Canadá forma parte de una limitada lista de países en donde se han aplicado estrategias de salud pública, no enfocadas en lo criminal, al tema de las drogas ilegales.
Primero aparecieron en 1999 los dispensarios para obtener mariguana terapéutica y luego en 2001 se expidieron varios permisos gubernamentales para cosecharla con fines médicos. Pero las propuestas también han tenido que ver con drogas duras. En Vancouver funciona desde hace 12 años Insite, una sala higiénica y segura para que los adictos puedan administrarse narcóticos por vía intravenosa. El siguiente paso se dio en noviembre de 2014, cuando médicos de la clínica Providence, también en Vancouver, obtuvieron la autorización para prescribir legalmente heroína a dependientes de este opiáceo. Se trató de la primera medida de este tipo en todo el continente americano.
Entre 2005 y 2008, investigadores de la Universidad de la Columbia Británica y de la propia clínica Providence llevaron a cabo un estudio titulado NAOMI que demostró la efectividad de suministrar dosis de heroína a adictos que no habían respondido positivamente a tratamientos convencionales –como la metadona- para controlar su dependencia. Se calcula que entre 10% y 15% de los heroinómanos no reaccionan bien ante estas terapias.
Las conclusiones eran las mismas que las obtenidas en Suiza, Alemania, Dinamarca y Gran Bretaña, donde ya existían programas similares: la salud física y mental de los adictos mejoraba, se evitaban las sobredosis, bajaban los contagios de Hepatitis C y VIH, se fomentaba la reinserción laboral, se reactivaban los puentes a nivel familiar y, last but not least, la criminalidad descendía.
En septiembre de 2013, luego de varias evaluaciones por parte de expertos independientes, el Ministerio de Salud de Canadá autorizó la puesta en marcha de un programa de prescripción legal de heroína en la clínica Providence, pero apenas un mes después, la misma institución federal paró el proyecto. “Estas drogas desgarran familias, provocan comportamientos criminales y destruyen vidas”, señalaba la diputada Rona Ambrose, encargada en ese entonces del Ministerio, al anunciar en rueda de prensa la suspensión de la iniciativa. Luego de una lucha de varios meses entre abogados, el juez Christopher Hinkson de la Suprema Corte de la Columbia Británica dio finalmente la razón a los médicos de Providence, quienes habían defendido el argumento de que los adictos con nula reacción a tratamientos tradicionales no podían quedar desprotegidos. El programa volvió a funcionar el 28 de noviembre de 2014.
Desde entonces, 105 personas han recibido heroína bajo estrictas medidas. Entre ellas destacan las siguientes: debe figurar en la historia clínica del adicto que éste no ha reaccionado positivamente a otros tratamientos, las dosis se administran dos o tres veces al día (en horarios fijos y en base a la cantidad de heroína decidida por un médico) en las propias instalaciones de Providence bajo el apoyo de enfermeros capacitados, la persona tiene que permanecer al menos veinte minutos en una sala luego de la inyección como medida de precaución ante reacciones adversas y, de igual manera, un médico realiza un seguimiento periódico de su condición física y mental.
La heroína administrada proviene de un laboratorio suizo que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Salud de Canadá. Además, la clínica prescribe hidromorfona (un medicamento derivado de la morfina que se usa en casos de dolor intenso) a un grupo de 35 personas para saber si dicha sustancia estabiliza su dependencia a la heroína, dentro de un proyecto también conducido por la Universidad de la Columbia Británica y el personal de Providence.
“Durante años, era un crimen aliviar mi dolor. Ahora ya no lo es”, afirmó ante la cámara del noticiero Global News de Vancouver un adicto que utiliza el mote de Spike, al cumplirse un año del programa de prescripción legal de heroína. “Es un tratamiento seguro, basado en evidencia científica. La gente gana estabilidad en poco tiempo y además de salvar vidas, también sirve para ahorrar dinero”, señala al teléfono Scott MacDonald, responsable de este programa. MacDonald hace alusión específicamente a beneficios en los bolsillos de los ciudadanos: de acuerdo a un cálculo de la propia clínica Providence, el costo promedio anual de la prescripción de heroína a cada paciente es de 27,000 dólares, mientras que un heroinómano que recurre a medios ilegales para satisfacer su dependencia produce gastos a los contribuyentes por 45,000 dólares (ambulancias, desembolsos judiciales, apoyo médico, tratamientos por enfermedades transmitidas por las agujas, actuación policial). No hay que olvidar que en Canadá, la cobertura médica es universal.
MacDonald comenta que a la fecha, Providence continúa siendo la única clínica en el continente en ofrecer este servicio, pero dice que ha sido contactado por otros médicos de la Columbia Británica y de los Estados Unidos en busca de información. También señala que otros lugares podrían tomar nota sobre la iniciativa, América Latina incluida: “en países como México, Colombia y Venezuela existen personas que podrían requerir de un programa similar en caso de no responder a enfoques convencionales. Es un tratamiento que ayuda tanto al adicto como a la sociedad”.
Además de los buenos resultados del programa de prescripción legal de heroína, a principios del próximo año se publicarán las conclusiones del estudio realizado con la hidromorfona. Mientras tanto, cabe destacar que autoridades y grupos civiles de Montreal han señalado su intención de abrir tres centros fijos y uno ambulante para que los adictos se inyecten en toda seguridad, aunque sin suministrarles drogas. “Estamos a la espera de las decisiones del nuevo gobierno federal. Somos optimistas”, señala Geneviève Fortin, integrante de Cactus, una asociación que trabaja prestando ayuda a heroinómanos de la metrópoli quebequense. Fortin se refiere a la posibilidad de que el nuevo primer ministro, Justin Trudeau, deshaga el entramado legal sobre el tema que dejaron los conservadores de Stephen Harper. Los liberales de Trudeau han prometido desde tiempo atrás apoyar toda iniciativa innovadora relativa a las drogas que proteja la salud pública, reduzca el crimen y ayude a los adictos.
(Oaxaca, 1977) es doctor en ciencia política por la Universidad de Montreal. Colabora en medios impresos de España y América Latina.