Todo comenzó con una cucaracha. Durante una audiencia, Surya Kant, presidente de la Suprema Corte de India, comparó a jóvenes desempleados que no pueden encontrar un lugar en el mundo profesional con esos desagradables insectos que asociamos con la suciedad, cuya sola aparición despierta el impulso de aplastarlos… Más tarde aclararía que se refería a personas con títulos falsos, pero el insulto ya se había echado a andar a muchos en redes sociales. Los jóvenes recién graduados y desempleados lanzaron una pregunta: ¿qué ocurriría si todas las cucarachas se juntaran? Así nació el Cockroach Janta Party –algo así como el Partido Popular de las Cucarachas–, una parodia que convirtió la humillación en identidad y el desprecio en combustible político.
Como se sabe, cuando una cucaracha se deja ver, casi nunca está sola. Detrás de los muros, bajo el suelo y en las grietas permanecen muchas otras, ocultas en la oscuridad, esperando a salir cuando sea apropiado. El insulto de Surya Kant hizo precisamente eso. De las rendijas digitales emergió una multitud que el poder no había querido ver: jóvenes que ocuparon Instagram, cambiaron los memes por panfletos y difundieron videos de represión policial hasta convertir una protesta contra el desempleo y la falta de futuro en un movimiento que terminó por provocar la renuncia del ministro de Educación.
Mientras los jóvenes indios se apropiaban de un insulto para reclamar el derecho a entrar en la economía, en México algunos aspirantes quizás utilizaron la tecnología para franquear otra puerta cada vez más estrecha: la de la educación superior. La Universidad Nacional Autónoma de México anuló miles de exámenes de admisión e investiga si hubo aspirantes que recurrieron a inteligencia artificial para obtener una ventaja. La paradoja era perfecta: la inteligencia artificial vigilaba la prueba y, presuntamente, también ayudaba a contestarla. La máquina ya no espera a los jóvenes al final de la carrera para disputarles el empleo; ahora los recibe en la puerta de la universidad.
Durante décadas, las sociedades prometieron a sus jóvenes que la educación sería una escalera hacia la prosperidad; hoy continúan entregándoles títulos que se parecen cada vez más a boletos para un tren con menos asientos. Alrededor de cinco millones de personas se gradúan cada año en India, pero su economía solo logra absorber a poco más de la mitad; entre los menores de veinticinco años, casi cuatro de cada diez graduados están desempleados.
Estados Unidos tampoco escapa de esta fractura y hasta le ha puesto nombre: ALICE, por Asset Limited, Income Constrained, and Employed, personas con poco patrimonio, ingresos insuficientes y, sin embargo, con título y empleadas. No están oficialmente en la pobreza, pero tampoco ganan lo necesario para comprar una vivienda o tener una familia y ya representan 29% de los hogares estadounidenses. Junto con quienes viven bajo el umbral de pobreza, suman 42% de la población total.
México no es la excepción. En una economía que se contrajo 0.6% durante el primer trimestre de 2026, la informalidad funciona como el sótano al que son empujados quienes no encuentran sitio en los pisos superiores: cerca de 55% de los trabajadores sobrevive sin la protección completa de un empleo formal. El desempleo mexicano parece bajo porque millones de personas no pueden darse el lujo de permanecer desempleadas: están en la economía informal.
La inteligencia artificial, por tanto, no llegó para derribar un contrato social; entró caminando entre sus ruinas. Sobre ellas, Estados Unidos y China libran una nueva Guerra fría que ya no se mide en ojivas nucleares, sino en semiconductores, centros de datos, modelos y electricidad. Ninguna de las dos potencias compite por proteger a las clases medias: ambas persiguen la supremacía, porque en esta carrera detenerse equivale a concederle el futuro al adversario. Mientras, millones de jóvenes corren el riesgo de convertirse en el daño colateral de una batalla que nunca eligieron.
Lo que en el balance de una empresa aparece como productividad puede representar, en un currículum, la desaparición del primer empleo, del primer salario y del primer peldaño hacia la independencia. La democracia capitalista pidió durante décadas que toleráramos la desigualdad del presente, porque había esperanza en el porvenir; pero cuando el título universitario deja de abrir puertas y el esfuerzo laboral ya no garantiza el ascenso, esa promesa pierde legitimidad. La inteligencia artificial puede ayudar a reconstruirla mediante servicios públicos más eficaces, vigilancia ciudadana del poder, elecciones más transparentes y una distribución más amplia de la riqueza tecnológica; o puede terminar de sepultarla bajo un régimen que vigile a los inconformes, manipule la conversación y reparta una renta suficiente para contenerlos. Un camino distribuiría poder; el otro apenas administraría la obediencia.
