Castigar al delincuente, no linchar al que le sirve de cenar

En medio del escándalo por la cena de Emilio Lozoya, algunas voces condenaron al restaurante donde fue sorprendido. Esto es injusto para el establecimiento y conveniente para el exfuncionario y las instituciones que le permiten seguir impune.
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La noche del 9 de octubre, Emilio Lozoya fue a cenar al restaurante Hunan en la Ciudad de México en compañía de amigos, a pesar de los delitos que le son imputados y por los que el gobierno de México solicitó su extradición.

Lo hizo porque quiere y porque puede. Puede porque la Fiscalía General de la República, a pesar del daño patrimonial millonario que los actos de Lozoya causaron a la nación, lo dejó en libertad por un “criterio de oportunidad”, que en la práctica no ha contribuido a la reparación del daño generado. Puede por que la Fiscalía no solicitó arraigo domiciliario o ninguna otra medida cautelar contundente sobre su persona. Emilio Lozoya, gracias al criterio de la propia Fiscalía, puede andar a sus anchas por la Ciudad de México, aunque no puede trasladarse fuera de ella.

La indignación social ante la cena de Lozoya no se hizo esperar. Hubo quienes condenaron el cinismo con el que el exdirector de Pemex exhibe su impunidad frente a la sociedad a la que causó daño. Otros más condenaron la corrupción propiciada desde las decisiones tomadas por la Fiscalía en relación a este caso. Y hubo quienes, en algo que oscila entre el llamado al boicot y el posicionamiento individual, condenaron al Hunan por aceptar a Lozoya como consumidor y comensal. Al hacerlo, confundieron esta especie de “cancelación” con una sanción social.

Castigar la fuente de trabajo de quien no ha agraviado a la sociedad como reacción a la impunidad que protege a los delincuentes de cuello blanco del presente sexenio o los anteriores no solo no es asertivo: es además, injusto y conveniente tanto para el funcionario impune como para las instituciones públicas que proveen esa impunidad, y que de este modo son relevadas de la justa exigencia y condena social.

La sanción social es un mecanismo de coacción que un grupo organizado al menos rudimentariamente dirige, casi siempre de manera espontánea, contra quienes desconocen o quebrantan las reglas que lo rigen. Tiene como fin avergonzar, ridiculizar y criticar a los infractores, promoviendo el ostracismo de quien ha ejecutado una conducta negativa.

La medida suele ser exitosa en países que han erradicado o reducido la corrupción mediante el correcto y eficiente funcionamiento de instituciones sólidas y confiables, legitimadas por la ciudadanía. En esos países, el probable responsable de la comisión de un delito o falta administrativa enfrenta proceso o es removido de un cargo público con estricto apego a los derechos humanos. La sociedad confía, desde la experiencia positiva, en que el infractor recibirá la justa y merecida sanción conforme a las reglas que se aplican de manera objetiva y general a todos los miembros de esa sociedad. Apenas el pasado 26 de junio, por poner un ejemplo, el ministro de Salud británico, Matt Hancock, renunció ante la ola de repudio que desató la publicación en redes sociales de una imagen suya abrazando a su asistente, lo cual violaba las normas de bioseguridad implementadas en el Reino Unido para combatir la pandemia.

La sanción social es también un mecanismo de equilibrio en las relaciones entre un grupo sin acceso al poder y aquellos sujetos que, por estar en posiciones de poder o connotada relevancia, representen modelo de conducta a seguir. Pero su eficacia depende de la solidez del resto de las estructuras jurídicas, políticas y sociales de cada Estado. Cuando no es el caso, la sanción social no pasa de ser una vía de escape para la frustración o el resentimiento social.

La sanción social no es un fenómeno desconocido ni ajeno a la ciudadanía en México. En la elección federal del 6 de junio pasado, un ciudadano increpó a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento en que acudió a votar, en desaprobación al transitorio de una reforma judicial que concedía al citado ministro dos años adicionales extraordinarios en el ejercicio de su actual encargo. En febrero de este año, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de esta sanción en el pasillo de un vuelo comercial, el 0237, proveniente de la Ciudad de Tijuana a Ciudad de México, en el que un grupo de pasajeros increpó a gritos al mandatario.

Pero en una sociedad como la nuestra, donde la legalidad es un concepto ajeno a la vida diaria y el delincuente a menudo es protegido por la autoridad; en donde la desconfianza a propios y extraños se ha enquistado por la impunidad que prevalece ante un sistema de justicia precario y rebasado, carente de profesionalización y actualización constante; la sanción social no pasa de ser un desahogo por la frustración ante la impunidad sistémica y la falta de un estado de derecho eficaz y eficiente.

