En medio de las intensas protestas por el secuestro y ejecución de los normalistas de Ayotzinapa, se ha perdido de vista el problema fundamental. El crimen contra los normalistas es simplemente un capítulo más de una oleada de violencia que ha incluido las ejecuciones de San Fernando, Tamaulipas, de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, y el incendio del Casino Royale de Monterrey, entre otros muchos episodios. Decenas de miles de mexicanos han sido asesinados o han desaparecido en lo que popularmente se ha llamado la “guerra contra el narco”.
El secuestro de los normalistas se produjo en el marco de un conflicto entre dos bandas de narcotraficantes: Guerreros Unidos y Los Rojos. Son desprendimientos de los Beltrán Leyva y deben su florecimiento a uno de los mayores éxitos del gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico, el desmantelamiento de un cártel que, si bien surgió en Sinaloa, llegó a dominar el negocio de la droga en el estado de Guerrero.
El gobierno federal logró matar a Arturo Beltrán Leyva y detener a sus hermanos Alfredo, Carlos y Héctor, así como a sus lugartenientes Édgar Valdez Villarreal, “la Barbie”, y Sergio Villarreal Barragán, “el Grande”. Si hay un grupo del narco que el gobierno puede presumir de haber desmantelado por completo es el de los Beltrán Leyva. Pero la victoria ha sido pírrica una vez más. El negocio de la droga no desapareció de Guerrero como tampoco la violencia que lo acompaña. El lugar de los Beltrán Leyva ha sido tomado por bandas más pequeñas, encabezadas por líderes más jóvenes y crueles, como Los Rojos y Guerreros Unidos.
La prohibición de las drogas es un fenómeno relativamente reciente. Hoy parece extraño, pero en la segunda mitad del siglo XIX el Reino Unido peleó dos guerras contra China (1839-1842 y 1856-1860) para obligarla a mantener un mercado abierto al opio. Esta y otras drogas se utilizaban abiertamente en el siglo XIX. Sir Arthur Conan Doyle no tenía ningún recato en mostrar a su detective Sherlock Holmes usando cocaína y morfina. La cocaína y la mariguana se anunciaban y se vendían en los dispensarios por sus propiedades medicinales.
La actitud hacia las drogas cambió en el siglo XX. En 1912 se firmó la Convención Internacional del Opio, que se incorporó al Tratado de Versalles en 1919, y que pedía a los Estados hacer esfuerzos por restringir el uso y comercio de los narcóticos, excepto para propósitos médicos o de investigación. En 1914 se emitió en Estados Unidos el Harrison Act que regulaba la venta de opiáceos y cocaína, pero aunque en un principio solo se obligaba a su registro posteriormente el estatuto se empleó para prohibirlos. También en 1919 se prohibieron las bebidas alcohólicas, pero ante un incremento desmesurado de la violencia la medida fue derogada en 1933. No ocurrió lo mismo con las drogas, quizá porque muy poca gente las usaba. En 1961 se aprobó en las Naciones Unidas la Convención Única sobre Estupefacientes, que generalizó la prohibición a nivel internacional. En 1971 el presidente de Estados Unidos lanzó su famosa “Guerra contra las drogas”.
El siglo de combate contra las drogas, sin embargo, ha sido un fracaso total. El consumo y el tráfico son hoy significativamente mayores que cuando se inició la prohibición. Es verdad que en las últimas décadas el consumo se ha estabilizado en muchos países, pero no hay ningún indicio de que la represión haya funcionado. Lo único que hemos visto es una explosión de violencia que ha afectado principalmente a México, Colombia y Centroamérica.
Ha sido tal el fracaso de la guerra contra las drogas que ha empezado a surgir un movimiento que busca un cambio de filosofía. La idea es considerar el consumo como un problema de salud que debe resolverse con políticas públicas para reducir la demanda en lugar de castigos penales a la producción, el comercio o el consumo de drogas.
