En 2016 visité una prisión en Macuspana, Tabasco, para entrevistar a numerosos reclusos.

{{ Agradezco a Emiliano Hernández por el apoyo brindado para la elaboración de este texto y a Layda Negrete por sus comentarios. También a Ana Magaloni, Alberto Díaz-Cayeros, Beatriz Magaloni, y al Centro de Humanidades de la Universidad de Stanford, donde fui académico visitante en 2023. No puedo dejar de mencionar a quienes fueron mis colegas en el World Justice Project México: Alejandro Ponce, Tim Kessler, Ana Cárdenas, Marcelo Torres, entre otros. Gracias también a Cristina Montaño de Grupo Mund y a Justin Brooks de Proyecto Inocente. Y al Inegi.}}

Ahí conocí a Héctor, Gonzalo, Juan Luis y Darwin, quienes habían sido acusados y encarcelados injustamente. Del impacto de estos encuentros nació una serie documental de Netflix llamada Duda razonable: Historia de dos secuestros. Después del lanzamiento de la serie en Netflix y un debate televisado que involucró a once jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, finalmente, los cuatro fueron liberados en diciembre de 2022. Curiosamente, mi intención original no era crear una serie documental, sino realizar una encuesta para capturar cuantitativamente las experiencias de los prisioneros.

((La encuesta en Macuspana fue financiada por la Fundación MacArthur.))

Durante las entrevistas realizadas por mi equipo de encuestadores en esa prisión, surgió una observación sorprendente: un número significativo de prisioneros tenían la piel bastante morena. A raíz de esto, consideré utilizar una paleta de colores para examinar posibles discriminaciones basadas en el tono de piel dentro del sistema de justicia. Años después, propuse al Inegi la inclusión de una pregunta sobre el tono de piel en la edición de 2021 de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL). El instituto estuvo de acuerdo y planteó la pregunta a 70 mil personas encarceladas. Para medir los resultados, el Inegi utilizó la escala PERLA.

((El proyecto PERLA, que significa Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina, empezó en 2008. Su objetivo principal es recopilar y analizar datos de encuestas para entender diferentes aspectos relacionados con ambas categorías. El proyecto busca brindar información importante sobre las condiciones etnorraciales en la región que no eran suficientemente abordadas por los censos nacionales y otras encuestas oficiales. Lo innovador del proyecto es que incluye medidas del tono de piel en su estudio de la etnicidad y la raza en América Latina.))

En la gráfica superior se muestra la escala de color de piel utilizada por el Inegi y cómo este puede influir en la posibilidad de solicitar un amparo y protección de la justicia federal. Aquellas personas con tonos de piel más oscuros (A, B, C, D) tienen menos probabilidades de solicitar un amparo federal en comparación con aquellas que tienen tonos de piel más claros (I, J, K).

Con base en los datos de la ENPOL 2021, Emiliano Hernández, en aquel entonces estudiante de economía en la Universidad de Tilburgo en los Países Bajos, realizó un análisis estadístico empleando el método de regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS, por sus siglas en inglés). Su objetivo consistió en investigar las desigualdades y discriminaciones que enfrentan diversos grupos en México, como las personas indígenas, aquellos con distintos tonos de piel y la comunidad LGBTIQ+. Mediante este estudio, buscó comprender mejor las fallas en el sistema de justicia y sus posibles impactos en estas disparidades. Es importante destacar que Hernández se graduó con honores de la Universidad de Tilburgo por su trabajo en esta área.

Este texto resume algunos de los problemas que Emiliano enfrentó para captar el problema de discriminación y su impacto en los años de sentencia, o penalidad, que les impusieron.

Durante una conversación telefónica, Emiliano me contó las dificultades que tuvo:

“En primer lugar, está el tema de cómo mides la tonalidad de la piel, algo que es esencial para poder comparar experiencias diferentes y medir la desigualdad. Si miramos el dorso de la mano, o la palma de la mano, vemos que son de tonos distintos ¿Quizás la palma de tu mano es un poco más clara que el resto? Entonces, ¿en que parte del cuerpo te medimos eso? O ¿qué pasa si el encuestador mira tu tono de piel diferente de como es?

Por otro lado, en México, la etnia está relacionada con más que solo el tono del color de piel. Es necesario explorar varias cosas para visualizar la magnitud de la discriminación en México y el impacto que tiene en la duración de las sentencias. El problema en México difiere de países como Estados Unidos donde las personas se segregan racialmente de manera más simple y nítida. En México, la situación es más compleja.

