Un sexenio peligroso para la educación superior
Aún no asumía el poder formalmente, cuando en agosto de 2018 Andrés Manuel López Obrador anunció que la bióloga María Elena Álvarez-Buylla estaría al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). La noticia no fue bien recibida por la comunidad científica por temor a que el criterio que permeara en la nueva era del Conacyt fuera la ideología antes que la capacidad técnica y la calidad de las investigaciones. Esos miedos han sido confirmados durante la primera mitad del sexenio. En su cruzada contra lo que han denominado “ciencia neoliberal”, López Obrador y Álvarez-Buylla han buscado la manera de controlar las agendas académicas del país.
Invitamos a académicos y estudiantes a que nos compartieran cómo se vive dentro de sus instituciones el asedio del gobierno, por qué es urgente que se defienda la autonomía universitaria y cuáles son las repercusiones que la injerencia gubernamental puede tener en la calidad de la investigación producida en el país. ~
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El 29 de junio de 2021, decenas de elementos de la Policía Auxiliar del Estado de Puebla tomaron de forma violenta la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) portando armas largas y medidas cautelares desmedidas. Los pocos estudiantes, profesores y administrativos que se encontraban en el lugar fueron desalojados entre amenazas e intimidaciones. Esto desató una serie de abusos e injusticias que hasta el momento siguen impunes.
Un grupo selecto de personas conformado por políticos de diferentes partidos, pero que se caracterizan por solamente ver por sus intereses personales, se atrevieron a atentar, con la protección del gobierno del estado, contra la educación universitaria. Las universidades que se encuentran bajo este ataque han soportado desde el secuestro de un campus universitario hasta la imposición de rectores o cambios a las estructuras que ponen en peligro la libertad académica.
Sin duda alguna es complicada la maraña de confrontaciones legales e ilegales que envuelven el caso de la UDLAP. Lo que debería ser un proceso judicial que respete el Estado de derecho se convirtió en el pretexto perfecto para secuestrar un campus. Acción que provocó la pérdida de casi un año de trabajo académico y de ocho meses de vida universitaria para los estudiantes de la UDLAP.
Si hablamos de las afectaciones externas, los pueblos de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula se enfrentan a una crisis económica creciente que se potencia por las consecuencias de la crisis sanitaria. Ambos municipios cifran la mayoría de sus ganancias en la derrama económica que los estudiantes generan. Quienes rentan sus casas y departamentos, las pensiones, los restaurantes, las cocinas económicas y los servicios perdieron a la mayoría de sus clientes. Los estudiantes provenientes de otras ciudades o estados, ante la incertidumbre, prefirieron quedarse en sus casas. Muchos otros se dieron de baja para no regresar.
La disputa nos dejó en desventaja, la comunidad universitaria debía luchar contra todo el peso del Estado. Nos enfrentamos a Alejandro Gertz Manero en su nuevo rol como fiscal general de la república, con la animosidad del gobernador de Puebla Miguel Ángel Barbosa y con la vulnerabilidad de la misma comunidad universitaria. Quienes propiciaron estos abusos en tiempos anteriores se han beneficiado de un discurso en pro de la educación. Durante este tortuoso proceso quisieron sostener como bandera de sus acciones la protección de los estudiantes, aunque sabemos de sobra que en nosotros nunca pensaron.
Nos ha quedado claro que los estudiantes en este país no somos más que una estadística que puede o no favorecer el discurso de ciertos políticos. Para los gobiernos estatal y federal de la actualidad nos hemos convertido en una piedra en el zapato. Si no formamos parte de alguno de sus clubes de animadores no tenemos un lugar en la conversación política del país. Situación que, para ser sincera, no es una novedad. Los estudiantes somos quienes pueden causar malestar a quienes ostentan el poder. Tenemos el potencial de ser una oposición ante el discurso oficial.
Con el tiempo, como universitaria, me encuentro frente al reconocimiento de la importancia que tienen la autonomía y la libertad académica. En estos momentos tan inciertos aprendemos a valorar aquellos espacios destinados al conocimiento y al pensamiento crítico. Descubrimos que la única forma de mantener los estándares académicos, de generar nuevas formas de enseñanza y construir caminos que nos lleven a mejores futuros es apegarnos a ellas. Debemos entender que sin libertad académica y autonomía no existen las universidades, estos son valores inherentes a la investigación y al desarrollo científico.
