Los aspirantes a la presidencia de Mรฉxico pronto tendrรกn que tomar una postura en torno al dilema de la seguridad de nuestro paรญs: la sociedad pide paz, terminar la guerra, pero, al mismo tiempo, Mรฉxico enfrenta el enorme reto de consolidar el poder del Estado frente a otras formas de violencia organizada con las que compite por el control de su territorio, un proceso que implica, de una u otra forma, continuar el uso de la fuerza.
La soluciรณn no puede ser dicotรณmica como hasta ahora ha sido en el debate mexicano entre pacifistas ingenuos y militaristas irreflexivos. Los primeros hablan de โseguridad sin guerraโ, eslogan bajo el cual se arropan los activistas que buscan acabar con el uso de las fuerzas armadas en territorio mexicano y que abogan por salidas de justicia alternativa y policรญas civiles, una especie deย defund the military. Los militaristas, por su parte, suelen caer en una trampa comรบn: comparan al peor y mรกs corrupto de los policรญas con el mejor de los soldados y llegan a la falsa conclusiรณn de que la รบnica salida es militarizar al paรญs.
Ambas posturas son miopes de una realidad que indica una problemรกtica compleja. Mรฉxico experimenta dos fenรณmenos distintos que en principio no deberรญan coexistir, pero lo hacen. Tenemos, por un lado, un reto de seguridad ciudadana, natural en cualquier paรญs en desarrollo, que es el de miles de crรญmenes que afectan a individuos y familias, para los que no se necesitan a los militares, sino instituciones civiles eficaces que reduzcan los niveles de impunidad. Pero tambiรฉn enfrentamos un problema de seguridad nacional, un asunto que podrรญamos calificar incluso como premoderno: dentro de nuestras fronteras hay autรฉnticas milicias armadas en conflicto, es una crisis de hegemonรญa territorial del Estado para la que no podemos prescindir de la capacidad disuasiva de los medios militares.
En Mรฉxico, debemos entender de una buena vez que, en algunos lugares, pacificar implicarรก seguir usando a las fuerzas armadas, aunque de forma mรกs estratรฉgica, pero tambiรฉn que en muchos otros territorios su presencia no corresponde a las necesidades de administraciรณn de justicia y, por lo contrario, empeora las cosas. Para ser claros: no podemos usar los mismos instrumentos para combatir a una banda de robacoches en Iztapalapa, Ciudad de Mรฉxico, que para desarticular a un grupo paramilitar en la sierra norte de Jalisco.
El problema es que no hemos hecho esta distinciรณn clara desde la Constituciรณn y nuestras leyes. Mรฉxico no asume con plenitud una agenda de seguridad interior ni establece las herramientas para atenderla. Hasta ahora, no hemos logrado definir quรฉ son los cรกrteles que se comportan como guerrillas: ยฟes un asunto de seguridad pรบblica o nacional?, ยฟson delincuentes o son enemigos del Estado? La diferencia no es solo semรกntica. Definir algo como amenaza para la seguridad nacional implica usar otro tipo de herramientas de inteligencia, tipos penales y reglas de uso de la fuerza. La realidad supera a nuestras leyes: al usar las fuerzas armadas en nuestro territorio, en los hechos, hemos asumido que enfrentamos un problema de seguridad nacional, pero no lo hemos regulado y, cuando lo hemos querido hacer, los pacifistas se oponen al creer que se trata de la formalizaciรณn de un modelo antidemocrรกtico.
Asรญ llevamos dรฉcadas de simulaciรณn; donde militaristas expanden su poder sin restricciones legales y pacifistas juegan al todo o nada. La consecuencia de esta indefiniciรณn ha sido la puerta abierta a la arbitrariedad; hemos pasado de la militarizaciรณn de la seguridad pรบblica al militarismo. Ahora el ejรฉrcito no solo hace labores de seguridad, sino que se expande como el gran empresario y actor burocrรกtico del paรญs. Por su parte, la Guardia Nacional, supuestamente dedicada a temas de seguridad pรบblica, estรก administrativamente en la Secretarรญa de la Defensa. En suma, tenemos un bodrio institucional que refleja perfectamente nuestro extravรญo estratรฉgico en materia de seguridad.
La elecciรณn de 2024 puede ser la coyuntura ideal para dar un paso decisivo: crear una Secretarรญa de Defensa y Seguridad Nacional que ponga bajo una misma dependencia al ejรฉrcito, a la marina y a la fuerza aรฉrea como encargadas de la defensa exterior; a la Guardia Nacional como encargada de la defensa interior; y al Centro Nacional de Inteligencia como instancia de detecciรณn y seguimiento de amenazas. Una dependencia al mando de un civil o de un militar en retiro, lo que resolverรญa el debate del control sobre la Guardia Nacional y, ademรกs, liberarรญa a los militares de tareas burocrรกticas y polรญticas que no solo son antidemocrรกticas, sino que distraen recursos operativos y tรกcticos que pueden ser esenciales para recuperar la paz.
Bajo ese esquema, la Guardia Nacional serรญa la fuerza intermedia que prevenga amenazas a la seguridad nacional de carรกcter interno, desplegรกndose en zonas rurales y caminos del paรญs donde se expresa la crisis de hegemonรญa estatal. Su presencia serรญa como mediadora de la violencia, una especie de peace-keepers. Tambiรฉn permitirรก llevar otro tipo de esfuerzos estatales como servicios pรบblicos, programas de desarrollo econรณmico y de sustituciรณn de cultivos (o legalizaciรณn, como puede ser el caso de la amapola) que ordenen esos territorios de la mano del mercado. Adicionalmente, esta corporaciรณn requiere de una divisiรณn itinerante โque hoy no tieneโ que sirva como fuerza de intervenciรณn en territorios bajo situaciรณn de amenaza o alta conflictividad, como lo ha sido Zacatecas. En cuanto a las fuerzas militares, se deberรญa retomar una idea que quedรณ en la fallida Ley de Seguridad Interior, pero que ahora deberรญa tener mayor sustento constitucional: las declaratorias de amenaza, para que los militares intervengan en misiones especรญficas de apoyo a la Guardia Nacional de forma temporal y supervisada; ellos serรญan los peace-enforcers.
