Los planetas parecieron alinearse según la ap: el ascenso de una gobernadora republicana; los empeños de una legislatura conservadora; el enojo de la población ante la incapacidad del gobierno federal para “asegurar” la frontera y una ansiedad creciente respecto al crimen que alcanzó su punto más álgido tras el asesinato de un ranchero en Douglas por parte de un supuesto inmigrante indocumentado. Las tensiones, sabemos, desembocaron en la promulgación de la ley sb1070.
Aunque los medios se han enfocado en las prácticas de perfil racial que su implementación propiciará, el alcance de la ley es más extenso. De entrar en vigor a finales de julio, instruirá a todos los oficiales de todas las agencias en todos los niveles de gobierno de Arizona a realizar un intento razonable para determinar el estatus migratorio de una persona al mantener con ella un contacto legítimo. Olvidémonos del policía que te detiene por alguna infracción de tránsito: el mandato engloba al bombero, la trabajadora social, el burócrata municipal o el paramédico. Además, equipara el delito (federal) de presencia indocumentada con el de allanamiento si la persona en cuestión está presente en cualquier propiedad privada o pública y no posee o no lleva consigo la documentación migratoria que autoriza su estancia. Queda también prohibido solicitar trabajo en la vía pública y transportar o albergar a indocumentados. Por si fuera poco, para evidenciar el ánimo persecutorio, cualquier ciudadano podrá demandar a un oficial o a su agencia pública si considera que no han aplicado la ley con celo suficiente. Curiosa manera de “quitarle las esposas”, dice su principal promotor, a las fuerzas públicas: colgando una espada sobre sus cabezas.
Al entrar en estos detalles, surge la primera contradicción. Todas las figuras públicas a favor de la ley repiten la misma frase, entre mantra y eslogan electoral: “Debemos asegurar la frontera.” Y, sin embargo, no hay nada en la sb1070 que haga la frontera más segura. Regresemos a la alineación de los planetas. La ley no se debe tanto al ascenso de una republicana sino al hecho de que la gobernadora Jan Brewer enfrenta elecciones en unos meses con la peor crisis económica en la historia de Arizona. Para tranquilidad de la mujer, la cifra de aprobación a su gestión aumentó de 40 a 56% tras firmar la ley.
Sobre el enojo de la población, se sabe que alrededor del 50% de la mariguana y de las personas que ingresan a Estados Unidos sin documentos lo hacen a través de Arizona. No obstante, hay un problema cuando las personas hablan de “recuperar el control de la frontera”, como si esa fuera la situación antes de que las hordas de inmigrantes y narcos se abalanzaran sobre Arizona. El hecho es que la frontera históricamente se distinguió por su porosidad y nunca antes estuvo mejor protegida. De hecho, el novedoso flujo por Arizona (que por año arrastra a 150 personas a la muerte) se debe a que los tradicionales y menos agrestes pasos por California y Texas fueron cerrados. Hay que notar que la patrulla fronteriza jamás contó con más presupuesto, infraestructura, equipo y agentes como ahora. Tan sólo en los últimos cinco años dobló su número de agentes a 20,000. La incautación de mariguana rompe récords cada dos meses. Y las aprehensiones han bajado entre 15 y 25 %. Eso sin tomar en cuenta el dato revelador: la mayoría de los inmigrantes sin papeles que ingresan se dirigen a otros estados. ¿Debido al ambiente antiinmigrante en Arizona? De ninguna manera, sino porque el mercado laboral en otras regiones resulta más atractivo. Por si fuera poco, no sólo las cifras de 2009 a lo largo de la frontera demuestran que no hay un spill-over effect de la violencia desde México sino que los índices de crímenes violentos en Arizona de 2000 a 2008 (época de mayor flujo migratorio) bajaron de 531.3 por cada 100,000 personas a 447. Del asesinato del ranchero, basta decir que las autoridades ahora han centrado la investigación en el lado estadounidense y se cree que está relacionado con el tráfico de drogas.
Sólo nos queda la legislatura y con ella la aceptación de una triste realidad. Contrario a lo dicho por tantos activistas, la sb1070 no es fruto de una minoría de radicales. No sólo el Partido Republicano ha refrendado su mayoría en ambas cámaras desde hace más de quince años, sino que sus figuras más prominentes en el estado destacan por sus posturas antiinmigrantes. La sb1070, que cuenta con el respaldo del 67% de la población, debe enmarcarse en un contexto más amplio de políticas públicas y leyes en contra de la población indocumentada. En 2004 se aprobó la Proposición 200, una iniciativa popular respaldada por el 56% de los votantes mediante la cual se exige a todos los individuos procurar pruebas de su ciudadanía antes de registrarse al padrón electoral o recibir beneficios públicos. Tan sólo en 2006 se aprobaron tres iniciativas populares para negar fianza a las personas indocumentadas acusadas de cometer felonías, declarar el inglés como lengua oficial y exigir pruebas de ciudadanía para recibir servicios subsidiados tales como cuotas de residentes y asistencia financiera en las universidades públicas. Por último, en enero de 2008 entró en vigor la Ley de Trabajadores Legales de Arizona que sanciona a quienes emplean con conocimiento de causa a inmigrantes indocumentados y los obliga a usar el sistema e-Verify provisto por el Departamento de Seguridad Interna a fin de comprobar la autorización para trabajar de todas sus nuevas contrataciones. (Hasta el momento sólo dos empresarios han recibido amonestaciones mientras los trabajadores reportan abusos a causa de la ley.)