El pensamiento crítico se ha convertido en un privilegio cada vez más inaccesible, los costos de ejercerlo aumentan a la par que la inflación del país. Las universidades privadas han caído en una espiral de decadencia educativa que las deja aisladas de la esfera pública y las convierte en instituciones vulnerables con nula capacidad de acción. Muchos estudiantes creímos de forma ingenua que al encontrarnos cobijados por la idea de la educación privada la autonomía era algo dado, algo inherente a la institución. Sin embargo, en estos últimos años hemos descubierto que no existe tal cobijo.
Es cierto que estar en una universidad privada pone límites a la capacidad de los gobiernos para intervenir en las decisiones, pero también limita la participación estudiantil al mantener una visión clientelar de los estudiantes. Como instituciones privadas, nos condenan a los estudiantes a no tener voz ni voto en las cuestiones más simples, que debemos conformarnos con lo que las rectorías nos dicen y quedarnos callados ante las injusticias y los cambios que ponen en riesgo nuestra libertad académica. Para las instituciones privadas, los estudiantes también somos solo un número, una cifra que demuestra el aumento de la matrícula y, por ende, de los ingresos, y nada más.
Desde Puebla no solo nos enfrentamos con la incertidumbre sino con el centralismo educativo, pareciera ser que al no residir en la Ciudad de México estamos condenados al olvido. A pesar de todo esto, es importante reconocer que nuestro aislamiento no se compara con el ostracismo que las universidades del norte, el Bajío y el sur del país tienen que soportar. Es por esto que es posible que se tomen rectorías, se secuestren los campus, se busque intervenir en la administración y se limite la investigación. Hace falta ejercitar el músculo de movilización universitaria desde la manifestación pacífica y la incidencia política.
Tanto las instituciones como los gobiernos tienen deudas históricas con las y los estudiantes. Nuestra seguridad y desarrollo siempre queda al último de una larga lista de intereses políticos y económicos. La apatía nos consume en una era donde el activismo se limita a tuits y donde los estudiantes carecen de las herramientas para construir una oposición activa dentro de sus universidades.
El reto más grande es construir las redes que nos permitan protegernos entre instituciones. Hay que exigirles a nuestros representantes que defiendan a toda costa la educación. No podemos permitir que lo que nos sucedió en la UDLAP y en tantas otras universidades se convierta en una constante. Estamos hablando de miles de profesores, profesoras, alumnas, alumnos y trabajadores de las instituciones educativas que nos vemos afectados. Necesitamos justicia y la conseguiremos a toda costa. No deben quedar impunes quienes amenazan a la educación y deben sentir miedo quienes quieran hacerlo.
La autonomía universitaria no es un tema pasajero, sin ella las instituciones universitarias no son más que centros de producción sesgados que repiten discursos convenientes para aquellos en el poder y desdeñan cualquier posibilidad de pensamiento crítico. Estén de acuerdo o no quienes gobiernan, la autonomía está inscrita en la Constitución y debe ser protegida a toda costa.
Tras las experiencias vividas, desde la resistencia universitaria hemos comprobado que la autonomía es la máxima fortaleza de la educación superior. Sin ella no existe ningún tipo de seguridad ante el cuestionamiento de los discursos oficiales. Es a través de ella que podemos asegurar la supervivencia del conocimiento, la ciencia, la cultura y el arte. Un alumnado autónomo es un alumnado fortalecido. Esta misma fórmula aplica tanto para la academia como para todos los trabajadores del sistema educativo.
Después de una larga lucha de ocho meses es necesario entender que la causa es más grande que solo recuperar un campus. En la UDLAP debemos luchar contra la apatía y la comodidad. Le han declarado la guerra a la educación superior, han pasado por encima de nuestros derechos y han utilizado las instituciones en beneficio propio. En un país donde secuestran universidades, así como secuestran y asesinan estudiantes, la resistencia es lo único que nos garantiza la supervivencia.
La solución es hacernos responsables de lo que sucede con nuestras instituciones. Involucrarnos de tal forma que no haya manera de que nos vuelvan a tomar por sorpresa, que sepan que los estamos esperando y que daremos la lucha por la libertad educativa. La educación nunca debe ser a modo de los gobiernos y siempre debe ser en beneficio de las sociedades. Es hora de creer que juntos lo podemos todo, pero separados nos quedamos en la nada.
Pareciera que los gobiernos han encontrado un estadio donde pueden olvidarse de los atropellos del pasado. En este país no somos extraños a un gobierno que quiere pasar por encima de la educación. A lo mejor habría que recordarles en conjunto que no nos vamos a dejar. Habría que recordarles que los universitarios se encuentran listos para dar la batalla y que, sin duda alguna, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. ~
es estudiante de las licenciaturas en ciencias
políticas y en literatura en la Universidad
de las Américas Puebla (UDLAP)
