Enera, febrera, marza… y la volatilidad de las estatuas

La corrección política, que ha adoptado numerosas formas a lo largo de la historia, produce monstruos verbales, semánticos, gramaticales e incluso ortográficos. A veces, el sentido común puede ayudar a orientarnos frente a sus excesos.
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La cuestión del lenguaje políticamente correcto plantea un escenario insólito porque se trata de una forma de censura relativamente novedosa, para la que no estábamos preparados, pues en principio no la ejerce el gobierno, el partido o la iglesia, sino una instancia indefinida que, si perseguimos su identificación, nos lleva hacia el ámbito de la sociedad civil.

Lo políticamente correcto se incuba, nace, se desarrolla y proyecta hacia el exterior desde los campus universitarios estadounidenses a partir de los setenta, después de la nueva era de activismo político surgida en torno la guerra de Vietnam, cuya efervescencia ideológica contribuyeron a nutrir filósofos como Marcuse, padre de una bizarra formulación: la tolerancia represiva. Radicando, pues, según mi planteamiento, la political correctness en el seno de la sociedad civil universitaria estadounidense, las casi cuatro décadas de su pervivencia hasta hoy so capa de “censura difusa”, no es menos cierto que desde un determinado momento su impulso de “tolerancia represiva” fue asumido por distintas instancias del poder institucionalizado: gobiernos, partidos, sindicatos o, incluso, por el propio poder legislativo a la hora de elaborar constituciones nacionales. En cuanto a la injerencia del ejecutivo, es especialmente sensible la que se produce en el ámbito educativo, en donde, por caso, los docentes encargados de la enseñanza de la lengua o lenguas conforme, lógicamente, a lo establecido por decantación secular de sus gramáticas y a lo recopilado en su caudal léxico se ven presionados para aceptar criterios contradictorios que les vienen impuestos por las llamadas “guías de lenguaje no sexista”.

A lo largo de la historia ha habido numerosos ejemplos de injerencia en los términos de los idiomas por parte de los poderes políticos o religiosos. Si calificásemos estas intervenciones como ejemplos de corrección política avant la lettre –extremo que no tengo nada claro–, podríamos concluir que, por el fracaso que acompañó a la gran mayoría de ellas, es razonable vaticinar que algo parecido sucederá con las conminaciones a mordernos la lengua que menudean en nuestra posmodernidad.

Así por ejemplo, una vez promulgado en el año 313 el Edicto de Milán por el que los dos emperadores, Constantino I el Grande y Licinio, reconocían el cristianismo como religión oficial del Estado, no tardó en manifestarse la oposición por parte de los clérigos a que los días de la semana siguieran identificándose con los nombres de los dioses paganos. A finales del siglo v fue especialmente beligerante contra esta circunstancia el obispo Cesáreo de Arlés, y en la centuria siguiente Martín de Braga.

Así, el primero clamaba porque “nullum diem daemonum appellatione dignum ese iudicemus, et nunquam dicamus diem Martis, diem Mercurii, diem Iovis; sed priman et secundan vel tertiam feriam”. Sus diocesanos, hablantes de un latín vulgar que estaba ya evolucionando hacia lo que sería el romance francés, hicieron sin embargo caso omiso de su reconvención, y acabaron confirmando el mardi, mercredi o jeudi, e incluso el todavía más perverso vendredi, el día venéreo (dies Veneris, dedicado a la diosa Venus). Más suerte tuvo, por el contrario, el prelado bracarense, dado que el portugués es la única lengua neolatina en la que los días de la semana se denominan segunda, terça, quarta, quinta y sexta feira. No existió problema, sin embargo, con el domingo, dies dominicus o “día del Señor”, y el sábado, día “del descanso”, procedente del hebreo šabāt.

