El sistema de justicia ha demostrado ser deficiente para atender las demandas de las mujeres que son víctimas de delitos y discriminación. Cuando los crímenes no quedan impunes, las penas no satisfacen a las afectadas. Sin embargo, el problema podría tener su origen en la falta de atención a las víctimas. Dos expertas en la lucha por los derechos de las mujeres conversan sobre los obstáculos existentes en las instituciones que impiden que las víctimas cuenten con acceso a la justicia, los cambios que tendrían que darse a nivel social y cultural para que la justicia deje de ser un privilegio y la importancia de escuchar a las mujeres.
Ana Pecova (AP): Si partimos de una definición bastante amplia de qué es el acceso a la justicia, no hay que referirnos solamente a los procesos judiciales, a lo que sucede cuando una mujer llega a las instituciones. Habría que pensar también en el antes y el después. En las desventajas que impiden a las mujeres llegar a esas mismas instituciones y en lo que sucede una vez que se dicta una sentencia.
A menudo, desde el feminismo, hemos lamentado que las mujeres indígenas tengan un menor acceso a la justicia porque sus casos no son atendidos por nuestras instituciones occidentales sino por la persona de mayor edad de la comunidad, o porque no se toman en cuenta sus intereses. Sin embargo, una mirada más de cerca nos ofrece importantes lecciones: en los entornos comunitarios tardas menos tiempo en obtener una audiencia, la discusión tiene lugar en un lenguaje que entiendes y la solución toma en cuenta las necesidades de las dos partes, porque son gente que se conoce. En comparación, parece que quienes obtenemos menos justicia somos precisamente las mujeres que acudimos a las instituciones: tu denuncia procede solo después de mil exámenes, los procesos duran de tres a cinco años y, cuando se dicta una sentencia, está escrita en un lenguaje que solo comprenden los abogados. Esa idea de justicia nos aleja como ciudadanía porque, si alguien tiene un problema con su vecino, no piensa en arreglar las cosas directamente con él, sino que acude a otras instancias.
Regina Tamés (RT): El acceso a la justicia tiene menos que ver con los procesos judiciales y las sanciones penales que con tomar en cuenta la voz de las mujeres. Este proceso debe ir más allá de los juicios y empezar justo por la invisibilización o la discriminación que existe en las propias leyes, por el reconocimiento de que hay una desigualdad que afecta de manera diferenciada a las personas dependiendo de su identidad o su género.
Como estipula el derecho internacional de los derechos humanos, son las instituciones las últimas responsables para garantizar el acceso a la justicia, pero las obligaciones del Estado van más allá de generar leyes o crear instituciones. Tendría que generar cambios en lo cultural y lo social, una responsabilidad en la que todas podemos ser partícipes.
AP: Tenemos cierta obsesión de que todo sea reconocido por la ley, pero movimientos como el #MeToo nos demuestran que eso es insuficiente. Tenemos leyes contra el acoso, y vías civiles y penales para denunciarlo. Lo que no tenemos son menos casos de acoso y discriminación. La discusión debería dirigirse hacia cómo transformar los lugares de trabajo y no solo qué protocolos tener para denunciar el acoso. Es lamentable que nos preocupe el problema una vez que ya ocurrió y no aprovechar esta discusión para ver qué habría que hacer para prevenirlo. Claro que necesitas una ruta para atender a una víctima de acoso, pero hay muchas otras cosas por hacer en los centros laborales. Y una de las principales es reconocer que el acoso sexual no es el único problema por atender. Existen muchos tipos de discriminación en el trabajo que le hacen la vida imposible a las personas. Y si vemos el acoso en su conjunto, no solo como hecho aislado, resulta que tenemos que revisar cómo se contrata a la gente, quién la contrata, quién asciende, cómo asciende, quién hace las evaluaciones, qué tan diversas son las personas que hay en el nivel más alto. Son reglas que nos darían instituciones más transparentes, más eficientes, y también nos ayudarían a combatir el acoso. Si la mayor parte de las personas que laboran en una institución entraron no por concurso, sino porque conocían a alguien, el problema del acoso se hace más grande.
