En los doce años de gobiernos federales panistas, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, marcados por el combate al narcotráfico y los dramáticos ajustes a la seguridad nacional de los Estados Unidos, observaron cambios importantes en medio de un contexto nacional e internacional insólito.
Uno de los principales aspectos que pueden apuntarse durante el gobierno de Vicente Fox, fue la creación de la Ley de Seguridad Nacional y con ella, una de las dos iniciales definiciones del concepto de “seguridad nacional” que por décadas se mantuvo en la ambigüedad e imprecisión[1]. Sin embargo, estas aportaciones quedaron limitadas a los efectos de la estrategia mundial en contra del terrorismo encabezada por los Estados Unidos. Fue hasta octubre de 2003 cuando, en la Conferencia sobre Seguridad Hemisférica de la OEA, desarrollada en la ciudad de México, se mencionó de forma explícita y directa al narcotráfico como uno de los dos principales actores desestabilizadores de los países americanos. El otro, desde luego, es el terrorismo.
La lucha contra el narcotráfico ha sido una tarea permanente. Desde la década de los sesenta, tanto por lo accidentado de la geografía de nuestro país como por las dimensiones de los litorales, la única institución con capacidad de cobertura y desplazamiento ha sido y sigue siendo el Ejército Mexicano. La presencia de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, no es reciente ni improvisada y su capacidad para repeler los ataques ante la permanente disposición de armas por parte de los grupos delictivos, se mantuvo a lo largo de los doce años de gobiernos panistas.
Dada la capacidad económica del narcotráfico para adquirir armas y el elevado nivel de disfunción de las corporaciones policiales municipales, estatales y federales, Felipe Calderón decidió recurrir a las Fuerzas Armadas, una de las instituciones que hoy se mantiene como una de las mejor valoradas por la sociedad. Como respuesta de fuerza por parte del Estado la decisión fue acertada, sin embargo, la ausencia de medidas sustanciales como la creación de un marco jurídico que viera más allá de la coyuntura, implicó una política reactiva a los acontecimientos.
Para la visión tradicionalista del panismo, las Fuerzas Armadas formaban parte de una “herencia” del Partido Revolucionario Institucional y en ese sentido representaban cierta amenaza, generaban desconfianza y al principio no podían contarse como aliados. La realidad desmintió estas suposiciones. Hay que recordar los desatinos y despropósitos de muy cercanos colaboradores del entonces presidente electo Vicente Fox, señalando a la cúpula de Generales mexicanos como responsables de muchos de los problemas del país. Más tarde, algunos de estos funcionarios tuvieron que renunciar a sus cargos ya que fueron descubiertos sus abusos y corrupciones.
El propio Vicente Fox, al comenzar su campaña presidencial, rechazó ser custodiado por el Estado Mayor Presidencial, argumentando abiertamente que no quería correr la misma suerte de Luis Donaldo Colosio. Con esos antecedentes, no era difícil suponer una relación tensa con uno de los soportes fundamentales del funcionamiento del Estado. Incluso, varios analistas, desconocedores del tema, especularon sobre cuál sería la reacción de los militares ante un presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas no priísta. Desde luego, no hubo ninguna "reacción", más que el cumplimiento, subordinación e institucionalidad.
Un cambio importante observado durante el sexenio 2000-2006, fue el establecimiento de plazos para alcanzar el grado inmediato superior en las promociones y ascensos. Sobre todo en lo que se refiere a los Generales (este grado consta de tres jerarquías: General Brigadier, General de Brigada y General de División). Al establecerse un mínimo de años y valorar aspectos como la antigüedad, la preparación y la experiencia se evitó la muy arraigada costumbre de otorgar grados a discreción del mando. Hay críticas respecto a la relación entre el número de Generales y los elementos a comandar, pero las comparaciones con las Fuerzas Armadas rusas, estadounidenses o chinas, olvidan que estas son Fuerzas Armadas de larga tradición injerencista y expansionista y que su doctrina militar responde a la creación de soldados de conquista y ocupación, además de las distinciones propias de cada sistema político y estructura administrativa. Por ejemplo en China, la Comisión Militar del Comité Central del Partido Comunista Chino, queda en poder del Presidente saliente, al menos por dos años más. Comparar solo a partir del número de integrantes de los ejércitos deja de lado las características geopolíticas e incluso étnicas de la composición de los mismos.
