El derecho a la salud forma parte de la Constitución desde el 3 de febrero de 1983, cuando se añadió un párrafo al artículo 4: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades”.

Un año después (7 de febrero de 1984), se publicó la Ley General de Salud que reglamenta ese párrafo, y se ha venido reformando 141 veces, hasta acumular 376 farragosas páginas. La última reforma (15 de enero de 2026) modificó más de 100 artículos.

Si plasmar el derecho a la salud en papel ha sido tan tortuoso, a lo largo de 42 años, es de temerse que plasmarlo en la realidad tome 42 siglos.

La lentitud tiene que ver con el único modelo que había: el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es poco generalizable.

El IMSS, creado en 1943, es obligatorio y de paga por el asegurado, su patrón y el erario. De los 133 millones de mexicanos, 74 millones son derechohabientes del IMSS: 22.5 que pagan cuotas; sus familias, los pensionados y jubilados que cotizaron en el IMSS; además de los beneficiarios del IMSS-Bienestar, que no cotizan ni cotizaron.

Para atender a sus derechohabientes, el IMSS cuenta con 455,000 empleados (98 mil médicos, 132 mil enfermeras, 130 mil paramédicos, técnicos y auxiliares, así como 95 mil administrativos).

Están en 11,900 clínicas y centros de salud, 1,200 consultorios de medicina familiar, 225 hospitales generales y 25 especializados. Además, el IMSS tiene 1,400 guarderías, 71 espacios teatrales, 59 tiendas, 18 velatorios y 4 centros vacacionales.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fundado en 1959, tiene más de 110 hospitales y 105,000 empleados, para atender a 3.2 millones de trabajadores afiliados y 13 millones de derechohabientes.

La Secretaría de Salud tiene 1,200 hospitales y 13 Institutos Nacionales especializados (Cancerología, Cardiología, Genómica, Geriatría, Infantil, Neurología, Nutrición, Pediatría, Perinatología, Psiquiatría, Rehabilitación, Respiratorias y Salud Pública). Hacen investigación, además de atender pacientes.

Dos secretarías federales (Defensa y Marina) tienen su propio seguro social. Muchos gobiernos estatales, también.

El Seguro Popular, creado en 2003 y absurdamente cancelado en 2020, era de afiliación voluntaria, con cuotas bajas y servicios restringidos. Tuvo una demanda extraordinaria. Llegó a los 57 millones de afiliados. Fue una bendición para la población no asalariada. Se canceló, supuestamente, para hacer algo mejor: el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Pero fracasó tan escandalosamente que hubo que disolverlo a los tres años. En vez de reconocer el error y restablecer el Seguro Popular, se cargó el tiradero al IMSS (Programa IMSS-Bienestar), que no tenía por qué ni con qué hacerse cargo.

Llama la atención cuántos derechohabientes no ejercen sus derechos, incluso entre los que tienen ingresos bajos. Esto no parece causado por la calidad de los servicios médicos, sino por los trámites, las colas, las esperas, las vueltas y más vueltas para obtener medicamentos.

¿Es posible recibir atención médica del sector público sin enredarse en trámites? Sí, restableciendo el Seguro Popular y creando la oportunidad de que la primera consulta sea por teléfono.

Hay que desarrollar una cadena de centros telefónicos (call-centers) especializados en salud. Requisitos de diseño:

Toda llamada de consulta se responde en menos de 5 segundos.

No responde una máquina, sino un médico, que saluda diciendo: “Soy el Dr. Tal de Telsalud. Dígame”.

Las llamadas pueden llegar a cualquier hora, de cualquier día, de cualquier parte.

No hay costo ni requisitos para el que llama, ni siquiera dar su nombre.

El médico escucha, pregunta y orienta. No receta. Eso queda para la consulta presencial.

En los casos urgentes, el médico se comunica personalmente al 911 con derecho de prioridad, dando su clave, para que envíen un paramédico en motocicleta con experiencia en primeros auxilios. Éste informará al médico y, siguiendo sus instrucciones, entregará el paciente a una ambulancia (Cruz Roja, ERUM, Secretaría de Salud, Semefo).

Publicado en Reforma el 26/IV/26.