La “ley de embudo” significa “ancho para uno y estrecho para los demás” y parece ser el lema de Donald Trump, siempre dispuesto a perseguir la riqueza, el poder y su bienestar personal, sin importarle un bledo nada más. También puede interpretarse como “ancho para los ricos y poderosos, pero estrecho para los pobres y desprotegidos”, que implica una grave falta de equidad e igualdad, que también viene como anillo al dedo de Trump.
Un buen ejemplo de cómo las políticas de Trump han favorecido a los ricos es la reforma tributaria de 2018, que benefició al 10% más próspero de la población, pero impuso duros límites a deducciones en perjuicio de la clase media. Las corporaciones y los multimillonarios que antes eran auditados cada año, ya no lo son debido a recortes presupuestarios y al despido de miles de empleados, que les permiten ocultar unos cincuenta mil millones de dólares anuales. Por el contrario, se han aumentado las auditorías a la clase media usando la tecnología. Un tercio de todas las auditorías se concentra en el “crédito tributario” a los pobres y Trump propuso un recorte de dos billones de dólares, en los que se incluyen programas de bienestar social: cupones de alimentos a los pobres, almuerzos para niños en las escuelas, préstamos a estudiantes, asistencia social sanitaria a los desposeídos, pensiones de seguridad social y ayuda a las personas con discapacidad.
En septiembre de 2019, economistas de la Casa Blanca advirtieron que una pandemia podría matar a medio millón de estadounidenses y devastar la economía; explicaron que sería peor que la influenza. Trump aseguró que la Covid-19 era similar a la gripe, demoró dos meses las medidas contra la pandemia, predijo que “desaparecería milagrosamente cuando aumentara la temperatura”, y culpó a las “noticias falsas” y a los demócratas de exagerar el peligro con fines políticos. Los pioneros en imponer restricciones obligatorias fueron los gobernadores de estados más afectados por el virus, lo cual ha reducido los nuevos casos. Trump declaró que él no era responsable y que las acciones correspondían a los gobernadores; dicha inercia se ha agravado porque él sigue sus instintos en vez del consejo científico. La drástica caída de la bolsa de valores a mediados de marzo fue la que hizo reaccionar al presidente que entonces aconsejó (no obligó) el “distanciamiento social” hasta el 15 de abril. El continuado declive de la bolsa movió a empresarios, políticos republicanos y Fox News a exhortar una reapertura económica porque una severa recesión sería catastrófica para la reelección. El asesor económico Larry Kudlow planteó de manera brutal la disyuntiva entre el dinero y la salud: “la cura no puede ser peor que la enfermedad”. Un profesor de leyes afirmó que el virus solo mataría “a los débiles y a los viejos, lo cual no afectaría a la economía”. Las cien mil muertes proyectadas y la advertencia de expertos de que levantar las restricciones agudizaría la crisis y el descalabro económico forzaron a Trump a posponer las medidas hasta el 1 de mayo. Pero el 10 de abril replanteó la reanudación económica, alegando que solo habría sesenta mil muertes en vez de cien mil, pero ocultó que ello se debía a las restricciones impuestas por los estados. Una experta predijo que para aplanar la curva infecciosa se necesitarían entre siete semanas de aislamiento en el mejor escenario y ocho meses en el peor.
Trump asumió los poderes que otorga la ley en caso de emergencia nacional, pero ha fracasado en diseñar un plan para enfrentar la crisis, así como un comando unificado federal para coordinar las medidas; usar la reserva federal de medicinas y equipo para combatir la pandemia, argumentando que “esa reserva es nuestra” y el problema debe ser resuelto por los estados; comprar suministros adicionales y ordenar a las empresas privadas que los fabriquen. Después de acusar a varios gobernadores de exagerar las necesidades, comenzó a enviar los ventiladores y máscaras a cuentagotas, pero demandando a los estados que mostraran “su aprecio”. El 13 de abril Trump declaró sobre su plan de reapertura económica: “el presidente de Estados Unidos tiene autoridad total […] y los gobernadores lo saben”, una flagrante contradicción con su postura previa de que él no era responsable de la Covid-19 sino los estados. La Constitución establece que los estados, no el gobierno federal, tienen la autoridad para responder a una crisis de salud y decidir cuándo terminar las restricciones. El gobernador de Nueva York fustigó a Trump: “no tenemos un rey”. Diez gobernadores que tomaron medidas restrictivas (todos demócratas menos uno) acordaron que ellos decidirán cuándo y cómo levantarlas, una acción que Trump calificó como “un motín”. Un día después, suavizó su posición y dijo que iba a “autorizar” a los gobernadores que ellos mismos determinaran cuándo reabrir sus estados.
