El pasado 19 de julio, durante la celebración del 47 aniversario de la revolución sandinista, Daniel Ortega anunció sin rodeos su intención de no arriesgarse más a celebrar elecciones multipartidistas que pudieran resultar en su derrota, como le sucedió en 1990 y en dos elecciones sucesivas, antes de finalmente ganar en noviembre de 2006. “Aquí no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos (los partidos opositores) atrapar el gobierno, atrapar el poder. Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las obligaciones correspondientes, a hacer las leyes, para que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias (…). Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. ¡Jamás, jamás, jamás!”.
Muchos comentaristas han denunciado, con razón, un “giro”, una “consolidación autoritaria” o incluso una “oficialización de la tiranía”. Todas estas críticas establecen implícitamente una comparación con la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, último presidente de la dinastía que gobernó el país de 1937 a 1979, quien fue derrocado en 1979 por una revolución que unió a una coalición diversa: la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional, los numerosos partidos de oposición –desde conservadores hasta comunistas–, el movimiento obrero, el sector empresarial y la iglesia católica, que confirió a la lucha contra Somoza el carácter de una cruzada contra un régimen intrínsecamente corrupto.
Sin duda, esta comparación tiene cierto fundamento. Los dos hijos de Anastasio Somoza García (1896-1956), Luis y Anastasio, lo sucedieron y siempre mantuvieron un control férreo sobre las principales instituciones del país. El hijo de Anastasio Somoza Debayle, Anastasio Somoza Portocarrero, el “Chuiguín “, debería haberlo sucedido.
Los Ortega Murillo también tienen un proyecto de gobierno dinástico. Daniel Ortega, Rosario Murillo (su esposa, quien se convirtió en su copresidenta tras una reforma constitucional en febrero de 2025) y sus hijos se han hecho con el control del país mediante una corrupción generalizada. El adjetivo acuñado por Henry Kissinger para describir a los Somoza, “cleptócrata”, se usa ahora para denunciar los negocios de los Ortega Murillo. En los últimos años, a los inversionistas chinos que llegaron en gran número para hacer negocios en Nicaragua se les dijo que el país era estable porque un dúo formado por la copresidenta, Rosario Murillo, y su hijo, Leonel Ortega Murillo, sucedería a la pareja Ortega-Murillo.
Con todo, si bien esta comparación desmitifica la imagen del guerrillero heroico y abnegado que cultivó Daniel Ortega, pasa por alto un punto crucial. El régimen político que Daniel Ortega y Rosario Murillo han establecido metódicamente desde el regreso de Ortega al poder en 2007 no es ni una tiranía clásica como la de los Somozas ni una dictadura militar como las que sufrieron muchos países latinoamericanos. Se trata de una dictadura totalitaria que radicaliza y relanza el proyecto político del régimen sandinista de 1979 a 1990.
Las palabras de Daniel Ortega el 19 de julio ofrecen indicios muy claros en este sentido. El presidente evoca dos imágenes centrales de las representaciones totalitarias. En primer lugar, se niega a considerar el poder como un “espacio vacío” (Claude Lefort), ocupado solo temporalmente y sujeto a cuestionamiento periódico mediante elecciones libres y pluralistas en las que compiten las fuerzas más diversas y donde la oposición puede imponerse. El conflicto político o social deja de ser legítimo; se convierte en sinónimo de desestabilización, se le percibe como una usurpación ilegítima del poder. Sus palabras son inequívocas: los partidos de oposición ya no podrán competir ni aspirar a gobernar.
En segundo lugar, recupera la figura del traidor a la patria, el “vendepatria” a sueldo del imperialismo estadounidense, para designar a todos aquellos opositores que cuestionan su derecho a perpetuarse en el poder. Estos solo pueden ser vistos como títeres de Estados Unidos. Daniel Ortega revive la imagen de un pueblo-Uno (Claude Lefort) en su lucha contra los “enemigos del pueblo”. Sus palabras recuerdan a las de su hermano Humberto Ortega, quien ya en la década de 1980 explicó que, de celebrarse elecciones, no sería para permitir que ganara la oposición, la cual ya entonces era descrita como un grupo de “vendepatrias” nostálgicos de Somoza.
