Quienes defienden los nuevos Lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias han logrado instalar una narrativa tan eficaz como engañosa. Según esta, quienes cuestionan la propuesta estarían defendiendo los privilegios de los medios, la desinformación o la ausencia de reglas. El debate, así planteado, resulta conveniente para los promotores de la reforma porque desplaza la discusión desde el terreno institucional hacia el terreno moral. Ya no se trata de preguntarse qué límites deben imponerse al poder, sino de decidir si los medios son buenos o malos.
Sin embargo, ese nunca fue el verdadero problema. La pregunta central es otra, más incómoda: ¿por qué deberíamos confiarle al gobierno mexicano la facultad de convertirse en árbitro de la verdad pública?
Tal debería ser el punto de partida de cualquier discusión seria sobre los nuevos lineamientos. ¿A cuál gobierno mexicano de los últimos veinte años consideraríamos lo suficientemente imparcial para decidir si las notas de un infomativo llenan todos los estándares de veracidad, si las opiniones de un conductor están bien diferenciadas de los hechos o si una cobertura periodística está debidamente contextualizada? ¿Al de López Obrador? ¿Al de Peña Nieto? ¿Al de Calderón? Las democracias modernas aprendieron a desconfiar de los gobiernos que pretenden ser, al mismo tiempo, actores de la disputa pública y árbitros desinteresados de la misma.
Vale la pena hacer una concesión aquí. Los defensores de la propuesta tienen razón cuando afirman que las audiencias poseen derechos. También aciertan cuando sostienen que los medios deben asumir responsabilidades. Nadie debería oponerse a que las personas tengan acceso a información de mejor calidad, puedan distinguir entre contenidos informativos y promocionales, cuenten con mecanismos efectivos de réplica o dispongan de herramientas que les permitan comprender mejor los asuntos públicos.
El problema aparece cuando una causa legítima se convierte en vehículo para ampliar las facultades de supervisión de un poder político que ha pasado años demostrando su incomodidad frente a la crítica.
Los lineamientos no nacen en el vacío. Surgen después de un largo periodo durante el cual la propia Presidencia y el partido en el poder han convertido la confrontación con periodistas, medios de comunicación, académicos y organizaciones civiles en una práctica cotidiana. Las conferencias en Palacio Nacional, que debían ser instrumento de comunicación gubernamental, se convirtieron en una plaza pública virtual desde la que el presidente insultaba con fiereza inaudita a periodistas, caracterizando cualquier crítica como una traición o injerencia inaceptable.
Reportajes que denunciaban corrupción en el gobierno fueron descalificados como campañas políticas contra la transformación del país. Investigaciones periodísticas fueron presentadas como operaciones de grupos de interés. Se llegaron a violar la Ley de Protección de Datos Personales y el secreto fiscal para desacreditar a periodistas con nombre y apellido, sobre los que se ordenaban investigaciones de instituciones públicas, haciendo uso indebido de recursos del Estado. De hecho, la estigmatización de periodistas y medios desde la tribuna presidencial dio pie a la creación de una sección llamada “¿Quién es quién en las mentiras?”, que institucionalizó la inquietante idea de que el Ejecutivo determina quién miente y quién dice la verdad.
De hecho, en abril de 2025, un tribunal emitió una tesis aislada que, en alusión a Andrés Manuel López Obrador, estableció que en México se reprime desde el poder a la prensa crítica y se impide a la ciudadanía el acceso a la información en condiciones de objetividad y neutralidad, atribuyéndose de facto la facultad de definir la “verdad” y la “mentira”.
“Se emplearon recursos públicos bajo la finalidad aparente de brindar transparencia y comunicación ciudadana para generar en realidad campañas de desinformación, propaganda oficial, juicios mediáticos de desprestigio, exposición de datos personales y ataques a la vida privada y al honor de ciudadanos o periodistas considerados opositores al gobierno. Lo anterior fomenta la censura indirecta, la polarización social y erosiona los pilares de la democracia, al pretender imponer una versión deformada de la verdad de carácter oficial, sin garantizar el derecho de réplica ni un debate público sobre bases informativas neutrales, objetivas y pluralistas”, se lee en el documento.
Resulta imposible analizar los nuevos lineamientos sin recordar ese periodo caracterizado por lo que Jesús Silva-Herzog Márquez definía como la “política del escupitajo”: quienes nos cuestionan son ignorantes, son muñecos al servicio de siniestros intereses, que promueven un golpe de Estado. Los Lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias no representan una ruptura con esa lógica: son su continuación institucional.
La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando se observa la asimetría en la discusión. Los defensores de la propuesta sostienen que las audiencias tienen derecho a recibir información veraz, sin duda. Pero ¿dónde estuvo el defensor de las audiencias de las mañaneras? ¿Quién levantó la voz para que en la principal plataforma de comunicación del gobierno se distinguiera claramente entre información, propaganda, interpretación política y opinión? ¿Quién vigiló que las cifras, afirmaciones y narrativas difundidas diariamente desde Palacio Nacional tuvieran sustento? Nadie.
Los lineamientos parten de la premisa de que las audiencias necesitan protección frente a los medios, pero guardan silencio frente al principal productor de comunicación política de México: el propio gobierno.
Durante años, México hizo justamente lo contrario de lo que hoy se propone: sacó ciertas decisiones del alcance del gobierno en turno, pues la experiencia ha sido pródiga al mostrarnos que el poder suele ser mal juez cuando se trata de supervisarse a sí mismo. Esa fue la lógica detrás de organismos como el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La desaparición del IFT modificó profundamente ese equilibrio. Hoy las facultades regulatorias vinculadas con las telecomunicaciones y los derechos de las audiencias ya no descansan en un órgano constitucional autónomo, sino en estructuras subordinadas al Ejecutivo. Los defensores de los lineamientos suelen concentrarse en las buenas intenciones del texto. Lo que evitan discutir es que las reglas valen tanto como la independencia de quien las interpreta.
