Todavía estamos lejos de que se cumpla la promesa de campaña de Barack Obama de lograr una reforma migratoria integral que incluya canales para regularizar el estatus de más de once millones de migrantes indocumentados en el país y darles la opción de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Pero el 20 de noviembre el presidente dio un paso histórico para garantizar, al menos por un periodo de tres años, que cerca de la mitad de este grupo de personas (aproximadamente 5 millones) no sean sujetos de deportación y que, además, puedan trabajar legalmente en el país. “Ya pueden salir de las sombras”, dijo en un discurso dirigido a la nación (que sorpresivamente las principales televisoras se negaron a transmitir).
El discurso de Obama se centró en construir una defensa ante las críticas que los republicanos han hecho no solo a su propuesta de tomar acción ejecutiva en este ámbito, sino a cualquier propuesta de reforma migratoria integral:
- El gobierno no ha hecho lo suficiente para asegurar la frontera y deportar a migrantes que tienen antecedentes criminales.
- Regularizar el estatus de los migrantes indocumentados es una amnistía que exime de sus responsabilidades a personas que cometieron un acto ilegal al cruzar la frontera por un lugar no autorizado, o haber permanecido en el país después del periodo permitido por una visa.
Desde que llegó al poder, las acciones de Obama en materia migratoria se han orientado principalmente a responder a esa primera crítica. Miles de millones de dólares se han destinado al control de la frontera, tanto en tecnología como en personal (como acostumbra decir Obama, “nunca antes habíamos tenido tantas botas en el terreno”). Durante su presidencia más de 2 millones de personas han sido deportadas, y miles más están en centros de detención, enfrentando abusos y violaciones de derechos mientras esperan que se resuelva su caso (que incluye desde peticiones de asilo, víctimas de tráfico de personas hasta residentes permanentes acusados de delitos menores). Las críticas a estas acciones por parte de grupos religiosos, organizaciones de derechos civiles y activistas pro-inmigración han recibido siempre la misma respuesta del gobierno: estamos cumpliendo la ley para preparar el terreno que permita que los republicanos acepten las otras partes de la reforma. Pero este cálculo, hasta ahora, había fallado en todos los aspectos: para los críticos parece ser que la frontera nunca va a estar completamente bajo control a menos que se cierre por completo con más bardas y no haya un solo migrante con antecedentes criminales en el país; y para los grupos pro-inmigrantes y los latinos que votaron por el presidente en 2008, esta fue considerada una gran traición (aunque tras las elecciones intermedias de este mes no queda claro que esto se haya traducido en pérdidas electorales para el partido demócrata; y tampoco lo fue en las elecciones de 2012).
La realidad es que desde los años noventa y, sobre todo, desde el 11 de septiembre de 2001 es imposible hablar de migración sin referirse al tema de seguridad. Y así empezó el discurso de Obama del 20 de noviembre (y el discurso que dio en Las Vegas frente a un grupo de universitarios al día siguiente). El presidente aseguró que hay menos cruces indocumentados hoy que en las últimas cuatro décadas, que se han destinado más recursos a la patrulla fronteriza, y que ya está bajo control la crisis de este verano del aumento de menores migrantes centroamericanos que puso en duda la seguridad de la frontera. Aún así, anunció que el primer paso de su programa es destinar más recursos para controlar el flujo de cruces ilegales en la frontera, y asegurar que quienes logren cruzar sean retornados lo antes posible. En este punto ya empiezan a plantearse críticas y preguntas respecto al tema de los menores no acompañados y posibles solicitantes de asilo, que justamente necesitan un proceso más cuidadoso para procesar sus casos y no un retorno rápido que incluso podría poner su vida en peligro.
La mayor parte del discurso se enfocó en el tema más complejo de la acción diferida para migrantes indocumentados. En junio de 2012 Obama también utilizó la acción ejecutiva para diferir la deportación de jóvenes migrantes que hubieran llegado al país antes de los dieciséis años. Además de no tener antecedentes penales, los jóvenes tendrían que estar estudiando o haber completado estudios de preparatoria y no ser mayores a 30 años. Uno de los puntos del nuevo programa de Obama es extender esta acción diferida al eliminar el límite máximo de edad. El único requisito es haber llegado al país antes del 1 de enero de 2010. Según cálculos del Migration Policy Institute y el Pew Research Center esto beneficiaría aproximadamente a 300,000 personas, que sumadas a las que ya podían solicitar permisos dentro del programa original de DACA da un total de 1.5 millones . Lo innovador del plan de Obama es que este mismo modelo ahora se va a extender a los padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes permanentes. El periodo de renovación de permisos también se extenderá a 3 años en lugar de 2 años, como opera actualmente. Esto significa que el siguiente presidente determinará la continuación del programa, si no es que antes se aprueba una reforma migratoria que lo haga obsoleto.