Hay que pensar también en soluciones más allá de las respuestas legales. Desde el diseño de las oficinas –que permitirían crear otro tipo de ambiente– hasta la sensibilización, la cultura, los planes de inducción. Aunque el #MeToo abrió la discusión sobre las denuncias, lamento que no lo hayamos aterrizado en políticas públicas. En ese sentido, las autoridades nos quedaron a deber.
RT: Es crucial entender que el protocolo obedece a un propósito específico y lo que debería preocuparnos son las relaciones humanas y cuál es la cultura laboral que se desarrolla en un espacio donde pasamos ocho o diez horas diarias. El protocolo te ayuda a reflexionar sobre qué cosas tienes que cambiar y cuáles son los pactos que existen entre quienes trabajan en un mismo lugar. Las reglas sobre la convivencia me parecen básicas y, en ese sentido, no estoy tan segura de que las sanciones que conocemos –despidos, cárcel– sean de verdad una reparación del daño. A menudo, las personas que denuncian no quedan satisfechas y las señaladas las ven como medidas excesivas. Eso nos habla de que hay que pensar en vías y soluciones más allá de las sanciones legales y administrativas. Lo interesante del #MeToo es que parecía un tema coyuntural, que se resolvía adoptando un protocolo. Al final, resultó un asunto estructural que requiere de un reacomodo mucho más profundo.
El #MeToo abrió la posibilidad de alzar la voz. No sabemos, por el momento, qué efecto tendrá para un cambio cultural. A mí me preocuparía que se extendiera la idea de que todas las mujeres son víctimas y todos los hombres perpetradores, porque quiero pensar que ambos pueden construir relaciones sanas. La apuesta, a mi parecer, es educar de otro modo a los niños varones. La educación sin estereotipos es lo único que va a generar que las y los jóvenes de quince años se relacionen de manera distinta. Si no atendemos ese punto, vamos a tener #MeToo de aquí a la eternidad.
AP: Un asunto fundamental es que hemos individualizado el problema del acoso. Es posible que el despido del agresor sea la solución en un caso específico, pero no puede ser la respuesta estándar para todos. Cada caso es distinto, cada institución es distinta. Si no cambiamos las reglas del juego, cuando –en treinta años– las mujeres seamos mayoría o tengamos más puestos de poder vamos a ser nosotras las acosadoras, porque es adonde te empuja el diseño de las instituciones. Por eso es indispensable revisar las reglas de contratación, de ascenso, de permanencia en los puestos altos. Merece la pena ver los casos, en particular aquellos en los que las víctimas han quedado insatisfechas. Los mecanismos que hemos inventado para resolver los problemas de acoso pueden ser tan enredados que terminan alejándose del propósito original de la denuncia.
Entre los casos que hemos revisado, recuerdo en especial uno en el que una trabajadora presentó la queja correspondiente ante su institución. No logró nada, aunque otras mujeres se sumaron a la denuncia. El ambiente se volvió sumamente hostil: otros trabajadores empezaron a cuestionar su comportamiento, su vestimenta, como si algo de eso hubiera propiciado el acoso. Tres mujeres se vieron obligadas a dejar sus trabajos y recurrieron a la vía penal. El proceso tomó cinco años y el juez devolvió una sentencia con montos que nadie sabía de dónde había sacado: tanto dinero por tocar una rodilla, tanto por una caricia, tanto por un beso. El proceso continuó y se condenó al acusado a cumplir una pena de cárcel por seis años. Meses después fue él quien se quejó ante las autoridades por tortura. Nada de eso es lo que buscaban las mujeres agraviadas, que únicamente querían sentirse seguras en su lugar de trabajo. No solo no obtuvieron justicia sino que el sistema creó una nueva víctima.
