El juez Baltasar Garzón, que se ha distinguido en su lucha contra la organización terrorista ETA, y en su intento por llevar a juicio al dictador chileno Augusto Pinochet, nos concedió una entrevista para hablar de la justicia internacional, máxime que ahora está recién aprobada y constituida la nueva Corte Penal Internacional. Con el terrorismo, que —junto al narcotráfico— se está convirtiendo actualmente en el epítome de la ilegalidad internacional, la opción sigue siendo, y sólo puede ser, insiste Garzón, la lucha siempre legal. Lo que pasa es que las herramientas legales con que se cuenta para hacer frente a esta honda llaga social tienen que modernizarse, expandirse, fortificarse. Esas mismas herramientas nuevas pueden y deben servir en la lucha para combatir y castigar los crímenes contra la humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, que son el objetivo de la Corte Internacional. Otro tanto ha de ocurrir con la máxima instancia, la ONU, que debe cambiar para alcanzar el estrato de cumbre rectora mundial que tanta falta nos hace a todos, si no queremos estar a la merced de la superpotencia en turno. Hemos prescindido de las preguntas, para que sea únicamente el juez Garzón quien hable en este escrito.
Contra el derecho utilitario
Todavía no ha transcurrido suficiente tiempo para que podamos ofrecer una perspectiva fiable de lo que es y debe ser la función o papel de la Corte Penal Internacional, aunque la verdad es que ya se echa de menos alguna que otra muestra de presencia por parte suya. No quiero decir con esto que tengan que conocerse noticias trascendentales en los medios de comunicación acerca de sus trabajos, ya que, para armar un juicio ante la Corte, debe transcurrir todavía mucho tiempo. Pero sí que se supiera que se está laborando: con eso se generaría cierta tranquilidad en la comunidad internacional, y existiría ya una constancia de que la respuesta a esa inquietud social está cobrando forma. Se han generado tantas expectativas que, de alguna forma, hay que satisfacerlas y contrarrestar “los bombardeos” permanentes que, desde determinados puntos y países, especialmente desde Estados Unidos, están produciendo tanto daño al no reconocer la legitimidad de la Corte ni, en general, de la justicia penal internacional.
No corren buenos tiempos para esta justicia. Desgraciadamente, los límites del estado de derecho han sido traspasados desde hace mucho tiempo y en forma muy grosera, y se ha establecido un utilitarismo en el uso del derecho que determina el uso perverso del mismo. Es paradójico, pero parece que, para los que así piensan, es más fácil bombardear una aldea o asesinar selectivamente a cualquiera a quien se identifique como terrorista, que procesarlo y someterlo a juicio. E incluso puede resultar más chocante para la opinión pública esta medida que aquella acción. ¡A esta degradación nos han llevado!
En esta situación se utiliza el derecho como un kleenex: disponemos de él para lo que nos interesa, y para aquello que no nos conviene prescindimos de él y acudimos a las convicciones personales del líder, que impone su postura en forma autoritaria. Esto es lo que está sucediendo en muchos de los conflictos más candentes que hay en el mundo, y en particular en Oriente Próximo, en Afganistán, en Iraq, en África…
La situación, después del 11 de septiembre, se ha deteriorado gravemente, pero eso no significa que no se pueda paliar con los mecanismos que se tenían, o con los que puede generar y de hecho está creando el estado de derecho. Lo que sucede es que, por razones que a mí se me escaparían, se ha aprovechado la hecatombe del 11 de septiembre para crear un estado de psicosis generalizada que ha servido para diseñar una serie de normas bajo el paraguas de las Act Patriot I y Act Patriot II (esta última ha pasado inadvertida, aunque casi todos vamos a sentir sus efectos en nuestros viajes a Estados Unidos). Esa situación, desde luego, puede estar relacionada con otros fenómenos, ajenos al terrorismo, tales como los económicos, geoestratégicos o políticos, que se han fraguado antes de aquella fecha.
