Durante el primer gobierno de Donald J. Trump, no fueron pocos los momentos en los que su política hacia Latinoamérica generó dudas sobre su entendimiento de la región. Las credenciales de “exitoso” hombre de negocios contrastaban con la impulsividad que mostraba como líder del mundo libre, pues en más de una ocasión puso a prueba el orden mundial de la posguerra con sus amenazas de abandonar la OTAN o limitar el suministro militar a Ucrania (por lo que luego fue procesado en la Cámara de Representantes en 2019) en su lucha contra el expansionismo ruso.

El desconocimiento de la región latinoamericana se hizo más evidente con la ausencia de una agenda política definida. Un vacío acentuado por decisiones desacertadas como la intervención en la crisis de Venezuela, donde prometió “máxima fuerza” mientras imponía un paquete de sanciones que no solo contribuyó aún más al deterioro económico del país, sino que le ha dado argumentos al régimen de Nicolás Maduro para su victimización y, por ende, consolidación autoritaria.

Justamente ha sido esa conducta errada la que ha caracterizado su relación con el mundo. Una visión reduccionista, utilitaria y transaccional tanto para lo doméstico como lo internacional. La incertidumbre de su primera gestión palidece ante la certeza de una nueva etapa tumultuosa en la que ha prometido implementar una amplia gama de políticas que, en teoría, sumirían en un completo caos no solo a Estados Unidos, sino al continente americano.

Sus primeras semanas en la Casa Blanca han recordado a su primera administración con su estilo de gobernar disruptivo: órdenes ejecutivas, hostilidad hacia la prensa y una política migratoria agresiva. En su primera alocución al Congreso ha dejado claro que –a pesar de los efectos negativos que algunos sectores comienzan a sentir como producto de su decisión de imponer aranceles a México y Canadá por un 25%– no va a dar marcha atrás, pues se trataría apenas de “una ligera perturbación”. En el inicio de su segundo gobierno, hemos visto que Trump no tiene en su agenda a América Latina. La estrategia de máxima presión sobre México para que le ponga un freno al tráfico de drogas y la migración está lesionando seriamente a su vecino y socio comercial más importante en la región. Queda claro que su perspectiva no incluye la construcción de alianzas; por el contrario, está deshaciendo lo que a Estados Unidos le ha tomado décadas consolidar para ser considerado el líder del mundo libre. En este contexto, ¿cuál es el futuro de Latinoamérica y su lugar en los planes de la administración de Trump?

De vuelta a la presidencia de reality TV

En su primera administración, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que indicaron la dirección de su gobierno: su deseo de renegociar el tratado comercial TLCAN con México y Canadá (NAFTA, por sus siglas en inglés), así como de imponer medidas agresivas para restringir la inmigración. Estas incluyeron el “veto migratorio” o travel ban que restringió el ingreso de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. Otra orden controversial fue la construcción del muro fronterizo con México, una de sus promesas de campaña, lo cual provocó tensiones diplomáticas inmediatas con el gobierno mexicano.

En su vuelta a la Casa Blanca, Trump no solamente ha retomado estas políticas, sino que las ha profundizado para combatir la inmigración ilegal y limitar la legal; además de la imposición de los aranceles a México y Canadá, a quienes responsabiliza no solamente por el tráfico de fentanilo, sino por el paso de migrantes. En su conjunto, esto evidencia el carácter nacionalista y proteccionista de la administración de Trump, quien, apoyado por una base electoral crítica de la globalización y la inmigración masiva, dice tener el propósito de aislar al país del orden mundial vigente. Este comportamiento, que ya se anticipaba, ha vuelto a poner en duda la idoneidad de la relación con Washington entre los aliados europeos acostumbrados a una diplomacia más predecible por parte de la Casa Blanca.

Entre las políticas más controversiales, y de mayor impacto, se encuentran aquellas que debilitan la capacidad de respuesta de los organismos no gubernamentales dedicados a la defensa de derechos humanos e inmigración en Latinoamérica; es el caso de la suspensión de actividades de la USAID. Con el desmantelamiento de la agencia bandera de soft power de Estados Unidos, las poblaciones más vulnerables que recibían asistencia se encontrarán desprovistas de apoyo, por lo que expertos en manejo de ayuda humanitaria estiman que habrá un aumento del flujo migratorio, a pesar de que la nueva administración busque evitarlo.