Los nuevos lineamientos utilizan conceptos como “veracidad”, “información falsa” o “descontextualización”, que sobre el papel parecen razonables, pero en la práctica son extraordinariamente problemáticos. No porque la verdad carezca de importancia, sino porque permitir al Estado definir oficialmente qué es verdadero y qué es falso constituye un camino peligroso.
Por eso los estándares desarrollados por la ONU, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han insistido repetidamente en que las restricciones basadas en conceptos ambiguos suelen terminar utilizándose contra voces incómodas. El problema no es la existencia de noticias falsas. El problema es quién recibe la facultad de identificarlas oficialmente.
Los defensores de los lineamientos suelen responder que no hay nada que apunte a censura previa. Formalmente tienen razón, pero el señalamiento descansa en una concepción estrecha de la libertad de expresión, pues esta puede deteriorarse sin necesidad de censura previa. Los medios no dejan de publicar porque alguien los prohíba. Lo hacen porque el costo potencial de hacerlo se vuelve demasiado alto, lo cual termina influyendo en decisiones editoriales. La libertad de expresión puede erosionarse sin que nadie cierre un periódico, una radiodifusora o un canal de televisión. Ese es el punto que provoca escozor.
Quienes critican la propuesta oficial no están defendiendo los privilegios de los medios. Presidencia insiste desde hace años en desempeñar precisamente el papel de árbitro de la verdad y eso es lo que debilita el razonamiento de los promotores, porque la respuesta implícita a la pregunta de quién debe sancionar cuando los medios conculcan algún derecho del público es el gobierno. Ni las audiencias, ni los tribunales, ni los organismos independientes o mecanismos de autorregulación: el gobierno.
Los errores del periodismo pueden corregirse mediante más periodismo, más competencia, más transparencia y más escrutinio público. Esto es un reconocimiento de que la gente tiene derecho a recibir información veraz, pero quien obre con honestidad intelectual admitirá también que la libertad de expresión no se construyó para proteger verdades verificadas.
Se construyó precisamente porque en asuntos públicos las sociedades rara vez poseen verdades definitivas. La Corte Interamericana ha sido consistente durante décadas en este punto. La libertad de expresión protege información, opiniones, hipótesis, interpretaciones y también errores. No porque el error sea deseable, sino porque permitir que una autoridad decida qué interpretación es suficientemente verdadera resulta mucho más peligroso.
Las democracias más sólidas no descansan sobre la capacidad estatal para definir la verdad, sino sobre la competencia abierta entre versiones de la realidad y la posibilidad de que alguien contradiga incluso aquello que parece evidente.
Sobre toda esta discusión sobrevuela una vieja advertencia que hace Isaiah Berlin en Dos conceptos de libertad, donde observa que muchos de los grandes proyectos autoritarios de la modernidad nacieron de la certeza de conocer los verdaderos intereses del pueblo. Cuando se cree que se sabe mejor que los ciudadanos qué les conviene, la libertad deja de entenderse como la posibilidad de elegir, se restringe el disenso y se justifica como un acto de emancipación. Así, se dice que no se limita a las personas para controlarlas, se les limita para protegerlas; que no se restringe la crítica para silenciarla, sino para impedir que sean engañadas, y que no se vigila a los medios para disciplinarlos, sino para defender a las audiencias.
Quizá por eso resulta imposible ignorar el lenguaje político que ha acompañado al partido en el poder. En 2022, legisladores de Morena firmaron un pronunciamiento en el que afirmaban que Andrés Manuel López Obrador, el jefe de la facción política que hoy gobierna, “encarna a la Nación, a la Patria y al pueblo”. En esa visión, el gobierno no representa a una parte de la sociedad dentro de una democracia plural, sino que encarna moralmente a la sociedad misma. Si el gobierno es el pueblo, toda crítica puede presentarse como una agresión al pueblo. Si el gobierno expresa la voluntad popular, cualquier límite a sus facultades puede describirse como un obstáculo impuesto por intereses particulares. Y si el gobierno habla en nombre de las audiencias, entonces cualquier resistencia a sus mecanismos de supervisión puede retratarse como una defensa de los privilegios de los medios.
Por eso, el verdadero problema de estos lineamientos no reside en sus buenas intenciones declaradas, sino en la concentración de autoridad que presuponen. La historia enseña que las libertades rara vez desaparecen en nombre de objetivos abiertamente autoritarios. Por el contrario, suelen erosionarse bajo causas nobles: la seguridad, la igualdad, la justicia, la protección de los vulnerables o la defensa del interés público. El argumento siempre es parecido: se pide confianza, se promete prudencia, se asegura que las nuevas facultades solo serán utilizadas para corregir abusos evidentes. Y un día, el poder descubre que las herramientas creadas para proteger a la sociedad también sirven para disciplinar a sus críticos.
Hay algo inevitablemente paternalista en la idea de que las audiencias necesitan un tutor estatal para orientarse en el debate público. Durante años se nos explicó que el pueblo mexicano poseía una sabiduría política superior a la de las élites tradicionales; ahora parece que ese mismo pueblo requiere de una autoridad administrativa capaz de advertirle qué información es suficientemente veraz, qué contexto es adecuado y qué contenidos podrían inducirlo a error.
Después de todo, el ciudadano que fue considerado lo bastante sabio para corregir décadas de vida pública mediante su voto parecería no serlo tanto cuando enciende la radio o la televisión. ~