Salvar la ONU
Qué duda cabe que esa nueva situación ha influido en las crisis de los organismos internacionales. El objetivo es acabar con el multilateralismo, tal como lo conocemos, y establecer un mundo unipolar dominado por Estados Unidos, cuya existencia es considerada, desde la óptica norteamericana, incompatible con instituciones como Naciones Unidas, si ésta funcionara como debe. Eso no quiere decir que no se deban modificar organismos como las Naciones Unidas. Hace casi diez años, en 1995, lo dije: la ONU debe experimentar una metamorfosis para acomodarse a la realidad de los tiempos y para hacer frente a los nuevos desafíos del terrorismo, el crimen organizado, la corrupción, la pobreza, y también de la ayuda humanitaria, la mediación, la prevención y solución de los conflictos. De momento sólo se ha descrito cuáles son esos desafíos, pero no se ofrece una fórmula adecuada para solucionarlos y hacerlo en forma eficaz y rápida.
Desde el punto de vista que defiendo como más lógico y positivo, hay que afrontar una reforma de Naciones Unidas, no para convertirla en un simple y gigantesco organismo humanitario, sino para dotarla de todos los elementos y componentes operativos necesarios para que pueda desarrollar esas funciones, otorgándole el grado de confianza que ahora le niegan. Es decir, se trata de crearnos y creernos el sistema que nosotros mismos hemos diseñado, y con ello evitar que se vivan situaciones como las que, principalmente a lo largo de 2003, se han producido, con acciones claramente ilegales, como la guerra en Iraq, la caótica coordinación de la ayuda humanitaria, la falta de acciones preventivas (no de guerras preventivas) que eviten catástrofes humanitarias y de violencia étnica, entre otras.
Se habla, por ejemplo, de guerra contra el terrorismo. ¿Qué se quiere decir con esta expresión? ¿Estamos ante un nuevo tipo o categoría de guerra? ¿Bajo qué normas se regulará esta guerra? ¿Estará sometida a los Convenios de 1949 y los Protocolos de 1977?, o, por el contrario, ¿estamos de nuevo ante la manipulación y el uso perverso del lenguaje? Realmente esta última es la opción más peligrosa pero a la vez la más real. Y frente a esto ¿qué dicen los responsables de los Estados?: nada. Ésta es la triste realidad, para la comunidad internacional en general, y para el ser humano en particular. Tan sólo se impone la voluntad sin límites del líder o de los líderes. Y mientras tanto se consuman y amplían los espacios sin derecho, las bolsas de impunidad. Cuando creíamos que el final del siglo pasado nos había regalado el inicio de una nueva era en la que la impunidad sería una reminiscencia del pasado, nos encontramos con esta terrible realidad, que nos demuestra la transitoriedad de cualquier episodio de legalidad.
Para evitar que esta realidad incipiente se consume, se deben encontrar caminos que nos orienten en estos tiempos de penumbra. Apoyar la Corte Penal Internacional, defender que sean las Naciones Unidas las que asuman el control de la situación en Iraq, apoyar acciones como las iniciativas de paz que la sociedad civil está desarrollando en Oriente Próximo, hacer que se cumplan las resoluciones de la ONU y del Consejo de Seguridad, crear los organismos y coordinar en forma efectiva los ya existentes para afrontar —en forma equivalente a su complejidad— los fenómenos de la gran corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia de genero, la migración… Si somos capaces de destruir impertinentemente países y de asolar territorios, debemos encontrar la manera de recomponerlos y de prevenir estos sucesos.
La seguridad a costa de la libertad
Pero uno de los más graves obstáculos contra estas iniciativas, que se integran en el marco del derecho y de la ley, es el que representa la voluntad y las verdaderas intenciones de algunos líderes. Yo no tengo muy claro que Estados Unidos quiera definir, dentro de un amplio margen de legalidad, lo que es la lucha contra el terrorismo… Creo que no, o por lo menos no lo aparenta en las manifestaciones públicas que se hacen y en el desarrollo de las iniciativas que se están llevando a cabo sólo a remolque de lo que están diciendo algunos tribunales. ¿Se está haciendo algo en este sentido? Lo que digo lo demuestra la situación de los detenidos en Guantánamo, la situación de los prisioneros en Iraq, la aceptación de los asesinatos selectivos, y de destrucción de objetivos civiles, o la última decisión del Tribunal Supremo Norteamericano, que a mí me ha llenado de pavor y de dolor. ¿Cómo se puede afirmar seriamente que conocer las identidades de las personas que fueron arbitrariamente detenidas y recluidas en centros no identificados, y de los cuales no se conoce casi nada, perjudica o puede afectar gravemente la seguridad y la lucha contra el terrorismo? Más bien parece un acto de cobertura de la política de desconocimiento y quebranto de los derechos humanos, de la que está haciendo gala la administración norteamericana.