No mayor suceso tuvieron en un empeño semejante al de los obispos medievales los revolucionarios franceses de 1789. La Convención Nacional decretó un Calendier républicain que tuvo vigencia entre 1792 y 1806. Diseñado por un matemático, Gilbert Romme, secundado por varios ilustres astrónomos, los nombres concretos para los meses salieron de la minerva del poeta Fabre d’Églantine: Germinal, Floreal y Pradial para la primavera; Mesidor, Termidor y Fructidor para el verano; Vendimiario, Brumario y Frimario para el otoño; y los meses invernales eran Nivoso, Pluvioso y Ventoso. Abolidas las semanas como unidades de cuenta, los meses se dividían en tres décadas de diez días (desde el primidi hasta el décadi), y para anular definitivamente la referencia al santoral cristiano a la hora de identificar cada día del año, tal y como hacía el calendario gregoriano, se recurría a la identificación con una planta (raisin…), un mineral (ardoise…), un animal (cochon…) o una herramienta (hoyau…).

Napoleón abolió este Calendier républicain el 1 de enero de 1806 (el día Argile del mes Nivôse), por conveniencia política (congraciarse con los católicos y el Papado) pero también pragmática (el resto de Europa y América seguía fiel al gregoriano). Con el derrocamiento del corso se restauró el calendario en 1814, y también fue rescatado por la Comuna de París en 1871, pero ambos renacimientos fueron efímeros, y las sucesivas Repúblicas francesas acabaron por ignorar en este terreno aquel atisbo de corrección política intentado por la revolución primigenia.

Con tales antecedentes, no se puede ser excesivamente optimista acerca de la consagración de parejas iniciativas de nuevo cuño posmoderno. Por ejemplo, la Calendaria que, arropada en inglés por el lema yes women can, la Unidad de Igualdad y Conciliación de la Universidad (española) de Granada propuso en 2017. Los nombres de los doce meses son feminizados sin mayor dificultad; basta con sustituir la o –réproba letra del abecedario que en su calidad de morfema gramatical del género masculino (e inclusivo) actúa como ariete del heteropatriarcado– por la a feminista: Enera, Febrera, Marza, Abrila, Maya, Junia, Julia, Agosta, Septiembra, Octubra, Noviembra y Diciembra. No resulta muy clarificadora la explicación que el director de la Unidad de Igualdad da para tan sorprendente empeño: “El machismo ha presentado la realidad como una incógnita con el objeto de quitarle el significado a cada día, a cada mes… a todos los años. No podemos caer en su trampa y presentar sus consecuencias como accidentes, porque son el resultado de todas las circunstancias que hacen que formen parte de ese siempre que nos ha acompañado a lo largo de la historia.”

En los planteamientos reivindicativos de la “feminización” de las lenguas influyen considerablemente, junto a lo más importante –la evolución de la sociedad a favor de la igualdad entre los sexos–, aportaciones ideológicas que han alcanzado un extraordinario nivel de formalización e influencia en el mundo intelectual, universitario y comunicativo en los últimos cincuenta años. Y por eso mismo, viene al caso recordar un precedente en que la vinculación entre ideología y lengua dio lugar a un interesante debate, resuelto en última instancia por el líder de la urss Iósif Stalin, que poco antes de su muerte publicó en Pravda, en 1950, una serie de artículos luego reunidos bajo el título de El marxismo y los problemas de la lingüística.

En ellos refuta implacablemente las tesis del lingüista Nikolái Marr, fallecido años atrás, quien consideraba la lengua una superestructura íntimamente ligada a los intereses de la burguesía, un arma a su servicio en la lucha de clases, de modo que, con el triunfo del proletariado y el establecimiento de una base o infraestructura materialista completamente opuesta, la lengua zarista debería ser sustituida por otro ruso, ahora revolucionario.

