La economía cubana está sufriendo su peor crisis desde la década de 1990, cuando la desaparición de la Unión Soviética provocó una caída del 35% del Producto Interno Bruto (PIB). El actual descalabro se explica por tres causas clave.
a) Desde el 2000 Venezuela ha sido el principal sostén de la economía cubana: la relación económica total entre los dos países alcanzó en 2012 una cima de 16,000 millones de dólares pero en 2017 cayó a la mitad. Su principal componente fue la compra de servicios profesionales cubanos mayormente médicos
((Venezuela paga veintisiete veces más por médico cubano que lo que cobra un médico promedio venezolano, lo cual envuelve un subsidio oculto, la balanza comercial siempre resulta en un déficit contra Venezuela.
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por parte de Venezuela, que después menguó en 24%. El suministro de petróleo, un trueque por el envío de los médicos, descendió 71% en el periodo 2013-2018. Respecto al PIB cubano, la relación económica total mermó de 12% a 9% entre 2012 y 2018. Si Nicolás Maduro cae, Cuba perderá otros 8,000 millones de dólares.
b) En 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementó el título iii de la Ley del Embargo que permite reclamar propiedades expropiadas por la Revolución y que, por trece años, no había sido aplicada. Esta acción ha desatado una serie de demandas en los tribunales de Estados Unidos y ha provocado un efecto congelador en la inversión extranjera. Además, el gobierno ha prohibido los viajes en crucero, lo cual reducirá el número de turistas y, por tanto, los ingresos, que representan la tercera fuente en divisas. Trump también ha puesto un tope al envío de remesas de cubanos en el exterior, que habían constituido la segunda fuente de divisas para la isla.
c) No menos importante es la continuidad de una economía centralizada con fuerte predominio del plan y las empresas estatales sobre el mercado y la propiedad privada. Esto a pesar de que la presidencia ahora se encuentra en manos de Miguel Díaz-Canel, un civil de la nueva generación (el cual apuesta al “continuismo”), y de la promulgación en 2018 de una novel Constitución que reconoce la propiedad privada, aunque la enlista penúltima entre las seis formas de propiedad de los bienes de producción, y no la garantiza. En 2018, las principales producciones agropecuarias, mineras y manufactureras continuaron su declive. Los precios se han disparado y hay una aguda escasez de alimentos. En 2018, el presidente anunció una tasa de crecimiento del 1.1% pero el pasado julio mágicamente se duplicó.
En la última reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el pasado abril, Raúl Castro reconoció la crisis y el peligro de que el régimen de Maduro colapsara. Sin embargo, no se han tomado las medidas drásticas que demanda una crisis urgente y creciente. En mayo de este año, el presidente Díaz-Canel anunció nuevas medidas, la primera de las cuales fue aumentar el salario en un 38%, pero limitado a la mitad del sector estatal (“presupuestario”) de la economía. Durante el mandato de Raúl, los aumentos habían sido pequeños, bajo el argumento de que había primero que aumentar la productividad (también la producción, aunque esto no lo dijo): 3.6% en 2017 y 1.3% en 2018. El alza de 2019 es una medida que no mejora la situación de la mayoría de la población que es excluida y que tendrá otros efectos económicos adversos. Además, si se ajusta el salario a la inflación anual, resulta ser un 54% del nivel salarial en 1989 (antes de la crisis), o sea, el poder adquisitivo de los empleados estatales ha bajado en 46% y el nuevo salario (igual a 43 dólares mensuales) sigue siendo insuficiente para comprar la canasta básica de alimentos, mucho menos para cubrir otros bienes de consumo y servicios. Para sobrevivir son esenciales las remesas externas (no se sabe si bajarán con las medidas trumpistas) o el robo a los bienes estatales (eufemísticamente tildado de “desviación de recursos”) o trabajar en el sector privado (que el gobierno constriñe).
El alza salarial será financiada probablemente con un incremento de la emisión monetaria. Según la Oficina Nacional de Estadística cubana (ONEI), la liquidez monetaria en manos de la población creció de forma consistente desde 34% del PIB en 2004 hasta 59% del PIB en 2018. Se trata del mayor porcentaje desde la cima de 73% en 1993, el peor año de la crisis, y supera los porcentajes de los años 1992 y 1994, antes y después de dicha cima. Es posible que en 2019 se repita la superliquidez de 1993.
El aumento salarial aumentará la demanda y la expansión monetaria alimentará la inflación, porque es improbable que suba la producción de alimentos. Las cifras oficiales de la inflación (el Índice de Precios al Consumidor, IPC) son muy bajas (ha habido años de deflación, como -3% en 2016) y no son confiables por tres razones: 1) en la economía centralizada cubana, buena parte de los precios no los fija la oferta y la demanda sino el gobierno y eso artificialmente baja el IPC; 2) la ONEI nunca ha publicado la canasta básica de bienes y servicios con que se mide el IPC, por lo cual es imposible comprobar su confiabilidad; y 3) el cálculo del IPC usa solo las transacciones en pesos nacionales (CUP) con los que el gobierno paga a la población, pero excluye las hechas en pesos convertibles (CUC) con los que la población hace compras considerables.
((Un CUC equivale a 25 CUP y es algo mayor que un dólar estadounidense.
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De ese modo subestima la inflación. Por todo ello, la serie de creciente liquidez monetaria antes mencionada es un indicador más confiable que la inflación oficial.
