Hay buenas nuevas para la sociedad mexicana: entre 2018 y 2022, la desigualdad y la pobreza disminuyeron, y a ello contribuyeron las políticas públicas de la presente administración. Sin embargo, estas noticias deben tomarse con mesura, pues la reducción de la desigualdad es modesta, la pobreza extrema subió y la política pública tiene resultados todavía no cuantificados, menos eficaces o incluso, en algunos casos, negativos. Aún más, el aumento histórico de la carencia de acceso a los servicios de salud generó mayor desigualdad, distinta a la del ingreso, contuvo la reducción en la pobreza y mostró fallas graves en la política social.
Es inevitable que en gran parte de la discusión pública de los cambios del bienestar se pierda de vista una serie de matices importantes para dimensionar los avances, ponderar los pendientes e, incluso, establecer los retrocesos. Uno de esos matices es que lo alcanzado ocurrió con una pandemia de por medio, lo que dificultaba casi cualquier política pública que se intentara. Otro, que hubo un esfuerzo consciente de este gobierno por dar apoyos monetarios generalizados en vez de enfocarse en los grupos más pobres, lo que anticipaba dificultades para redistribuir ingresos con cierta efectividad. Finalmente, un tercer matiz es que se quiso reestructurar el sistema de salud sin los medios apropiados, organizativos y presupuestales, justo para fortalecerlo cuando más se necesitaba.
El saldo es un panorama de claroscuros que admiten distintos énfasis, pero que es difícil de apreciar si se intenta reducirlo a un tema, a una cifra o un adjetivo para lo ocurrido y el paquete de políticas públicas que estuvo asociado a ello. Es por eso que hay que examinar tanto lo sucedido en materia de desigualdad, como con la pobreza y la política social en sus propios términos antes de intentar un balance integrado. A continuación, intento realizar tal análisis e integración sin dejar de reconocer avances, pero sin ignorar lo que se estanca y lo que se pierde.
Desigualdad
En materia de desigualdad, según información del INEGI, destaca que en 2018 el 40% de las personas con menores ingresos, donde se encuentra el grueso de la población pobre, aumentó la proporción del ingreso total que percibe, de 14.2% a 15%, mientras el 10% de las personas con más ingreso lo redujo de 36.5% a 34.4%. De esta forma, los más afluentes tenían 2.6 veces la participación el ingreso del grupo más pobre y esta relación cayó a 2.3 veces. Aunque esta caída es de tomarse en cuenta, no representa una gran reducción en la desigualdad, e incluso resulta menor que la registrada entre 2016 y 2018.
La menor desigualdad proviene en gran parte del ingreso laboral. Es posible que el incremento en los salarios mínimos y la limitación del ‘outsourcing’ expliquen parte de lo ocurrido. Debe recordarse que en esta administración el salario mínimo se elevó 95.6% de 2018 a 2022, lo que se tradujo en su aumento en términos reales de 60.1%, con incrementos aun mayores para la zona fronteriza norte. Estos aumentos se supone afectarían a los asalariados formales con remuneraciones próximas a las mínimas de ley, y tendrían un bajo efecto sobre el resto de los ocupados formales y un impacto casi nulo sobre los empleados informales o por cuenta propia.
La hipótesis de un gran efecto de los salarios mínimos sobre los ingresos laborales está aún por sustanciarse con los nuevos datos, y debe enfrentar dos hechos: entre 2018 y 2022 el mayor aumento de las remuneraciones al trabajo se dio en la ocupación informal y en el trabajo independiente, grupos que no están directamente afectados por el salario mínimo. La población ocupada formal y con trabajo subordinado, sobre la que se esperaría tuviera un impacto directo la regulación laboral, tuvo relativamente menores aumentos en sus ingresos.
Pobreza
De acuerdo con el Coneval, en 2018 había 43.2 millones de personas en pobreza moderada, es decir que podían comprar la canasta mínima de alimentos, pero no otros satisfactores básicos, y tenía al menos una carencia no monetaria (alimentación, salud, educación, seguridad social, calidad de la vivienda y servicios de la vivienda). A este número se agregaban 8.7 millones en pobreza extrema, es decir, sin ingreso para comprar la canasta mínima de alimentos y con al menos tres carencias no monetarias. Para 2022, la pobreza moderada disminuyó en 5.5 millones de personas, mientras la extrema subió en 400 mil.
La reducción en la pobreza moderada se debe principalmente al aumento del ingreso. Dentro de él, además del ingreso laboral, cabe destacar el papel que tuvieron las transferencias de los programas sociales. El promedio de los apoyos monetarios por hogar se duplicó, aunque el grupo de menores ingresos tuvo una mucho menor participación en el total de tales apoyos. Por su parte, la pobreza extrema subió porque el sesgo distributivo de las mayores transferencias gubernamentales no alcanzó a compensar las mayores carencias no monetarias, entre las que destaca la de acceso a los servicios de salud.
