El actual proceso de paz entre el gobierno del reelecto presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no ha estado exento de dificultades debido, entre otras cosas, a que se negocia en medio del conflicto, es decir, sin un cese el fuego bilateral.
Pero el cese el fuego unilateral e indefinido anunciado por la guerrilla a mediados de diciembre, que el propio Santos reconoció ha sido cumplido hasta ahora, y la orden del mandatario para que los negociadores inicien lo más pronto posible la discusión de un cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo, llevan a pensar que la resolución del conflicto armado colombiano (de más de cinco décadas) finalmente avanza.
La negociación en medio del conflicto se explica por el hecho de que el presidente Santos no ha querido pecar de ingenuo ni dar respiro militar a las FARC. Entre 1998 y 2002, la guerrilla aprovechó el proceso de paz con el entonces presidente Andrés Pastrana para fortalecerse, traficar droga y ocultar secuestrados, entre otras acciones, en la amplia zona despejada de fuerza pública que Pastrana les concedió para entablar el diálogo. Santos también ha reconocido que una tregua bilateral sería un “incentivo perverso” para que la guerrilla dilate las conversaciones.
Tras el relanzamiento de los diálogos (luego de que fueran suspendidos a mediados de noviembre por el secuestro a manos de las FARC de un general y dos acompañantes), el propio negociador jefe del Gobierno, Humberto de la Calle, abrió la puerta a este desescalamiento gradual del conflicto, pero con el fin último de terminarlo, no de regularizar la guerra, aclaró.
Expertos plantean que desde ya ambas partes pueden seguir adoptando medidas con miras al fin definitivo del conflicto, lo que implica, por parte de la guerrilla, dejar de secuestrar, extorsionar, colocar minas antipersona y reclutar menores, y por parte del gobierno, liberar a algunos presos de las FARC por razones humanitarias. “Uno no termina un conflicto de un día para otro en lo militar. Hay muchas maneras de desescalar el conflicto llevándolo hacia el punto de la terminación”, anota Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos.
El pasado 17 de diciembre las FARC anunciaron el cese el fuego unilateral e indefinido, siempre y cuando no fueran atacadas por la fuerza pública, lo que en principio fue visto por el presidente Santos como una “flor de regalo pero llena de espinas”, rechazando el condicionamiento de la guerrilla. Algunos sectores de opinión vieron el anuncio de las FARC como un signo de buena voluntad y de avance del proceso de paz, pero otros lo vieron con escepticismo y como una trampa. Oficiales militares y de policía confirmaron que se mantenía la orden de perseguir a la guerrilla, incluso por mandato constitucional. Pero el reciente reconocimiento de Santos de que la guerrilla ha cumplido la tregua y la orden de acelerar la negociación ha traído renovado optimismo en torno al proceso de paz.
Dos años han pasado ya desde que inició el proceso en La Habana (en un principio Santos había estimado duraría solo uno). Los principales críticos del actual proceso, incluido el poderoso senador y ex presidente Álvaro Uribe, han exigido imponer condiciones más estrictas a la guerrilla, como el cese de toda acción rebelde, obligarla a renunciar al narcotráfico y que los jefes guerrilleros paguen penas mínimas de cárcel por sus crímenes. En diciembre una encuesta mostró que el respaldo de los colombianos al proceso de paz estaba decayendo.
Otra complejidad del actual proceso es la relativa impunidad a la cual siguen aspirando los líderes de la principal guerrilla de Colombia. A diferencia de la desarticulación negociada de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) gracias a un marco jurídico que contempla penas mínimas de cárcel (hasta un máximo de 8 años) para sus ex líderes a condición de contar la verdad de sus crímenes, ser juzgados y reparar a sus víctimas, los líderes de las FARC insisten en buscar una suerte de indulto político. Y es precisamente esta eventual impunidad de los jefes rebeldes la que más detractores granjea al proceso de paz.
“Hay un sector minoritario pero muy poderoso y activo que se opone al proceso de paz tal como se ha llevado a cabo y un sector mayoritario que lo apoya, pero que a mi juicio es un poco pasivo, vacilante, y por eso da la sensación de que hubiera una gran opinión en contra”, expone el politólogo colombiano Alejo Vargas. “Algunos creen que la guerrilla de las FARC están derrotadas y eso es equivocado. Justamente lo que se busca con las conversaciones es resolver algo que no se ha podido resolver por la vía militar”, añade.
Por lo pronto en un comunicado conjunto, el gobierno y las FARC anunciaron que el 2 de febrero reanudarán las conversaciones en La Habana. Aunque este proceso es el que más ha avanzado (se han concretado acuerdos para tres de cinco puntos de la agenda previamente pactada) y la paz anhelada tras medio siglo de conflicto armado parece más cerca, las presiones a las cuales sigue sometido no son pocas.
Periodista y escritor mexicano residente en Bogotá.