Al igual que esas declaratorias, deberรญamos explorar la idea de designar organizaciones como amenazas a la seguridad nacional, primero, para prevenir que Estados Unidos lo haga unilateralmente con su listado de terroristas, pero tambiรฉn para que las agrupaciones que cruzan ciertas lรญneas rojas sean objeto de penas y reglas de uso de la fuerza distintas. Esta serรญa la amenaza creรญble que el Estado hoy no tiene para disuadir a las organizaciones criminales de comportarse como grupos armados. De esta forma, la capacidad punitiva se usarรญa condicionalmente contra quienes mรกs inestabilidad generen.
En suma, en materia de seguridad nacional, la agenda urgente es poner lรญmites al uso de esta esfera como espacio de arbitrariedad gubernamental; reordenar las relaciones civiles-militares, llevar la presencia del Estado adonde mรกs urge y recuperar su capacidad disuasiva para que los grupos criminales se contengan.
Ahora bien, como se dijo antes, esto no resuelve los problemas del resto del paรญs donde tambiรฉn puede haber crimen organizado, pero este no necesariamente se comporta como milicia armada. Segรบn cรกlculos gubernamentales, poco menos de la mitad de los asesinatos corresponden a delitos que son producto de robos, pandillerismo, narcomenudeo, o conflictos en los barrios y en las familias. A su vez, la mayorรญa de los asesinatos se concentran en las 170 ciudades con mรกs de 150 mil habitantes. Ahรญ debe centrarse el esfuerzo civil: el de la seguridad ciudadana.
Para ello, debemos retomar una agenda olvidada por este gobierno: la de construir un modelo policial con parรกmetros de profesionalizaciรณn comunes; es decir, garantizar que esas 170 policรญas tengan igualdad de capacidades, protocolos, herramientas, sistemas de desarrollo profesional y controles internos. El admirado Alejandro Hope โquien tanto harรก falta en estos debatesโ promovรญa una idea en este sentido: crear un Servicio Nacional de Policรญa que se encargue de formar a los mandos civiles y miembros de รกreas cruciales (como asuntos internos) de las policรญas locales del paรญs. Todo esto implicarรญa un esfuerzo nacional profundo donde la federaciรณn ponga recursos y protocolos, pero permita que las corporaciones operen y evolucionen desde lo local.
Por otro lado, no bastarรก con policรญas que solo prevengan delitos o atiendan emergencias. Es fundamental tambiรฉn aumentar la capacidad para investigar esos delitos en los estados y municipios. Se requieren desde cambios pequeรฑos como la forma en que se reciben las denuncias para que se puedan hacer por completo de forma digital, hasta grandes inversiones y esfuerzos de profesionalizaciรณn para aumentar las capacidades de investigaciรณn y judicializaciรณn. Cada entidad deberรญa contar con unidades especializadas anticrimen, donde policรญas y fiscales de รฉlite se encarguen de desarticular organizaciones criminales de impacto local. Esto implica contar con mรกs personal, con servicios nacionales y estatales de ciencias forenses, centros de investigaciรณn criminal, y tecnologรญa para cruzar informaciรณn entre dependencias y gobiernos. En espaรฑol claro: tenemos que pagar por la seguridad que queremos.
Un รบltimo apunte. Debemos ser cuidadosos si en la contienda electoral de 2024 se cuelan propuestas โposmodernasโ que estรกn en boga en otras partes del mundo como en Estados Unidos. Se trata de ideas que en principio suenan atractivas por su aparente corte liberal, como defund the police, la aboliciรณn del sistema carcelario o la despenalizaciรณn de delitos menores y del consumo de drogas de alto impacto. Sin embargo, en Mรฉxico, antes de ponernos creativos con sueรฑos progresistas tenemos que resolver lo bรกsico que es contar con un Estado suficiente, por lo que disminuirlo aรบn mรกs no tiene sentido. Los resultados preliminares de estas polรญticas, ademรกs, no son alentadores ni siquiera en sistemas institucionales consolidados: la creciente crisis de robos y adicciones en ciudades del oeste de Estados Unidos, como San Francisco, ponen en seria duda la viabilidad de estas propuestas. Aquรญ y allรก, la funciรณn esencial y civilizatoria del Estado sigue estando fincada en contar con una capacidad punitiva creรญble, proporcional y justa.
Mucha tinta se ha gastado ya en diagnosticar el problema de la seguridad en Mรฉxico y en dilucidar sus potenciales soluciones. Las ideas aquรญ expuestas son apenas una ligera contribuciรณn frente a muchas otras que pueden darle mayor integralidad a esta agenda tan urgente. Lo mรกs importante es asumir lo bรกsico, que el Estado mexicano tiene que lidiar con dos asuntos que debieron ser secuenciales, pero que en nuestro caso conviven en paralelo: la necesidad de consolidarse territorialmente y la de administrar justicia en esos territorios. Entender esta coexistencia ayudarรก a cualquier candidato a superar el ya infรฉrtil debate entre la vรญa militar o la civil. ~
Politรณlogo por la UNAM. MPA en Seguridad y Resoluciรณn de Conflictos por la Universidad de Columbia.
