Incluso en una economía de mercado en un país desarrollado suele haber intentos por detener una operación legítima de un rival o de un socio. El nacionalismo es una de las formas más socorridas para hacerlo porque la xenofobia es una enfermedad común a todos los pueblos: la gente está acostumbrada a pensar que el extranjero debe ser, por definición, un enemigo.
Cuando Pemex anunció su intención de elevar su participación en la petrolera española Repsol, y al mismo tiempo establecer una alianza con la empresa Sacyr Vallehermoso, la dirección general-presidencia de la petrolera buscó de inmediato impedir la transacción.
Sacyr Vallehermoso, una constructora que encabeza el empresario español Luis del Rivero, es ya el accionista mayoritario de Repsol, con veinte por ciento del capital. Pemex aumentó su participación de 5 a 9.49 por ciento. Su alianza les permitiría llegar así a una participación conjunta de 29.49 por ciento. Esto ofrece a las dos accionistas una influencia significativa en las decisiones de la empresa.
Tanto Pemex como Sacyr Vallehermoso afirman no estar buscando un cambio radical en la administración de Repsol. Han señalado, empero, que buscarán separar los puestos de director general y de presidente que actualmente ocupa una sola persona, Antonio Brufau, proveniente de La Caixa, una caja de ahorros. Esta división de poderes es la norma que rige en el mundo actual según las mejores prácticas corporativas.
Argumentos para tratar de bloquear la compra de acciones por Pemex y su alianza con Sacyr no han faltado. Que si Pemex es una empresa gubernamental mal manejada que busca allegarse secretos corporativos de Repsol. Que si Sacyr Vallehermoso es una constructora cargada de deudas que buscaría decretar dividendos exagerados para obtener recursos y cubrir sus pasivos. Que si Pemex debió haber extendido su oferta a todos los accionistas minoritarios. Quizá la crítica más sorprendente es la que ha señalado que Repsol, por ser una empresa estratégica (no por el petróleo, curiosamente, sino por ser dueña de Gas Natural), no debería tener una participación tan importante de una firma extranjera como Pemex.
Estos argumentos nacionalistas son extraordinariamente comunes en México donde de hecho no permitimos la inversión privada, nacional o extranjera, en petróleo. Sorprenden, sin embargo, en el caso de España. Después de todo, algunas firmas hispanas han logrado participaciones muy importantes en el mercado mexicano en campos como la banca, la hotelería, los libros o la construcción.
Aun los políticos de los países más adelantados pueden asumir actitudes nacionalistas. Nadie puede olvidar el caso del gobierno francés que impidió la adquisición de Danone por PepsiCo en 2005 bajo el argumento de que esa empresa era estratégica, lo cual hizo que mucha gente se burlara diciendo que Danone seguramente producía “yogurt estratégico”.
Las autoridades españolas, empero, se han negado hasta ahora a intervenir en la alianza Sacyr-Pemex a pesar de todos los esfuerzos de la dirección general-presidencia de Repsol. El consejo de administración de Repsol reaccionó retirando el voto al consejero de Pemex, pero la firma mexicana afirma que esa medida es ilegal, ya que ningún miembro del consejo puede privar de su voto a otro.
En realidad, Pemex tiene tanto derecho como cualquier otro accionista a fortalecer su capacidad de decisión en una empresa en la cual tiene participación. Con el aumento de su posición accionaria a 9.49 por ciento y su alianza con Sacyr, Pemex lograría que las medidas que se tomen en el consejo de administración reflejen en mayor medida sus intereses y los de sus propios accionistas, que son supuestamente todos los ciudadanos mexicanos. No solo es natural que Pemex busque este objetivo, sino que es una obligación por la responsabilidad que la paraestatal tiene frente a sus accionistas. La única limitación es que todo proceso se lleve a cabo de manera legal, y esto ha ocurrido en este caso en particular.
En una economía globalizada, transacciones como la que hemos visto son cada vez más normales. Lo que sorprende, de hecho, es que en México no se permita lo que en España Pemex reclama como un derecho natural.
En nuestro país no tendremos una controversia sobre un aumento en la tenencia accionaria o la presencia en el consejo de administración de Pemex de alguna empresa extranjera porque, con las actuales leyes, aquí se prohíbe cualquier participación que no sea gubernamental. Y, si bien se nos dice que los ciudadanos mexicanos somos los verdaderos dueños de Pemex, no tenemos ni un solo asiento en el consejo.
Quizá debiéramos exigir a los políticos mexicanos que ya permitan que se apliquen a Pemex las mismas reglas con las que la paraestatal juega en los escenarios internacionales. ~
(19 de octubre)
(ciudad de México, 1953) es periodista de prensa, radio y televisión.
