La moda política –no es otra cosa– de cubrirse, no con el manto de la Virgen de Guadalupe ni con la letra de la Constitución, sino con el mural portátil del pasado mexica me recordó un episodio de la Guerra de Independencia. Se trata del discurso inaugural del Congreso de Chilpancingo de 1813 que don Carlos María de Bustamante escribió para que lo leyese José María Morelos, jefe de la insurgencia, en aquella primera reunión constituyente de los independentistas mexicanos:
Genios de Moctezuma, Cacama, Quautimotzin, Xicotencal y Calzontzin, celebrad en torno de esta augusta asamblea…
Bustamante, criollo sin una sola gota de sangre indígena, escribe en nombre de un pasado que no le pertenece pero cuya invocación cree necesaria para refundar, después de una interrupción de tres siglos, a la nación “libre e independiente”:
Señor: vamos a restablecer, mejorando el gobierno, el Imperio Mexicano, vamos a ser el espectáculo de las naciones cultas que nos observan…
Sus contemporáneos percibieron la impostura. El buen sentido de Morelos “le hizo calificar de extravagantes las alusiones al antiguo imperio mexicano, que ciertamente nada tenía que ver con la cuestión presente”, escribió Lucas Alamán, y las mandó borrar de aquel discurso.
Por fortuna, frente a ese indigenismo demagógico, siempre ha habido en México indigenismos que han buscado comprender al indígena o defenderlo.
El indigenismo comprensivo nació con los franciscanos del siglo XVI. Figuras como fray Pedro de Gante, fray Toribio de Benavente “Motolinía” y fray Bernardino de Sahagún encarnaron un esfuerzo por estudiar y entender al indígena: aprender su lengua, escribir gramáticas, registrar sus creencias y costumbres, recuperar su memoria, rescatarlo de la orfandad teológica en que lo dejó la Conquista. Esa tradición tuvo representantes admirables a lo largo de todos los siglos. En el siglo pasado lo encarnaron el filólogo y sacerdote Ángel María Garibay y el historiador Miguel León-Portilla. Y en el XXI sigue teniendo representantes serios. Es un indigenismo de la cultura y del acercamiento amoroso y paciente.
A su lado, casi simultáneamente, apareció un indigenismo defensivo, cuyo adalid principal fue fray Bartolomé de las Casas, el autor de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552). Su defensa radical del indígena no fue solo moral sino material y política: obligó al imperio español a confrontar sus abusos y a legislar en consecuencia. Aunque esas leyes no siempre se cumplieron, introdujeron un principio decisivo que continuó a lo largo del virreinato: el indio debía ser protegido. En el siglo XIX esta corriente se debilitó, aunque tuvo defensores inesperados como el propio Maximiliano de Habsburgo. La Revolución mexicana, en su vertiente zapatista y agrarista, retomó esa defensa. En tiempos recientes, la corriente reaparece en figuras como Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas, y su nuevo fruto han sido las reformas sobre derechos de los pueblos indígenas. Es un indigenismo de denuncia, animado por un impulso de justicia, aunque a veces derive en confrontación con el orden constitucional vigente hasta hace poco.
El indigenismo demagógico aparece a fines del virreinato y se consolida tras la independencia. Al vincular al México naciente con el Imperio Mexica como fuente de legitimidad exclusiva, contribuyó a una narrativa centralista anclada en la Ciudad de México, la antigua Tenochtitlan. Ese indigenismo recuerda al indígena que hace medio milenio adoraba a Quetzalcóatl (o, según la moda actual, a Huitzilopochtli) pero olvida al mexicano que hoy enciende veladoras a la Virgen de Guadalupe en la capilla barroca de su pueblo. No comprende ni defiende al indígena actual: lo utiliza con fines políticos.
Cuando se invoca una filiación directa con las civilizaciones prehispánicas como fuente de autenticidad, se olvida que México es una construcción histórica plural donde convergen tradiciones indígenas, hispánicas, africanas, asiáticas, liberales y modernas. Y se olvida más: en un país de leyes la pertenencia no se define por una raíz étnica y que sólo una mínima parte de la población actual podría reclamar. Se define por un orden jurídico compartido.
Pero como no somos ya un país de leyes ni de instituciones ni tenemos un orden jurídico compartido, es natural que prosperen estas extravagancias que ya José María Morelos –protector del Congreso de Apatzingán, profeta y padre de una patria republicana, libre e igualitaria– con su característico buen humor, reprobaba. ~
Publicado en Reforma el 10/V/26.