En el caos no hay orden. A pesar de su sencillez, la afirmación conlleva incertidumbre y ansiedad, cuando la ausencia de orden se traduce en la constante ruptura de una sana convivencia, en la que los individuos puedan enfocar su atención a resolver sus necesidades. Cuando la energía creativa se gasta en apagar infiernitos, poca queda para la innovación y el emprendimiento.
Si hay una palabra que define al gobierno del presidente López Obrador, es caos.
A lo largo de cuatro años, la única encomienda del presidente ha sido destruir certezas. Y no me refiero a aquellas relacionadas con creencias personales, sino a las que se han construido desde lo colectivo y han dado origen a diversas instituciones para que los individuos puedan desarrollarse, defenderse y proteger aquello que les es trascendente: su patrimonio, su desarrollo profesional, el cuidado de su salud, su integridad física, sus derechos humanos. Desde la desaparición de las estancias infantiles y el Seguro Popular hasta la instrumentación de iniciativas y decretos que transgreden los límites constitucionales, no hay freno a la voluntad presidencial.
O no lo hubo, por lo menos, hasta diciembre de 2022.
En los poco más de cuatro meses desde que la ministra Norma Lucía Piña tomó posesión como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este tribunal se ha erigido como la institución que empieza a poner orden en el caos presidencial.
La suspensión concedida por el ministro Pérez Dayán respecto a la primera parte del plan B, (la publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre del año pasado) dio certeza a los procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila. A su vez, la concedida por el ministro Laynez Potisek, que suspende la aplicación de la segunda parte del Plan B (publicada en el DOF el 2 de marzo de 2023), representa para los ciudadanos la certeza de la discusión y debate a profundidad sobre los beneficios y límites legales que presenta tal iniciativa, discusión y debate que no tuvo lugar en la Cámara de Diputados debido a la embestida de Morena, que faltó a todas las reglas del proceso legislativo.
La celeridad en la resolución de los asuntos por sus consecuencias en la vida nacional, que se traduce en el cumplimiento del principio de la justicia pronta y expedita, es otro aspecto positivo para resaltar en este nuevo periodo de la SCJN. Tomemos como ejemplo la relevancia de la cada vez mayor militarización de la seguridad pública emprendida por este gobierno. La controversia constitucional 90/2020, presentada por la entonces presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, en contra del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, se resolvió apenas el pasado 29 de noviembre, casi dos años y medio después de su interposición ante la Corte. En cambio, la acción de constitucionalidad 137/2022, presentada por senadores y senadoras de la oposición en contra del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de la Guardia Nacional; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el DOF del 9 de septiembre de 2022, se resolvió ayer 18 de abril, es decir, solo seis meses después de su presentación en octubre del año pasado.
Esta resolución constituye una defensa expresa de la Constitución y los derechos humanos de la ciudadanía, específicamente lo contenido en el artículo 21 de la Carta Magna, que ordena que la Guardia Nacional permanezca bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no bajo el mando de la Sedena. También abre la puerta a la generación de estrategias más efectivas en el campo de la seguridad pública, que partan de la certeza de las atribuciones y límites de los cuerpos de seguridad civiles en relación a los castrenses. Contenido el incendio, es posible que la tierra se regenere, permitiendo así la siembra de semillas nuevas.
Que acuse recibo la ministra Loretta Ortiz Ahlf, a quien se ha turnado la controversia constitucional y solicitud de suspensión para sesionar con cuatro comisionados presentada por el INAI: el funcionamiento institucional en plenitud de las atribuciones constitucionalmente conferidas al INAI no puede esperar. En sus manos está subsanar la violación a los derechos humanos de millones de mexicanos ejecutada por los senadores del grupo parlamentario del partido en el poder. No debe haber ni un asomo de afinidad entre la ministra Ortiz y el senador Salgado Macedonio, que quiere restituir la capacidad operativa del INAI a capricho y “cuando se quiera”.
Los mexicanos han resistido cuatro años extenuantes de un gobierno cuyas principales características son la corrupción, la destrucción y la falta de rendición de cuentas. Han generado olas de acción ciudadana que han frenado iniciativas de reformas constitucionales nocivas para el orden democrático. Gracias a la Suprema Corte, hoy pueden dedicar su tiempo y esfuerzo a la generación de agendas ciudadanas que recuperen el diálogo constructivo y propositivo, no solo reactivo. Si bien no todos los ministros gozan de la confianza desde sus propias actuaciones –y la vigilancia activa de los ciudadanos que asumen su poder a través del involucramiento directo en la vida política del país– , hoy sabemos que contamos por lo menos con ocho de ellos para restituir el maltratado Estado de Derecho y el imperio de la ley en nuestro país.
Hay, por fin, orden en medio del caos. ~
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
