“No tengo dónde vivir, escogí las palabras”, dice la poeta nicaragüense Gioconda Belli en uno de sus recientes versos de dolor y destierro. Letras que resumen, sin duda, la condición de cientos de periodistas, escritores y artistas que en los últimos siete años han sido forzados a abandonar su país, Nicaragua, por su trabajo comprometido con la libertad.

Como Belli (Managua, 1948), los intelectuales nicaragüenses han sido perseguidos desde abril de 2018, cuando una rebelión social puso en jaque al gobierno de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo. Lo que comenzó como una protesta de jóvenes contra una reforma inconsulta a la seguridad social se transformó en la mayor revuelta cívica de las últimas décadas en el volcánico país centroamericano.

Los escritores y poetas no participaron en acciones violentas, tampoco los periodistas que dimos cobertura ininterrumpida a la crisis y documentamos la muerte de al menos 350 personas a manos de policías y paramilitares. Pero el simple hecho de levantar la voz contra el rumbo autoritario del régimen nos convirtió en víctimas de la represión y nos obligó al destierro indefinido, al igual que cientos de miles de nicaragüenses más. No pocos aseguran que Daniel Ortega es hoy un tirano más cruel y perverso que Anastasio Somoza, a quien ayudó a derrocar en 1979 como uno de los comandantes del movimiento sandinista que  cosechó la simpatía de la juventud latinoamericana de entonces. 

Junto a Gioconda Belli también partió al exilio Sergio Ramírez, ex vicepresidente sandinista, Premio Cervantes 2017 y Premio Vargas Llosa 2025. Ambos fueron despojados de sus propiedades, sus pensiones de vejez y su nacionalidad nicaragüense, una medida aplicada también a centenares de opositores y sus familias.

Los máximos exponentes vivos de la literatura nicaragüense residen en Madrid desde 2021, impedidos por el régimen a regresar a su tierra, como también lo están los conocidos trovadores Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, exiliados en Estados Unidos y Costa Rica, respectivamente, al igual que decenas de artistas más entre los que figuran músicos, artistas plásticos, editores y cronistas.

Poetas clandestinos 

Junto a la censura impuesta a los libros de autores críticos, hoy calificados como “golpistas” y “traidores”, el gobierno persigue a todo aquel que desafíe la narrativa oficial que justifica la represión: escritores, promotores culturales o simplemente dueños de locales donde muy raramente se presentan nuevos libros.

Para el joven poeta William González Guevara, radicado en España, Nicaragua es actualmente “una república de escritores clandestinos”. Escondidos, dispersos, “su pluma resiste bajo seudónimos […] no existe un solo espacio donde sentirse en libertad”, escribió González en un artículo reciente.

“Nicaragua es un desierto cultural que nadie ve agonizar. Un verso con sed. En estos miles de kilómetros cuadrados ya nada queda de esa revolución poética impulsada por Ernesto Cardenal. Parece que el fantasma de Somoza ha vuelto con otro nombre: Daniel Ortega. La poesía se ha escondido en fincas, se organizan recitales ocultos en parroquias y catedrales. No existen editoriales independientes y el contenido de las que subsisten está condicionado por lo que dicta el régimen”, aseguró.

Ernesto Cardenal (1925-2020), el legendario sacerdote trapense que en la década de 1970 fundó una comunidad de poetas guerrilleros en la isla de Solentiname, en el sur de Nicaragua, fue ministro de cultura de la revolución sandinista. Homenajeado en todo el mundo, en su país fue perseguido hasta el fin de sus días por Rosario Murillo: ella, que reclama un lugar entre los poetas, fabricó juicios para encarcelarlo, expropiarlo y, durante sus exequias en la Catedral de Managua, envió fuerzas de choque que asaltaron y golpearon a los periodistas.

Hoy, muchos de los escritores y artistas en el exilio optan por mantener un perfil bajo, pues sus familiares que quedaron en Nicaragua han sido amenazados con la cárcel. Hace unas semanas, el gobierno exhibió a la periodista cultural Fabiola Tercero —tras mantenerla durante más de un año bajo arresto domiciliario de facto, es decir, sin acusación judicial o proceso penal alguno—, y acusó a los medios independientes que habían denunciado su desaparición.  

Informar en medio del silencio

A raíz de lo ocurrido en 2018, Nicaragua se quedó sin diarios impresos. Todos los medios críticos fueron clausurados y confiscados por el régimen, que obligó al exilio a más de 250 periodistas independientes. Hoy en el país solo quedan radios y televisoras manejadas por los hijos de Ortega y donde debutan jóvenes entrenados por rusos y chinos para manejar la propaganda oficial.

La periodista Lucía Pineda Ubau, directora del portal 100% Noticias, el canal de televisión más visto en Nicaragua hasta su cierre y confiscación hace siete años, estuvo presa durante seis meses junto al director y dueño del canal, Miguel Mora. Ella resume lo vivido en dos palabras: “un infierno”. Ambos trabajan en el portal desde su exilio en Estados Unidos, con un personal muy reducido pues les robaron todo lo que tenían en Managua: edificio, estudios y equipos. 

Igual suerte corrieron otros medios de prestigio que operan desde Costa Rica, como el portal Confidencial, dirigido por el respetado periodista Carlos Fernando Chamorro, y el casi centenario diario La Prensa, al que el gobierno le confiscó oficinas y equipos valorados en 10 millones de dólares. Desde el exilio informan también, con gran esfuerzo y pocos recursos, otras plataformas independientes: Artículo 66, Nicaragua Investiga, Intertextual, Radio Darío Internacional y Divergentes, por citar solo algunas.

En una encuesta que acaba de ser divulgada, la organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) reveló el impacto del exilio sobre las y los reporteros, en su mayoría radicados en Costa Rica, Estados Unidos y España. El 81% de ellos ha visto disminuir drásticamente sus ingresos el último año y el 59% ha tenido que buscar empleos complementarios en áreas como hostelería, construcción y servicios domésticos.

En los últimos años, Ortega y Murillo también han cerrado una veintena de universidades privadas y más de 5.600 ONG, incluyendo organismos de asistencia social de la iglesia católica, que tiene prohibido celebrar procesiones en la vía pública. Al menos 260 sacerdotes y monjas han sido desterrados, en represalia por haber apoyado las protestas sociales o porque en alguna homilía dijeron algo que molestó al régimen.

Durante la dictadura somocista, los comunicadores ejercieron el llamado “periodismo de catacumbas”, que consistía en reunirse en el atrio de las iglesias o en los parques para leer noticias que el tirano censuraba. Hoy, no se permite ni eso. Cada esquina del país está vigilada.

Según la oposición, en Nicaragua actualmente hay al menos 73 presas y presos políticos entre abogados, estudiantes, defensores de derechos humanos, guardabosques indígenas y activistas sociales, varios de ellos en condición de desaparecidos porque ni siquiera sus familiares pueden verlos.