Por cuarta vez en la historia, el más prestigioso de los premios arquitectónicos fue para un latinoamericano. Siguiendo a Luis Barragán (1980), Oscar Niemeyer (1988) y Paulo Mendes da Rocha (2006), el 14 de enero el jurado del premio Pritzker anunció que el ganador de la medalla de este año era el chileno Alejandro Aravena (Santiago de Chile, 1967). La decisión no cae precisamente de sorpresa, pero rompe con la tendencia de años anteriores: es la primera vez en casi dos décadas que el premio se otorga a un arquitecto cuyas obras más representativas son de vivienda social, y no a un starchitect, autor de un edificio de vanguardia o de alguna obra insignia del capitalismo financiero.
Aunque Aravena no es un arquitecto dedicado únicamente a lo social, su trayectoria está marcada por el interés en un tema que la arquitectura reciente ha ignorado de forma sistemática: la vivienda de masas. Aunque en América Latina existe una larga trayectoria de arquitectos que han convertido la vivienda social en el tema relevante de su trabajo, en últimos años, y como resultado del debilitamiento institucional, esta tipología parece haber perdido peso como tema de relevancia para los gobernantes, y se ha relegado a una categoría inferior: hoy son meras estructuras baratas que se reproducen idénticas en los bordes de las urbes, condenadas al aislamiento, los materiales baratos, y una lógica dictada por el negocio, y no por la habitabilidad.
Desde que formó el despacho ELEMENTAL en 2001, Aravena ha desarrollado proyectos de vivienda, infraestructura, transporte, así como instituciones culturales y educativas en países como Chile, Estados Unidos, México, Suiza y China. En 2010, luego del terremoto en su país, propuso un plan de reconstrucción para la devastada ciudad de Constitución. Pero quizá el proyecto más representativo del arquitecto es la Quinta Monroy, en Iquique, ciudad del norte de Chile. Era 2003 y casi un centenar de familias ocupaba ilegalmente un terreno bien ubicado dentro de la ciudad. Aravena propuso integrar a la legalidad a estas familias, primero adquiriendo los terrenos con subsidios y, posteriormente, otorgándoles una vivienda mínima que podía ser extendida, a partir de la autoconstrucción, a casi el doble. La clave de este proyecto era que la vivienda funcionaba como un medio de transformación, y que podría evolucionar de acuerdo a los medios y necesidades de los habitantes: si al inicio cada familia tenía una estructura base, dos plantas de hormigón de 30 m2 y los espacios básicos, con el tiempo los propietarios serían los constructores que ampliarían su propiedad. En “Ciudades radicales”, el crítico Justin McGuirk apuntó que la notoriedad de este proyecto recaía en que “Aravena no diseñó una solución para una sola vez, sino un sistema susceptible de ser reproducido. Y lo que necesitan las periferias urbanas del mundo son sistemas pensados para la escasez extrema, no casas bonitas”.
En la Quinta Monroy prevalece, más que un proyecto arquitectónico, la idea de un sistema o plataforma de trabajo que conjunta la ejecución, liderazgo y participación del arquitecto con la comunidad, sin soslayar las políticas de vivienda y las lógicas financieras que éstas articulan. Lejos queda la figura del arquitecto genio que dibuja planos en su restirador y busca experimentar con la forma; Aravena, en cambio, representa un arquitecto que es también un activista, un sujeto capaz de dialogar con el entorno y utilizar las condicionantes del mismo a favor de su proyecto.
Los premios suelen contener un mensaje, y tal vez el de este sea que, en una época donde ya más de la mitad de la humanidad vive en ciudades, hay un déficit de vivienda que pone en la cuerda floja el ideal del derecho a un hogar. Se trata de un problema urgente que no puede ignorarse más y que debe ser atendido, en buena medida, por una arquitectura adaptable y que dialoga con el medio, influyente y comprometida no sólo con erigir muros, sino también con incrementar el nivel del vida de los habitantes.
Maestra en historiografía e historiadora de la arquitectura.