RT: Ante las deficiencias de las instituciones y el alto índice de impunidad, las mujeres han buscado otras formas de denuncia, como la que ofrece el #MeToo. Han logrado que el tema ya no sea un debate de ciertos grupos feministas sino un problema políticamente relevante para todos los sectores. Podremos no estar de acuerdo en los paros en la UNAM y otras formas de protesta, pero al menos muestran la profundidad del problema y la exigencia de que no haya respuestas a la ligera. También me parece innovador que las mujeres estén buscando soluciones no institucionales. A veces la reparación puede incluir un perdón público o privado, una disculpa, el reconocimiento de que el acoso sucedió y no fue una invención de la víctima. En efecto, hay hombres que acosan reiteradamente, incluso después de un señalamiento, pero también hay hombres que han hecho una reflexión auténtica, que no quieren continuar con la misma conducta y que con el perdón podrían restablecer de alguna manera el daño que ocasionaron.
No es excusa, pero muchos hombres fueron educados para ser de cierta manera y hoy tenemos una buena oportunidad como sociedad para reeducarlos respecto a qué significan las relaciones sentimentales, emocionales, sexuales, laborales. El escracheo y la denuncia pública no son las únicas maneras. A veces sirven, a veces no.
AP: Desde 2013 tenemos en México un protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿por qué parece que no hemos avanzado nada? Creo que este problema está directamente relacionado con la formación de nuestros jueces y juezas. Imagínate que durante la carrera o tu trayectoria profesional aprendiste un formalismo cuadrado y, de repente, se te pide tener perspectiva de género, que lleva consigo abrirse, hacerse preguntas, ir más allá de lo que dice la ley y analizar contextos. Incluso la idea de “capacitación” sugiere que el juez no parte desde cero, pero la realidad es distinta. La mayoría de los jueces que queremos capacitar no conoce la terminología básica.
Estamos obligados a revisar cómo se aprende el derecho en nuestro país. Es difícil enseñarle conceptos nuevos a gente que lleva veinte o treinta años administrando el derecho de determinada manera. En EQUIS Justicia para las Mujeres evaluamos las capacitaciones en el poder judicial y descubrimos que dinero no ha faltado, tampoco voluntad política, pero todo se ha hecho mal: los responsables de estas capacitaciones no están cerca de los jueces, no les dan seguimiento y llaman “capacitación” lo mismo a charlas de treinta minutos que a diplomados de ocho meses. Todas esas formas pueden ser útiles pero no cumplen los mismos propósitos. Por otra parte, los jueces ya ni siquiera asisten, sino que mandan a sus asistentes. Y lo más preocupante: no tenemos ningún indicador para medir los avances.
Los cambios que propician esas capacitaciones deberían reflejarse en las sentencias, pero si no tenemos acceso a ellas, como sucede hoy en día, no podemos saber si la estrategia funciona o no, qué cambios hacer y qué conservar. Sabemos que hay un problema al interior del poder judicial, pero no sabemos qué tan grande es. Este seguimiento nos permitiría también documentar casos de corrupción. En 2009, el gobierno de Veracruz gastó 34 millones de pesos para capacitar a cien jueces, una cantidad que no se podría justificar ni mandándolos a estudiar a Harvard. Y fue justo un juez de Veracruz, que había tomado muchas capacitaciones, el que dictó la muy cuestionable sentencia en el caso de los Porkys. Todo eso nos da una idea de los muchos pendientes en la materia.
RT: Creo que los protocolos o la perspectiva de género pueden ser una guía importante. Un mínimo. Lo complejo es cómo los aterrizas. Las capacitaciones actuales no pasan de las buenas intenciones, porque llegan tarde a las personas. Algunas las motivarán, es verdad, pero en su conjunto son vistas como una formalidad más. Sobra carga de trabajo y faltan incentivos.
Hay que dirigir los esfuerzos a la enseñanza del derecho porque, por más protocolos que implementemos, las personas que imparten justicia tienen una historia de vida, proyectos personales, prejuicios y cargas emocionales. Todo eso permanece cuando entran a las instituciones, es un bagaje que cada uno de ellos tiene cuando analizan la ley, cuando la interpretan y emiten un fallo. En las universidades las materias que tienen que ver con los derechos de las mujeres o con la perspectiva de género suelen ser opcionales e impartirse en los últimos semestres, ya que las personas han decidido cuál es su curso de vida en el ejercicio del derecho. No está mal que se intente repensar a partir de los protocolos. Pero la ley por sí misma no va a hacer magia, porque el contexto es mucho más poderoso que la ley.