En 2019, ha ocurrido en Cuba una severa escasez de alimentos básicos como harina, pan, pollo, aceite, huevos, etc., resultado de que la producción agropecuaria disminuyó del 20% del PIB en 2007 a -1.5% en 2017. Un análisis hecho por mí de la producción en los trece cultivos más importantes entre 2009 y 2018 demuestra que se alcanzó un cenit; y después una disminución en diez de ellos y un crecimiento en tres. Más aún, la producción en 2018 era inferior (entre -22% y -91%) a la de 1989 en siete de los trece productos.
La aguda escasez ha forzado al gobierno a retornar varios alimentos a la libreta de racionamiento cuya gradual desaparición era una de las metas de Raúl Castro. En 2007-2018, el valor de las importaciones de alimentos aumentó 17%; en 2018 se importaron 1,929 millones de dólares de alimentos, equivalentes al 18% del total importado, con el fin de satisfacer el 80% del consumo nacional. La gran mayoría de esos alimentos podría producirse en el país. Si Cuba quiere seguir sirviendo a la deuda externa restructurada (que aumenta cada año) tiene que reducir la importación –se ha decretado una “política de austeridad” para enfrentar la crisis–. Es probable que esta reducción haya ocurrido en 2019 y explique en parte la aguda escasez.
Otra medida debatible del presidente ha sido implementar límites de precios en el sector privado. Esta política se ha usado varias veces sin ningún éxito, porque los productores recurren a ingeniosas triquiñuelas: esconder la producción y venderla en el mercado negro, recurrir al trueque, incrementar el consumo familiar, etc. En 2016, debido al alza de precios en productos agrícolas y un reclamo de la ANPP, el gobierno intentó controlar los precios agrícolas y, a la par, ofreció precios topados en los mercados estatales, lo cual implicó un subsidio costoso. Muchos economistas en Cuba y en el extranjero (incluyéndome) criticamos la medida porque vaticinamos que ocurrirían las triquiñuelas citadas, además de que sería insostenible financieramente a mediano y largo plazo. Eventualmente, Marino Murillo (el encargado del seguimiento de las reformas raulistas) informó que esa política había sido muy bien acogida por la población, en especial la de menor ingreso, pero reconoció que fue necesario incrementar la importación de alimentos, lo cual no era sostenible. Hace un par de años, se trató de imponer máximos a las tarifas de los taxis privados, estos pararon, el gobierno tuvo que importar ómnibus y a la larga se hizo de la vista gorda. Las lecciones del pasado no se aprenden y se vuelven a repetir errores, como se hace ahora con los límites de precios al sector privado.
¿Hay alguna solución a los problemas descritos? Los partidarios de una economía de mercado recomiendan un giro drástico en esa dirección, pero yo pienso que, aunque podría ser una solución lógica –sometida a los controles necesarios–, tiene poca probabilidad de aplicarse en la Cuba actual. Una alternativa más viable para los dirigentes cubanos sería seguir las exitosas políticas de China y Vietnam, países que aplican un “socialismo de mercado”, bajo el gobierno del partido comunista. Examinemos cómo atacaron el problema de la alimentación que es primordial en Cuba. Ambos, especialmente China, sufrían hambrunas periódicas que causaban millones de muertos y ahora son autosuficientes en alimentos. Más aún, Vietnam es el segundo exportador mundial de arroz y abastece 250,000 toneladas a Cuba, que podría producirlas. En los dos países asiáticos, el sector privado prevalece en la agricultura, mientras que en Cuba es muy pequeño. En los primeros, los contratos del gobierno con los campesinos son por cincuenta años o por tiempo indefinido (lo que estimula la confianza, el esfuerzo y la inversión), pero en Cuba son por veinte años para los usufructuarios (muy poco para recuperar la inversión). Además, el Estado cubano puede cancelar el contrato por diversas razones incluyendo el “interés social”. China y Vietnam incentivan la inversión privada mientras en Cuba se limita arbitrariamente a 3% de la parcela que cultiva el usufructuario y otro severo obstáculo son los engorrosos trámites burocráticos para aprobar la inversión. La política sino-vietnamita da libertad al granjero para decidir qué sembrar, a quién vender y fijar los precios por la oferta y la demanda, pero en Cuba se impone una cuota obligatoria de la cosecha que el agricultor debe vender al Estado a un precio fijado por el gobierno por debajo del precio de mercado (acopio). Y por si esto fuera poco, se carga a los productores impuestos gravosos que pueden llegar al 50% de su ingreso o producción. Todos son enormes desincentivos a la producción agropecuaria en Cuba.
Se culpa al “bloqueo” estadounidense –al que me he opuesto desde 1965– de todos los males de la economía cubana, pero también hay un bloqueo interno: el grupo ortodoxo que se ha opuesto tozudamente por más de un decenio a la reforma profunda del statu quo. Cuba podría resolver el problema alimentario cambiando su política de la manera explicada y en seis o siete años convertirse en autosuficiente. Ya es hora de tirar al trasto las medidas ineficaces que, por sesenta años, no han funcionado ni en Cuba ni en el mundo, y coger al toro por los cuernos. ~
es catedrático distinguido emérito de economía y estudios latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh y especialista en seguridad social. En 2007 recibió el Premio de la OIT al Trabajo Decente (compartido con Nelson Mandela) por su labor en pro de la protección social en el mundo.
