En la crisis de la unam hay un fondo social problemático condicionante y determinante: una pugna particular entre dos proyectos mutuamente excluyentes: la universidad pueblo (UP) y la universidad académica (UA). La primera no incluye entre sus objetivos la formación de cuadros dirigentes de la sociedad.
Su objetivo es imponerse como el proyecto necesario de la universidad pública gratuita "para sectores de bajos recursos", y ve en la UA un proyecto elitista. A la UA le interesa vitalmente estar al frente en la competencia por la formación de los cuadros dirigentes y de los profesionales del más alto nivel.
El pliego petitorio del Consejo General de Huelga y algunos de sus discursos, o las tesis mantenidas por ellos y sus asesores en las mesas de diálogo, hablan con claridad del proyecto de la UP: una universidad gratuita de "pase automático", de permanencia indefinida, de todas las "facilidades" para que los hijos del "pueblo", del campesino y del obrero, puedan educarse; una universidad cerrada a la evaluación externa y a la consecuente rendición de cuentas. Para la UP, la UNAM debe de tener en cuenta el handicap enfrentado por quienes no tuvieron los recursos necesarios y la educación suficiente, desde la escuela elemental, para ser exitosos en los estudios superiores. ¿Acaso los hijos del "pueblo" deben "pudrirse" sin derecho a ser educados por la Universidad Nacional, acaso no tienen derecho a alcanzar un título universitario?
Para un sector significativo de los estudiantes universitarios, toda reforma que implique una dosis aun pequeña de mayor exigencia académica, como las reformas de 1997, tiene en realidad el avieso propósito de ir construyendo "un filtro social para eliminar de la educación superior a los hijos de las familias desfavorecidas". En relación con este grave problema, es necesario tener en cuenta el antecedente central: desde fines de los sesenta, por presión gubernamental, fueron abatidos los requisitos de ingreso y de promoción a las licenciaturas de las universidades públicas. Éstas crecieron y en muchos casos se masificaron vertiginosamente en los años setenta.
A pesar del relajamiento de las normas de ingreso y promoción, desde hace lustros en la UNAM tiene lugar una deserción escolar promedio del orden del 45% de los alumnos de cada generación. Cerca de la mitad de los alumnos desertan debido a sus antecedentes sociales y escolares. Pero aun entre quienes sí logran terminar su licenciatura hay un segmento variable aunque significativo cuyos antecedentes sociales y escolares se hallan no muy lejos de los que hubieron de desertar. Esta enorme porción de estudiantes conforma el espacio social del que surgen los sentimientos de amenaza de segregación frente a pequeñas reformas académicas como las de 1997. Desde luego, un pequeño grupo de activistas políticos decidido a representar o a utilizar tales sentimientos puede "prosperar" hasta convertirse en una crisis, en un punto de inflexión definitorio del futuro de la institución. Tal es lo que en este cambio de siglo ocurre.
La UNAM académica, por otra parte, tiene la urgente necesidad de una reforma que corrija sus rezagos y se ponga a la altura de las exigencias de México en el siglo XXI, en la era del conocimiento, en el marco de la globalización. Para elevar sustancialmente la calidad de sus egresados, la reforma debe reconstruir a la universidad sobre unos fundamentos de creciente rigor y responsabilidad académicos; es decir, se trata de una reforma de la UA que marcharía en una dirección polarmente opuesta a las demandas de la UP. Por eso una y otra representan proyectos mutuamente excluyentes. La primera construye, la segunda destruye; nos referimos a la índole más sustantiva de la institución universidad. La primera halla su fundamento en el conocimiento y en las disciplinas en las que materializa su razón de ser, la segunda plantea sin ambages la necesidad de organizar a la institución a partir de un conjunto de consideraciones políticas y sociales para la consecución de sus fines.
Evidentemente la UNAM tiene dentro de sí una contradicción insalvable que, sin embargo, tendrá alguna forma de resolución; por fuerza, esta resolución definirá irremisiblemente su futuro. El desencuentro entre los proyectos de la UP y la UA es el desencuentro entre razones efectivas, más allá de la destreza y la claridad de los discursos con que ambos proyectos se expresan, y del grado de conciencia de los actores portadores de ambos proyectos. Por otra parte, el conflicto intenso y aun violento1 de la UP contra la UA mella dramáticamente las armas de esta última en su lid frente a la expansión de la universidad privada, y en su búsqueda por competir adecuadamente con ella en la formación de los cuadros dirigentes; aun más, amenaza con liquidarla. Si la privatización de la educación superior ha venido dándose en México por la vía de la creación y el crecimiento de las universidades privadas, hoy el proceso de privatización tiene un eficaz aliado en la UP.