La política de transferencia monetarias mediante los programas sociales muestra una mayor debilidad en el aprovechamiento de su potencial redistributivo. De acuerdo con Máximo Jaramillo, del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, mientras en 2018 el 40% de la población con menor ingreso per cápita (antes de transferencias) recibía el 63% de las mismas, para 2022 este grupo captaba el 44%. Esto significaba que, de acuerdo al Coneval, la efectividad para reducir la desigualdad apenas aumentara de 3.4% en 2018 a 4% en 2022 pese a que se duplicaron los apoyos promedio por hogar.
Algo semejante ocurre con la pobreza. Mientras en 2018 alrededor de 226 personas eran salvadas de la pobreza y 158 de la pobreza extrema por cada millón de pesos que se gastaban en apoyos monetarios, para 2022 estas cifras descendieron a 157 y 107 respectivamente. Esto representa una pérdida de efectividad de más de 30% en el combate a la pobreza. De haberse preservado la efectividad en el combate a la pobreza de 2018, los recursos adicionales gastados en 2022 habrían salvado a entre 1 y 1.5 millones más de personas de la pobreza adicionales y entre 1.1 y 4 millones de la pobreza extrema, según estimaciones propias y de Jaramillo.
Política social
El monto en el que las transferencias monetarias aumentaron es el principal responsable de su efecto redistributivo y de combate a la pobreza, pues la asignación de los montos adicionales redujo su sesgo a favor de los pobres. Esto significa que los mecanismos de distribución de las transferencias dejaron mucho que desear en cuanto a priorizar a los más pobres, aunque existió el esfuerzo presupuestal por repartir más recursos. Lo anterior conduce a pensar que la estrategia de dar apoyos “universales” no condicionados debe complementarse con programas que sean sensibles a la desventaja relativa que tienen las personas.
Mención aparte merece la carencia de acceso a los servicios de salud, que pasó de 20.1 millones de personas en 2018 a 50.5 millones en 2022. El porcentaje de población con esta carencia alcanza 39.1% de la población, nivel histórico, semejante al de 2008. Sin embargo, lo más preocupante de este retroceso es que afectó en mayor medida a los que menos tienen. El 40% de la población con menos ingreso disminuyó su acceso a los servicios de salud en 40 puntos porcentuales, mientras que el 10% con mayores ingresos solo lo redujo en 4.4 puntos porcentuales. La desigualdad de oportunidades de atender padecimientos de salud se elevó drásticamente.
La carencia de servicios de salud es un elemento clave para entender por qué aumentó la pobreza extrema. Entre 2018 y 2022 solo aumentaron las carencias correspondientes el rezago educativo y la falta de acceso a servicios de salud, el resto de las carencias no monetarias cubrió a menos población. La primera lo hizo en millón y medio de personas mientras que la segunda lo hizo en decenas de millones. Pese a que los mayores ingresos salvaron a una parte de la población de la pobreza extrema, otra parte, que ya era muy vulnerable por ingresos, terminó por sumirse en la pobreza extrema por la carencia de salud que antes no tenía.
La mayor carencia de acceso a los servicios de salud puede atribuirse a la desaparición del Seguro Popular y la transición al INSABI. El INSABI se propuso reorganizar el sistema público de salud, financiarlo y operar directamente los servicios de salud aumentando su cobertura a cerca de 66 millones de personas. Para ello tuvo un comienzo desordenado, incorporando y luego relegando el papel que jugaría el IMSS-Bienestar, que finalmente ocuparía el lugar del desaparecido INSABI. Además, esta transición redujo el presupuesto por beneficiario potencial en casi una tercera parte y dislocó la logística de aprovisionamiento de medicamentos que existía con anterioridad.
Conclusión
En suma, la política de salud generó el problema más agudo relacionado con la pobreza de que se tenga memoria, la política de transferencias monetarias desperdició una gran oportunidad de reducir aún más la desigualdad, la pobreza, y en particular la pobreza extrema, y la política laboral está por verse que incidencia tuvo sobre el bienestar de las personas. El saldo final positivo que se resume en la reducción de la cifra de pobreza con una pandemia de por medio, no debe dejar de poner en duda la estrategia seguida para conseguirla.
Al final, parece apreciarse que la fuerza bruta de las transferencias monetarias masivas y los enormes aumentos del salario mínimo asestaron un gran golpe a la pobreza, pero esta fuerza se disipó y tuvo escaso efecto sobre la desigualdad y fue contraproducente contra la pobreza extrema. Desafortunadamente, este despliegue de fuerza se hizo sobre la tambaleante base de un sistema de salud endeble, de manera que repetir la hazaña requerirá levantarse, recomponer la figura y aplicar con más precisión el siguiente golpe. ~