Por otra parte, esta política tendrá un impacto significativo en los países de Latinoamérica que serán la alternativa para miles de deportados desde Estados Unidos. El temor es la repetición de la crisis de 2018, la cual todavía sigue afectando a las economías sudamericanas que no estaban preparadas para la absorción de más de seis millones de venezolanos desplazados. La presión sobre México durante el primer gobierno de Trump tuvo éxito, pero ahora se trata de ejecutar la operación de deportación más grande de la historia, en palabras del presidente.

Los líderes políticos latinoamericanos, paralizados por la agresividad de las políticas iniciales de la administración, han ofrecido cooperación, como en el caso de México; mientras que, en otros, pareciera que las medidas de intimidación –como lo es la amenaza de recobrar el Canal de Panamá– están alienando a los socios clave en el manejo del flujo migratorio. Esta política de provocación de aliados regionales no solamente parece insostenible, sino que además es contradictoria, pues para frenar la inmigración ilegal es necesario alcanzar estabilidad económica, fortalecer la capacidad para detener el impacto del cambio climático sobre las economías, y fomentar mecanismos de cooperación para contener la emigración irregular.

La única explicación que podemos darle a este estilo de gobierno es que se trata de la versión particular de Trump basada en su art of the deal. Este estilo de negociación confrontacional Trump lo ha encontrado efectivo para alcanzar sus intereses, avasallando a sus aliados, imponiendo así su control. A partir de ello podemos entender que, después de haber renegociado el NAFTA, ahora se disponga a renegociar el USMCA (conocido también como T-MEC), en lugar de ratificarlo luego de la revisión correspondiente en 2026. La decisión de suspender la licencia que le permitía a la empresa petrolera Chevron operar en Venezuela ha sido interpretada como una muestra de la política agresiva en contra del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, dado que ha presionado al régimen venezolano para que agilice los vuelos de deportación de indocumentados, no sería de extrañar que su intención sea emitir una nueva licencia en su mandato.

La agenda de política exterior de esta nueva administración responde a los intereses puntuales del jefe de Estado. No se trata de una estrategia homogénea dictada por los principios de las relaciones exteriores. Es, por el contrario, una aproximación pragmática a las circunstancias y al beneficio que encuentre para su gestión. Esto sin duda representa una escisión en la política de Estado, con su visión utilitarista de las relaciones exteriores, donde el multilateralismo es considerado como mala praxis.

Ahora bien, el presidente de Estados Unidos no está solo en su cruzada en contra del orden de la posguerra y las formas tradicionales de ejercer el poder. En los presidentes Nayib Bukele de El Salvador y Javier Milei de Argentina ha encontrado aliados clave para su visión, además de los seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Sus afinidades van desde considerar como “eficiente” el sistema de prisiones en El Salvador, hasta contemplar un convenio para enviar a migrantes deportados al país centroamericano. Por otra parte, con Milei hay ciertamente coincidencias en su interés por las criptomonedas; se ha anunciado la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio con Argentina.

The art of the deal o cómo destruir alianzas

La relación con México, vecino y socio comercial indispensable para Estados Unidos, ha sido sin duda de las más afectadas junto con Canadá. No solamente ha insistido en la responsabilidad de México en el tráfico de fentanilo, sino que ha redoblado esfuerzos para sostener una política más agresiva en cuanto a la contención del cruce de migrantes en la frontera sur y ha buscado castigar a su propio país con un 25% de aranceles sobre productos que los estadounidenses consideran parte integral de su economía. Hasta el Wall Street Journal, de cuyas credenciales conservadoras nadie puede dudar, ha criticado duramente la decisión.

Esta política no tiene sentido si no la vemos en el marco de un modelo que, fundamentado en la antipolítica, alberga más oportunidad de éxito en un momento de cambio epocal como este. En Latinoamérica se registra un hastío de la democracia en los índices de medición que, año tras año, registran el retroceso democrático. La preferencia por hombres fuertes antisistema ha estado presente en los estudios de Latinobarómetro. Esto explica por qué liderazgos como los de Bukele y Milei gozan de apoyo y encuentran espacio común con el inquilino de la Casa Blanca.

A su vez, esta dinámica política tiende a erosionar la confianza entre los aliados, quienes, ante la presión de responder a las demandas de Trump, deben tomar decisiones que pueden afectar su agenda de política doméstica. Es el caso de la presidenta Sheinbaum y su estrategia de lucha contra los cárteles: esta pudiera debilitarse debido a que muchos lugares han quedado desprotegidos por la movilización de tropas hacia otros estados para detener el paso de migrantes por la frontera y el flujo de fentanilo.