Se argumentará que los sandinistas celebraron elecciones en 1984, las cuales ganaron por una aplastante mayoría, y que en 1990 no solo perdieron las elecciones, sino que también aceptaron la alternancia. Esos hechos son claros, pero de ninguna manera validan ningún sentido de democracia dentro del Frente Sandinista. En 1984, la mayor parte de la oposición cedió ante los dictados del gobierno de Ronald Reagan y no presentó candidatos. Por su parte, los sandinistas intensificaron sus tácticas de intimidación contra los votantes, a quienes amenazaron de muerte si no votaban por ellos. Los líderes del FSLN también dejaron muy claro que no cabía la posibilidad de que ganara nadie más que ellos. Si se suman el número de votantes potenciales que no se registraron, el de abstenciones y el de quienes votaron por partidos no sandinistas que sí presentaron candidatos, queda claro que, si bien los sandinistas obtuvieron la mayoría de los votos emitidos, en realidad, esto representaba solo alrededor de un tercio de los votantes potenciales. Sin embargo, proclamaron que habían ganado con una “amplia mayoría” y, en la investidura de Daniel Ortega como presidente de la República, aseguraron que “el pueblo asumia la presidencia”
En 1990, solo accedieron a celebrar elecciones porque el régimen estaba al borde de la bancarrota, porque veían cómo el apoyo soviético se reducía casi a cero y porque estaban convencidos de que ganarían por una aplastante mayoría. También se sabe que el mexicano Partido Revolucionario Institucional les ofreció amañar las elecciones a su favor, lo cual rechazaron porque estaban seguros de su victoria. Y, como testificaron dos exlíderes sandinistas, Henry Ruiz y Sergio Ramírez, si hubieran sabido que podían ser derrotados, habrían tenido un plan B para amañar las elecciones. De modo que no les quedó más que aceptar la derrota.
Estas experiencias explican que, cuando logró reelegirse en 2006, impedir la celebración de elecciones en las que la oposición pudiera ganar y obligarlo a abandonar el poder nuevamente se convirtiera en la obsesión de Daniel Ortega. Así, desde la presidencia absorbió de inmediato y metódicamente todos los organismos responsables del escrutinio electoral, principalmente el Consejo Supremo Electoral, y todos los tribunales. De este modo pudo, en cada elección, comenzando con las municipales de 2008, impedir que algunos de sus potenciales rivales presentaran candidatos y orquestar un fraude electoral, para sostener la puesta en escena de su popularidad creciente.
Este cuestionamiento del pluralismo viene acompañado de una pretensión egocrática en la que Daniel Ortega se presenta como la doble encarnación del poder político y del Estado, pero también de la ley, que ya no está separada de ese doble poder. Las palabras de Daniel Ortega sobre su disposición a trabajar con la Asamblea Nacional para crear leyes que constituyan una barrera insuperable para la oposición son emblemáticas de esta intención.
El 28 de julio, en un mensaje televisivo, Rosario Murillo defendió la anulación de las elecciones y confirmó el inicio del proceso de reformas constitucionales, enfatizando que “estas medidas responden al derecho soberano del país a definir su propio sistema”. Añadió que “solo el pueblo nicaragüense tiene potestad de decidir sobre democracia e instituciones” y que “Nicaragua transita un camino de perfeccionamiento democrático”. El mismo día, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció que, “cumpliendo fielmente” con las palabras de Daniel Ortega, se implementará una reforma constitucional que ampliará el mandato presidencial de cinco a siete años y dará al Consejo Supremo Electoral “facultades expresas para negar la personalidad jurídica de partidos políticos o cancelar candidaturas” de actores considerados opositores al régimen. Si funcionarios del gobierno declararon que las palabras de Ortega habían sido “malinterpretadas”, que Nicaragua volvería a organizar elecciones, Porras dejó claro que el Frente Sandinista no volverá a aceptar un proceso en el que exista la posibilidad de perder el poder.
También cabe destacar el énfasis que puso en su discurso Daniel Ortega en la figura de un pueblo que lucha contra sus enemigos, contra quienes toda forma de violencia es legítima. Refiriéndose al levantamiento de 2018, que comenzó como una protesta contra una propuesta de reforma de la seguridad social, pero rápidamente se transformó en un desafío abierto a la legitimidad del poder presidencial y un llamado a la restauración de la democracia, Daniel Ortega volvó a acusar a los manifestantes de haber tramado un golpe de Estado. “Organizaron el golpe, utilizaron fondos de los Estados Unidos para llevar a jóvenes y adultos, para prepararlos, entrenarlos, armarlos, y derrocar al gobierno legítimo del Frente Sandinista. Lo intentaron. Aquí corrió sangre de jóvenes, de adultos, de mujeres, de niños, se derramó sangre, y al final no quedó más camino que responderles con la contundencia de la ira del pueblo. Cuando tenían paralizado el país, tenían tranques por todos lados; entonces no hubo más camino que la policía, con los policías voluntarios, con los jóvenes, fuesen a destruir esos tranques. Y no quedó un solo tranque.”
Lo que llama la atención no es solo que los manifestantes fueran tachados de traidores por cuestionar la legitimidad del gobierno del Frente sandinista, y que se reconociera la magnitud del movimiento de protesta, sino también que Daniel Ortega extrajera inmediatamente tres conclusiones. La primera es que un movimiento al que se le reconoce tal magnitud y fuerza, solo pudo ser posible gracias a la manipulación de los manifestantes por parte de Estados Unidos y el supuesto apoyo financiero que ese país les proporcionó. La segunda es que no había otra solución que responder con “la contundencia de la ira del pueblo”, es decir, con la violencia más flagrante. Cabe recordar que la represión dejó al menos 325 muertos, sin contar los cientos de heridos. La tercera es que el pueblo se presenta como un cuerpo fusionando a la policía, los oficiales voluntarios y la juventud movilizada para reprimir a los manifestantes.