Por ejemplo, hablemos de los indígenas. Si hablas una lengua indígena y te autodefines culturalmente como indígena, imaginemos que te clasificamos en esa categoría. Pero hay quienes no hablan una lengua indígena o no se autoidentifican como indígenas, y son discriminados por otros que de todos modos los ven como indígenas. Es todo un desafío, un caos. Todo esto dificulta el entendimiento de la desigualdad en México desde una perspectiva racial y étnica.

Y además, está el reto de la muestra. En en el segmento que usé de la base de datos están representadas solo las personas que perdieron su juicio. Entonces, de entrada tienes todas las cartas en contra de observar la discriminación con una base de datos de personas encarceladas ya que, en los grupos con más dinero, los acusados de crímenes que llevarían sentencias más cortas tienen más posibilidades de evitar una sentencia y desaparecer de la muestra por completo. Si aún en estas condiciones, aún así con todo en contra, logras observar indicios de discriminación, entonces eso significa que el problema existe y es de una dimensión enorme.”

Las variables utilizadas en el análisis de Hernández fueron las siguientes:

1. Duración de la sentencia: Esta es la variable con la que pretende captar el efecto de la discriminación. Se midió el logaritmo de la duración de la sentencia en años.
2. Identidad indígena: Los participantes se autoidentificaron como indígenas, y se asignó una variable binaria en consecuencia.
3. Idioma indígena: Se les preguntó a los participantes si hablaban un idioma indígena porque lo aprendieron de un miembro de su familia, y se asignó una variable binaria en consecuencia.
4. Identidad LGBTIQ+: Se les preguntó a los participantes si se identificaban como lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, y se asignó una variable binaria en consecuencia.
5. Género: Los participantes indicaron su género, y se asignó una variable binaria para los hombres.
6. Tono de piel: Se midió utilizando la escala PERLA, y se asignaron diferentes variables según el tono de piel evaluado.

Los hallazgos de Hernández indican que la pertenencia a la comunidad indígena o el hablar un idioma indígena están significativamente relacionados con una mayor duración de las sentencias. Además, las mujeres tienden a recibir sentencias más largas que los hombres. Sin embargo, en sus primeros intentos, no encontró una relación estadísticamente significativa entre el tono de piel y la pertenencia a la comunidad LGBTIQ+ con la duración de las sentencias.

Intrigado por la falta de descubrimientos significativos, Hernández probó tres modelos de regresión diferentes. Al explorar los datos, descubrió que las personas con tonos de piel más claros, es decir, aquellos con tonos entre h y k en comparación con el tono de piel base (Color a), invierten más dinero en su defensa.

Hernández también encontró que las personas indígenas, LGBTIQ+ y con tonos de piel más oscuros que están encarceladas invierten menos en su defensa y mostraron peores resultados en preguntas relacionadas con la pobreza. Esto significa que las personas con menores ingresos pueden recibir sentencias más largas por delitos menores, mientras que las personas adineradas acusadas de delitos más graves pueden no enfrentar la misma desventaja. Esta disparidad afecta a grupos marginados que a menudo tienen ingresos más bajos.

Es importante destacar que la ENPOL se llevó a cabo en centros penitenciarios y no abarca a toda la población que interactúa con el sistema penal. Por ejemplo, la muestra del Inegi no contempla a aquellas personas que, por cualquier razón, fueron liberadas antes de que los encuestadores ingresaran a la cárcel para hacer las preguntas. Quizás algunas fueron liberadas porque tenían una sentencia o pena breve. Quizás otras fueron liberadas porque pagaron un soborno. U otras más nunca pisaron la cárcel porque lograron probar su inocencia. Hernández encontró una relación positiva en sus datos entre el gasto en defensa y la penalidad de la sentencia. Es decir, aquellos detenidos que invierten más en su defensa tienden a recibir penas más largas. Esto viola un poco nuestra expectativa pues sugiere que en México el dinero posiblemente tenga más influencia para evitar penas leves que para reducir penas largas, lo que implica que las personas adineradas pueden evitar ser condenadas y salir del sistema penal, dejando en nuestra muestra solo a personas adineradas con sentencias largas. En otras palabras, tenemos en la muestra a muchas personas adineradas con sentencias más largas. Sin embargo, nuestra expectativa sería que los indígenas, los miembros de la comunidad LGBTIQ+ y las personas con tonos de piel más oscuros deberían recibir sentencias más cortas. El hecho de que los datos no cumplan con esa expectativa, sino que en algunos casos incluso muestran lo contrario, es notable y nos dice cómo están cargados los dados.

Al ampliar su modelo y controlar las diferencias de ingresos y pobreza, Hernández descubrió que la población LGBTIQ+ e indígena que estuvo en prisión recibió sentencias más extensas en comparación con otros grupos. Por ejemplo, una persona que se identificaba como lesbiana, gay o transexual pudo haber recibido una sentencia que fue un 4.7% más larga que alguien que no se identificaba como parte de la comunidad LGBTIQ+. De manera similar, las personas que hablaban un idioma indígena pudieron haber recibido una sentencia que fue un 14.5% más larga en comparación con alguien que no lo hablaba.

