con la cúpula del sindicato y subrayó la importancia de un amplio apoyo popular. Sin embargo, no propuso soluciones de largo alcance; se limitó a decir que estos problemas eran “demasiado complejos”. De hecho, no lo son. Para asegurar el apoyo popular, los maestros necesitan reformar las prácticas nepotistas y corruptas, escuchar y actuar a partir de las preocupaciones y los deseos de los padres y explicar las ulteriores consecuencias de las reformas en asambleas de verdad populares y democráticas, que estén a nivel de la comunidad. En lugar de escuchar a compañeros de viaje perorar reconfortantes, aunque cansinos, clichés, los maestros podrían comenzar a entender que muchas de sus plataformas (incluyendo la continuación de las prácticas nepotistas de contratación y el rechazo a la enseñanza del inglés) son muy impopulares. Solo entonces, interactuando y reaccionando ante la gente que dicen representar, los maestros y los intelectuales que simpatizan con ellos habrán creado una alianza efectiva contra las reformas de Peña Nieto. ~
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Una versión de este artículo fue publicada en Dissent.
Traducción del inglés de Roberto Frías.
Es lector de historia mexicana en la Universidad de Warwick. Su libro más reciente es Dictablanda. Politics, work, and culture in Mexico, 1938-1968 (coeditado con Paul Gilingham), que salió en 2014 en Duke University Press.
