Lo sucedido a fines de marzo, con las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fue un zarpazo más a la Constitución y las leyes, de la larga lista que viene sucediéndose desde que Hugo Chávez inventara el “Socialismo del siglo XXI”. Estas sentencias, parcialmente modificadas después de la tormenta provocada por la fiscal de la república y las reuniones y declaraciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Mercosur y otros actores de la comunidad internacional, forman parte de la estrategia gubernamental para consolidar una dictadura patrimonialista en el país. La estrategia sufrió un revés temporal pero continúa.
El gobierno viene siguiendo este camino desde que Nicolás Maduro ganara de manera muy apretada la presidencia en 2013. Sin embargo, desde fines de 2015 encontró un obstáculo, cuando los partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) obtuvieron la mayoría en la Asamblea Nacional (AN), liberando, luego de diez años, ese poder público de su sumisión a los dictámenes del chavismo. Los pasos se aceleraron entonces para neutralizar la dinámica que podría generar ese poder sustraído del control de Maduro y su cúpula. Destacan, entre muchas medidas, la designación irregular de un número importante de magistrados (trece) y suplentes (veinte) del TSJ para reforzar su control sobre el Poder Judicial y la sentencia dictada por ese remo- zado TSJ de declarar sospechas de fraude en las elecciones parlamentarias del estado Amazonas, para despojar a los partidos opositores de tres diputaciones allí obtenidas, con lo cual perdieron la mayoría de dos terceras partes en la AN. Habría que añadir también los atropellos del Consejo Nacional Electoral, también controlado por la cúpula chavista, que suspendió de manera abrupta e irregular un referendo revocatorio presidencial y el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que Maduro hizo aprobar en el TSJ. Gracias a este decreto, y contando siempre con la complicidad del Tribunal, el chavismo fue privando a la Asamblea Nacional de sus funciones contraloras y legislativas. El TSJ ha dictado no menos de sesenta sentencias para obstaculizar medidas aprobadas en la AN, derogar leyes y paralizar iniciativas.
Dos sentencias continúan el desmantelamiento definitivo de las instituciones democráticas del país. La número 155 da al ejecutivo potestad para legislar en toda materia e incluso le ordena gobernar conforme al Estado de Excepción. También aprovecha la sentencia para quitar la inmunidad a los diputados opositores; el Tribunal se basa en un desacato de la AN, dictado por él mismo, porque formalmente no ha retirado a los diputados de Amazonas. La sentencia 156 interpreta el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos, dándole a Maduro potestad para crear empresas mixtas y realizar actividades en materia de hidrocarburos sin autorización de la Asamblea. Ahí el TSJ aprovechó para decidir que él, o quien él disponga, asumiría las competencias de la AN mientras dure el supuesto desacato. Como vemos, este Tribunal compite con ventaja en los anales de la ignominia judicial.
Las repercusiones de las sentencias siguen desarrollándose por lo que aún es demasiado pronto para tener claros sus saldos en la consolidación o no de la dictadura. Lo más significativo a nivel nacional fueron las declaraciones de la fiscal general, Luisa Ortega, quien sorprendentemente, en la presentación de un informe, afirmó que las sentencias significaban una “ruptura del orden constitucional”. Esta declaración de una de las autoridades del Poder Ciudadano, hasta ahora subordinado a las directrices de Maduro, puso en carrera al gobierno, que hubo de retractarse parcialmente convocando y usando las sugerencias de un Consejo de la Defensa Nacional, que no tiene competencia para sugerirle nada al TSJ.
La inmunidad despojada a los diputados y el traspaso de las funciones legislativas al Tribunal fueron eliminados en unas sentencias posteriores, llamadas “aclaratorias”, que no están contempladas en parte alguna de la normativa legal venezolana. Quedaron vigentes, empero, otras materias, que junto a las sentencias previas dictadas por este espurio TSJ han castrado a la Asamblea Nacional de sus competencias y al país de su democracia. La muy grave potestad concedida a Maduro para crear empresas mixtas, endeudarse y realizar todo tipo de actividades financieras y económicas, sin necesidad de que sean aprobadas por el Legislativo, por ejemplo, no fue tocada. Así pues, Maduro puede continuar sin control alguno en su camino para conseguir dinero y proseguir en su desquiciada, corrupta e inviable economía “socialista”.
La rectificación también fue posible por la rápida y firme posición de la mayoría de países que conforman la OEA, Mercosur y otras instancias de la comunidad internacional. Mientras finalizo esta breve nota, la lucha sigue en las calles de Caracas y otras ciudades del país, en lo que parece ser un nuevo despertar de la ciudadanía, que esperamos empalme esta vez de manera pacífica y más sintonizada con los partidos de la MUD. Solo una articulación de lo social con lo político podrá, junto a la presión internacional, desviarnos de la vía autoritaria que llevamos y ponernos en el camino a una transición democrática, aspiración hoy compartida por la gran mayoría del país. ~
Es analista política y doctora en ciencias sociales por la Universidad Central de Venezuela. Autora, entre otros libros, de El ocaso del chavismo. Venezuela 2005-2015 (Alfa, 2016)