Marr fue durante decenios el lingüista más influyente en toda la urss, director de la Biblioteca Nacional y vicepresidente de la Academia soviética de las ciencias. Elaboró una teoría monogenética del lenguaje, la conocida como teoría jafética, y defendía el origen común de los idiomas caucásicos, el etrusco y el euskera. Y que el triunfo final del comunismo provocaría la fusión de todas las lenguas en una. Su caída en desgracia –póstuma, para su suerte– fue acompañada de una desautorización radical de sus aportaciones e, incluso, de su propia figura. En el texto firmado por Stalin se llega a decir que Marr “quería, efectivamente, ser marxista y se esforzó por serlo, pero no lo consiguió”. Introdujo, además, en su disciplina “la fórmula errónea, no marxista, de que la lengua era superestructura, y se hizo un embrollo, embrolló a la lingüística. Es imposible desarrollar la lingüística soviética basándose en una fórmula errónea”.

A su propuesta de crear un nuevo ruso, el de la revolución, contrapuso Stalin el argumento de que el marxismo, con la precisión de su terminología aportada por el riguroso pensamiento de su fundador, considera que el paso de la lengua de una vieja cualidad a una cualidad nueva no se produce por explosión ni por destrucción de la lengua existente y creación de una nueva, sino por acumulación gradual de los elementos de la nueva cualidad y, por tanto, por extinción gradual de los elementos de la vieja cualidad.

Para el dictador soviético, la estructura gramatical y el caudal básico del vocabulario constituían la base del ruso y la esencia de su carácter específico. Y ponía el ejemplo de la revolución burguesa de Francia entre 1789 y 1794, periodo en el que la gramática y el vocabulario básico del francés se mantuvieron sin cambios esenciales (pese a aquellos intentos, por ejemplo, de cambiar de nombres al calendario). Porque la lengua es producto de la sucesión de épocas y ciclos que se producen en una determinada sociedad, y por eso tienen una vida incomparablemente más larga que cualquier base y que cualquier superestructura. La historia asiste a la desaparición o, incluso, destrucción de sucesivas bases y de sus correspondientes superestructuras, y sin embargo esto no implica la liquidación de la lengua existente en cada momento y el nacimiento de otra con nuevo vocabulario y estructura gramatical.

De acuerdo con el marxismo soviético, la lengua no es obra de una clase cualquiera, sino de toda la sociedad, de todas las clases sociales, del esfuerzo de centenares de generaciones. La lengua no ha sido creada para satisfacer las necesidades de una clase cualquiera, sino de toda la sociedad, de todas las clases sociales. A ello, precisamente –concluye la argumentación de Stalin–, se debe el que la lengua pueda servir por igual al régimen viejo y moribundo y al régimen nuevo y en ascenso, a la vieja base y a la nueva, a los explotadores y a los explotados. Y, en todo caso, no puede darse la lucha de clases si estas no se relacionan entre sí, y para ello necesitan un medio de comunicación que en Rusia fue la común lengua nacional. Para Stalin, la historia demostraba que una lengua nacional no es una lengua de clase, sino idioma común a todo el pueblo, instrumento de comunicación común a todos los miembros de la nación y único para ella.

El texto de Stalin incluye una pregunta retórica, pero de palmaria actualidad hoy por hoy y de alto valor perlocutivo ante la sociedad soviética de hace setenta años dada la omnímoda e implacable autoridad de quien la enunciaba: “¿Quién puede necesitar que la variación de los vocablos en la lengua y su combinación en las oraciones no se hagan con arreglo a la gramática existente, sino ateniéndose a una gramática completamente distinta? ¿Qué provecho obtiene la revolución con semejante cambio en la lengua? […] ¿Cómo se puede destruir la lengua existente y crear en su lugar otra nueva en unos cuantos años sin llevar la anarquía a la vida social, sin crear un peligro de disgregación de la sociedad? ¿Quién, de no ser un quijote, puede plantearse semejante tarea?”

