Al comenzar a escribir estas líneas veo mis manos. No lo hago habitualmente: ellas están allí, están presentes siempre, pero no son vistas. Esta mañana, 24 de marzo de 2026, es la piel apergaminada lo que atrae mi atención, las pequeñas marcas que la surcan, que se ahondan al ritmo de la escritura como si cada línea de la piel fuera la hoja de un almanaque antiguo, amarillenta, desgastada, que alguien hubiese arrancado sin mirar la fecha. Cincuenta hojas. Medio siglo desde aquel otro 24 de marzo, en 1976, en el que un infierno se abatió sobre un país.
Que los militares se hicieran con el poder no constituyó una anomalía. Ni en Argentina ni en América Latina la democracia era un valor plenamente compartido: Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia estaban ya gobernados por regímenes militares; en la propia Argentina, desde el golpe de Uriburu contra Yrigoyen en 1930, cinco gobiernos democráticos habían sido derrocados por las fuerzas armadas. El contexto inmediato –la violencia de la Triple A y de las organizaciones guerrilleras, la crisis económica desbordada, la impericia del gobierno de Isabel Perón– permitía prever lo que se avecinaba. Todo eso es conocido, todo ha sido largamente estudiado.
Pero lo que el 24 de marzo inauguró no fue un golpe de Estado más. Lo nuevo, lo que convirtió la experiencia argentina en una prueba extrema de lo abominable, fue la instauración de un régimen de terror sistemático como instrumento de gobierno: desaparición forzada de personas, centros clandestinos de secuestro y tortura, robo de bebés nacidos en cautiverio o arrancados a sus madres, detenidos arrojados vivos al Río de la Plata desde aviones militares. La novedad no fue que los militares tomaran el poder: fue lo que hicieron con él.
Y es aquí donde la dictadura argentina deja de ser un problema exclusivamente político para convertirse en un problema filosófico. Las preguntas que verdaderamente importan no son las que indagan en las razones de la crónica incapacidad argentina para establecer consensos fundamentales, sino las que interrogan algo más perturbador: ¿cómo, en el interior de una comunidad política cuyo fundamento es el reconocimiento de la dignidad de cada uno de sus miembros, puede emerger un conjunto amplio de personas para las cuales la supresión de lo humano del otro se convierte en programa? No un acto excepcional, no un desborde pasional, no la violencia de quien se defiende o se venga: un programa. Una actividad organizada, metódica, sostenida, que requiere planificación, infraestructura, cadenas de mando y, sobre todo, la convicción de estar haciendo lo que corresponde.
Esa es la dimensión que resulta insondable. No la crueldad de un individuo, que puede explicarse por la patología o por las circunstancias, sino la normalización institucional de la crueldad: la tortura como rutina laboral, el secuestro como procedimiento administrativo, el asesinato como acto burocrático, la posibilidad –¡una vez más!– de que personas comunes ejecuten actos monstruosos sin percibir su monstruosidad. Pero la dictadura argentina, como los campos nazis, como el Gulag, agrega una dimensión: la existencia de quienes no solo cumplen órdenes sino que se aplican a la tarea con entusiasmo. El mal radical no es el del burócrata obediente; es el de quien descubre en el sufrimiento ajeno una fuente de sentido.
Frente a todo ello, se alza a veces una coartada: la inevitabilidad. Los perpetradores de crímenes de Estado suelen invocar la ausencia de alternativas –la obediencia debida, la guerra que no eligieron, el enemigo que no les dejó opción–. Pero es precisamente aquí donde la filosofía moral ofrece un recurso decisivo. Harry Frankfurt demostró, en un argumento célebre, que la responsabilidad moral no depende de la existencia de cursos de acción alternativos: incluso quien no hubiera podido actuar de otro modo sigue siendo responsable si actuó conforme a su propia voluntad. El argumento es devastador para quienes buscan refugio en la obediencia, porque les devuelve la pregunta que querrían esquivar: ¿habrían actuado de otro modo si hubieran podido? Si la respuesta es no, la ausencia de alternativas no los exculpa; los condena.
Cincuenta años después, esta reflexión no es un ejercicio de memoria. En varias partes del mundo –y no solo en las que acostumbrábamos señalar como vulnerables– el autoritarismo avanza, las instituciones democráticas se erosionan, la dignidad del adversario se suspende en nombre de la emergencia o de la pureza ideológica. No se trata de comparar épocas ni de equiparar situaciones, sino de reconocer que el mecanismo que permite deshumanizar al otro no es un accidente de la historia sino una posibilidad permanente de la condición política, y que la distancia entre la palabra que denigra y el acto que destruye es más corta de lo que preferimos creer. Julio Strassera, el fiscal que llevó a juicio a las juntas militares, cerró su alegato con las palabras “Nunca más”. La fuerza de esa fórmula residió, en aquel momento, en su carácter de conjuro: la sociedad argentina pronunciaba un juramento. Pero los conjuros se debilitan cuando se repiten como liturgia. Quizás el mejor modo de honrar aquellas palabras no sea recitarlas, sino preguntarnos, con la mayor honestidad posible, si estamos haciendo lo suficiente para que conserven su sentido. ~