Así, Hernández se dio cuenta de que la discriminación contra la comunidad LGBTIQ+ podría haber sido aún más grave de lo que inicialmente creyó. Esto se debió a que la población LGBTIQ+ presentó niveles más bajos de comportamiento delictivo, pero, pese a esto, enfrentó sentencias con penas más largas. La desigualdad en las sentencias fue significativamente más marcada para las personas de la comunidad LGBTIQ+ e indígenas, aun en modelos que controlaron un amplio rango de variables, incluyendo el delito por el cual fueron condenadas. En otras palabras, las personas fueron tratadas de manera injusta simplemente por ser quienes eran, no por sus acciones.

Pero, con respecto al tono de piel, Hernández no encontró en su análisis una relación relevante entre la duración de la sentencia y el tono de piel. Esto no significa que no haya discriminación basada en el tono de piel; simplemente indica que los datos y los métodos utilizados en la encuesta realizada por el Inegi y en la muestra tenían algunas limitaciones. Por ello, en días recientes, llamé a Hernández y le pedí que me ayudara a explorar la conexión entre el tono de piel y las métricas que el Inegi desarrolló para caracterizar las condenas erróneas o, si se quiere, a los inocentes encarcelados.Esto nos permite ver con claridad la relación entre color de piel e inocencia. Van tres ejemplos:

• En Guerrero, un 31% de cuya población se identifica como indígena y es el segundo estado con mayor población con tono de piel oscura, el 71.3% de sus prisioneros afirmaron que son inocentes.
• En Chiapas, un 27% de cuya población se identifica como indígena y es el cuarto estado con tono de piel más oscura, el 80.3% de sus encarcelados aseguran ser inocentes.
• En contraste, en el estado más blanco, Baja California, y donde solo el 11% de cuya población se identifica como indígena, el 35% de sus reclusos dicen ser inocentes.

A partir de los datos que el Inegi ha publicado, los análisis que Hernández realizó para su disertación y la investigación que se hizo para este texto, sabemos que el color de piel de las personas determina las oportunidades de defensa a las que tienen acceso. Ser moreno significa no poder apelar. Ser moreno significa no poder pagar un amparo o una apelación o un abogado que nos defienda. Por lo tanto, podemos concluir que persisten enormes sesgos en el sistema de justicia penal mexicano.

¿Qué podemos hacer?

Dos cosas. Defender mejor a las personas acusadas. Y medir mejor el problema de discriminación.

No podemos hacer una serie de Netflix para cada persona encarcelada injustamente. Casi a diario, desde el estreno de Duda razonable, recibo un mensaje de alguien que me cuenta una historia de horror de cómo ella o él o un familiar o un amigo está atrapado en las fauces de la maquinaria penal, injustamente acusado. Más allá de atender las emergencias que este sistema engendra a diario, debemos preguntar: ¿Qué cosas específicas puede hacer el gobierno de México para ampliar el servicio de defensa, en calidad y número?

Primero, brindar ayuda financiera para que los acusados puedan libremente elegir y pagar un abogado. La asistencia legal es un tipo de apoyo especial que se brinda en varios países a personas que no pueden pagar un abogado o asesoramiento legal por sí mismas.

Segundo, incrementar la calidad de los defensores penales.  Para abordar el tema de calidad, es necesario tener en cuenta cierta información de contexto. En México hay muchísimos abogados, pues se crean nuevas escuelas de derecho con demasiada facilidad. Literalmente, cada semana surge una nueva escuela de derecho. Esta situación merma la calidad de los servios legales pues no hay un control de calidad efectivo sobre la profesión. México podría crear un examen estandarizado obligatorio a nivel nacional que sirva como requisito para ejercer la abogacía, de modo que no sea suficiente simplemente concluir una licenciatura.

Tercero, incrementar la oferta (es decir, el número) de defensores (de calidad) especializados en el tema penal. A pesar de que hay muchos licenciados en derecho, hay pocos con el entrenamiento y el respaldo institucional necesario para defender a quienes enfrentan una acusación penal. Para ello propongo reutilizar una institución que tiene muchos abogados de gran calidad y experiencia, pero que no está funcionando como debiera ni incidiendo en los casos como podría si estuviera diseñada de otro modo. Me refiero a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a todas las comisiones estatales en la materia. Según análisis publicados, en su conjunto, estas instituciones nos cuestan mucho y tienen un poder práctico limitado para defender efectivamente los derechos humanos de los acusados penalmente.