Para justificar este tipo de acciones, Obama siempre ha utilizado los mismos argumentos: que estas son personas con méritos y que contribuyen al país. La lógica se considera obvia en el caso de trabajadores de alta calificación y empresarios, que también se van a beneficiar de la acción ejecutiva de Obama que incluye visas y otros apoyos para este grupo. En el caso de los migrantes indocumentados “estereotípicos”, que trabajan en sectores de baja calificación, Obama los describió como personas trabajadoras que contribuyen a la sociedad: “Estas personas – nuestros vecinos, compañeros de salón, amigos – no vinieron para aprovecharse o en busca de una vida fácil. Vinieron a trabajar, a estudiar,a servir en el ejército, y sobre todo, a contribuir al éxito de Estados Unidos”. Desde una perspectiva moral, Obama siempre ha dicho que “son tan americanos como nosotros”, “mantienen a sus familias, rezan en nuestras iglesias, muchos de sus hijos son nacidos en Estados Unidos o pasaron casi todas sus vidas aquí, y sus esperanzas, sueños y patriotismo son iguales a los nuestros.”
Pero un punto muy distintivo de este discurso fue que, respondiendo directamente a la crítica de que esta es una amnistía Obama dijo: “el sistema que tenemos es la amnistía”. El statu quo implica que todas estas personas no están obligadas a pagar impuestos o seguir las reglas. Por ello, insistió en que estas medidas se enmarcan en un contexto de rendición de cuentas, para que quienes hasta ahora han vivido fuera del marco de la ley asuman sus responsabilidades y sigan las reglas. No es casualidad que la medida más controvertida de este paquete de acciones administrativas, la referente a los padres de ciudadanos y residentes permanentes –DAPA (Deferred Action for Parental Accountability)–, incluye la palabra “accountability” (responsabilidad).
Finalmente, Obama trató de enmarcar este tema dentro de una discusión más amplia sobre los valores e ideologías de la “nación de inmigrantes”: igualdad, libertad y oportunidad. Planteó su propuesta en un contexto más amplio de cómo se define la nación, reconociendo todos los cambios que ha vivido el país con los nuevos flujos migratorios, sobre todo, de países latinoamericanos. Habló de la hipocresía de un país que acepta que los trabajadores recojan las frutas y hagan las camas, pero no les da oportunidades para rectificar su situación; de la contradicción entre una nación que valora la unidad familiar pero acepta la crueldad de separar a los niños de sus padres. Como siempre, quedó fuera del discurso el tema de las causas estructurales de la migración indocumentada y la demanda de esta mano de obra barata y "desechable" por parte de empleadores estadounidenses.
Los detalles de cómo operarán estas medidas (¿quién califica para la acción diferida ampliada? y los plazos), se han publicado a través de las páginas web de la Casa Blanca y de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Entre 3.7 y 4 millones de personas se beneficiarían del programa de acción diferida para padres de ciudadanos o residentes DAPA (Deferred Action for Parental Accountability) y 300,000 más con la extensión de DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Pero hay que considerar que en el primer periodo de DACA solo solicitaron 55- 60% de los posibles beneficiarios y por lo tanto puede esperarse que el porcentaje de beneficiados en este caso sea similar. El proceso para la extensión de DACA dará inicio en aproximadamente 90 días, y el del programa DAPA en 6 meses.
Quedan muchas preguntas pendientes pero me enfoco aquí en dos temas:
1) ¿Cómo va a proceder el gobierno con los migrantes indocumentados que no califican para estas medidas? Una buena noticia es que el programa de acciones de Obama incluye la eliminación del programa de Comunidades Seguras (Secure Communities) que obliga a policías locales a reportar el estatus migratorio de cualquier persona detenida. Pero aún no tenemos detalles sobre el programa que lo reemplazará: Priority Enforcement Program. Y aunque Obama reiteró, como lo ha hecho siempre, que las deportaciones se enfocarán solo en criminales, la realidad es que desde el inicio de su gobierno, se ha considerado como criminales a miles de personas cuyo único acto “criminal” ha sido manejar sin licencia o tener la placa del auto chueca. ¿Cuál será finalmente el legado de Obama en materia migratoria? ¿Los millones de deportados y las familias que quedaron separadas, o los que recibieron permisos temporales para vivir y trabajar en el país?
2) ¿Estas acciones afectarán positiva o negativamente las posibilidades de que se logre una reforma migratoria integral en un futuro próximo? De un lado esta la crítica de estas acciones como anticonstitucionales, y el argumento de que la acción ejecutiva hará aún más difícil llegar a un acuerdo en el Congreso. Del otro lado, solo unos cuantos minutos después de que terminó el discurso de Obama, los grupos pro-inmigrantes ya habían empezado a presionar por la necesidad de una reforma migratoria. En redes sociales circulaba el mensaje: “Gracias Obama, pero no es suficiente”. Durante su discurso en Las Vegas, cuando Obama insistió en que son los republicanos de la Cámara de Representantes quienes han impedido que llegue esa ley a su escritorio para firmarla, se alzó el grito desde el público “pasen una ley, pasen una ley” (“pass a bill, pass a bill”). Aun con la entrada en vigor de estas medidas administrativas, al menos seis millones de personas seguirán “en las sombras”. La batalla por una reforma migratoria integral continúa, y será difícil para cualquiera que gane las elecciones en 2016 dar marcha atrás a lo que Obama ya desató.
es profesora de estudios globales en The New School en Nueva York. Su trabajo se enfoca en las políticas migratorias de México y Estados Unidos.