Acaso la diferencia con años anteriores radique en la falta de figuras públicas que se opongan a esa clase de obstinaciones. Los senadores John McCain y Jon Kyl, quienes hicieron campaña hace seis años contra la Proposición 200, ahora no sólo respaldan la sb1070 sino que impulsan un plan de seguridad fronteriza que enreda la inmigración y el narcotráfico en un mismo problema y refuerza la paranoia colectiva hacia todo lo que venga del sur sin visa y dólares por delante.
Sobre los efectos de la ley, quizá el comentario más atinado se lo debamos al sheriff de Maricopa, Joe Arpaio, quien no entiende el revuelo causado. En su opinión, nada de lo que sucederá será del todo diferente a lo que él hace desde hace varios años. Y no es porque a partir de la sb1070 se repliquen sus publicitadas redadas y operativos “anticrimen” en contra de la inmigración indocumentada, sino porque se repetirán las consecuencias funestas de una política migratoria centrada en prácticas policíacas de delación, encarcelamiento y deportación. No sólo los barrios se harán más inseguros (los latinos miran con recelo y se niegan a cooperar con las agencias de seguridad pública que colaboran con autoridades de inmigración) sino que la población indocumentada y los miembros de familias mixtas quedarán más vulnerables: mujeres que no denunciarán casos de violencia intrafamiliar por miedo a ser deportadas; chicos que llegaron desde pequeños a Estados Unidos y terminarán en un México que desconocen por haber cometido una infracción de tránsito o porque no pueden continuar sus estudios universitarios; o enfermos que temen terminar en la sala de emergencia porque carecen de servicios médicos de prevención.
Hay quienes argumentan que algo positivo habrá de salir de Arizona pues, señalan, el debate sobre la reforma migratoria ocupa nuevamente el proscenio del gran teatro mediático nacional. A nivel local, tres distintos movimientos de la sociedad civil –quienes pugnan por una reforma migratoria, quienes critican las políticas de control fronterizo y quienes defienden los derechos civiles y promueven la participación política de los latinos– han unido esfuerzos. Sin embargo, el perfil nacional también acarrea saldos negativos. Con los reflectores encima, grupos conservadores de otros estados harán de Arizona el campo para impulsar su agenda, flexionar sus músculos y, sobre todo, gastar sus dólares.
Quizás entre todas las lecciones que Arizona nos deja prevalezca una, la más desesperanzadora. En el delicado balancing act de los políticos y los líderes sociales, la prudencia de una estrategia incrementalista ha quedado arrinconada en una esquina demasiado constreñida. Respecto a la sb1070 y la situación del sistema de inmigración se escuchan con mayor insistencia argumentos pragmáticos en contra. Un líder de Phoenix lo puso así: “Si queremos beneficiar a la comunidad inmigrante tenemos que dejar de pelear por los derechos de los inmigrantes y pelear por lo que es bueno para América.” Uno entiende los beneficios de quienes actúan guiados por la responsabilidad y no por la convicción. Pero en las batallas públicas también hay un terreno moral que ganar. Así como en el caso de los impuestos los conservadores posicionaron su causa con la noción de tax relief, en el de la inmigración todavía no escucho una respuesta convincente a su grito de guerra: “What part of illegal is it that you can’t understand?”
La cultura política que permite el florecimiento de la paranoia antiinmigrante no está ligada, como se cree, al ascenso del populismo de derecha. Se filtra a través de barreras ideológicas porque está compuesta sobre todo por una mitología. En una Arcadia posracial y posclasista el indocumentado es el bárbaro que aprovecha la hospitalidad de su pueblo para saquear sus tesoros y sabotear su futuro como gran nación. En la arena política, no basta tener los pelos de los hechos en la mano para tener razón. Hay mucho por hacer, fuera de espetar datos y ofrecer argumentos pragmáticos, para hacer cambiar de parecer al estadounidense promedio que se pregunta: “¿Y por qué no simplemente hacen cola si quieren entrar?” ~
Escritor, editor y crítico de medios.
