Iniciativas de ley

31 enero 2007

No sé quiénes son el diputado ni el senador que me representan (y a quienes pago su salario) pero, sean quienes sean, les exijo formalmente que presenten a la brevedad, ante el Honorable Congreso de la Unión, las siguientes iniciativas de ley que las experiencias de meses recientes hacen urgentes:

1. Los señores políticos que decidan cambiar de partido serán castigados con catorce sexenios de ineligibilidad para ocupar un puesto público o de elección popular, y deberán regresar al erario el dinero que ganaron representando al partido equivocado.

Una persona que cambia de partido pone en evidencia que es o muy avorazada o muy bruta o las dos cosas (que es lo más probable). Al confesar tácitamente que cometió un error al elegir partido, pone en duda su honorabilidad y confirma las limitaciones de su inteligencia. A diferencia del resto de los mortales –que cuando se equivocan se avergüenzan y piden perdón y luego se quedan callados esperando que la gente olvide su error mientras analizan en qué y cómo se equivocaron–, el político que cambia de partido no sólo espera ser inmediatamente recompensado con un nuevo cargo público y nuevos ingresos, sino que confía en que su imbecilidad sea interpretada como una virtud (que, dados sus antecedentes, seguro que es otra equivocación).

2. Los candidatos que no ganaron su elección deberán reponer el dinero que le costó al Pueblo financiar sus proyectos.

Si un empresario pide prestado dinero al banco para hacer un negocio, deberá pagarlo y más aún si quien le prestó el dinero fue el gobierno. Ese empresario, convencido de que su idea es buena, va a poner en juego su ingenio, su iniciativa, su talento, su prestigio. ¿Por qué debe ser diferente para el político, cuya empresa consiste en presumir que su mente es tan necesaria para el bien de la Patria como para que la Patria la financie? Esta medida obligará al político a que piense muy bien si sus virtudes son tan sólidas y atractivas como para merecer sufragio y financiamiento popular. Si ama tanto al pueblo como para desear representarlo, le parecerá natural amarlo tanto como para restituirle lo que desperdició en él. A ver si la próxima vez lo piensa dos veces.


     3. Queda terminantemente prohibida toda forma de propaganda en paredes, calles, espectaculares, postes y cerros.


     Los políticos deben entender que nunca, nadie en la historia de la humanidad, ni siquiera en Sahuayo, le ha dado su voto a alguien sólo porque vio su horrible cara sonriente en un afiche con su programa político retacado en el inteligente lema: “Vota por mí.”


     4. Dejará de utilizarse dinero público para financiar las campañas de los políticos.


     Si un partido quiere competir, que se gane su dinero cobrando cuotas a sus afiliados. Esto obligará al partido en cuestión prometerle a su clientela ventajas o beneficios realistas, y a la clientela a ponerse exigente. Si el candidato quiere viajar para llevar su verdad al Pueblo, que se merezca que alguien le dé aventón. El alegato en el sentido de que se corre el riesgo de que los partidos se vendan al mejor postor es ridículo: ya lo hacen.


     5. Los diputados tendrán prohibido representar sindicatos, frentes, alianzas o cualquier clase de colectivo.


     Si el diputado va a representar sólo a los maestros, o a los petroleros o al Frente Popular del Pueblo que sea, ¿por qué debo pagarle yo? ¿Por qué debo financiar con mis impuestos que un diputado trabaje sólo para sus representados particulares? Si se necesitan diputados especializados en representar un gremio, o todos los disputados deben funcionar igual (creando diputados para escritores, pescadores, bomberos, dentistas) o ninguno debe hacerlo. Un diputado que se debe a su clientela privada, fingiendo que representa a la totalidad de los ciudadanos, no sólo se convierte en juez y parte, sino que usará su poder para dañar a cualquier gremio con el que el suyo entre en conflicto. La mera existencia de diputados que se deben más a su clientela que a mí, da lugar a que haya sectores con privilegios de los que carezco yo, aunque yo los pague.


     6. Queda terminantemente prohibido que un diputado o senador utilice su cuerpo como arma (aunque lo haga pacíficamente).


     Si la senadora Ericka Patricia o el diputado Edgar Christian impiden el paso a un colega, de hecho le están impidiendo el paso a las personas que ese colega representa. Lo mismo si le impiden hablar cuando es su turno con gritos, silbatos, matracas o cualquier otro instrumento, lo que equivale a impedirle hablar no a él, sino al pueblo que representa. Como su razón de ser es representar al pueblo, cualquier acto que impida representar al pueblo será catalogado como un acto de represión al pueblo y será sumariamente castigado con mil meses de salario (no mínimo, de diputado).


     7. Todo gasto suntuario en las cámaras será cancelado.


     Si el diputado vive en Tijuana, que viaje con sus propios recursos a México para asistir a las sesiones. Si ama tanto al pueblo, que le demuestre al pueblo que es capaz de administrar su dinero como lo administra el pueblo, es decir, con mucho cuidado. Si el senador se quiere cortar el pelo, o bolear los zapatos, o que le den masajito, o comerse un bistec, o comprar un coche, o ir al téibl o lo que sea, que pague. ¿Y alguien me puede explicar por qué a cada diputado, además de su sueldo, se le pagan veintiséis mil pesos mensuales para que cubra sus gastos de “representación ciudadana”? ¿Qué no es precisamente para representar a la ciudadanía que está ahí? Cada diputado le cuesta al erario público seis millones de pesos al año. Que pague. O en su defecto, que vuelva a ser pueblo y que financie con sus impuestos a uno que sí quiera pagar para defenderlo.
     He dicho. ~