La Comisión Global de Políticas de Drogas, un grupo de expertos y estadistas que incluye al ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y a los expresidentes Ernesto Zedillo de México, Fernando Henrique Cardoso de Brasil y César Gaviria de Colombia, propuso en septiembre de 2014, en un documento titulado “Asumiendo el control: caminos hacia políticas de drogas eficaces” (www.gcdpsummary2014.com), dar prioridad en las políticas públicas a la salud y la seguridad de las comunidades dejando de lado “las fallidas leyes punitivas”. El texto afirma que “es preciso poner fin a la penalización del uso y posesión de las drogas, y dejar de imponer ‘tratamientos obligatorios’ a las personas cuyo único delito es el consumo de drogas o la posesión”.
La comisión señala que hay que “enfocarse en la reducción del poder de las organizaciones criminales” así como en “la violencia e inseguridad que resultan de la competencia [de los grupos criminales] entre sí y con el Estado”. La comisión también pide “asegurar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales, en particular a los medicamentos contra el dolor derivados del opio”. Propone “optar por alternativas al encarcelamiento para los infractores no violentos” y para quienes se encuentren en “los eslabones más bajos” de la cadena de producción y venta, como los campesinos. La comisión también demanda “permitir e incentivar distintos experimentos de regulación legal del mercado con drogas actualmente ilícitas empezando, entre otras, por el cannabis, la hoja de coca y ciertas sustancias psicoactivas nuevas”.
Los miembros de la comisión señalan que la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (ungass), que se llevará a cabo en 2016, es la oportunidad para reformar el marco legal internacional sobre las drogas.
Es difícil saber si las sugerencias de la comisión son suficientes para revertir la tendencia. Me parecen positivas pero tímidas. De lo que no hay duda es de que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso monumental. Uno pensaría que un siglo es más que suficiente para comprobar que una política no funciona.
Es curioso ver que varios gobernantes que usaron la violencia para atacar el problema del consumo de las drogas hoy han cambiado de opinión, una vez que han dejado sus cargos. Es el caso de Zedillo, Cardoso y Gaviria, que utilizaron la fuerza pública para reprimir el uso de las drogas durante sus mandatos. Hoy los tres buscan otras opciones porque saben que la violencia no tendrá éxito en la lucha contra la drogadicción. Lo mismo ha ocurrido con Vicente Fox, quien hoy promueve abiertamente la legalización de la mariguana.
Felipe Calderón, quien en varias ocasiones se declaró enemigo de la legalización de las drogas, modificó su posición al final de su gobierno, aunque señaló que México no podía hacer el cambio solo debido a que Estados Unidos era el mercado relevante. El 26 de agosto de 2011, un día después del incendio del Casino Royale en Monterrey, declaró: si los estadounidenses “están decididos y resignados a consumir drogas, [que] busquen entonces alternativas de mercado que cancelen las estratosféricas ganancias de los criminales”. Un mes después, en la Asamblea General de la onu en Nueva York, su mensaje fue: “Hoy propongo, formalmente, que esta, nuestra Organización de las Naciones Unidas, se comprometa en el tema y que haga una valoración profunda de los alcances y los límites del actual enfoque prohibicionista en materia de drogas.”
Enrique Peña Nieto no ha hecho todavía ese cambio de posición. Quizá lo haga después de dejar la presidencia, pero será demasiado tarde. En el mundo, sin embargo, hay una corriente cada vez mayor para abandonar la estrategia de la represión, que tan malos resultados ha tenido, y tratar de reducir la demanda con políticas públicas. La propuesta de la Comisión Global de Políticas de Drogas parece un buen primer paso. El problema es que el documento apenas se presentaría en la ungass de 2016, cuando los hechos de Iguala confirman que el cambio de rumbo es urgente y de obvia resolución. ~
(ciudad de México, 1953) es periodista de prensa, radio y televisión.