El proyecto de la UP tiene como referente de sus posiciones al "pueblo", el mundo de los siempre excluidos, principalmente los hijos de los campesinos y de los obreros. El de la UA tiene como referente a la nación. La UP exige, por ejemplo, que sea eliminada toda norma para la admisión del alumnos a la licenciatura ("pase automático"), lo cual establecería condiciones de "igualdad" para el "pueblo" y los pudientes; la UA, en tanto, mantiene la necesidad de una norma de selección rigurosa, exclusivamente de carácter académico: quien pueda cubrir esa norma debe acceder a la institución independientemente de su origen socioeconómico.
La UA tiene la convicción de que la formación que otorga y puede otorgar es la más conveniente para el conjunto de la sociedad mexicana, que incluye a los sectores que la UP llama "pueblo". Ni a la corta, ni a la larga, unos profesionales con deficiencias graves de formación serán el mejor proyecto para el "pueblo". Una academia con normas laxas produce profesionales con esas deficiencias.
La UP exige rebajas académicas, debido al bajo ingreso de las familias del "pueblo", a que los padres de los hijos del "pueblo" no son universitarios, ni funcionarios, ni empresarios, a que ni padres ni hijos tuvieron acceso a lecturas, museos, viajes; la UP exige una academia blanda debido también a que los alumnos que la enarbolan como demanda tuvieron una muy deficiente escuela elemental y una mala escuela secundaria.
No hay duda de la razón de clara raíz social que asiste a ese alegato. El déficit de los rubros del bienestar social para una gran proporción de la población es una realidad contundente y trágica. Si la sociedad y el Estado mexicanos no han sido capaces de otorgar a todos sus miembros las bases necesarias, es obvio que tienen con los sectores desfavorecidos una deuda incalculable que sin remedio debe ser pagada. Obviamente es imposible pagar esa deuda con rebajas académicas, pero la UP no tiene esta opinión. El camino de las rebajas académicas sólo es autoengaño para quienes acuden a las aulas, porque el egresado con formación precaria no tendrá en el mercado laboral el lugar que corresponde a quienes poseen formación universitaria y es, sobre todo, una grave falta frente a la sociedad, que espera egresados capaces de resolver los problemas de la sociedad mexicana.
Cohesionar a la sociedad, organizar el desarrollo, procesar los conflictos sociales en un marco democrático, negociar un espacio digno y conveniente en el nivel internacional, en una aldea humana sacudida por el acelerado cambio social, político y tecnológico, y la inestabilidad social general que ello trae consigo, requiere de una clase política y de un conjunto de grupos dirigentes a la altura de tan compleja circunstancia. Requerimos una universidad de alta calidad, que además de formar expertos en sus disciplinas, forme mujeres y hombres libres, responsables, cultos, con real sentido social y nacional, que conozcan la historia de este país. Este proyecto es el de la universidad pública de alta calidad, la universidad académica. Para poder hacer esto es irrecusable una academia exigente, y académicos y estudiantes dedicados con intensidad al estudio.
La UNAM, además, tiene que descubrir y construir una nueva responsabilidad estratégica: estar permanentemente en condiciones de conocer y de explicarse el país, de saber con la mayor precisión lo que está ocurriendo en él, de diagnosticar los procesos sociales, políticos, económicos, tecnológicos, ecológicos, culturales, que están teniendo lugar, para generar propuestas viables y pertinentes que contribuyan a encauzarlos. La UNAM es para la sociedad, no para los universitarios.
La universidad pueblo no puede hacer todo eso.
Pero, ¿cuáles opciones se abren como resolución del conflicto de la UNAM? Cuatro opciones parecen estar en el futuro inmediato de la institución, con consecuencias muy distintas.
Uno. La UNAM, apoyada en su propia legalidad actual, y haciendo un uso extraordinario de los instrumentos de la democracia plebiscitaria, logra su reforma de la UA en el marco del congreso universitario. El proyecto de la UP es plenamente derrotado, con o sin la participación de los actores portadores de este proyecto.
