Aunque la Casa Blanca lo ha circunscrito a su problema de consumo de drogas y muertes por sobredosis de fentanilo, para los mexicanos romper la vinculación entre política y crimen organizado es, debiera ser, de la misma importancia que garantizar un crecimiento económico elevado con mecanismos distributivos eficaces: es decir, una necesidad estratégica para darle viabilidad al país.

Sin la generación de riqueza suficiente que posibilite una sociedad más justa e incluyente el país se divide, polariza y empobrece; con el crimen organizado apropiándose y poniendo a su servicio al Estado, se crean gobernanzas criminales, es decir, un orden y una convivencia social, económica y política regidas por la ley de la selva: domina el más violento. ¿Economía incluyente, democracia y respeto de los derechos humanos en medio de la ley de la selva y la violencia? Imposible.

Desde esas premisas, la extradición de Rocha Moya y asociados adquiere su dimensión real. En el cada vez más remoto caso de que Sheinbaum la conceda, sería apenas el primer nudo que se desataría de una muy grande y enmarañada madeja. Para diseñar los siguientes pasos es necesario distinguir las múltiples modalidades de esa realidad que ha existido siempre: los vínculos entre política y organizaciones criminales.  

Un poco de historia

Cuenta Luis Astorga, historiador del narcotráfico, que los primeros cárteles de la droga eran dirigidos por generales que participaron en la revolución y se convirtieron en gobernadores de los estados del Pacífico y de la frontera con Estados Unidos. El narcotráfico nació y creció en México desde el Estado, no había separación entre política y crimen, eran una y la misma cosa. 

Pero evolucionó. Miguel Alemán Valdés (1946-1952, el primer presidente civil posterior a la revolución) separó al ejército de la política y es muy probable que, como parte de ese deslinde entre el poder civil y militar, los generales ya no aparecían como los líderes de las organizaciones del narcotráfico. De manera simple, puede decirse que ocurrió una “privatización” de la producción y exportación de drogas.

Alemán Valdés construyó otro modelo de convivencia entre los narcos y la política. Todos los grupos dedicados a esa actividad debían pertenecer a una sola organización del narcotráfico –una especie de corporación monopólica, al mismo estilo de las corporaciones obreras, CTM, y campesina CNC– que era regulada y controlada fundamentalmente por la Dirección Federal de Seguridad (la policía política del régimen). El narcotráfico era un negocio en crecimiento acelerado, pero relativamente pequeño y controlable por el Estado, que le impuso las reglas de un acuerdo tácito: permiso para traficar a E.U., pero no para vender en México; violencia mínima, a cambio, sobornos para todos los cuerpos de seguridad y justicia, locales y federales. Una de las consecuencias más funestas para el país de ese pacto que hizo posible la pax narca ha sido, justamente, entregarle al crimen organizado el control de las policías y las procuradurías de justicia.

Ese arreglo estalló en la segunda mitad de la década de los 80 por la muerte del agente de la DEA, Kiki Camarena, y la presión estadounidense que obligó al gobierno a encarcelar a los autores del asesinato (Caro Quintero, Don Neto y Félix Gallardo). El gobierno de Miguel de la Madrid desapareció a la DFS, y así se descabezaron las dos partes que hacían posible el arreglo Estado-narcotráfico que duró cuatro décadas.

La fragmentación de la corporación monopólica del narco en varios cárteles (Sinaloa, Tijuana, Juárez, El Golfo, los Valencia, luego aparecerían La Familia y Los Zetas) y el declive del presidencialismo autoritario del PRI (comienzan las transiciones en gobiernos estatales y en el 2000 en la alternancia en la presidencia) hicieron imposible desde entonces la recreación de un acuerdo nacional. También comenzaron los conflictos violentos entre cárteles, que fueron la causa original de la violencia, y no la política de Calderón

A partir de la década de los 90, las relaciones entre organizaciones criminales y la política se establecieron fundamentalmente en los ámbitos estatal y municipal, pero con una gran diferencia: las reglas ahora las imponían los jefes criminales, no los gobiernos, por la sencilla razón de que la fuerza de las armas está del lado del crimen organizado y las fuerzas estatales, que deberían imponerse, fueron capturadas a base de sobornos y defendían a los capos y no a los gobernantes Así, en Baja California mandaban los Arellano Félix; en Sinaloa, el “Chapo” y el “Mayo” Zambada, en Chihuahua, los Carrillo Fuentes, en Tamaulipas Osiel Cárdenas, etc.

Aunque también había corrupción en instituciones federales (PGR, ejército), los gobiernos federales comenzaron a percibir el problema y trataron de contenerlo sin éxito. Salinas y Zedillo lo hicieron sin muchos recursos ni la fuerza necesaria; Fox, sin voluntad política real. En las altas esferas de la política comenzó a ser cuestionable que desde el Estado se alentaran pactos con los cárteles del narcotráfico como método para enfrentar el problema. Con imperfecciones y limitaciones, Felipe Calderón fue el primer presidente que hizo del combate a las organizaciones criminales el centro de su gobierno y además alertó sobre el peligro que representaba la captura y reconfiguración de las instituciones del Estado a manos de las organizaciones criminales. Fue criticado irresponsablemente por exagerar y “patear el avispero”. Peña Nieto nadó de muertito entre frivolidades y corrupción, pero Ayotzinapa fue una señal contundente de la gravedad y persistencia del problema.  

El viraje criminal

Yo pensaba que, más allá de discrepancias sobre las estrategias y políticas de seguridad para pacificar al país, había un consenso en los partidos y en la clase política, en cuanto a que la captura de instituciones del Estado por parte del crimen organizado era absolutamente intolerable, tanto por razones políticas y de seguridad nacional (¿qué Estado permite que se le dispute el poder y se le desplace?) como de gobernabilidad, por las consecuencias económicas y sociales de un crimen tan poderoso que roba, asesina, desaparece y extorsiona de manera permanente y sistemática a los ciudadanos.