Brian Patrick Eha acaba de recordar (2020) la lucha intelectual de Harold Bloom contra la que el comparatista de Yale denominaba “Escuela del resentimiento”, y subraya que su obituario publicado en The New York Times destacaba que la mayoría de los integrantes de su canon literario universal eran hombres blancos. Ciertamente, el autor de “Los nuevos puritanos” (Letras Libres, n.º 223) no oculta su indignación ante “el nuevo moralismo iliberal” que, sin embargo, no consiguió que Érase una vez en Hollywood de Tarantino fracasase, pese a los esfuerzos incluso de los críticos de The New Yorker, Time y The Guardian. Y advierte de peligros para la libertad creativa que nos eran desconocidos hasta ahora y se alimentan sobre todo de las redes sociales. Denuncia que muchos miembros de los clubes de libros juveniles de Twitter se han convertido en verdaderos policías culturales. Así por ejemplo, Kosoko Jackson se vio obligado a retirar su primera novela, acusado de presentar a protagonistas privilegiados y a un villano musulmán. Paradójicamente, este joven negro y gay había sido en Twitter un duro combatiente en batallas identitarias.

No me alejaré peligrosamente de mi rumbo si reparo en un fenómeno que, sin duda, tiene relación con lo políticamente correcto. Me refiero al revisionismo implacable del discurso institucional y social construido a base de los homenajes públicos que se han rendido a personalidades históricas en forma de monumentos, estatuas, condecoraciones, asignación de sus nombres a lugares o edificios, etc. El poscolonialismo multiculturalista ha hecho de ello un caballo de batalla, y se ha fijado, y sigue haciéndolo cada vez con mayor insistencia, en figuras vinculadas a la historia hispanoamericana. Pero no exclusivamente.

Leo en The Washington Post a principios de septiembre de 2020, en plena reactivación del movimiento de protesta Black Lives Matter nacido en 2013 cuando el policía que mató de un disparo a un adolescente de raza negra fue absuelto, que un comité dependiente de la alcaldesa del Distrito Federal Muriel E. Bowser, tras analizar circunstancias relacionadas con la esclavitud y la opresión, aconsejó cambiar los nombres de docenas de parques, edificios oficiales y escuelas públicas en la capital. Entre los señalados están siete presidentes de los Estados Unidos. Después de Thomas Jefferson, autor principal de la declaración de la independencia estadounidense y al tiempo amo de esclavos, figuran en la lista James Monroe, Andrew Jackson, John Tyler, William Henry Harrison, Zachary Taylor y Woodrow Wilson, premio Nobel de la Paz y uno de los promotores de la Sociedad de Naciones, pero anfitrión que fue un día en la Casa Blanca del cineasta David W. Griffith con motivo de un pase privado de su mítico filme El nacimiento de una nación, que a tantos escandalizó en 1915 por su apología del Ku Klux Klan. Llevado este criterio hasta sus últimas consecuencias, la capital de los Estados Unidos se quedaría sin su nombre (el del primer presidente George Washington, propietario asimismo de esclavos) y sin el de su distrito, Columbia (por Cristóbal Colón). Y el ayuntamiento debería contar para semejante operación de limpieza políticamente correcta con un departamento bien dotado de medios y personal que, al igual que el famoso programa televisivo Gran Hermano, llevase un nombre tomado también de 1984 de George Orwell: el de su protagonista Winston Smith, funcionario del Ministerio de la Verdad, encargado precisamente de la censura.