Realmente es muy preocupante la primacía casi absoluta que se le está dando a la seguridad a costa de la libertad y de las garantías fundamentales que tanto esfuerzo ha costado conseguir. Como hacerlo a las claras sería demasiado burdo, hay que aderezarlo con determinadas dosis de alarma terrorista, de amenazas de ataques, de consejos para protegerse, que lo que producen es la psicosis colectiva y la aceptación de este tipo de medidas restrictivas que de ninguna otra forma se aceptarían. A esta situación contribuyen, y no en pequeña escala, algunos medios de comunicación de masas controladas o que se dejan controlar por las autoridades políticas de turno.
Esta afirmación no significa, ni debe interpretarse, como una insinuación de que el terrorismo integrista, islámico en particular, y los demás terrorismos no sean una realidad y una amenaza. Por el contrario, lo son y así los definía al principio. Lo que quiero decir es que ese estado de miedo inducido no contribuye a determinar el problema, ni a buscar sus causas, para después afrontarlo con posibilidades de éxito, sino que tan sólo permite combatir los efectos, y éstos son demasiado aleatorios y cambiantes como para que nos ofrezcan una solución global. En esta línea, deberíamos pararnos a reflexionar por qué razón, después del 11 de septiembre, todos y cada uno de los atentados integristas que se han producido no se han ejecutado en Occidente. ¿Alguien se ha dado cuenta de ese pequeño detalle? Todos han sido en territorio de países islámicos, frente a gobiernos a los que se les ha considerado aliados de los “gobiernos infieles” y que no respetan el dogmatismo fundamentalista y extremo del islam.
Hay que acabar con esa psicosis de miedo, y establecer los límites reales, y señalar cuáles son las seguridades que merecemos y cuáles son las libertades que se están deteriorando y desapareciendo. Quizá sea bueno recordar aquí lo que decía alguien tan poco sospechoso como Benjamín Franklin: “Quien antepone a la libertad la seguridad, no merece ni libertad ni seguridad.”
Una esperanza
En 1872, el Comité Internacional de la Cruz Roja desarrolló la primera iniciativa que hubo para crear un tribunal penal internacional. Sin embargo, efectivamente tuvo que pasar la Primera Guerra Mundial para que se pensara en juzgar al káiser Guillermo ii de Hohenzollern, lo que finalmente no tuvo lugar, por motivos de decisión política de Holanda al no entregarlo; o como ocurrió con el Tratado de Sèvres, para que los responsables del genocidio armenio respondieran, lo que tampoco tuvo lugar. Hubo de concluir la Segunda Guerra Mundial para que finalmente, como consecuencia del Holocausto, se diera forma a los dos primeros tribunales internacionales, en Nuremberg y Tokio.
Después, y salvo alguna excepción, nada se exigió por la justicia internacional hasta los Tribunales Penales Internacionales para juzgar los crímenes en Bosnia-Herzegovina y Ruanda. En el camino quedaron miles de muertos como consecuencia de genocidios, masacres, asesinatos masivos, desapariciones forzadas de personas, torturas… Y mientras tanto la lenta maquinaria internacional, que llegaba tarde a casi todos los sitios, y que nada prevenía, consiguió dar forma a una serie de normas que revitalizaron los viejos principios de Nuremberg.
Por fin se abrió un nuevo rayo de esperanza para el derecho frente a la barbarie. A estas iniciativas se sumaron otras desarrolladas en España, Bélgica y otros países contra los crímenes de dictaduras militares en Argentina, Chile o Guatemala. Y vino entonces la creación de la Corte Penal Internacional, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también el desarrollo de la doctrina científica favorable y la acción de las organizaciones no gubernamentales, que hicieron que la solución de conflictos por medio del derecho, al menos en su aspecto reparador —aunque sin olvidar el efecto preventivo innegable— nos permitiera atisbar la esperanza de que por fin habíamos encontrado el camino de la no violencia y de la ley. Por fin: se podría hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley y se avizoraba el fin de la impunidad. Ésta ha sido la enseñanza más clara y la confianza mayor en este sistema de derecho. Los efectos del sistema de la acción militar ya los conocíamos; ahora comenzaba la singladura de la acción del derecho. O eso era al menos lo que creíamos hasta el 11 de septiembre de 2001.
