Al menos ocho destrucciones han cimbrado a la 4T cultural. La primera fue la destrucción de sus propias promesas. En el folleto El poder de la cultura difundido en junio de 2018, la inminente secretaria de Cultura Alejandra Frausto anticipó que no se apostaría por la construcción de más infraestructura, sino por la conservación y remodelación de la existente; aseguró que se anunciaría un fondo para la prevención de desastres con visión prospectiva para la custodia del patrimonio cultural; garantizó el apoyo a las industrias y las PYMES culturales a través de fondos de inversión, etc. Nada de ello sucedió.
Frausto organizó trece mesas con la participación de la comunidad cultural sobre temas relevantes que perfilarían el Programa Sectorial de Cultura 2020-2024. Una primera mala señal fue que canceló tres de ellas: diplomacia cultural, archivos y memoria, y periodismo. No se creó el sitio web prometido que recopilaría lo conversado. El Programa Sectorial no incorporó las propuestas de las mesas. Fue la segunda destrucción: la de la confianza.
La tercera fue la destrucción de la vocación del servicio público cultural. La llegada de Morena a las oficinas fue un acto de barbarie. La experiencia de un consistente equipo de profesionales fue desperdiciada. El episodio más escandaloso fue el cese de Daniel Goldin de la dirección de la Biblioteca José Vasconcelos sede Buenavista. La oficina fue ocupada por Marx Arriaga, recién nombrado director de la Red Nacional de Bibliotecas, que dejaría luego de inconformarse por el bajo presupuesto que recibió. Dada su cercanía con Beatriz Gutiérrez Müller, de quien fue lector sinodal y asesor de tesis en 2013, lo volvieron director de Materiales Educativos de la SEP, donde hizo añicos los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos.
Abraham Nuncio, nombrado director de la Biblioteca José Vasconcelos sede Ciudadela en marzo de 2019, renunció el 24 de junio. Según su versión fue porque se venció su contrato, pero en realidad advirtió que no contaría con presupuesto y los trabajadores le habían cerrado el recinto. Laura Esquivel fue designada subsecretaria de Diversidad Cultural y declinó antes de tomar posesión, pues le pareció una carga administrativa excesiva, pero a cambio aceptó la embajada de México en Brasil. Esa fue la misma razón por la que Margo Glantz dejó de un momento al otro la dirección del Fondo de Cultura Económica, lo que facilitó la llegada de Taibo II, previo cambio de la ley que impedía su nombramiento. Pronto salió también Mario Bellatin del Fonca. Desde las primeras semanas que tomó posesión Antonio Martínez Velázquez como titular de Comunicación Social, confrontó a los periodistas, anunció la organización de talleres para que pulieran su oficio y canceló la colección “Periodismo Cultural” porque no se vendía, aunque varios títulos agotados llevaban tiempo sin reimprimirse y con distribución deficiente.
La política cultural como tal fue la cuarta destrucción.
Sin consideración alguna a lo establecido en el Programa Sectorial, AMLO definió en su matiné dos prioridades: el Proyecto Chapultepec y el Tren Maya. Anunciado el 2 de abril de 2019 bajo la coordinación de Gabriel Orozco, Chapultepec absorbió el 25% del presupuesto federal anual que fue tomado de la SC, a la que se le redujo en 2020 el 70% a causa de la pandemia del covid. El recurso se canalizaba a Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno, quien lo destinó al acondicionamiento de la zona, la obra vial y las conexiones entre las secciones del bosque para incrementar la plusvalía. Una parte llegó a los museos del INBAL ubicados dentro del perímetro, al Centro Cultural Los Pinos, a la inconclusa bodega del instituto y a las salas de cine inauguradas dos veces y que apenas congregan asistencia.
Un estacazo más a la política cultural ocurrió el 2 de abril de 2020, fecha en la que AMLO publicó en el DOF el decreto que formalizaba la desaparición de los fideicomisos de la administración pública federal, la oficina de la presidencia y los tribunales agrarios. Una y otra vez los acusó de corrupción, lo cual nunca probó, aunque prometió hacerlo. El 7 de abril, Frausto anunció en Twitter la desaparición de siete fideicomisos del sector cultural. Finalmente, la SC salvó al Fonca, que se integró como dirección y luego se convertiría en el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, al Fonart y al fideicomiso del Antiguo Colegio de San Ildefonso. El Foprocine y el Fidecine fueron extinguidos, aunque el Fidecine fue reemplazado por el Focine.