En este caso, la UNAM quedaría, por un número de años impredecible, con la misma contradicción interna que hoy la arruina. Las posibilidades de inestabilidad institucional derivadas de los impulsos provenientes de la UP, y de los múltiples usos políticos de la misma, tal como ha ocurrido en el conflicto iniciado en abril de 1999, serían muy altas. Quedaría bajo alto riesgo la posibilidad de que la UNAM desarrollara su nuevo proyecto académico. Los portadores del proyecto de la UP no son proclives a la observación de la ley y, en el caso de la normatividad universitaria, los instrumentos de coerción para su cumplimiento son precarios.
Dos. El gobierno cede a la tentación política que circula en los corrillos de dejar a la UNAM a merced de la UP. Paralelamente, construye una nueva universidad pública de alta calidad académica. El sector de los profesores y de los investigadores de la UNAM con mayor desarrollo en sus disciplinas se traslada gradualmente a esa nueva universidad (o universidades). Se satisface así la necesidad nacional de una universidad pública de alto nivel, y se abre el espacio necesario para los egresados de un sistema educativo público deficiente. La nueva universidad pública enfrenta el problema representado por la pérdida del prestigio del nombre histórico del mayor proyecto cultural de la nación en el siglo XX: UNAM. Sin embargo, pronto la sociedad se informa sobre la creciente alta calidad académica de la nueva universidad, y conoce el origen de sus académicos.
Tres. El gobierno cede a la tentación, que también circula en los corrillos, de ceder la UNAM a la UP y dejar a la universidad privada la formación de los cuadros dirigentes de alto nivel que exige el futuro del país. Se trata de una ruta perfectamente factible en el marco de la actual conformación económica y sociopolítica del país. Es igualmente factible trasladar a las universidades privadas una buena parte de los profesores y de los investigadores de alto nivel de la UNAM, en un proyecto, por ejemplo, en el que el gobierno entrega a los alumnos con méritos el subsidio que actualmente otorga directamente a esta institución, para sostener sus estudios. Algunas áreas de investigación y docencia, de alto nivel, pero no rentables a la universidad privada, no tendrían opción y tendrían que quedarse en la UNAM. En esa circunstancia, puede augurarse un futuro de declinación y de final periclitar para esas áreas, a menos que pudieran ser productivamente absorbidas por el IPN y por la UAM, posibilidad muy dudosa en un contexto de un sistema de educación superior con una UNAM extinta.
Esta sería, desde luego, la resolución más dramática y perniciosa para el país, desde el punto de vista social. Es claro que la capilaridad social hasta hoy hecha posible por una universidad como la UNAM recibiría una herida de muerte. En consecuencia, si el resto de las universidades públicas de la zona metropolitana no lograra compensar la ausencia de la UNAM académica, la división de grupos y clases tendería firmemente a consolidarse, en vista de una nueva capilaridad social por goteo mínimo. Por lo demás, esta es una realidad social en no pocos países del orbe. La UP, desde luego, está incapacitada para servir como vehículo de una capilaridad social como la que ha existido en el pasado.
Cuatro. El congreso universitario construye exitosamente una decisión sobre una operación análoga a la que hace algo más de tres décadas realizó La Sorbona, y que le llevaría algún tiempo instrumentar. A partir de la actual organización institucional, genera un conjunto de instituciones totalmente autónomas entre sí: UNAM-1, que asume el proyecto de desarrollo de la UA, con un alto grado de exigencia en el trabajo académico, y que se propone ser una institución con influencia decisiva en la formación de los cuadros dirigentes de la sociedad en sus esferas pública y privada. Una vez definida su configuración institucional y sus reglas académicas, UNAM-1 acepta a los alumnos y a los académicos de la actual institución que voluntariamente quieran pertenecer a ella, con el solo compromiso de asumir y acatar sus normas para la docencia y la investigación. UNAM-1 se constituye con las escuelas y facultades, o con partes de ellas, y con los institutos y centros, o partes de ellos, ubicados en Ciudad Universitaria; partes de ellas y de ellos, en el sentido del número de alumnos y de profesores que voluntariamente quieren pertenecer a esta alternativa, o a la que a continuación referimos:
UNAM-2, que asume el proyecto de la UP. El congreso universitario reconoce el derecho de este proyecto a adquirir forma institucional, y a fijar como normas sus propios criterios. Este reconocimiento parte de asumir la diferencia entre la base estudiantil amplia de la UP, que hoy vive en Ciudad Universitaria, en las unidades multidisciplinarias y en los dos bachilleratos, y la forma reducida y distorsionada de su expresión política, representada por el cgh.