De hecho, es más susceptible de transformarse en una especie de “vigilancia justiciera” que en un refuerzo a un sistema de reglas benéficas y efectivas. Ante la impunidad que prevalece en todos los niveles y estratos de nuestra sociedad, los vecinos de comunidades enteras han colocado a la entrada de sus calles y poblaciones mantas que advierten a los delincuentes el riesgo de linchamiento expedito; estas mantas constituyen en sí mismas un desafío directo al Estado por la toma de justicia de propia mano. En el desarrollo de esta dinámica han sido linchados desde delincuentes detenidos en flagrancia hasta jóvenes encuestadores del Inegi.

Del otro lado de la frustración social está la “cancelación”, palabra que en tiempos recientes se ha adoptado para denominar lo que por años hemos conocido como “boicot”. A diferencia de la sanción social, que tiene por objeto estigmatizar la conducta negativa de un individuo o grupo de individuos, la cancelación es una acción coordinada y premeditada de un grupo o sector especifico de un grupo. Consiste sobre todo en no hacer o dejar de hacer, con el propósito de obstaculizar el desarrollo o funcionamiento de una determinada actividad social o comercial, como respuesta a la falta de observancia en la normativa social y de control de calidad o precio de un producto o servicio, o como protesta ante las condiciones laborales o económicas abusivas que una empresa ofrece a sus empleados, clientes, usuarios y proveedores.

Para ser eficaces, tanto la sanción social como la cancelación deben ser congruentes. Es decir, debe existir una relación lógica entre el acto o actos que les dieron origen y el resultado que se desea obtener, se trate de la conducta tóxica individual que se pretende erradicar en el caso de la primera, o de las condiciones negativas en las que se desarrolla la actividad social o comercial en el caso de la segunda.

Así pues, la sanción social a un transgresor de la ley y la cancelación para un establecimiento al que tenga acceso como cliente dicho transgresor son muy distintas entre sí. En la primera se señala directamente al infractor y se hace patente el repudio social generalizado hacia su conducta negativa. En la segunda, se pretende evitar el desarrollo de una actividad comercial lícita sin ninguna justificación lógica entre el objeto de la actividad social y mercantil y la conducta que se pretende erradicar.

En el caso del restaurante Hunan, se estaría sancionando públicamente a un negocio y los empleados que en él laboren –recordemos que en el caso de los restaurantes, una parte importante de los ingresos de meseros y anfitriones son las propinas, por ejemplo– por no estar facultados para vigilar el cumplimiento de la ley y la aplicación de las sanciones que correspondan a la conducta que se reprocha en el transgresor, en este caso, Emilio Lozoya, acusado de corrupción. A la impunidad se suma la comisión de una injusticia.

Pero hay un factor más a considerar: la manipulación del concepto de “corrupción” que actualmente se lleva a cabo, todos los días, cada mañana, en nuestro país y desde el Palacio Nacional. En sus conferencias mañaneras del 9 de diciembre del 2020 y el 16 de agosto del 2021, el presidente declaró como política pública de su gobierno “la estigmatización de la corrupción”. La definió como “toda fijación enfermiza por lo material”, concepto personal que nada tiene que ver con la definición legal de corrupción.

De este modo, para quienes ven en el presidente no solo a un Jefe de Estado sino a un líder moral, aquel que posea más de un par de zapatos (el ideal de pobreza promovido por el propio presidente), puede ser entonces identificado como corrupto. A los críticos, analistas, medios de comunicación y opositores que han señalado, en ejercicio de su libertad de expresión, los yerros en las políticas públicas del gobierno federal, el primer mandatario los ha acusado de “conservadores que quieren mantener el régimen de corrupción del pasado” y de “oponerse a la transformación que combate la corrupción”. Los linchamientos y el acoso grupal coordinado en contra de determinados individuos en las redes sociales, por el solo hecho de atreverse a externar opiniones distintas a las que pretenden establecer como verdad incuestionable ciertos grupos, son comunes hoy en día. Trasladar estas circunstancias a la vida real con el propósito de castigar fuentes de ingreso lícitas y legales no solo es un despropósito: es una injusticia y una barbaridad.

No debe solaparse ni la corrupción ni la impunidad, ni a nadie que haya cometido un acto de corrupción conforme a lo establecido en la ley. Pero propiciar la cancelación de negocios que pugnan por sobrevivir a la actual crisis económica, sin señalar a las instituciones encargadas de combatir la corrupción y la impunidad, sin contar con una ciudadanía educada en la legalidad y el ejercicio responsable de la libertad, y sin un estado de derecho objetivo y autoridades íntegras, eficientes y eficaces, es abrir una espiral de confrontación social cada vez más violenta y difícil de reparar.

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