El gravísimo riesgo, ya convertido en parte en realidad, es que se caiga en la tentación de que, para hacer frente a esa fortísima agresión a la humanidad, se abandone el camino iniciado y se vuelva al de la de la ilegalidad internacional, a la estrategia de la acción-reacción, y a utilizar el peligroso camino de los medios equivalentes, no en legalidad y garantías, sino en violencia y represión, porque, de esta forma, esta acción se convierte en una especie de “arma de destrucción masiva”, no sólo en vidas y bienes, sino, lo que es peor, de valores, de derechos individuales y colectivos, en definitiva: de legalidad. Con esta acción, la devastación para la sociedad en su conjunto hacia el futuro es tan perversa como la acción de los terroristas. El respeto a la dignidad humana exige que se dé margen a la acción del derecho, entendido en sentido amplio, para todos y frente a todos, porque su finalidad es proteger a los ciudadanos, primero como personas y después como partes integrantes de una comunidad.
Combatir con la ley
No hay una situación de guerra en el mundo. Hay una situación de crisis humanitarias en distintas partes del mundo, que no hemos sabido o no hemos querido evitar. Crisis de las que apenas se habla, porque apenas salen en los periódicos. Hay hasta diez crisis vigentes en este momento, y que son diferentes de Afganistán y de Iraq, y de las que escasamente se tiene noticia: Somalia, el Sudán, Burundi, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, China, Colombia, Guatemala, Chechenia. Como tampoco es correcto hablar de que estamos en guerra contra el terrorismo, como antes dije. ¿Qué es la guerra contra el terrorismo? ¿Es acaso lanzar misiles y destruir viviendas, o destruir vehículos donde supuestamente van terroristas donde se mata a nueve niños y no se alcanza al terrorista, que después resulta que ni siquiera estaba allí? ¿O la guerra contra el terrorismo es aplicar toda la legislación nacional e internacional acorde con los principios básicos del derecho humanitario, del derecho penal y del derecho internacional? ¿Acaso la guerra contra esta lacra no debería consistir en aplicar toda la legislación y aceptar todas las iniciativas judiciales que sean integradoras, como la de la Corte Penal Internacional?
A la guerra frente al terrorismo, a mí, en tal caso, no me gustaría llamarle guerra sino lucha, combate, para evitar la connotación a la que antes hacía referencia. Se entiende por ella utilizar todos los instrumentos de que el estado de derecho nacional e internacionalmente dispone para hacer frente a una situación. Bueno, pues adelante, y con todo el rigor. Pero también con todas las garantías. Lo perturbador es que se identifique guerra contra el terrorismo como guerra sin cuartel y guerra ilegal. Es decir: no podemos traspasar esos límites. Ahí no se puede uno reír de las instituciones que nosotros mismos hemos creado. El discurso no admite fisuras.
Recuerdo la organización antiterrorista de los gal, de los Grupos Antiterroristas de Liberación en España, cuando se tuvo la tentación y se cayó en ella, por parte de algunos, de luchar con medios ilegales contra el terrorismo. ¿Qué sucedió durante los años 83-87? Se intentó combatir a ETA con sus mismas armas, es decir desde fuera del estado de derecho, matando si ellos mataban, secuestrando si ellos secuestraban, torturando si ellos torturaban. ¿Qué se consiguió? Legitimar por primera vez a la organización terrorista en democracia, y dar valor a su postulado de estar luchando contra el Estado en paridad. Tuvo que ser como consecuencia de la investigación judicial que se desarrolló, y las sanciones que se establecieron, como nos dimos cuenta de que la única forma de combatir el terrorismo es desde la legalidad. Siempre me acuerdo de una cita que para mí tiene un gran significado. En 1978, se produjo el secuestro y asesinato del presidente de la República Italiana Aldo Moro por las Brigadas Rojas. En ese tiempo, se detuvo a un terrorista de dicha organización. Cuando fue presentado ante el general Dalla Chiesa, a la sazón jefe del mando único antiterrorista, se le planteó la posibilidad de torturarlo para extraerle información acerca del paradero de Aldo Moro. El general —que luego sería asesinado por la mafia en Palermo— dijo: “Italia se puede permitir la pérdida de Aldo Moro, pero no la práctica de la tortura.” Creo que cualquier otro sistema es cuando menos peligrosísimo para la propia libertad y para la propia seguridad jurídica de los ciudadanos.