UNAM-2 se constituye con las Escuelas y Facultades, o con partes de ellas, y con los institutos y centros, o partes de ellos, ubicados en Ciudad Universitaria. A este proyecto se suman las carreras, o partes de ellas, que actualmente se ubican en las unidades multidisciplinarias que así lo decidan. La incorporación de alumnos y académicos a este proyecto es, como en el caso de la UNAM-1, totalmente voluntaria.
UNAM-1, en estas condiciones, no tiene obstáculo para desarrollar cabalmente el proyecto de la UA. UNAM-2 tampoco lo tiene para plasmar el suyo. Es decir, habrían sido creados los espacios institucionales para proteger ambos proyectos, uno del otro.
Por otra parte, la densidad político-institucional y el peso específico actual de la UNAM en la sociedad mexicana, que hoy tiene su origen, en gran medida, en el tamaño y la diversidad de la institución, pasaría a adquirirla UNAM-1, menos por su magnitud institucional que por la alta calidad de sus egresados y de sus resultados de investigación científica, social y humanística. Véase el gran peso específico nacional, por ejemplo, de Harvard University, a pesar de su tamaño reducido: en 2000, tenía 6, 704 estudiantes en la licenciatura de todas sus carreras (un número de alumnos similar sólo al de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM), y 10, 901 en el posgrado. Harvard tiene 37 Premios Nobel.
En esta alternativa de resolución, UNAM-3 corresponde a fes-Cuautitlán; UNAM-4 a enep-Acatlán; UNAM-5 a enep-Iztacala; UNAM-6 a fes-Zaragoza; UNAM-7 a enep-Aragón. Las comunidades académicas de estas entidades pudieran definir voluntariamente su decisión de pertenecer a esos proyectos o, en su caso, su decisión de sumarse al proyecto de UNAM-2. UNAM-8 corresponde a la Escuela Nacional Preparatoria, y UNAM-9 al Colegio Nacional de Ciencias y Humanidades.
Las entidades foráneas de la UNAM definirían también voluntariamente su pertenencia a cualquiera de las nuevas entidades autónomas, o puede explorarse las posibilidades de su autonomía o de su pertenencia a las universidades estatales a las que son cercanas.
El futuro de una eventual red de relaciones entre las entidades de este conjunto institucional dependería de un proyecto preciso de desarrollo académico de cada una de las mismas. A través de acuerdos y programas particulares bilaterales o multilaterales, UNAM-1 podría contribuir al desarrollo de las demás entidades, a través de la formación de cuadros académicos, principalmente.
Conformados los proyectos de las nueve entidades académicas nuevas, éstos serían plasmados en un número igual de proyectos de leyes orgánicas, una para cada una de esas entidades. Estos proyectos serían aprobados en su caso por el Consejo Universitario y enviados al Congreso de la Unión para su respectiva aprobación. La creación de fronteras institucionales definidas constituiría la garantía de protección de todos los proyectos.
El criterio principal de esta reorganización es reconocer el derecho de cada uno a desarrollar su propio proyecto. Esta reorganización, por otra parte, requiere del gobierno el compromiso de expandir la cobertura educativa de la zona metropolitana, de acuerdo a los estudios correspondientes de crecimiento de la demanda educativa de los últimos años y del rezago acumulado de demanda no atendida de educación superior. Sabemos ya que el crecimiento de la demanda por educación superior y media superior no se origina en el Distrito Federal, sino en los municipios conurbados. Una buena parte de la carga del conflicto que ha vivido la UNAM tiene origen en el freno a la cobertura educativa de nivel superior desde 1980.
Por otra parte, en el marco de la ANUIES sería reconstituido y reorganizado el grupo de las instituciones de educación superior de la zona metropolitana, a efecto de que en ese marco se formulen los proyectos de colaboración entre las instituciones de educación superior y el gobierno, para fijar las metas y las estrategias que permitan elevar efectiva y permanentemente la calidad académica del conjunto institucional de la zona metropolitana. –