La quinta destrucción fue la del libro y la lectura. Lo hemos explicado hasta la saciedad. Las dos colecciones masivas que han sido obsequiadas sin ton ni son –21 para el 21 y 25 para el 25– y la publicación de los folletos de lectura Vientos del Pueblo –que acrecientan el inventario, pues casi nadie los compra– han sido de nulo impacto en los índices de lectura de la población, como ha reportado el Módulo sobre Lectura (Molec). La Red de Bibliotecas no incrementó sus fondos y aún no hay catálogos accesibles en línea. En seis años, el emblemático Programa de Apoyo a la Traducción, Protrad, lanzó solo una convocatoria, que resultó obtusa a causa de las restricciones impuestas por las secretarías de Hacienda y de la Función Pública y fue declarada desierta. El 19 de noviembre de 2018 se anunció la creación de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, disuelta el 20 de enero de 2023.
La falsificación de la historia fue la sexta destrucción de la 4T cultural.
Sin sustento documental, AMLO estableció que la fundación de Tenochtitlán ocurrió en 1321 para que coincidiera con los quinientos años de su caída y las conmemoraciones por los doscientos años de la consumación de la Independencia. Como jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum retiró a hurtadillas el conjunto escultórico de la ex Glorieta de Colón el 10 de octubre de 2020 y en 2021 AMLO exigió que tanto la Iglesia como la Corona española ofrecieran disculpas por los sucesos de cinco siglos antes. Ese 2021, CSP rebautizó estaciones del metro, calles y avenidas. La avenida Puente de Alvarado se convirtió en avenida México-Tenochtitlán y la estación del metro Zócalo fue denominada Zócalo-Tenochtitlán. En 2024, la avenida Gustavo Díaz Ordaz se convirtió en avenida Benita Galeana; la calle Gustavo Díaz Ordaz, en calle Elena Garro, y la colonia Nueva Díaz Ordaz, en Estudiantes de 1968. También a finales de 2024 en el Estado de México, a inicios de la gubernatura de Delfina Gómez, a los terrenos irregulares de Ampliación Saldaña y El Paraje Fimesa 1, 2 y 3 del municipio de Tultitlán se les nombró colonia Cuarta Transformación. ¿El nombre de las calles? Guardia Nacional, Me Canso Ganso, Reforma Judicial, Tren Maya, Becas Benito Juárez, Apoyo a la Cultura, Sembrando Vida, Apoyo a la Discapacidad, Mujeres en Bienestar, entre otros –faltaron No me Vengan con que la Ley es la Ley, La Corrupción se Barre de Arriba a Abajo, Mi Pecho no es Bodega, No Talaremos ni un Solo Árbol…–. Y en 2025 CSP, sin sonrojo, organizó su propia conmemoración de los quinientos años de la fundación de Tenochtitlán, dado que 1325 es el año en el que coinciden los expertos –a los que AMLO ignoró–. A CSP ya se le había olvidado que, en 2021, su jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, la convenció de que el 1321 fue el año de la fundación “lunar”.
El patrimonio cultural fue la séptima destrucción.
Desde 2018, Alejandra Frausto se fijó plazos para la conclusión del rescate de los 3 mil 519 inmuebles dañados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre de 2017. Prometió que se terminarían en 2020, luego ajustó a 2021, 2022 y 2024 con el paso de los años. El 27 de julio de 2024 aseguró que había avances de un 93.9% y que acabaría antes de concluir la administración de AMLO. Frausto dejó pendientes 392 monumentos en tres entidades –175 en Puebla, 167 en Oaxaca y 50 en Morelos–, más las iglesias Nuestra Señora de los Ángeles y de la Santa Veracruz en la Ciudad de México, entre otros. En Puebla, el INAH dejó un adeudo de 121 mdp a la Inmobiliaria 2RR por sus tareas de restauración e intervención.
En 2019, a dos años de los sismos, la Auditoría Superior de la Federación cuestionó que el INAH no tuviera un registro adecuado de los inmuebles con daños. El 6 de septiembre de 2018 la entonces secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda había emitido un comunicado donde estableció una cifra de 2 mil 130, que para 2022 ascendió a 3 mil 325 y después a 3 mil 519. De los 392 inmuebles que adeudó Frausto faltan 379 en la actualidad. Los avances representan del 85 al 90% del total, debajo de lo que se informó entonces. El nuevo director del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, aseguró que las tareas culminarían este 2026, lo que implica un gasto de mil millones de pesos –casi una quinta parte del presupuesto del instituto–. En 2019, la ASF expuso que era tal el atraso en los rescates que el INAH concluiría hasta 2029. Para colmo, el INAH está en pleito con Banorte, pues el banco afirma que el seguro de 3 mil 500 mdp solo cubría un sismo, mientras que el INAH insiste en que ese monto corresponde a los dos sismos, el del 7 y el del 19.