La idea de que los manifestantes habían infringido la ley y que restablecer el orden requería la intervención policial y el posterior enjuiciamiento de los infractores se desvanece y pierde sentido. Lo que emerge es la idea de un conflicto entre “enemigos del pueblo”, agentes extranjeros, y un “pueblo-Uno” simbolizado por una fusión entre el pueblo, la policía, sus auxiliares, las tropas de choque del Frente y “la juventud”. Ante tal agresión, el “pueblo-Uno” solo puede expresar su cólera y responder con la más extrema violencia. Al afirmar esto, Daniel Ortega se posiciona como líder de este gran cuerpo en lucha contra sus enemigos. Es simultáneamente el poder político, el Estado y sus instituciones soberanas, pero también la sociedad, el pueblo que expresa su justa indignación, lo que llama el “pueblo presidente”. Este gran cuerpo tiene todos los derechos y ninguna ley puede limitar su voluntad de actuar. Encontramos una vez más todas las metáforas empleadas durante la década de 1980, durante el establecimiento por parte de los sandinistas de su “hegemonía” sobre la revolución y su control sobre todos los nuevos órganos de poder, luego durante su persecución sistemática de opositores cívicos y finalmente, a partir de 1982, durante su guerra contra los Contras.
Se dirá que esto es mera retórica y que, si bien el terrorismo de Estado fue innegable durante la represión del movimiento de protesta de 2018, luego durante las elecciones de 2021 y el encarcelamiento de todas las figuras de la oposición que posteriormente fueron expulsadas del país y despojadas de su ciudadanía, las cosas se han calmado en gran medida desde entonces. Desafortunadamente, la realidad es muy distinta. Hoy, más de un millón y medio de los siete millones de habitantes de Nicaragua han optado por el exilio. No solo se persigue sistemáticamente a todos aquellos que se oponen a los planes de la familia Ortega para saquear el país, sino que dentro del FSLN y sus aliados, cualquiera que se atreva ya no a criticar las acciones de los copresidentes, sino a simplemente expresar dudas sobre ellas, se arriesga a graves consecuencias.
Consideremos, por ejemplo, el asesinato en junio de 2025 del mayor en retiro Roberto Samcam, exiliado en Costa Rica, crítico feroz del gobierno, o el intento de asesinato de un excomandante de la contra, Marvin Gámez Alaníz en Honduras el 25 de julio. Varios mayangnas de la reserva de Bosawás, en el centro de Nicaragua, que no solo han protestado contra las invasiones de sus tierras por parte de exsoldados sandinistas o empresas mineras chinas, sino que también se han defendido en ocasiones, cuando delincuentes incendiaban sus aldeas, los asesinaban y esclavizaban a sus mujeres, han sido encarcelados sin juicio o condenados por terrorismo. Cuando dos líderes miskitus, aliados del FSLN durante décadas, Brooklyn Rivera y Steadman Faghoth, protestaron contra el mismo tipo de abusos en territorio miskitu, fueron arrestados y encarcelados sin juicio. El primero falleció recientemente bajo custodia. Su familia no pudo enterrarlo como deseaban en su comunidad natal de Sandy Bay, sino que fue sepultado por representantes del Frente Sandinista en un cementerio de la capital.
El hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, quien se atrevió a criticar su conducta durante las protestas de 2018 y las detenciones masivas de 2021, fue puesto bajo arresto domiciliario en mayo de 2024 y posteriormente trasladado a un hospital militar, donde falleció meses después. Bayardo Arce, quien, al igual que Daniel Ortega, fue miembro de la dirección colectiva del Frente en la década de 1980 y posteriormente uno de sus colaboradores más cercanos, fue arrestado en julio de 2025 por cargos de corrupción y encarcelado sin juicio. Henry Ruiz, otro exmiembro de la dirección del Frente que surgió como opositor de Ortega en la década de 2010, está en arresto domiciliario desde marzo de 2025 sin que se haya emprendido ninguna acción legal en su contra.
Esto significa que hoy en día, cualquiera que se atreva a cuestionar la legitimidad de las acciones de la pareja presidencial –ya sea un exiliado, un miembro de las comunidades indígenas del país, un joven que se atreva a bromear públicamente sobre ellos o un dirigente del FSLN sospechoso de debilidad– es inmediatamente tachado de “enemigo del pueblo” y tratado como tal. Estamos presenciando una escalada totalitaria orquestada por dos líderes que se creen todopoderosos, pero que están tambien aterrorizados por el miedo de padecer un futuro similar al de Nicolás Maduro y su esposa. ~
