Es sabido que la izquierda puede ser tan perfectamente conservadora como la derecha, y que en ciertos aspectos lo es mucho más. En España, por ejemplo, la izquierda –el gobernante PSOE y algunos partidos menores– muestra un apego por el statu quo verdaderamente asombroso. Véase su querencia por un sistema laboral que ha contribuido a que España sea el país comunitario con más desempleo, de un 18,5 % de sus trabajadores (le siguen Letonia, 17,4%, y Lituania, 16,7%), casi el doble de la Eurozona y cuatro veces más que Holanda o Austria. Hay razones que explican este dato: primero, el paro en España es siempre más elevado que en países comparables por razones estructurales; segundo, buena parte del empleo que se ha creado en los últimos años se debe a la construcción, sector ahora en coma; tercero, la caída del consumo interior, el turismo y la demanda mundial. Pero cabría pensar que a todo eso contribuye un sistema laboral mal diseñado, como de hecho sucede. Sin embargo, la izquierda en el poder ha decidido que es intocable, que reformarlo sería una traición a los principios progresistas. Que en este caso parecen los siguientes: no importa que no funcione, si existe se mantiene.
¿Cómo es el sistema laboral español? Muy complejo, sin duda, con innumerables tipos de contratos, duraciones, desgravaciones, subvenciones y bonificaciones. Pero en resumen hay dos clases de trabajadores: los que tienen un contrato fijo y los que tienen un contrato temporal. Los primeros, normalmente cualificados, tienen importantes derechos, el más disputado de los cuales es el de indemnización de despido, que puede alcanzar los 45 días por año trabajado en caso de despido injustificado (y es francamente difícil justificarlo). Los segundos, los temporales, un tercio de la población activa más o menos, y la mayoría jóvenes, alcanzan los 8 días por año trabajado y son, por tanto, las víctimas inmediatas de cualquier temblor en la empresa, aunque sea perfectamente justificado. A la práctica, esta dualidad es una especie de apartheid light, si es que así puede decirse.
Los empresarios, como es lógico, proponen acabar con este sistema doble a la baja: reduciendo los beneficios de los fijos. Los sindicatos, sería lógico, deberían proponer que los temporales dispusieran de derechos parecidos a los fijos… Pero eso no es exactamente así, no del todo. Los sindicatos españoles –que tienen un apego a lo establecido que haría sonrojar a un obispo– están formados, sobre todo, por hombres, de mediana edad, con larga estancia en sus empresas y por lo tanto muchos derechos adquiridos gracias a… un contrato fijo. No digo, naturalmente, que les sea indiferente el caso tan habitual de un joven que encadena trabajos con contratos por días o meses con otros tantos días o meses con subsidio de desempleo y, ahora, un nuevo subsidio de 420 euros mensuales para aquellos que hayan agotado el subsidio anterior. No, no les es indiferente, pero no es su caso y, naturalmente, no es aquello por lo que están peleando con el gobierno –que parece tenerle más miedo a una huelga que los viejos zares. Están peleando con el gobierno para que nada se toque y sigamos igual: con un sistema que es injusto con trabajadores y empresarios por igual y que no funciona. Un 18,5 por ciento de desempleo. Parece increíble que alguien quiera mantener esto así.
Pero lo van a conseguir ante el pasmo de la derecha y los empresarios. Tampoco están ellos siendo muy hábiles, la verdad.
– Ramón González Férriz
(Barcelona, 1977) es editor de Letras Libres España.
