No han sido buenos años para la administración pública federal. El estilo personal de administrar del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado tras de sí un aparato burocrático desmantelado y cada vez menos capaz de atender las necesidades del país. Tras décadas de limitado interés por adecuar estructuras, procesos y servicios gubernamentales, este sexenio se ha caracterizado por el abierto desprecio presidencial hacia la gestión profesional del gobierno. Así, quien ocupe la presidencia durante 2024-2030 tendrá como tarea central (re)construir la infraestructura administrativa del gobierno federal y mejorar las formas en que el Estado interactúa con cada uno de nosotros.
De dónde venimos…
El estilo presidencial de administrar se ha caracterizado por disfrazar iniciativas y cambios en una retórica populista simplista y engañosa. La “austeridad republicana” ha servido para justificar recortes discrecionales, al tiempo que inmensas cantidades de dinero público se asignan a proyectos sin futuro o clientelas políticas. Mientras se postula “moralizar la vida pública”, en el entorno presidencial se normalizan redes de nepotismo, conflictos de interés y sospechas de corrupción, al tiempo que aumentan las adjudicaciones directas y la opacidad gubernamental. Bajo el dogma de “gobernar no tiene ciencia” se ha minimizado la complejidad de los problemas públicos, introducido políticas sin diagnósticos adecuados y extendido la politización del empleo público. Decir que el gobierno es un “elefante reumático” ha sido pretexto ideal para crear estructuras administrativas paralelas, muchas de ellas militarizadas, que no dan mejores servicios o bienes públicos, pero otorgan obediencia y control personalizados. En busca de la “soberanía” (energética, alimentaria, científica), el gobierno federal ha roto vínculos (y contratos) con actores sociales y privados, con académicos y expertos no gubernamentales, tratando de rescatar una autosuficiencia estatista ya rebasada por la realidad internacional.
Las consecuencias negativas de todo esto han sido tanto gubernamentales como sociales. Por una parte, falta de personal capacitado, mala infraestructura pública, baja calidad de servicios, deficiente coordinación interorganizacional, políticas ineficaces y, en general, principios administrativos (transparencia, rendición de cuentas, profesionalismo, legalidad) sustituidos por sinsentidos “en el nombre del pueblo”. Por la otra, las masacres y los desaparecidos, la pésima gestión de la pandemia, el desabasto de medicinas, los daños ambientales de los megaproyectos, la falta de becas para educación superior, el abandono de museos públicos, etc.
En contraste con la retórica oficial y los “otros datos”, han surgido incontables historias, reportajes, estudios y comparaciones internacionales que describen cómo los recortes presupuestales, los despidos de personal y la eliminación de programas han afectado la vida cotidiana de niños, jóvenes y adultos por igual. Y aunque es claro que muchos de los males públicos del país vienen de décadas atrás, la evidencia muestra cómo la indolencia, el desinterés, la discrecionalidad y el doble discurso presidenciales han hecho que la infraestructura administrativa del Estado mexicano se deteriore cada vez más.
…hacia dónde deberíamos avanzar…
Frente a un escenario así, ¿qué se puede hacer? Desde una perspectiva de administración y políticas públicas, hay por lo menos cinco grandes temas que podrían estar en la agenda de quien lidere el gobierno 2024-2030.
Primero, promover un gobierno más empático, sensible e interesado en escuchar y atender las necesidades específicas de la gente. Muchos encuentros ciudadanos con el Estado (los trámites, las clínicas, los ministerios públicos) siguen siendo un reto para las personas, sobre todo las de menos recursos o de ciertos grupos etarios. Requisitos que no se entienden, oficinas en condiciones poco dignas, funcionarios sobrecargados de trabajo, burocracias diseñadas para cumplir las instrucciones “de arriba” y no las preocupaciones “de abajo”. Y aunque en la retórica oficial el “pueblo” aparece un día sí y otro también, en la práctica hay mucho por hacer para que los ciudadanos realmente sean el centro de atención de las organizaciones públicas; que no enfrenten barreras administrativas innecesarias y angustiantes; que reciban asesoría clara y amable de parte de los servidores públicos; y que puedan influir en el (re)diseño e implementación de los servicios que les afectan.
