El 13 de noviembre de 2022 quedará marcado como un hito en la historia moderna de la democracia mexicana. Luego de cuatro años de resultados deficientes y desastrosos en salud, economía, educación, seguridad social, seguridad pública y certeza jurídica, la sociedad civil mexicana ha despertado, con la profunda convicción de defender las instituciones, ciertamente perfectibles, que han permitido que la democracia se consolide.
La marcha ahora conocida como “Marea rosa” tomó las principales ciudades del país bajo la consigna de “el INE no se toca”, un pronunciamiento firme y claro de libertad, democracia y civilidad de cientos de miles de mexicanas y mexicanos contra la pretensión autoritaria del gobierno federal de controlar al organismo que desde 1996 permanece independiente al poder ejecutivo, garantizando la participación ciudadana a través del voto.
Pero el mensaje de las calles no fue asimilado por su principal destinatario. En lugar del respeto a la conformación e integración del instituto electoral, vino la orden de una marcha convocada por el presidente, organizada y promovida con recursos públicos, para sanar el ego herido del presidente. Pero él será el gran perdedor de su apuesta, considerando que la movilización del próximo domingo 27 desde ya carece del que fue el rasgo principal de la Marea rosa: la espontaneidad. Organizarte tu fiesta porque nadie más tuvo la iniciativa de celebrarte no es lo más halagador del mundo.
Lo que sigue, por el lado del poder, ya se ha visto. En un desarrollo narrativo parecido al que observamos durante la consulta de revocación, el presidente seguirá en su mundo de ecos, llamando a una marcha que ignora el llamado de la ciudadanía. Y recursos públicos serán desviados para un acto de promoción indebida de la figura del presidente (el artículo 134 Constitucional prohíbe expresamente la propaganda gubernamental que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, incluido el presidente).
Los fracasos de esta administración se siguen acumulando, en detrimento de las personas que mantienen con su trabajo a este país. El Coneval dio a conocer el 22 de noviembre que el número de personas en situación de pobreza en México aumentó en 3.8 millones durante los primeros dos años del sexenio. Mientras, el metro de la Ciudad de México está inundado con el rostro y el nombre del presidente.
Los ataques al INE desde el poder se van a intensificar, aun cayendo en lo absurdo. En su comparecencia ante el Senado, la titular de la CNDH, Rosario Piedra, informó haber emitido una recomendación al INE sobre la matanza de henriquistas que reclamaban el fraude electoral en las elecciones de 1952, 38 años antes de la creación del primer IFE, y 44 antes de la creación del organismo cuya autonomía defiende hoy la ciudadanía.
En la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, anunció que espera que la reforma constitucional del presidente en materia electoral se discuta en el pleno los días 29 y 30 de noviembre. En caso de que no proceda (lo que sería indudablemente un triunfo de la Marea rosa), la reforma a leyes secundarias electorales, que contradice lo establecido en la propia Constitución, se discutiría en comisiones a partir del 7 de diciembre, en una ruta similar a la seguida para la militarización de la seguridad pública, cuya ejecución hoy se encuentra suspendida por las decisiones de dos jueces de distrito.
La reforma en materia político-electoral propone la elección de consejeros y magistrados electorales por la vía del voto popular individual y directo, sobre candidaturas designadas por el presidente, militante de Morena; por el Congreso, donde Morena tiene mayoría simple (el primer mandatario recientemente cometió el delito electoral de llamar a votar por un “carro completo” en favor de su partido en todas las próximas elecciones, para reformar a su antojo la Constitución y controlar al INEC, el nuevo instituto electoral que propone), y por el poder judicial, representado por la SCJN, cuyo titular ha sido cuestionado por académicos y especialistas por su expresa simpatía por el proyecto obradorista.
Someter a los árbitros electorales al modelo de democracia descrito constituye un grave riesgo para la democracia. Los consejeros y magistrados no representan mayorías políticas; su integración por la vía directa participativa pondría en entredicho los principios que los hacen legítimos ante la ciudadanía, que son su imparcialidad, objetividad, independencia y profesionalismo. Por otro lado, al situarlos en el lugar de políticos en campaña, los pone en la necesidad de contar con financiamiento, lícito e ilícito (es decir, los expone a las componendas de los “sobres amarillos”), así como de generar alianzas políticas que les garanticen el triunfo. Es decir, magistrados y consejeros perderían su calidad de ciudadanos profesionales, para trasladarlos al dominio de los intereses políticos, con todo el efecto corruptor que esto implica. Independientemente de lo anterior, el oficialismo también tiene en la mira hacerse de los cuatro consejeros a renovarse en el 2023.
Pero la sociedad civil es un factor determinante que el presidente no consideró en sus cálculos para el control político: las mexicanas y los mexicanos han recordado y se han apropiado de su poder soberano. La Marea rosa será un muro con el que el presidente se va a topar una y otra vez. Ya sea a través de una sencilla prenda rosa con que los ciudadanos inunden las redes sociales, en cívico y pacífico gesto de resistencia democrática, el próximo 27 de noviembre, o a través de juicios políticos para la defensa de sus derechos políticos ante el Tribunal Electoral, el mandato social se ha dado y no está dispuesto a ser ignorado una vez más por el poder.
El INE no se toca, como no se toca la libertad ni la dignidad personal de millones que creen en sí mismos y en un mejor futuro para sus hijos y su país. Ese es un límite en el que no hay concesión ni posibilidad de retroceder.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