Las acciones de inteligencia, durante los años del primer sexenio no priísta, permitieron detener y consignar a un importante número de jefes delictivos, pese a la fuga en 2001 de Joaquín Guzmán Loera, quien sigue siendo el narcotraficante más buscado y poderoso de México. Aún y con ese relevante y polémico hecho, no sería sino hasta los últimos meses de la administración de Fox, que habría un hecho complejo y difícil de atender: la emergencia de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, que habría de ser un punto de inflexión respecto de la acción del Ejército Mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional, en la contención de protestas y movimientos sociales. En 2006, Fox pidió a la SEDENA desalojar la ciudad de Oaxaca, pero ante la posibilidad de generar un nuevo conflicto derivado del uso político de las Fuerzas Armadas en contra de un movimiento social, era mejor actuar bajo una orden firmada por el presidente de la República, lo cual, no sucedió. De ahí que tuviera que ser la Policía Federal Preventiva, la que la mañana del 26 de octubre de ese año entrara con tanquetas a recuperar la ciudad.
Otro caso que pinta de cuerpo entero la relación de Fox con las Fuerzas Armadas es la breve historia de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la forma en que fue cerrada esta fiscalía da una clara idea de cómo funcionó. Su titular, Ignacio Carrillo Prieto, fue inhabilitado por diez años para ejercer cualquier cargo o responsabilidad pública. La razón: malversación de los fondos e incumplimiento notable de las tareas asignadas. Además de que solo fueron sentados en el banquillo de acusados militares y el ex presidente Luis Echeverría. Ningún exguerrillero.
Durante el segundo sexenio del PAN la forma en que fue dirigido el combate al narcotráfico en el sexenio 2006-2012 revela la falta de una visión articulada desde la presidencia de la República porque la inoperancia de áreas como la sanción al lavado de dinero, prevención en el consumo de drogas, programas alternativos de reinserción para adictos, entre otras muchas decisiones tácticas, impidieron que la acción del Ejército y la Fuerza Aérea, fuera mejor protegida por las leyes.
El adiestramiento militar, tiene que ver con el uso sistemático de la violencia, para reducir o eliminar al enemigo de la sociedad y el Estado. Las labores policiales, se han incorporado de forma reciente a la mayor parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en escenarios como los que vive México, el corto tiempo de adaptación de los soldados y marinos para realizar estas labores de apoyo a la seguridad pública, se nota en el porcentaje de quejas que concluyen en recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (a lo largo del sexenio solo el 1.5% de las quejas se tradujeron en recomendaciones, mismas que fueron atendidas por la dependencia en el 100% de los casos).
La presencia en el sistema jurídico mexicano tanto de la Suprema Corte de Justicia como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos coloca en la perspectiva de la supremacía de las leyes. Es decir, si deben prevalecen las mexicanas o las multilaterales. Y no solo en el caso de la necesaria e indispensable promoción de los derechos humanos. Sin embargo, un solo acontecimiento, sucedido hace poco más de 35 años, ha servido para subordinar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en esta materia.
Por lo que hace al tratamiento del fuero de guerra, hay una extendida creencia de que es sinónimo de impunidad o trato preferencial. De nueva cuenta, persisten los prejuicios sobre la información y el análisis. La disciplina es el principal objetivo del Código de Justicia Militar y de ninguna forma puede ser comparado con el fuero de los legisladores, que sí ha servido como manto protector para ciertos y notables abusos.
Ante esa situación, la Secretaría de la Defensa Nacional incorporó los derechos humanos como una parte central en la formación del profesional de las armas. Así se crearon, la Dirección General de Derechos Humanos; la Unidad de Vinculación Ciudadana y el Observatorio de equidad de género. También en otro renglón de la administración pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, ejerció de forma transparente sus recursos.
En medio de la dolorosa realidad generada por la extendida violencia en varias partes del país, la Secretaría de la Defensa Nacional, debió conducirse todo el tiempo (y que es lo que le ha valido seguir siendo al Ejército una de las instituciones mejor valoradas por la sociedad) con estricto apego a la ley, mientras que de parte de la autoridad civil no siempre se contó con el apoyo diplomático, político, legislativo, comunicacional y presupuestal suficientes.
Es lógico, que en el ajuste y adaptación de la renovada estrategia en la lucha contra narcotráfico, la Secretaría de la Defensa Nacional vaya a seguir siendo el soporte sustancial. Sin embargo, los trabajos de inteligencia, serán para la siguiente administración federal, la herramienta privilegiada en el primer gobierno priísta del siglo XXI.
[1]La Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental publicada en junio de 2002 incluía en al fracción XII de su artículo tercero una definición de este concepto: Seguridad nacional: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional;
Coordinador del Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
