Un cotidiano de circulación nacional y amplio tiraje enfurece por algo que publica una revista literaria mensual y le asesta una denuncia.
Interviene la Procuraduría. La policía, con la orden de aprehensión, presenta a los responsables de la revista en calidad de procesados. El juez concluye que no hay delito y los exculpa. El Ministerio Público apela el fallo. Se traslada el caso al Tribunal Superior de Justicia, que se pronuncia en favor del diario. Se concede nueva orden de aprehensión. Los escritores se amparan y el diario se ampara contra su amparo. Un laberinto de ministerios, jueces y defensores; un diluvio de “tocas” y un engordante “auto cabeza proceso”… Y un buen día, la procuraduría se desistió y el caso fue sobreseído.
La revista se llamaba Examen: Revista mexicana de literatura. Apareció tres veces, a fines de 1932. La dirigía Jorge Cuesta, uno de los acusados junto a Samuel Ramos, Xavier Villaurrutia, Carlos Pellicer, José Gorostiza y Rubén Salazar Mallén. El periódico era el Excélsior, dirigido por el derechista Rodrigo de Llano. La denuncia se basaba en la publicación, en las páginas de Examen, de la novela Cariátide de Salazar Mallén, que contenía dieciocho “malas palabras”.
A la acusación del Excélsior se sumaron otros diarios: desde El Nacional (órgano del Partido Nacional Revolucionario, PNR) hasta El Machete (del Partido Comunista). También se sumaron los derechistas padres de familia que los izquierdistas Sindicato de Maestros y los Veteranos de la Revolución. Y la vanguardia hipernacionalista y ultrarevolucionaria del PNR en la Cámara de Diputados: los “Comités de Salud Pública” expertos en denunciar curas, chinos y judíos como “elementos antisociales”. Si la derecha acusaba a los redactores de la revista de “inmorales” y de “pervertir a la juventud”, la izquierda los acusaba de “reaccionarios”, “exquisitos”, “antimexicanos”, “elitistas”, “pederastas” y “traidores a la patria”.
A la derecha le interesaba atacar a Narciso Bassols, titular de la SEP, pues los colaboradores de la revista eran sus empleados (aunque la revista era ajena a la SEP y al erario). El agravio a la “moral pública” les caía de perlas. A la izquierda le interesaba distanciar a Bassols de la revista que había publicado los ensayos de Samuel Ramos (oficial mayor de la SEP) que discutían el complejo de inferioridad del mexicano y que molestaron al líder máximo Plutarco Elías Calles. Como no podía censurar así nomás a Ramos (pues la Revolución garantizaba la libre expresión de las ideas), la izquierda se montó también en lo del agravio a la moral. Si para la derecha las malas palabras ofendían a la gente decente, para la izquierda poner malas palabras en boca del pueblo, ofendía su idea del pueblo.
Los responsables de la revista pagaron caro el delito de pensar y escribir con libertad: los renunció Bassols, se les trató de reos, se endeudaron para pagar abogados, no volvieron a dirigir una revista. La derecha los dejó en paz sólo cuando Abelardo Rodríguez renunció a Bassols. La “izquierda” nunca dejó de zarandearlos.
Gracias a Jorge Cuesta y sus amigos (pues el caso sentó jurisprudencia), el Ministerio Público dejó de ejercitar acción penal contra escritores acusados de agraviar la moral. (La última vez que lo intentó fue contra Oscar Lewis por Los hijos de Sánchez, en 1965, y perdió.) Y ya en 1991, con el antecedente de Examen, se modificó el Código Penal Federal.
Siglo XXI Editores acaba de publicar un libro de mi autoría que analiza y documenta el caso. Se titula Malas palabras. Jorge Cuesta y la revista Examen. Tiene un epígrafe de Coetzee: “en una sociedad sin prohibiciones y sin ley (si tal sociedad fuera posible), ¿quién querría leer o escribir?”
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.