La última noticia de esta nueva variante de Inquisición –¿posinquisición?– me llegaba en octubre de 2020. En la Universidad de Edimburgo ha cuajado la iniciativa de retirarle los honores académicos que se le hubiesen concedido al filósofo David Hume por racista, sobre la base de algunas líneas de su ensayo Of national characters. La universidad de su ciudad natal, en la que falleció en 1776, lo rechazó en 1744 como titular de una “Cátedra de moral y filosofía pneumática” porque sus ideas eran religiosamente incorrectas, a lo que el filósofo respondió con su famosa Carta de un caballero a su amigo de Edimburgo. Emblema de la purga de ahora fue también, como en Washington D. C., un cambio del nombre de un edificio, en este caso la David Hume Tower, medida que el rectorado justificó por la violencia de “pedir a los estudiantes que utilicen un edificio que lleva el nombre del filósofo del siglo XVIII cuyos comentarios sobre cuestiones raciales, aunque no eran infrecuentes en ese momento, hoy provocan angustia”. El campus de Edimburgo parece optar pues por el modelo importado de Estados Unidos de los allí denominados safe spaces, en los que la libertad de cátedra debe ceder ante la inestable emocionalidad adolescente que se les supone a sus estudiantes. Y yo me pregunto: ¿Qué pasará en Edimburgo con la costumbre estudiantil de utilizar como amuleto, acariciado para aprobar, el dedo gordo de la estatua de Hume erigida hace veinticinco años en el Royal Mile si el ayuntamiento de la ciudad decide retirarla por las mismas razones?

Uno de los casos más significativos de esta situación se está dando en Estados Unidos y afecta al rechazo que una de las obras clásicas de su literatura, Huckleberry Finn, publicada por Mark Twain en 1884, está padeciendo por el uso frecuente que en ella hace el autor de la palabra nigger. Nada ha valido la argumentación, por ejemplo, de Lionel Trilling, en el sentido de que esa era la única voz que en el inglés del momento se empleaba para negro, que tal hecho de lengua pertenece a la historia del país y que esta no se ha ido trenzando exclusivamente con acciones y comportamientos amables.

A este respecto, hay que reconocer que se ha abierto la veda (no solo en Estados Unidos), y que basta la denuncia de una minoría, un grupo, una tendencia social o, incluso, de un individuo para que caiga el estigma de la incorrección política sobre una obra o un autor hasta entonces generalmente admirado. Así por ejemplo, la Royal Mint Ltd., la Casa de la moneda británica, ha declinado homenajear a una de las autoras de literatura infantil y juvenil más famosas, Enid Blyton, cuyas casi ochocientas novelas publicadas desde 1922 la han convertido en uno de los veinte escritores más vendidos de todos los tiempos. Es proscrita por considerar que su obra es racista, sexista y homófoba. Algo que la casi totalidad de sus lectores, entre los que en su día me encontré (en España irrumpió con sus series en los años sesenta, cuando yo estaba en la edad) nunca percibimos (ni creo que nos haya corrompido en las tendencias denunciadas). Incluso la factoría fundada por Walt Disney, actualmente operativa sobre todo a través de su plataforma de transmisión de vídeo en línea operada por Disney Streaming Services, ha excluido de su catálogo Canción del sur, un musical de 1946 protagonizado por el Tío Remus, un negro que trabaja en una plantación de algodón. En otros casos se introduce un aviso, “Este programa se muestra como se creó originalmente. Puede contener representaciones culturales anticuadas”, previo al visionado de Blancanieves (1937), Dumbo (1941), Peter Pan (1953), La dama y el vagabundo (1955) o Los aristogatos (1970). Warner Bros había hecho algo semejante al reeditar sus filmes de animación, por los chistes de sesgo racista que cuentan Bugs Bunny o Tom y Jerry.

James Finn Garner, un inspirado escritor satírico, ha alcanzado gran éxito en más de veinte países con sus libros Cuentos infantiles políticamente correctos, publicados en inglés en 1994 y 1995.