Segundo, afianzar un gobierno más integrado, tanto bien coordinado interna y externamente como articulado en sus procesos de política pública. Las respuestas gubernamentales a los grandes problemas públicos (inseguridad, cambio climático, pobreza) siguen siendo parciales, insuficientes, tardías. Las fotos celebrando la formalización de un nuevo “convenio de coordinación” contrastan con situaciones en las que las oficinas gubernamentales se echan las culpas o los problemas de la gente se atienden solo de manera parcial pues su plena resolución “depende de otra instancia”. El gobierno federal necesita crear mejores mecanismos internos de intercambio de información, rediseñar los espacios en que se construyen sus programas multisectoriales y fortalecer los esquemas de colaboración con otros sectores (sociales, privados, subnacionales). La nueva administración deberá corregir sus vacíos y traslapes interinstitucionales y dar mayor coherencia a sus políticas para brindar soluciones integrales a la gente.
Tercero, diseñar un gobierno más inteligente, que sepa aprovechar las tecnologías y metodologías contemporáneas, así como las múltiples fuentes de información disponibles para enriquecer y afinar sus decisiones. Muchas respuestas gubernamentales siguen realizándose con base en ocurrencias, intuiciones, ideologías o inercias, sin lógica ni visión de largo plazo, sin sustento en evidencias o experiencias comparadas. Las instituciones federales necesitan aprovechar más y mejor la abundante información provista por los sistemas de indicadores y evaluación (programática, presupuestal, ambiental, regulatoria) existentes. También deben construir nuevos puentes con comunidades de expertos para conocer las innovaciones científicas y las técnicas de vanguardia que les ayuden a formular políticas sustentables. Quien encabece próximamente el ejecutivo federal tendrá que liderar, asimismo, los esfuerzos para incorporar las aportaciones de las ciencias conductuales, los “grandes datos” y la inteligencia artificial (entre otros) en el diseño, provisión y regulación de servicios públicos.
Cuarto, consolidar un gobierno más resiliente, que sepa responder ante las crisis y pueda conducir los posteriores procesos de recuperación. Las experiencias recientes del huracán Otis en Acapulco y, particularmente, de la pandemia de la covid-19 han desnudado las limitaciones del gobierno federal para afrontar los efectos económicos, sociales, educativos, sanitarios y de infraestructura causados por dichos eventos. Será indispensable mejorar los protocolos de actuación y los mecanismos de comunicación (con otros gobiernos, con la ciudadanía) para atender situaciones similares; revisar y reacondicionar estructuras organizacionales e infraestructura pública (escuelas, hospitales, puertos, caminos), pensando en futuras transformaciones climáticas y epidemiológicas; y aprender de los errores cometidos en crisis previas, así como de las respuestas exitosas de otros gobiernos.
Finalmente, construir un gobierno más capaz, que valore la experiencia y los conocimientos especializados, y asegure las condiciones institucionales requeridas para operar profesionalmente el Estado. La honradez es esencial en el servicio público pero no basta para gestionar las complejas actividades gubernamentales. La lealtad política sirve como mecanismo de control pero no sustituye las habilidades requeridas para negociar, diseñar, coordinar o evaluar políticas. El compromiso personal es valioso pero insuficiente para brindar servicios públicos de calidad si los funcionarios no tienen insumos básicos, recursos tecnológicos o instalaciones físicas adecuados. El nuevo gobierno deberá retomar los procesos de profesionalización meritocrática y construcción de capacidades (analíticas, directivas) de su personal, así como invertir en mejorar espacios organizacionales públicos.
…aunque el camino sea complejo
(Re)construir la infraestructura administrativa del Estado mexicano no será fácil. Requerirá de tiempo, dinero y esfuerzo, así como de acuerdos políticos, cambios jurídicos, ajustes institucionales y reasignaciones presupuestales. Pero, si la próxima presidenta no se ocupa de estos temas, su gobierno será incapaz de responder a las cuestiones públicas que nos preocupan como sociedad y que de diversas formas afectan la vida cotidiana de todos. ~
es doctor en ciencia política por The London School of Economics and Political Science y profesor investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México.
