La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU con tres afirmaciones puntuales: “el Estado mexicano no está rebasado”, “el informe es tendencioso” y “no reconoce lo que su gobierno ha hecho”. El centro de la reacción no estuvo en las desapariciones, sino en el informe. No en lo que el señalamiento exhibe, sino en la legitimidad de quien lo formula.

Ese punto importa más de lo que parece. No estamos frente a una diferencia diplomática menor. Lo que ahí aparece es una definición práctica de soberanía: para el gobierno, significa la facultad de rechazar una observación incómoda. Una soberanía entendida así sirve para el discurso, pero no alcanza para gobernar.

La soberanía no se mide por la energía con la que un Estado descalifica una crítica externa, sino por su capacidad para hacerse cargo de lo que ocurre dentro de su territorio. Un país es soberano cuando gobierna efectivamente su territorio, protege a su población y conserva margen de decisión estratégica sobre sus intereses. Si esas condiciones fallan, la palabra queda vacía de contenido.

El Comité de la ONU no abrió este procedimiento por capricho. Informó que solicitó la consideración de la Asamblea General porque recibió indicios de que la desaparición forzada se practica en México “de manera generalizada o sistemática”, en los términos de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada desde 2006. Ese paso no equivale a una intervención extranjera. Es la constatación de que la magnitud del problema rebasa el intercambio ordinario.

Un gobierno seguro de sus capacidades habría respondido con otra lógica: discutir los hechos, corregir omisiones, ofrecer resultados, incluso impugnar técnicamente lo que considerara exagerado. Aquí se negó el diagnóstico, se politizó la intención del Comité y se desplazó la discusión hacia el emisor. La soberanía fue invocada, pero no ejercida.

El relevo en la Cancillería confirma esa tensión. Roberto Velasco fue ratificado por el Senado tras la salida de Juan Ramón de la Fuente. En su comparecencia sostuvo que “donde hay soberanía auténtica, existen perspectivas propias” y, frente a la crisis con la ONU, apenas un par de días después ensayó un matiz: expresó empatía con los colectivos de búsqueda, ofreció cooperación con el Comité y defendió el derecho del gobierno a exigir rigor en los informes internacionales.

Ese movimiento es relevante, pero insuficiente. La soberanía no se vuelve auténtica porque se nombre. Se vuelve auténtica cuando el Estado demuestra que puede gobernar, proteger y responder. Ahí están las coordenadas de trabajo para el nuevo canciller: sostener la cooperación internacional sin caer en reflejos defensivos, traducir la empatía en mecanismos verificables de atención a víctimas y alinear la política exterior con una respuesta interna que no evada el problema. Ese estándar permite ordenar el problema en tres planos concretos.

La primera dimensión es territorial. Un Estado soberano posee el monopolio legítimo de la fuerza: que la autoridad pueda aplicar la ley y que ninguna organización armada imponga reglas por encima del Estado. En México, esa condición está erosionada. El estudio Hallazgos de México Evalúa (2023) coincide en un diagnóstico inquietante: organizaciones criminales ejercen control o influencia significativa en entre 30% y 35% del territorio nacional. En esas regiones, el Estado sigue existiendo formalmente, pero no es quien fija las reglas.

El fenómeno no es nuevo, pero se ha expandido. Las cifras describen violencia, aunque detrás de ellas hay algo más profundo: gobiernos locales incapaces de ejercer autoridad frente a organizaciones criminales que controlan economías, rutas, mercados y decisiones políticas locales. En muchos municipios el crimen organizado decide quién puede competir en elecciones, operar un negocio o permanecer en la comunidad. Eso no es solo inseguridad. Es fragmentación de la soberanía.

La segunda dimensión es la soberanía de los ciudadanos. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 estimó más de 23 millones de víctimas de delito en un año y colocó a la extorsión entre los ilícitos más frecuentes. Cuando millones de personas deben pagar o modificar su conducta para trabajar o abrir un negocio, el poder efectivo deja de residir plenamente en ellas. La soberanía popular subsiste en las urnas, pero se adelgaza en la vida diaria.

Eso vuelve más grave el tono del gobierno frente a la crisis de desapariciones. El punto no es si el Estado “existe”. La pregunta es cuánto gobierna donde más importa, cuánta libertad concreta garantiza y cuánta protección ofrece a las familias que buscan a un desaparecido. La existencia formal no resuelve el problema de la eficacia. Tampoco lo hace la reiteración de que las instituciones funcionan, cuando los resultados contradicen esa afirmación.

La tercera dimensión es estratégica. El comercio de bienes entre México y Estados Unidos supera los 800 mil millones de dólares, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. A ello se suma una dependencia energética: cerca del 70% del gas natural que consume México proviene de importaciones, principalmente desde Estados Unidos, de acuerdo con la Energy Information Administration. No se puede hablar de soberanía estratégica sin reconocer los límites que impone la integración.

La política exterior reciente privilegia la contención, la administración prudente del vínculo con Estados Unidos. Puede ser una táctica comprensible. El problema es cuando esa cautela externa contrasta con el discurso hacia adentro, como si la soberanía fuera un bien intacto que solo necesita ser proclamado. Esa combinación no es neutra: produce una simulación. Se habla de soberanía mientras se administran sus límites y se evaden sus costos. Y eso tiene efectos concretos. Reduce la capacidad de negociación, debilita la protección de intereses –como la de los mexicanos en el exterior– y convierte la política exterior en gestión de riesgos, no en afirmación de prioridades.

Lo que defiendo es simple. La soberanía no es un escudo retórico contra la crítica, sino una obligación de capacidad. Obliga a mandar en el territorio, a proteger a los ciudadanos y a responder con seriedad cuando una crisis humanitaria exhibe límites del Estado. Obliga también a distinguir entre dignidad nacional y susceptibilidad gubernamental. Obliga, en última instancia, a gobernar.

Por eso el episodio de la ONU no debilita a México. Lo que lo debilita es responder a una crisis de desapariciones como si el problema fuera el informe. Lo que lo debilita es tomar una observación severa como agravio político antes que como prueba de realidad. Y lo que lo debilita, sobre todo, es invocar la soberanía mientras se rehúye la tarea más elemental que la justifica: ejercer el poder público con eficacia y responsabilidad.

Si la soberanía no se traduce en control territorial, protección efectiva y capacidad de respuesta, entonces deja de ser una práctica del Estado y se convierte en una mera palabra. En el México de hoy, esa distancia empieza a volverse evidente. Una soberanía que se proclama, pero no se ejerce, termina por desvanecerse. Termina, en los hechos, “desaparecida”. ~