No soy tan iluso como para pensar que sólo con la aplicación del derecho, por parte de los jueces, se va a acabar con el terrorismo. No, no, eso es evidente que no… aunque en España tenemos ejemplos de que una buena coordinación y un buen ataque frontal y al núcleo de las organizaciones terroristas puede noquear a una organización terrorista como ETA. Pero también es verdad que el terrorismo internacional es un fenómeno horizontal, difuso, casi individual a veces, que no necesita una estructuración jerárquica y, por tanto, la forma de combatirlo es distinta, más difícil, porque exige mayor coordinación y flexibilidad, y una acomodación de legislaciones e iniciativas. Pero, desde luego, la forma no debe ser a base de bombas ni misiles sobre objetivos civiles o sobre objetivos que nadie, salvo la voluntad del que lo hace, puede determinar en su alcance y exactitud. Debe haber un control legal de la acción. Para esto existe una legalidad internacional, un Consejo de Seguridad…
Es cierto que hay la sensación de que, en los tiempos actuales, pendemos de un hilo, que somos extremadamente vulnerables y que ningún humano ha conquistado un reino para siempre. En esta tesitura podemos y debemos ejercitar la memoria, tratando de recomponer el mapa de la dignidad humana, tan destrozada y pisoteada. Es preciso establecer los cimientos sobre los que se acomodará el edificio internacional, y para ello no deben olvidarse las responsabilidades por las acciones cometidas. No considero válida la postura del secretario de Estado americano, Colin Powell, cuando dice que debemos olvidar los desencuentros ocurridos sobre Iraq y contribuir todos para reconstruir este país. Y no lo estoy porque ello va en contra de una interpretación mínimamente aceptable de la situación. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que reconstruir Iraq, pero, hombre, no me tome el pelo otra vez, es decir… ¿aquí no ha ocurrido nada?… los treinta mil muertos de la guerra de Iraq, según los informes más solventes, ¿no son nada?, los once mil soldados iraquíes, más los centenares de americanos, ¿no son nada?, ¿son daños colaterales?, ¿nos olvidamos de esto? Hay que trabajar para el futuro, sí, pero no podemos de nuevo extender el ominoso manto del silencio que siempre acompaña la impunidad. Si así se hace, y se abren las puertas a los que aguardan los suculentos contratos de la reconstrucción, hágase, pero no nos obliguen a aceptarlo ni a compartirlo, porque ello daña el nivel intelectual más elemental. Y en todo caso, que sean las Naciones Unidas las que dirijan y controlen esa reconstrucción. Quizás con ello contribuyamos a dar forma a ese nuevo modelo de Naciones Unidas más dinámico, más operativo y más efectivo, que todos, o al menos yo, deseamos.
Es el momento de reivindicar una paz justa, una paz equitativa, una paz de encuentro, una paz de diálogo, una paz que se construya con los mismos instrumentos que no se han respetado para acabar con ella. Y para eso hay un algo fundamental, que es la labor de la sociedad, lo que, a lo largo del año 2003, se manifestó en forma masiva en todo el mundo y que lo sigue haciendo. Las manifestaciones masivas que se han producido y que se producirán significan algo. Quieren decir que la sociedad está pidiéndoles a los gobernantes que no vivan de espaldas a ella. Que atiendan la seguridad, pero sin restringir la libertad, sin retroceder en las conquistas de la humanidad: que atiendan al deseo de paz y, en definitiva, que lo hagan de una forma abierta, no confundiendo lo que son los intereses particulares o eventualmente incluso electorales, con lo que es el deseo del pueblo. Y para eso es necesario una labor de información abierta. ~
(Barcelona, 1973) es editora y periodista.
