La discusión sobre las reformas propuestas durante el primer año del actual gobierno federal ha vuelto a hacer visible la pobreza del debate público en México. En particular, sobresale la superficialidad con la que se ha discutido el tema educativo, cuando las escuelas tendrían que ser un factor decisivo para disminuir la desigualdad social.
Tan grave como la indiferencia de millones de ciudadanos cuyos hijos serán los beneficiarios o perjudicados directos de la nueva legislación, el debate sobre la reforma educativa da cuenta de la dificultad que todavía existe en el país para razonar públicamente. Ofrecer argumentos susceptibles a la crítica; fundamentar las pretensiones de verdad o validez que se declaran; reconocer la falibilidad del propio juicio; escuchar y ponderar puntos de vista distintos; dotar de evidencia que respalde las posiciones; procurar la coherencia del discurso orientado a convencer a otros; proponer inferencias que se sigan del contraste de ideas; y valorar la pluralidad como condición imprescindible del proceso de construcción de legitimidad democrática.
En nada de lo anterior se interesan los promotores de la reforma educativa afiliados al Pacto por México, ni ese mosaico informe de opositores a ella, cuya cara más visible es un sector del gremio magisterial aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Gobierno y partidos políticos han fracasado en difundir sus diagnósticos, contrastar sus ideas con las de expertos y críticos, explicar las omisiones de su propuesta aunque sea con planteamientos pragmáticos, y justificar razonablemente los votos comprometidos en los órganos representativos por los que han pasado las iniciativas de ley. La página de internet de la reforma educativa es una muestra fiel de la trivialidad con la que el gobierno federal ha comunicado su mensaje: en primer plano cuatro spots musicalizados, seguidos de frases sueltas (“la #reformaeducativa en 140 caracteres”), y una lluvia de viñetas (“infografías”). ¿Para qué argumentar—dirán—si ya pasamos las reformas?
Los opositores a la reforma son un grupo variopinto que no parece compartir un diagnóstico, un programa o una idea, sino una misma e intensa animadversión hacia el gobierno. Incluye, entre otros, a habituales examinadores del establishment político, prosélitos de Andrés Manuel López Obrador, estudiantes encapuchados dizque anarquistas (que al comportarse belicosos se convierten súbitamente en “provocadores” infiltrados por el gobierno, a decir de quienes consideran inverosímil que un joven inconforme pretenda agredir a un policía), maestros desorganizados y dispersos afiliados a secciones no conflictivas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y maestros organizados prestos a la movilización que se concentran en la CNTE. Es esta última agrupación la que más ostensiblemente ha mostrado su rechazo a las leyes aprobadas mediante la organización de plantones, bloqueos, ocupación de casetas, alborotos afuera de tiendas o embajadas, y marchas en las calles de la ciudad de México. La estrategia empleada por la dirigencia de la CNTE para presionar al gobierno federal ha consistido en movilizar a contingentes de maestros para alterar la normalidad de la ciudad a fin de obligarlo a negociar. ¿Para qué contra-argumentar—dirán—si se puede amedrentar con el espectro del desgobierno “echando bola”?
Difícilmente la protesta social, como la entiende la dirigencia de la CNTE, servirá de algo si no es para sacar de sus cabales a capitalinos fastidiados o prejuiciosos. Lejos de ser un instrumento de extorsión (así la ha utilizado la dirigencia de la CNTE en Oaxaca por años, con los propios maestros y con el gobierno estatal), la protesta social ejerce una función trascendental en las democracias: alertan sobre divergencias potenciales del sistema constitucional respecto a los principios de justicia que garantizan la libertad e igualdad de los ciudadanos. Para cumplirla, sin embargo, es necesario darle sentido y legitimidad con un discurso coherente que articule demandas y propuestas, al tiempo que se asiente sobre una base firme de autoridad moral. Esta se finca en lo que el filósofo John Rawls llamó la “fidelidad a la ley” del desobediente civil, y se manifiesta en la aceptación consciente de las consecuencias que conlleva desobedecer una norma jurídica o una resolución judicial. Solo con esta autoridad, aunada al rechazo explícito de la violencia, podrá apelarse con cierta resonancia al sentido de justicia de la mayoría silente.
Si efectivamente la CNTE se planteara persuadir a otros de que sus reclamos son justos, tendría que construir un argumento razonado que acompañara su protesta, y de lo cual no hay indicios en sus propias filas ni en las de sus simpatizantes.
Es claro que además de la dimensión estrictamente laboral de la reciente legislación en materia educativa, el conflicto magisterial tiene un grave trasfondo: las condiciones sociales y culturales en las que se da el proceso educativo en estados como Oaxaca; un estado con un enorme rezago social que coincide con el porcentaje más alto de población hablante de lengua indígena del país (cercano a la mitad). De ahí la importancia de que la alianza pretendidamente comunitarista entre los maestros y sus simpatizantes pudiera explicar las razones por las que la reforma educativa tendría que revisarse a fin de que sea más sensible a dicho contexto socio-cultural, evitando al mismo tiempo reproducir la marginación social y económica a la que se ha condenado a los ciudadanos indígenas. Llama la atención que los más emotivos simpatizantes de la CNTE se conmuevan por la prédica de un maestro rural que se queja de las condiciones en las que trabaja y que sean incapaces de aceptar que también el arraigado ausentismo magisterial de la sección XXII del SNTE en el estado afecta a personas mayoritariamente pobres, cuya única vía de movilidad social es recibir servicios educativos que más o menos emparejen el terreno con quienes parten de una situación más ventajosa.
No deja de ser irónico, al observar el tipo de protesta por la que ha optado la dirigencia de la CNTE, que el documento más cercano a lo que podría ser una propuesta alternativa del magisterio disidente, el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), pretenda inspirarse, con toda la torpeza que revela hacer pegotes de su obra (ver pp. 23 y 24 del Plan y p. 617 de la Teoría de la Acción Comunicativa, Madrid: Trotta), en el pensamiento de Jürgen Habermas. Es una ironía porque el concepto habermasiano de “el mundo de la vida”, al que alude el documento de la CNTE para encuadrar forzadamente su posición comunitarista, busca representar aquellos referentes que sirven de trasfondo a la racionalidad comunicativa de las personas que se orienta al entendimiento. La cual es el presupuesto central de una concepción de democracia deliberativa fundada en el debate público racional y la idea de consenso razonado. Nada más lejos de la protesta que realizan los maestros de la sección XXII del SNTE.
No es la única ironía de nuestro debate en el tema educativo. Hace algunos meses, un grupo de académicas adscritas al Departamento de Investigaciones Educativas del prestigioso Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) reprocharon a un diario la alusión que hizo a su análisis sobre una versión preliminar del PTEO, toda vez que su opinión especializada tenía el carácter de “confidencial”. Sin embargo, no es comprensible bajo qué tipo de lógica un académico de un centro de investigación público podría aceptar emitir opiniones confidenciales sobre las propuestas magisteriales como si se tratara de un asunto de seguridad nacional. Parece incuestionable que el saber técnico con el que cuentan las especialistas es lo que podría auxiliar a la ciudadanía a formarse un juicio informado y crítico sobre la (in)validez del diagnóstico y las propuestas específicas que han venido haciendo los maestros en su proyecto de reforma alternativa para Oaxaca. Es la exposición pública y abierta de los aciertos y defectos de la propuesta magisterial lo que permitiría discutir algo más sustantivo que las pedradas y garrotazos con los que los maestros disidentes se han propuesto “recuperar” sus escuelas.
Es profesor investigador en la Universidad de Guanajuato. Es autor del libro Transnational Social Justice, publicado por la editorial Palgrave.
