El asunto de los derechos de autor en internet era una cuenta pendiente del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que el anterior ministro de cultura ya había calificado como uno de los grandes desafíos de su área. Pero el gobierno anunció su propuesta casi de tapadillo: una disposición en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible –un tratado de buenas intenciones con medidas para salir de la crisis– incluía una modificación que permitía cerrar páginas de descargas en aras de “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual”.
En un primer momento, parecía que una comisión dependiente de cultura podría clausurar las páginas que violasen los derechos de autor sin autorización judicial. Comenzó una campaña que denunciaba la “censura” y la violación de “derechos fundamentales” y de la libertad de expresión. La ministra de cultura, Ángeles González Sinde, se reunió con algunos blogueros, que no tenían ninguna representatividad real pero se arrogaban la voz de una masa difusa de “internautas”. Desautorizando a su ministra, Zapatero dio marcha atrás y dijo que “no se va a cerrar ninguna web”. Han anunciado que el procedimiento será este: los propietarios de los derechos de autor denuncian ante la Comisión de la Propiedad Intelectual –un órgano dependiente de cultura– una página que presuntamente comercialice, almacene o enlace sin autorización un archivo suyo. La Comisión estudia el caso y notifica la denuncia a la página. Hay un periodo de alegaciones; según González Sinde, se prolongará “el tiempo que sea necesario”. Luego, si a la Comisión no le convencen las alegaciones, a la página web le llega una notificación para que desaloje esos archivos. Ahí termina el procedimiento administrativo. Si la página no retira esos contenidos, empieza el procedimiento judicial, encargado a un juez de la Audiencia Nacional, que puede bloquear la página de forma cautelar. En ese caso, el periodo de alegaciones se prolonga durante solo cuatro días.
Algunas sociedades de gestión de derechos, como la SGAE, se han ganado la antipatía de buena parte la sociedad –cobrando, por ejemplo, por música o textos en actos privados o benéficos, o logrando imponer un canon por copia privada sobre los aparatos electrónicos– y la industria discográfica ha perdido mucho dinero, después de años de beneficios y precios elevados. Sin la idea de la gratuidad y del trabajo desinteresado internet no habría llegado a ser lo que es. Además, muchos grupos cuelgan canciones gratis, porque prefieren que el público las oiga así que pirateadas, y porque el libre acceso a su música les garantiza más actuaciones y popularidad. En ese caso, ellos lo eligen y me parece bien. Pero también creo necesario proteger los derechos de autor, y me sorprende la impunidad social de la apropiación indebida y el desdén hacia el trabajo de los creadores: España no sólo es uno de los líderes mundiales de la piratería, sino que un periódico como Público lanzó una campaña titulada “Cultura gratis”. No sé por qué la cultura debe ser gratis cuando nada más lo es, o cuando, por ejemplo, los precios de internet son de los más caros de Europa, cuando esos contenidos por los que no se paga generan ingresos para el administrador de la página y cuando en general el robo está mal visto. Que eso se defienda invocando principios como el acceso al conocimiento o la libertad de expresión –por la que mucha gente se juega la vida de verdad– roza la indigencia moral e intelectual.
Creo que, al margen de que haya creadores antipáticos y sociedades de gestión discutibles, en la postura demagógica de la cultura gratis hay también un profundo desprecio hacia el trabajo intelectual y creativo. Por alguna razón, las reivindicaciones de los cantantes, los escritores o los cineastas son mucho menos simpáticas que las de los agricultores o las de los pescadores. No debería ser así –además, de la industria cultural depende gente que no se dedica a la creación, sino también a la manufactura, la distribución o la venta–, y también creo que no está mal que el talento dé unos privilegios: no sé tocar ni el triángulo, pero me alegra que un compositor gane dinero con una canción que me gusta. Afortunadamente no todo el mundo tiene el mismo gusto musical que yo, y también me parece bien que cobren los que no me gustan.
Cerrar una página web sin autorización judicial era una propuesta aberrante, y la rectificación del Gobierno es sensata. Pero no sé hasta qué punto la medida será eficaz o suficiente. El ministro de justicia ha dicho que sólo se bloquearán webs que descarguen sistemáticamente contenidos sin autorización. Además de los posibles abusos y de que, aunque se dediquen jueces únicamente a este asunto, el sistema de justicia español está sobrecargado, se puede crear enseguida otra web, o hacerla en el extranjero. El anteproyecto de ley habla de páginas con “ánimo de lucro, directo o indirecto” y de “intención de causar un daño patrimonial”: son dos expresiones ambiguas. (En mi blog traduzco artículos y fragmentos que me gustan, enlazando y citando la fuente, porque me parecen interesantes y me apetece que puedan leerse en español. No cobro por ello, son textos a los que se puede acceder en internet, no tengo intención de causar un daño patrimonial y espero que no me llegue una notificación pidiéndome que lo cierre.)
Por otra parte, internet avanzará más rápido que la ley y los expertos. Hace muy poco, lo más común era el intercambio de archivos; ahora, mucha gente prefiere el streaming. Hace un par de años, algunos decían que los blogs iban a sustituir a los periódicos; ahora Facebook ha dividido una comunidad universal en un conjunto de plazas de pueblo.
Los estados y la legislación deben adaptarse a la red, proteger los derechos de autor y perseguir el robo, pero es imposible y sería nefasto interrumpir la gran conversación de internet. La industria cultural tiene que seguir buscando formas de ingresar dinero y aprovechar una oportunidad extraordinaria de difusión y enriquecimiento intelectual. El sector discográfico ha perdido mucho dinero en estos años, y por otra parte la música ha salido beneficiada y está más presente que antes en nuestra vida, tanto en nuestros ordenadores como en las salas, porque la música en directo ha cobrado fuerza: sería absurdo que los que la producen no se beneficiaran de eso. La industria musical ha tenido que adaptarse a un cambio que supone un nuevo paradigma, pero hay empresas, como Spotify, que han encontrado una forma legal de poner música en la red, se financian a través de la publicidad y las suscripciones, y tienen éxito. Otras industrias culturales deberían tener en cuenta los errores que ha cometido la industria discográfica y las vías que ha conseguido abrir. Tiene que haber mucha más música disponible, películas y libros de todos los países del mundo a los que podamos acceder legalmente y sin que importe el lugar donde vivimos.
– Daniel Gascón
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).
