En un país acostumbrado a los políticos y funcionarios intocables, el anuncio de una investigación contra una de las figuras que más ha sido asociada con escándalos de corrupción en los últimos años resultó una auténtica bocanada de aire fresco.
Sin duda alguna la noción de que una exsecretaria de Estado rinda cuentas sobre el destino de miles de millones de pesos responde a las expectativas de transformación expresadas por la mayoría de los mexicanos en las urnas. Y si bien el citatorio y bloqueo de cuentas bancarias de Rosario Robles y funcionarios de su círculo cercano representa, al menos simbólicamente, un cambio importante, la realidad es que estos avances deberían de ser entendidos como el inicio de una investigación que es aún joven y está lejos de arrojar resultados concretos.
Es cierto, el rumbo aparente de la investigación es suficiente para entusiasmar a quienes deseamos ver un auténtico combate a la corrupción en el país. La simple existencia de una averiguación seria es digna de celebrarse, después de años de impunidad y simulación en el combate a la corrupción. Sin embargo, la atención debe tornarse ahora hacia el trabajo de la Fiscalía General de la República, cuya capacidad e intención de armar un caso convincente contra la exsecretaria, así como de dar con todos los responsables, estará a prueba.
¿Tan solo un chivo expiatorio?
Ante las investigaciones en curso, es imposible olvidar que Andrés Manuel López Obrador declaró, aún como presidente electo, que las acusaciones de desvíos millonarios de la Estafa Maestra eran un “circo” y que Rosario Robles no era más que un “chivo expiatorio” de los de “mero arriba”. Opiniones que el presidente mantiene según expresó en días pasados.
Resulta difícil entender que se minimize el desvío de más de 3,400 millones de pesos, y de qué forma la participación de una figura tan importante como una Secretaria de Estado podría ser nada más que una distracción por parte de peces más gordos. No obstante, los comentarios de López Obrador sí advierten de una realidad que en todo momento ha sido subrayada por los periodistas que dieron a conocer el escándalo: Rosario Robles no es la única responsable.
Para entender lo anterior es importante recordar el esquema y funcionamiento de la Estafa Maestra, que, según la investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, no consistió en un único desvío sino en un modus operandi donde 11 dependencias federales (dos de ellas dirigidas por Rosario Robles) abusaron en repetidas ocasiones de la creación de convenios con instituciones públicas, en su mayoría universidades, para burlar la ley de adquisiciones.
A través de los convenios suscritos, dependencias federales pagaron la adquisición de bienes y servicios a instituciones públicas, las cuales subcontrataron a empresas para realizar los trabajos. No obstante, los bienes nunca fueron entregados a pesar de que fueron pagados en su totalidad. Así mismo, las empresas subcontratadas resultaron ser empresas fantasma que sólo transfirieron los recursos recibidos a una red de lavado de dinero. Se trató, en resumen, de una simulación orquestada.
En total, once dependencias federales firmaron cerca de setenta convenios de colaboración por más de 7,600 millones de pesos con ocho universidades públicas, las cuales, a pesar de no haber realizado los trabajos, cobraron una “comisión” que suma a más de mil millones de pesos. Dichas universidades subcontrataron y transfirieron recursos a una red de 186 empresas, de las cuales 66 han sido declaradas empresas fantasma. Todo esto para “desaparecer” más de 3,000 millones de pesos.
Queda claro entonces que la trama de corrupción tiene mucho más implicados que Rosario Robles. Tan solo la extracción de los recursos involucró al menos a 1) titulares y funcionarios de otras nueves dependencias, 2) rectores de por lo menos ocho universidades, 3) agentes y notarios que montaron una red extensa de empresas fantasma, y 4) quienes recibieron los recursos públicos que fueron desviados.
La existencia de más implicados no exime en ningún momento a Rosario Robles de su responsabilidad y no demerita en lo absoluto la investigación de la Fiscalía General. Simplemente refuerza la impresión de que las indagatorias, y en su caso sanciones, contra la exsecretaria deberían de ser consideradas como el inicio de una investigación amplia que necesariamente tendrá que terminar con más de un puñado de funcionarios sancionados.
Rosario Robles es a todas luces el punto de partida obligado, ya que, a pesar de repetidas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, las dependencias a cargo de la exsecretaria repitieron el esquema de simulación de operaciones en múltiples ocasiones. La sospecha de la participación directa de Robles toma todavía más fuerza al considerar que la creación de convenios del tipo en la SEDATU era inexistente hasta antes de la llegada de Robles como titular de la dependencia.
¿Mansiones, yates o votos?
Hasta el momento las investigaciones periodísticas y los reportes de la ASF han explicado a detalle cómo fueron desviados miles de millones de pesos de las arcas públicas. No obstante, todavía no se conoce el destino del dinero robado.
El análisis de las transferencias y operaciones de las empresas fantasma realizado por la ASF revela que una gran parte de los recursos fueron dispersados y posteriormente concentrados en una empresa: ESGER Servicios y Construcciones, empresa que, a pesar de no haber obtenido un contrato, recibió un total de 658 millones de pesos de parte de las demás empresas involucradas. Es decir, el enorme trabajo de generar convenios, crear empresas fantasma, simular operaciones y transferir fondos a una red de lavado de dinero tuvo como objetivo el concentrar dinero en esta empresa. ¿Con qué fin?
Aunque los actos de corrupción son frecuentemente asociados con el enriquecimiento de políticos y funcionarios públicos, casos como el de Odebrecht en América Latina y el de César Duarte en Chihuahua nos recuerdan que los esquemas de la magnitud y complejidad de la Estafa Maestra suelen ser utilizados para financiar campañas políticas. Es cierto que los implicados pueden aprovechar la ocasión para enriquecerse, pero el grueso de los recursos es destinado a las contiendas electorales.
Estudios de María Amparo Casar y Carlos Ugalde sugieren que en México existen 15 pesos gastados ilegalmente por cada peso reportado por los candidatos a las autoridades electorales. ¿De dónde podrían obtener los candidatos una cantidad tan exorbitante de dinero? En parte, de esquemas de desvío de recursos públicos donde la Estafa Maestra difícilmente es la excepción.
Los 3,433 millones de pesos desviados hubieran sido suficientes para financiar ocho campañas presidenciales, según los topes de campaña establecidos en 2018. Las investigaciones que realice la Fiscalía tendrán que considerar que, ante la magnitud, complejidad y frecuencia de los desvíos, es probable que el esquema generalizado de simulación de operaciones haya tenido una motivación electoral.
Todo lo anterior muestra que la investigación de la Estafa Maestra está lejos de terminar y la comparecencia de Rosario Robles servirá como punto de partida para que la Fiscalía intente dar respuesta a un gran número de incógnitas. Las autoridades mexicanas tendrán que hacer uso de todos los instrumentos legales e información financiera disponible para poder presentar un caso que sobreviva una corte. La tarea no es sencilla.
La cooperación entre la Fiscalía General, la Unidad de Inteligencia Financiera y la FEPADE será fundamental para resolver el caso. Deberán utilizarse instrumentos de protección e inmunidad a testigos clave con tal de obtener la información necesaria para descubrir el entramado completo.
A final de cuentas, hacer justicia implica mucho más que un citatorio, por lo que será interesante conocer en los próximos meses el rumbo y la estrategia que emprenda la Fiscalía para investigar el caso. Será importante, de nuevo, recordar una de las principales incógnitas de este caso: Rosario Robles es señalada por participar en el desvío de recursos, pero ¿dónde quedó el dinero? Y sobre todo, ¿quién más tendría que estar preocupado?
Es coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)
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