El cine mexicano reseña el pulso convulsionado del presente: se atreve a hablar de lo prohibido, lo diferente, lo propio, lo entrañable. Nos permite hacer un ejercicio de memoria y reflexión sobre el país que fuimos, el que somos y el que soñamos ser. Pero el mundo globalizado nos arroja hoy a un torbellino de imágenes e información que satura nuestra capacidad de comprender, asimilar, apreciar y diferenciar el arte cinematográfico. (El colonialismo cultural al que estamos sometidos en México es feroz: se consume mayoritariamente lo producido en los países hegemónicos.)
No confundamos el cine, el arte cinematográfico, con la industria global del entretenimiento. Aceptar esa confusión hace que se establezca una visión única del mundo, y entonces ¿dónde quedan las otras propuestas?, ¿vamos a ceder todas las salas, cámaras, luces y pantallas a los criterios implacables de la lógica del mercado que no pondera la calidad sino la ganancia inmediata?
Para evitar ser un mero consumidor pasivo de la cultura que se proyecta omnipresente en los cines, el público tiene el derecho de acceder a la producción nacional y a la que proviene de los distintos países del mundo. Para comprender este derecho, conviene dejar de pensar el cine como un modelo lineal de comunicación que va del director a la pantalla y al espectador: el público no es el último eslabón del proceso de producción, sino el centro mismo, el propósito de la creación. Sin embargo, la ley, sus reglamentos y normas suelen considerar al espectador como consumidor pasivo. Ante ello, debemos apostar por un espectador ciudadano, uno que haga valer su derecho a la libre elección de los productos culturales que consume. En este sentido, el cine y la cultura deberían ser declarados actividades estratégicas en la Constitución para, en consecuencia, garantizar y proteger su creación y libre acceso.
En México, uno de los principales problemas es que el piso no es parejo para los distintos actores de esta industria cultural. Cuando la regulación solo tiene una visión de mercado que no se relaciona con el derecho a la cultura, las películas mexicanas no llegan al público y, por lo tanto, la regulación cumple una función similar a la censura. En nuestro país, además, la gran mayoría de la población no tiene acceso al cine, porque no tiene los recursos para hacerlo o porque no hay un cine cerca de sus casas. La pregunta es: ¿cómo llegar a las audiencias?
Debemos avanzar considerando los nuevos paradigmas de la convergencia digital (las películas ya no se ven solo en el cine, sino también en tablets, computadoras, smartphones), las multipantallas –los grandes complejos con una veintena de salas–, los esquemas de negocios y de servicios transfronterizos –como los servicios de streaming, que al no pagar impuestos en México provocan una merma en la recaudación fiscal–, las nuevas y diversas plataformas de distribución y consumo de las obras cinematográficas y de los contenidos audiovisuales donde se exhibe gran parte de nuestra producción.
Esta no es una avenida de un solo sentido. La comunidad de creadores cinematográficos y audiovisuales debe comprometerse a demandar y vigilar el cumplimiento de estos derechos. Hoy no existe un marco regulatorio para ello, lo que, de nuevo, afecta los derechos culturales, de propiedad, de intérprete y de autor. Se requiere entonces una revisión profunda de la ya obsoleta Ley Federal de Cinematografía: reformarla, actualizarla y redimensionarla en función de estos nuevos paradigmas con sus obligadas implicaciones en la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, así como en los tratados de libre comercio que México sostiene con otras naciones. Esto, además, debe hacerse a la par de la evaluación de las medidas arancelarias y de protección a la exhibición de nuestra producción cinematográfica.
Los bienes culturales simplemente no pueden ser tratados como mercancías, sujetos a las reglas de la oferta y la demanda que rigen el mercado mundial. El Estado debe asumir la responsabilidad del fomento, la promoción y la protección de la cultura nacional. Esta responsabilidad será un reto y deberá ser una obligación de quienes han de gobernar el país durante los próximos años. Habrá que crear los mecanismos necesarios, transparentes, no discrecionales y con visión de futuro para el resguardo y la protección de nuestro cine en un marco de pluralidad, equidad, democracia y respeto a los derechos fundamentales. El objetivo es que nuestras películas sean proyectadas en las mejores condiciones y ante diferentes públicos, de modo que puedan encontrar sus audiencias, algo que en la actualidad no ocurre. ~
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Este texto es una versión adaptada del discurso pronunciado en la 60ª entrega de los Premios Ariel.
es director de cine, guionista y actual presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