Me equivoqué. Desde el inicio de su gobierno, López Obrador giró 180 grados la política hacia las organizaciones criminales y convirtió en anatema perseguirlas. Los “abrazos y no balazos” fueron el primer paso. El argumento esgrimido –falso, pero discutible en términos de políticas de seguridad– era que la violencia no se combatía con más violencia y que su estrategia consistiría en atacar las causas.

El segundo paso fue la decisión de aprobar y, quizá alentar, que desde su gobierno y la dirección de Morena no solo se permitieran y quizá se impulsaran acuerdos con organizaciones criminales, sino que se utilizaran los puestos, recursos, personal e influencias del gobierno y el partido para crear empresas criminales que alimentaran fortunas personales y financiaran las operaciones y campañas electorales de su partido. Esta segunda decisión ha tenido significados gravísimos: al retroceder a la visión de la época de Miguel Alemán, del crimen organizado como un socio necesario y confiable para mantener la “paz social”, que, por lo tanto, ya no es considerado como un enemigo del Estado al que se debe combatir, sino un ejemplo a seguir, se borra por completo la frontera entre política y crimen.

Conociendo los antecedentes educativos e ideológicos de López Obrador, es relativamente fácil entender los “abrazos y no balazos”. Todo parece indicar que se trata de ignorancia mezclada con dogmas de la izquierda más primitiva, junto con el rechazo político e irracional a los gobiernos neoliberales.  

Pero su decisión de permitir esquemas de operación política abiertamente ilegales y delictivos para beneficiar a su partido es más difícil de explicar racionalmente. Por los videos de René Bejarano y de sus hermanos recibiendo dinero en efectivo, más el libro El rey del cash, sabemos de la arraigada y antigua adicción del expresidente por el financiamiento ilegal de su movimiento. No es una adicción exclusiva; la tienen muchos políticos de todos los partidos. Lo extraño del asunto es que haya decidido utilizar fuentes abiertamente criminales para saciar su adicción cuando tiene otras dos, igual de abundantes e ilegales, pero de menores consecuencias políticas.

La primera son los recursos públicos de sus gobiernos: los miles de servidores de la nación, trabajadores de la Secretaría del Bienestar, son operadores electorales de Morena apenas disfrazados, igual que las transferencias de dinero de los programas sociales utilizadas en campañas electorales. La segunda fuente son los cientos de contratistas –entre ellos han sido señalados amigos de Andrés Manuel López Beltrán– que pagan la asignación de licitaciones amañadas con “moches”. Cada vez hay más historias de corrupción rampante en todo tipo de contratos y en todas las dependencias.

Con todos esos recursos, más varios miles de millones de pesos de las prerrogativas oficiales, ¿por qué crear lazos con el crimen organizado para financiar a Morena? ¿Ambición de nuevos ricos sin escrúpulos o soberbia? ¿Nunca pensaron que asociarse con el narcotráfico les traería problemas con Estados Unidos?

En un artículo publicado en estas páginas en mayo de 2025, analicé las nuevas modalidades de vinculación entre política y crimen inauguradas por los gobiernos de Morena. Por una parte, la creación de empresas criminales integradas por funcionarios, lideres partidistas, empresarios, ejército y marina, para estafar a las finanzas públicas a escalas nunca antes vistas. No es el único caso: en Tabasco, Hernán Bermúdez creó y dirigió su organización criminal, “La Barredora” desde su condición de secretario de Seguridad Pública, nombrado por Adán Augusto López Hernández, el “hermano” de AMLO.

Por otra parte, el intercambio criminal de hegemonía política a cambio de control territorial absoluto; el crimen organizado financia y opera las campañas que garanticen el triunfo de Morena a cambio de que le permitan el control absoluto de un territorio. Así ha ocurrido en Sinaloa y, aunque menos publicitado, en Tequila, Jalisco, cuyo alcalde convirtió la alcaldía en una empresa para la extorsión.

El callejón sin salida

Estas han sido las consecuencias de esas dos decisiones de política de inseguridad pública, los abrazos y no balazos y la desaparición de las fronteras entre crimen y gobierno. Se han sentido tan poderosos e impunes que no les importó robarle al fisco 600 mil millones de pesos (en la trama del huachicol fiscal) ni convertir a los sicarios de los Chapitos en operadores electorales el día de la elección ante los ojos de todo el mundo. Desde Palenque, AMLO seguía extendiendo su poder y su manto de impunidad a todos los leales.

La solicitud de extradición de Rocha Moya y sus amigos pega en el corazón del modelo AMLO de hacer política (que no de seguridad) basado en la ignorancia, la ambición, la soberbia y la ceguera. Desde que llegó Trump comenzaron los avisos, pero no los quisieron ver.  Sheinbaum pudo adelantarse y actuar, pero no quiso o no pudo. Es toda una cultura de impunidad, arrogancia y autoritarismo la que está amenazada de muerte, no porque a Trump le importe la democracia, sino porque exhibe la vulnerabilidad en que pusieron al país frente a un poder más fuerte.

Deshacer la madeja de la complicidad entre crimen y política comienza por una cosa que debería ser muy simple y obvia: mandar el mensaje claro y contundente de que eso es intolerable para cualquier gobierno que quiere hacer vigente el Estado de Derecho. Haber respondido afirmativamente, sin titubeos, a la solicitud de extraditar a Rocha Moya y sus cómplices hubiera dado ese mensaje. La presidenta Sheinbaum no ha querido o no ha podido darlo. De ese tamaño es nuestra tragedia. ~