((Según Magaloni y Elizondo, en un texto publicado en 2010, el gasto excesivo de la CNDH es evidente y se compara mal en relación con el de otros países. A lo largo del tiempo, el gasto en la CNDH ha aumentado de manera considerable, incluso en rubros que no están relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos. Esto ha generado la percepción de que la CNDH es una institución obesa y con impacto insuficiente en la construcción de una verdadera cultura de derechos humanos.))

Por ejemplo, CNDH pudo intervenir en el caso documentado en Duda razonable con una investigación que felizmente, concluyó con una recomendación que confirma la tortura. Sin embargo, la recomendación llegó después de que los protagonistas de la serie habían sido liberados. Esto permite concluir que la labor de la CNDH en este caso no tuvo impacto alguno en que recuperaran su libertad. Sugiero modificar de manera drástica la misión y los poderes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y reorientar a parte de su personal para que puedan brindar servicios de defensa efectiva a grupos marginados que enfrentan acusaciones penales. Es importante que los abogados de CNDH puedan ser defensores caso por caso en los tribunales. Este es por ejemplo el diseño institucional en Colombia.

Por lo que hace a medir mejor, podemos considerar los problemas de medición que Hernández enfrentó para observar el tema de discriminación en el diseño de la próxima versión de ENPOL. Como ejemplo, la evaluación y percepción del color de la piel empleadas en la ENPOL 2021 implican un grado de subjetividad que pudo habernos impedido observar la discriminación por tono de piel en el análisis que Emiliano intentó. Para superar los problemas de medición de la tonalidad de la piel, la solución puede implicar usar una herramienta llamada “colorímetro” que mide el color de piel de las personas de manera objetiva, sin dejar de lado que esto pueda implicar un costo adicional para la encuesta.

((La cuantificación objetiva del color de la piel se puede lograr con dispositivos colorimétricos. Estos calculan la intensidad de luz reflejada por la piel y se correlacionan con la pigmentación. El artículo “Research Techniques Made Simple: Cutaneous Colorimetry: A Reliable Technique for Objective Skin Color Measurement” describe principios básicos del sistema de color llamado CIELAB y cómo usar dispositivos colorimétricos en investigación. cutánea.))

Por otra parte, en México hay un grupo que enfrenta una fuerte discriminación y está sobrerrepresentado en la población penitenciaria. Se trata de personas con disfunciones psicosociales, inteligencia limítrofe, déficit de hiperactividad e inatención, estrés postraumático y otras aflicciones mentales. Lamentablemente, esta población es invisible en los datos recopilados por INEGI, ya que no se recoge suficiente información sobre ellos en la ENPOL 2016 o 2021. Quienes están en estos grupos enfrentan un alto riesgo de ser encarcelados, ya sea de manera justa o injusta.

Si este grupo recibiera una atención adecuada, y me refiero a una escala tal que se pudiera identificar y atender a la mayoría de estas personas de forma efectiva y significativa, México podría experimentar una reducción en la cantidad de delitos cometidos. Este fenómeno se ha observado en los Países Bajos, que ha predicado alternativas de tratamiento en libertad para personas con disfunciones mentales.

{{El sistema de justicia holandés está reduciendo la población carcelaria al ofrecer rehabilitación especializada a personas con enfermedades mentales. Esta tendencia en los Países Bajos busca evitar el encarcelamiento innecesario y se enfoca en brindar cuidados en la comunidad a personas con problemas psiquiátricos. Se ha cerrado un número significativo de prisiones debido a la disminución de las sentencias penitenciarias, y el país tiene una de las tasas de encarcelamiento más bajas de Europa. En lugar de imponer penas de prisión, el sistema TBS ofrece tratamiento y reintegración a personas que puedan ser responsables parcialmente o no responsables de sus delitos debido a trastornos mentales. La reducción de la población carcelaria se atribuye también a la utilización de alternativas a la prisión, como multas y mediación judicial, y una disminución en la delincuencia juvenil. Fuente: “Why are there so few prisoners in The Netherlands”}}

Para respaldar este punto con evidencia concreta, le sugerí a Emiliano que elaborara una gráfica que muestre dos variables ya medidas en ENPOL 2021: reincidencia y consumo de cocaína en polvo. El gráfico muestra claramente que el consumo de drogas está fuertemente vinculado con ingresos previos a prisión.

Para lograr una reducción efectiva de la criminalidad en México, es fundamental que las personas enfrenten acusaciones penales en condiciones de igualdad. Sin importar su color de piel. Sin importar su preferencia sexual. Sin importar su nivel económico. Sin importar si padecen aflicciones mentales. Mucho nos ha ayudado Inegi a tender la mirada a quienes están en las cárceles, y mucho más podemos hacer. ~