El paquete de rescate a la economía aprobado por el Congreso por 2.3 billones de dólares, inicialmente se concentró en ayudar a las grandes compañías. Fueron los demócratas en ambas cámaras los que lucharon por conseguir fondos para los desempleados, los pequeños negocios, los hospitales, los trabajadores de salud y la asistencia alimentaria, y quienes reclamaron que hubiese una supervisión en el manejo de los fondos a fin de que no se usaran para aumentar la paga a los ejecutivos o la recompra de acciones. El multimillonario senador republicano Rick Scott se opuso a la ayuda semanal de seiscientos dólares a los desempleados con el argumento de que sería un desincentivo para regresar al trabajo. Hubo demoras en el pago de mil doscientos dólares a los ciudadanos que ganan menos de cierto nivel de ingreso porque Trump ordenó que apareciera su nombre en los cheques, como si él hubiese pagado por ellos. La ley prohíbe a Trump y su familia, al vicepresidente y a los congresistas recibir ayuda del fondo.
Trump ha dicho que una medicina contra el paludismo es efectiva para la Covid-19, aunque no hay prueba alguna; él había invertido en las acciones de la empresa farmacéutica que produce la medicina. El jefe del Comité de Inteligencia del Senado, el republicano Richard Burr, vendió alrededor de 1.7 millones en acciones justo antes de que cayese la bolsa. La avaricia cunde entre las multitudes que acaparan papel higiénico y otros productos, mientras que el mercado sube los precios a los ventiladores, las máscaras y los desinfectantes. Políticos, hombres de negocios, atletas y celebridades han tenido acceso inmediato a la prueba de la Covid-19, entre ellos dos congresistas republicanos a través de la oficina médica exclusiva en Washington, así como los alcaldes de Miami, junto con sus esposas, a costa de personas infectadas que necesitan desesperadamente dicha prueba. La insuficiencia de ventiladores y cuidados intensivos levanta el espectro del triaje, para determinar a quiénes dar prioridad en las atenciones médicas; teóricamente aspectos como la riqueza, la raza, el poder o las conexiones no deben influir en la decisión, pero precisamente estas serán las razones en el mundo trumpista que desdeña a los pobres, hispanos e inmigrantes. El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, urgió: “regresemos al trabajo […] aquellos con setenta años o más nos cuidaremos, pero no sacrifiquemos el país”. En Nueva York, los hispanos y los afroamericanos enfrentan el doble de la probabilidad de los blancos de sucumbir al virus porque sufren una mayor pobreza, disparidad económica, trabajan en ocupaciones de alto riesgo y tienen escaso acceso a la atención de salud.
El pueblo estadounidense hizo lo usual en crisis terribles: el apoyo a Trump subió de un 44% a un 52%, pero es muy inferior al 90% que gozó George W. Bush después del 11 de septiembre, al 89% de Bush padre durante la guerra de Irak o al 87% de Harry Truman al finalizar la Segunda Guerra Mundial. A comienzos de abril la aprobación a Trump descendió a 47% por dos razones: el incremento del desempleo, que creció a diecisiete millones, y sus comparecencias televisivas diarias en las que critica a gobernadores que disienten de él, aumenta la polarización del país en vez de procurar su unidad, se pavonea de sus altos “ratings” televisivos, comete errores factuales y constantemente se contradice.
El pobre desempeño de Trump respecto a la pandemia puede afectar su reelección. Encuestas en la primera quincena de abril mostraban que Biden triunfaría por once puntos sobre Trump. Los economistas creen que, aun si hubiese una reapertura pronta y sin una improbable segunda ola del virus, la recuperación sería lenta y débil; pero si una reapertura demasiado temprana provocara un rebrote del virus las consecuencias serían más nefastas. En el caso de ser reelegido, Paul Krugman vaticina que Trump se convertirá en un autócrata y, obviamente, recrudecerá la ley del embudo. ~
es catedrático distinguido emérito de economía y estudios latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh y especialista en seguridad social. En 2007 recibió el Premio de la OIT al Trabajo Decente (compartido con Nelson Mandela) por su labor en pro de la protección social en el mundo.