Por otra parte, no solo debemos enfocarnos en la educación de los futuros jueces. Tenemos que hacer algo con los actuales. Es ahí donde la sociedad civil puede hacer visibles los fallos que van en contra de los derechos humanos o que están sesgados por la misoginia. Creo que señalar a los servidores públicos que no han trabajado para implementar esos estándares es fundamental. El Consejo de la Judicatura tendría que participar también en esa vigilancia y en generar incentivos para reconocer a aquellas personas que sí están haciendo un esfuerzo por interpretar el derecho en beneficio de la sociedad.
AP: El único camino es una mayor rendición de cuentas. El poder judicial es el más opaco de los tres poderes. Se ha confundido su necesaria autonomía e independencia con la falta de transparencia. Por el momento, el Consejo de la Judicatura se enfoca en cuestiones administrativas o en los casos de corrupción, pero nadie se mete a analizar la parte sustantiva de las sentencias: cómo un juez toma sus decisiones, si lo hace con apego a las normas, cómo justifica los fallos. La ciudadanía tiene que exigir, pero para hacerlo necesitamos que las sentencias estén disponibles para consulta. Eso nos lleva a otro tema: casi nadie puede entender la redacción de las sentencias Los jueces tienen que empezar a comunicarse con la ciudadanía. La transparencia no solo sirve para criticar su trabajo sino para validarlo, para aumentar su credibilidad. Cuando se presentan reformas en el poder judicial, casi nadie sale a defender a los jueces. Y no va a suceder mientras se mantengan alejados de la ciudadanía, a quien finalmente sirven. Ellos tienen que entender que si la gente conoce su trabajo defenderá la independencia del poder judicial y la importancia que tiene para la democracia. Una mayor rendición de cuentas nos conviene a todas y todos.
RT: Con frecuencia, las autoridades se escudan diciendo que no pueden hacer mucho si las mujeres no denuncian. El tema es sumamente complejo porque el costo social y de tiempo que conlleva una denuncia no corresponde con su papel como herramienta para obtener justicia. Presentar una denuncia no te lleva media hora ni una, ni dos. Además, en el caso de las mujeres, es entrar en un proceso adonde te van a cuestionar y estigmatizar. Que la autoridad justifique la falta de resultados diciendo que las mujeres no denuncian pone de nuevo la carga en las mujeres. Las vías gubernamentales están plagadas de prejuicios y de resistencia a reconocer el testimonio de las víctimas. No veo hasta ahora ninguna propuesta que busque cambiar la manera en que se denuncia el acoso, la violación y el feminicidio. Para eso se necesitan reformas estructurales y no maquillaje artificial.
AP: La cifra de casos que no se denuncian en México es enorme, tanto en hombres como en mujeres. Si bien la primera razón es la falta de credibilidad de las autoridades –pensar que no se va a lograr nada y que no vale la pena perder el tiempo–, las mujeres experimentan un miedo que los hombres no. La violencia que sufren las mujeres proviene de gente cercana, de modo que, si denuncias, el peligro real es mayor. En ese contexto es muy irresponsable que las autoridades hablen de la “falta de denuncias” cuando, además, no saben qué hacer con la información que arrojan esas denuncias. Las autoridades tienen que eficientar la denuncia, preguntándose primero para qué la necesitan y cómo vas a traducir esa información en políticas públicas.
RT: Creo que vale la pena resaltar que estamos en un momento donde se dice que esto es una transformación y que las cosas se van a hacer de modo diferente. En temas de desigualdad entre hombres y mujeres no se han visto propuestas. Sin embargo, hay muchas áreas de oportunidad que pueden explorarse si este es un tema que se considera realmente prioritario. Porque esto no va a cambiar. Es un gran momento y hay una gran oportunidad. Ojalá no se desperdicie. ~
Directora de EQUIS Justicia para las Mujeres, A.C.
es abogada feminista y hasta febrero de 2020 fue directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, A. C.