Finn Garner comienza su prólogo, sutilmente irónico, con la afirmación de que, evidentemente, los cuentos infantiles cumplían una función determinada, consistente sobre todo en afianzar el patriarcado, pero que no sería justo criminalizar a los hermanos Grimm por su insensibilidad ante la situación de la mujer en su tiempo, los problemas de las culturas minoritarias y el deterioro del entorno natural. Pero ahora son otros tiempos, que ofrecen la oportunidad e imponen la obligación de reescribir estos cuentos clásicos para adaptarlos a los nuevos aires epocales. Él lo va a intentar, pero solicita con sorna la ayuda de sus lectores para que lo avisen de actitudes todavía presentes, incluso de forma residual, en las nuevas redacciones que puedan ser “inadvertidamente sexistas, racistas, culturalistas, nacionalistas, regionalistas, intelectualistas, socioeconomistas, etnocéntricas, falocéntricas, heteropatriarcales o discriminatorias por cuestiones de edad, aspecto, capacidad física, tamaño, especie u otras no mencionadas”.

La ironía llega a ceder espacio al sarcasmo en el prólogo al volumen segundo de Finn Garner, en cuyo prefacio pide perdón por los árboles sacrificados a causa del éxito editorial de la edición anterior y la contribución que ello haya podido representar al calentamiento global. Pide asimismo disculpas por su “falocéntrica ortografía” en palabras por él usadas como human y person, que incluyen agresivamente en su composición man (hombre) y son (hijo varón), y promete desde ya sustituirlas siempre por el neologismo políticamente correcto –“inclusivo y neutro”– persun. Y, por supuesto, en vez de woman está dispuesto a emplear wommon (no wimmin, como propone A feminist dictionary de Kramarae y Treicher publicado ya en 1985).

El fingido propósito de este émulo del Winston Smith orwelliano es “despojar a los cuentos ‘infantiles’ más populares de la ‘cultura occidental’ de las arbitrariedades y prejuicios que campaban a sus anchas en las ‘versiones’ originales”, criterio que se aplica a algunos de los relatos más arraigados en nuestro cultura e imaginario colectivo.

Así, en Caperucita roja, cuando el lobo advierte a la protagonista que es muy peligroso para una niña como ella ir sola por el bosque, la respuesta que recibe es de antología: “Encuentro esa observación sexista y en extremo insultante, pero haré caso omiso de ella debido a tu tradicional condición de proscrito social y a la perspectiva existencial que la angustia que te produce tal condición te ha llevado a desarrollar.”

En el cuento El traje nuevo del emperador, una de las versiones de la fábula de origen oriental inspiradora de un famoso entremés de Cervantes, el inexistente tejido mágico que se supone viste al gobernante “solo puede ser visto por ciertas personas políticamente correctas, moralmente nobles, intelectualmente agudas y culturalmente tolerantes”. El enano saltarín es “un hombrecillo verticalmente limitado”, a diferencia de El flautista de Hamelín, un hombre “verticalmente privilegiado”. La protagonista de Cenicienta, por su parte, lleva una túnica de seda “arrebatada a inocentes gusanos”, se adorna con perlas “producto del saqueo de laboriosas ostras indefensas” y llega al palacio del príncipe en una carroza movida por “un tiro de esclavos equinos”. En Hansel y Gretel el padre leñador es “de profesión carnicero arbóreo”, y en La cigarra y la hormiga, aquella no es reprobada sino todo lo contrario por su “actitud alternativa” consistente en rechazar de plano el “codicioso concepto burgués de éxito”.

Hay un caso reciente que se ha dado en España a través de las redes sociales en el que percibo la confluencia de varias nociones decididamente posmodernas, entre ellas la que Robert Hughes denominaba “la cultura de la queja”, porque siempre hay que reivindicarse, por nosotros y nuestros antepasados, como víctimas de algo y de alguien.

La cuestión se planteó cuando en pleno 2018 el economista y colaborador televisivo Jesús Arroyo, no sabemos si de veras o en broma, proponía a través de un tuit la demolición del acueducto de Segovia por “ser un símbolo de la opresión de los romanos”, “del mayor símbolo de represión que ha existido en nuestra historia”, y rogaba amplia repercusión para su demanda en las redes sociales.