La destrucción alcanzó también al Centro SCOP. El sismo del 19 de septiembre de 1985 lo dañó en tal medida que los murales de los distintos artistas fueron retirados para que se procediera a demoler varios edificios. Desde entonces, no hubo interés en la reconstrucción. El INBAL se demoraba en la declaratoria de patrimonio artístico y subrayaba que en el rescate solo tendría funciones de acompañamiento, la asociación civil defensora del centro alcanzó relevancia en medios y López Obrador finalmente el 9 de noviembre de 2022 encomendó la tarea a su exsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, quien renunció. Nada pasó y se acabó el sexenio. La nueva jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, convocó a mesas de consulta y comenzó a impulsar la creación en el terreno de uno de sus centros comunitarios llamados “utopías”, por lo que el concepto original de los murales desaparecería por completo. Tanto esta utopía como varias más de las cien que planea construir en la CDMX han ocasionado protestas, pues intenta ubicarlas en sitios que están ya integrados a sus entornos urbanos y vecinales y cuentan con vida propia.
En diciembre de 2019, el director de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados, intentó despedir al 72% de los trabajadores, lo que impidió el Colectivo Fonoteca 3000. De cualquier manera, el programa de trabajo aprobado para 2020 sufrió importantes menguas y se agravó el atraso en la digitalización de los acervos, lo cual es esencial pues los cambios tecnológicos desactualizan los soportes originales con celeridad, lo que pone en riesgo su conservación. Inaugurada en diciembre de 2008 con 214 mil 294 soportes sonoros inventariados, para 2018 la cifra había ascendido a más del doble, 542 mil 738. De ese total, solo 186 mil soportes sonoros, 36% del total, habían sido digitalizados. El acervo sonoro cinematográfico de México, que en 2018 fue declarado Memoria del Mundo por la UNESCO, es uno de los muchos que están en grave peligro. A Granados, desde el 31 de octubre de 2022, lo reemplazó Francisco Javier Rivas Mesa, quien no ha hecho nada relevante al respecto.
La octava destrucción fue el trabajo cultural.
Durante seis años, Frausto prometió la regularización del estatus de los trabajadores de cultura contratados por honorarios, que no cuentan con el reconocimiento a su antigüedad, seguridad social ni prestaciones. Un compromiso más que no se cumplió. La historia se remonta a la década de los noventa cuando el Conaculta apostó por ese formato de contrataciones para ocuparse de actividades esenciales dentro de las instituciones que los trabajadores sindicalizados no realizaban como parte de sus “conquistas laborales”. Desde esa década y hasta la fecha no hubo un auténtico interés por integrarlos ni tampoco por impulsar una reforma sindical, ante la amenaza de los cierres de recintos, escuelas y oficinas. En el Programa Sectorial de Cultura 2025-2030, Claudia Curiel reconoce el problema y acepta su complejidad. No hará cambios, pues el tema es irrelevante para CSP.
Sobre la seguridad social, el Programa Sectorial considera un logro el Estímulo para la Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social al que se convocó del 24 de noviembre al 11 de diciembre de 2023. El aplicante tendría que estar inscrito en el Registro Nacional de Espacios, Prácticas y Agentes Culturales, Telar. La SC afiliaría al IMSS hasta a 20 mil agentes culturales durante seis meses y cubriría cuotas equivalentes a un salario mínimo, aproximadamente mil 500 pesos por persona, sin implicar una relación laboral. Eso suponía una erogación de 180 mdp. Luego de esos seis meses, el beneficiado se responsabilizaría del pago de sus cuotas. En los hechos, los trabajadores no cuentan con ingresos que les permitan cubrirlas. El sondeo “México Creativo, Desarrollo Cultural Sostenible” de 2021, de la propia SC, estableció que 53.8% obtienen ingresos inferiores a los 6 mil pesos al mes y 77% no tiene ahorros, 4.3% los tiene para uno o dos meses, 8.5% para dos a cinco meses, y solo 10.2% para seis meses o más. La cifra de 20 mil agentes culturales coincide con la cifra de 19 mil 279 reportada en el “Informe Telar” de agosto de 2020, que ascendió a 26 mil 800 para 2023. Solo que Telar no es indicativo del total de agentes culturales en México pues, según la Cuenta Satélite de Cultura 2022, el sector alcanzó el millón 494 mil 745 puestos de trabajo.
Este recuento es, por supuesto, incompleto. Para AMLO y CSP, la cultura no importa. La destrucción, durante los próximos cinco años, continuará.
La batalla cultural continúa también. ~