Las políticas migratorias de Trump no han dejado de perjudicar a Centroamérica, un territorio que, históricamente, ha presentado elevados índices de emigración hacia Estados Unidos por razones económicas y de seguridad. La promesa de deportaciones masivas ha provocado temores de crisis humanitarias y económicas en países como Guatemala, Haití y El Salvador no solamente por el bloqueo de migrantes, sino también por la suspensión de ayuda humanitaria luego del desmantelamiento de la USAID. Más aún, el discurso de criminalización de la migración ilegal ha reforzado los estereotipos negativos que han incentivado aún más la xenofobia ya de por sí extendida.

Trump y su visión geopolítica de Sudamérica

En sus primeros cuatro años, la administración de Trump mostró poco interés en Latinoamérica, salvo en lo relacionado con Venezuela. La agresiva intervención mediante las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro incrementó la polarización interna en la sociedad venezolana e incidió en las dinámicas diplomáticas regionales forzando a los gobiernos a enfrentar las consecuencias de dicha política en materia migratoria. En Brasil, Trump tuvo en Jair Bolsonaro a un aliado ideológico, mientras que hoy se encuentra con un gobierno distinto encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva. En el caso de Colombia, la relación con el presidente Gustavo Petro ha sido áspera, al extremo de que este último criticó al mandatario por su trato hacia el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pese a que Petro fue reacio a mostrar apoyo al líder ucraniano.

Las relaciones con el resto de Latinoamérica, como es de esperar, seguirán conduciéndose de forma bilateral, dependiendo de los intereses que el presidente Trump tenga. Estos estarán dominados por su agenda migratoria, acompañada de negociaciones sobre libre comercio e inversión. La amenaza de medidas arancelarias o cambios súbitos en la política comercial no deja de generar incertidumbre, y es factible que, en esta primera etapa con su atención enfocada en la migración, el problema alcance niveles críticos.

Ahora bien, las consecuencias de su aspiración de reducir el déficit comercial de Estados Unidos podrían, en la práctica, desincentivar la inversión extranjera y ralentizar la economía de países que dependen en gran medida de las exportaciones al mercado estadounidense. En este escenario, China sería el único claro ganador, pues tendría la oportunidad de profundizar su conquista de Latinoamérica, que se supone es lo que quiere evitar el gobierno de Trump.

Las contradicciones de la agenda América Primero

La política migratoria de Trump, enfocada en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, se está ampliando además al cese de programas migratorios como el TPS y parole para migrantes de Cuba, Venezuela y Haití. Esta política, para que sea efectiva, necesita de la cooperación de los países de origen de los deportados, que en los casos de estas naciones resulta inviable. Por eso su administración ha recurrido a medidas como el cese de la licencia a Chevron, mientras que, en otros casos, está deportando a terceros países como México y Guatemala. Sin embargo, el riesgo de esta política es que no solamente conduzca a una sobrecarga en estos sistemas que no pueden procesar la crisis humanitaria, sino que además tiene serias repercusiones en la economía doméstica a corto plazo.

El abandono de Estados Unidos de los mecanismos multilaterales le brinda la oportunidad a China de intensificar su relación comercial con América Latina a través de proyectos de infraestructura, préstamos e inversiones de gran escala. Mientras la administración de Trump siga con su agenda de aislamiento internacional, favoreciendo relaciones bilaterales por encima de esfuerzos multilaterales, Latinoamérica buscará alianzas alternativas que le permitan mantener un mayor equilibrio geopolítico.

El inicio del segundo mandato de Donald J. Trump ha reintroducido a un gobierno que tiene un claro compromiso con el sector más nacionalista de su país. Sin embargo, a diferencia de su primera presidencia, en esta oportunidad no parece que los poderes constituidos puedan detenerlo, pues, en sus primeras medidas, ha revertido decisiones sancionadas por el Congreso de Estados Unidos, lo que constitucionalmente no puede hacer. El desafío que para América Latina representa el “trumpismo” es inmenso: implica manejar las exigencias de un socio comercial imprescindible, e impredecible, mientras que se debe hacer frente a las presiones migratorias y necesidades en materia de políticas de seguridad que dependen, en gran medida, de los canales de comunicación que mantenga con la Casa Blanca. Esto representa un panorama que, en los próximos cuatro años, puede influir de forma considerable sobre la estabilidad política y económica de la región. Para los gobiernos de Latinoamérica es fundamental encontrar un espacio en esa agenda nativista que no comprometa la soberanía nacional, pero que garantice la seguridad y continuidad de sus sistemas políticos. ~