De tan sorprendente, por no decir escandalosa, propuesta surgen luego, en racimo, al menos cuatro preguntas: Al dar pábulo y respuesta al ruego de “difusión para que el Gobierno derribe de una vez el acueducto de los opresores romanos” formulado por Arroyo, ¿estaban en serio los 360 cibernautas de la plataforma change.org que secundaron en poco más de tres días esta propuesta de dinamitar un bien declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985, y que en 1884 ya había sido elevado a la categoría de monumento nacional?

¿Iba de farol, o no, el internauta j. c. f. g. cuando escribía a propósito del acueducto que “es un símbolo de la opresión Romana hacia el pueblo Ibero. No solo creo en la demolición sino que también se debe restituir la memoria de todos los trabajadores que fueron esclavizados en esta obra”? Y añadía la exigencia de elevar una queja a la onu, además de pedir al pueblo de Roma que indemnizase a los descendientes de todos los que en Segovia fueron oprimidos.

¿Estamos ante un auténtico troll, es decir, un gamberro que publica en la red mensajes provocadores? O por el contrario, ¿hemos de admitir que otro internauta cuyas iniciales son g. a. ll es un decidido militante de la causa cuando escribe, a propósito de la iniciativa de Arroyo, “me parece una medida acertada y oportuna. Respetuosa con nuestro presente democrático y contraria al oprobio y la ofensa que suponen construcciones del pasado que recuerden la esclavitud. Propongo, además, la creación de un centro de interpretación de la esclavitud y la explotación laboral”?

Finalmente, ¿merece la propuesta de Arroyo los insultos que recibió en las redes sociales, incluida la solicitud de que el Excelentísimo Ayuntamiento de Segovia lo declarase en sesión pública “persona non grata”?

En 2005 Nathan Poe difundió, a este respecto, a través de la página web www.christianforums.com una formulación pronto convertida en ley que desde entonces lleva su nombre. Se trataba de un debate sobre el creacionismo, y Poe afirmó que “sin un emoticono que guiñe un ojo o alguna otra muestra clara de humor es completamente imposible parodiar a un creacionista de tal manera que alguien no lo pueda llegar a confundir con uno de verdad”.

Esto vendría a significar que los usuarios de internet no somos capaces de distinguir por nuestros propios medios, sin una ayuda complementaria, entre una postura ideológicamente extrema y su parodia. Sin embargo, históricamente la figura retórica de la ironía era perfectamente decodificada por los que la escuchaban o leían, porque sin necesidad de lazarillo alguno entendíamos exactamente lo contrario de lo que la literalidad del texto o del enunciado verbal del orador formulaban.

La quiebra del racionalismo, el auge del sentimentalismo tóxico y la llamada inteligencia emocional caracterizan nuestra sociedad líquida, liquidadora del Humanismo (sociedad poshumanista o transhumanista) y de la modernidad ilustrada (el posmodernismo). Una sociedad asimismo deconstructora del discurso en cuanto portador de significados incumbentes y aniquiladora de los “grandes relatos legitimadores”, los recios sistemas de pensamiento e ideología incapaces, al parecer, de resistir al relativismo y el anarquismo epistemológico posmodernos.

Es el sentido común quien nos puede ayudar a descubrir los bulos y patrañas, y denunciarlos como tales. Nos ofrece uno de los antídotos más eficaces contra la corrección política, si bien es cierto que en su contienda ha de enfrentarse con la necedad humana, que acaso no sea tan común de modo generalizado, pero sí puede ser muy activa intermitentemente.

Sobran muestras de cómo la corrección política produce monstruos verbales, semánticos, gramaticales e incluso ortográficos. Cuando nos topamos con ellos no sufren nuestra sensibilidad, nuestras ideas o nuestras convicciones personales. Quien pone el grito en el cielo es nuestro sentido común lingüístico. Y siguen vigentes los versos de Cambalache: “¡Qué falta de respeto, / qué atropello a la razón!”