Las democracias capitalistas atraviesan una crisis que no es solamente electoral, sino moral: siguen prometiendo libertad, movilidad y prosperidad, pero cada vez más ciudadanos votan sin sentirse representados, trabajan sin alcanzar seguridad y estudian sin encontrar futuro. La versión más luminosa del futuro de la inteligencia artificial no aboliría ese sistema; lo obligaría a evolucionar. Sustituiría un contrato social rebasado –en el que el empleo determina quién merece seguridad y los beneficios del progreso se concentran en quienes poseen el capital– por una democracia capitalista más amplia, capaz de distribuir también la productividad de las máquinas. Sería una nueva tercera vía: ni detener la tecnología para preservar intacto el pasado ni entregar sus frutos a los propietarios de los algoritmos, los datos y los centros de cómputo.
La inteligencia artificial serviría para ampliar las capacidades humanas: aumentar la libertad real de cada persona para aprender, curarse, crear, emprender y decidir el rumbo de su vida. Un niño tendría acceso a un tutor personal; un paciente, a orientación médica temprana; un pequeño empresario, a conocimientos antes reservados para las grandes corporaciones; y cualquier ciudadano, a herramientas para comprender las leyes, vigilar al gobierno y defender su voto. La renta universal garantizaría un nivel mínimo de vida, mientras un dividendo de inteligencia artificial devolvería a la sociedad una parte de la riqueza producida con su conocimiento, sus datos y su infraestructura. No sería una limosna para quienes dejaron de ser útiles a la economía, sino su participación legítima en la prosperidad común: un piso desde el cual levantarse, no un techo bajo el cual resignarse. Esa sería la promesa renovada: que las máquinas cargaran con una parte del peso del mundo para que los seres humanos pudieran ensancharlo.
La versión oscura, en cambio, no llegaría escoltada por tanques, sino descargada como una aplicación: cómoda, eficiente y aparentemente diseñada para hacernos la vida más fácil. En ella, la inteligencia artificial no ampliaría las capacidades –o los derechos– de los ciudadanos, sino la capacidad del Estado y de unas cuantas corporaciones para conocerlos, anticiparlos y dirigirlos. Las mismas redes que permitieron a los jóvenes indios encontrarse y expresarse se convertirían en el sistema nervioso del poder: cada búsqueda revelaría una carencia; cada mensaje, un vínculo; cada meme, un síntoma de inconformidad. Los algoritmos podrían detectar una protesta antes de que llegara a la calle, aislar a sus dirigentes, inundar la conversación con distracciones y fabricar para cada persona una realidad distinta. Incluso la renta universal, concebida como instrumento de emancipación, podría transformarse en el subsidio de la obediencia: una cantidad calculada no para ofrecer autonomía, sino para evitar la revuelta; suficiente para sobrevivir y consumir, pero insuficiente para escapar de la dependencia. Si además estuviera vinculada a una identidad digital y pudiera condicionarse, reducirse o suspenderse, dejaría de ser un derecho para convertirse en una correa. La democracia conservaría sus elecciones, sus discursos y sus banderas, pero los ciudadanos serían tratados como una población que debe administrarse, no como personas capaces de gobernarse. El poder ya no necesitaría aplastar a las cucarachas: le bastaría con localizar sus nidos, sellar las salidas y dejarles las migajas suficientes para que nunca tuvieran que aparecer.
Allí donde existan reglas claras, contrapesos, tribunales independientes, protección de los datos y ciudadanos capaces de vigilar al poder, la inteligencia artificial podrá ampliar libertades, democratizar el conocimiento y mejorar la vida de millones de personas. Allí donde el poder esté concentrado, la prensa sometida y los derechos dependan de la voluntad de unos cuantos, perfeccionará la vigilancia, la propaganda y el control. La inteligencia artificial, al final, refleja a la sociedad que la construye, pero multiplica su capacidad para actuar. Siempre ha sido así: una piedra permitió levantar una casa y romper un cráneo; el fuego calentó los hogares y redujo ciudades a cenizas; la imprenta difundió el conocimiento y también la mentira; el átomo iluminó ciudades y las borró del mapa con la bomba atómica. Ninguna tecnología posee conciencia: son nuestras instituciones las que terminan prestándole una.
Por eso, la pregunta no es si la inteligencia artificial será buena o mala, sino qué parte de nosotros decidirá amplificar. ¿La libertad o el miedo? ¿La dignidad o la obediencia? ¿La posibilidad de construir un nuevo contrato social o la tentación de administrar las ruinas del anterior?
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