Las elecciones del martes 27 de octubre podrían significar el fin de la era Netanyahu, quien ha fungido un total de 19 años como primer ministro, a lo largo de tres periodos que iniciaron en 1996. Los últimos cuatro años han sido especialmente significativos por dos razones. Por un lado, el gobierno de coalición que en 2022 le permitió regresar al poder, tras un breve periodo de 18 meses, se ha dedicado a desmantelar la autonomía del poder judicial, prácticamente la única instancia de contrapeso en el sistema parlamentario israelí. Por el otro, tras la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, su gobierno obstaculizó tanto la liberación de secuestrados en Gaza, optando por una respuesta militar desmedida, como la creación de una comisión independiente para investigar los fallos de seguridad que permitieron el ataque de Hamás.
Más aún, su gobierno ha congelado una reforma que acabe con la exención militar para el sector haredí (utraortodoxo). Si todo lo anterior no fuera suficiente, en el último lustro el gasto militar se ha duplicado para atender diferentes frentes de guerra en Gaza, Líbano, Siria e Irán. Además, se ha acelerado el proyecto de anexión de facto de Cisjordania (donde habitan unos 3 millones de palestinos y 500 mil colonos judíos), con la canalización de recursos públicos a la ocupación que desde el Ministerio de Finanzas opera Bezalel Smotrich y en el que participa Itamar Ben-Gvir, como ministro de Seguridad Nacional.
Estas decisiones han impactado negativamente en la economía y los servicios públicos de salud y educación, aumentando con ello el descontento social que se comenzó a gestar en las calles en enero de 2023, cuando se dio a conocer el asalto oficial al poder judicial. La crisis económica y el aumento del costo de la vida son temas que impactarán en el voto contra el gobierno, ambos directamente relacionados con el estado de guerra permanente que promueve el actual gobierno.
Tan solo el sábado 24, a tres días de la jornada electoral, unos 100 mil israelíes se manifestaron en la “Plaza de los Secuestrados” de Tel Aviv para protestar contra Netanyahu, exigiendo, entre otras cosas, la comisión de investigación independiente que su gobierno se negó a crear. Con su clara mayoría en el parlamento, y negociando prebendas con sus socios de coalición, el primer ministro ha evitado asumir la responsabilidad de haber desdeñado las diversas advertencias que indicaban que Hamás preparaba una acción militar de gran magnitud. Así lo consignan diferentes investigaciones de prensa y lo ha señalado Ronen Bar, el ex director del Shin Bet (el servicio de inteligencia interna). Justamente, los cuatro partidos del bloque opositor se comprometieron a establecer, de una u otra forma, esta comisión independiente.
Por si fuera poco, habría que agregar los escándalos y responsabilidades que rodean al entorno de Netanyahu, incluyendo los juicios en su contra por corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder. Es en este escenario en el que se dirime un proceso electoral que para los israelíes cobra un carácter existencial: el futuro de lo que se entiende como la democracia israelí.
La desaprobación social a la coalición gobernante es clara. En 2022, el Likud, el partido de Netanyahu, ganó 32 escaños (de los 120 que conforman el parlamento israelí), y el total de su coalición, 64. Si las encuestas preelectorales se confirman este martes, el Likud obtendrá cerca de 20 escaños (ver Tabla 1). Sus socios en el gobierno, unos 31, con lo que apenas llegarían a 51 escaños y sin posibilidad de refrendar un nuevo gobierno.1
El debilitamiento de la coalición gobernante no es un realineamiento del voto hacia la izquierda. Se trata de un desplazamiento donde, según sondeos, cerca de la mitad de quienes votaron por el Likud en 2022 lo hará este martes por partidos de derecha del bloque anti Netanyahu. Este dato confirma la derechización política del grueso de la población judía israelí, tras el fracaso de las negociaciones bajo los Acuerdos de Oslo (1993) y los atentados terroristas en la segunda intifada (2000-2006), proceso que llegó a su cénit con la masacre del 7 de octubre. La sociedad israelí está sumida en un ambiente de desconfianza e inseguridad al que llegó, entre otras cosas, bajo la fantasía de que el conflicto con los palestinos podía ser gestionado eternamente. El atentado perpetrado por Hamás señalaría lo contario. El reto no es menor.
Israel tiene una población de unos 10 millones de habitantes. De ella, 73% son judíos y 22% árabes o palestinos ciudadanos de Israel (el 5% restante son clasificados por el censo como “otros” no ciudadanos). De ese total, poco más de 7 millones 330 mil podrán votar. Se calcula que un 10% de los 800 mil israelíes que residen en el exterior con derecho a voto viajaron a Israel para participar de la elección, en su mayoría a favor de partidos de la oposición. Un 17% de este padrón corresponde a ciudadanos árabes de Israel (1 millón 160 mil), cuya máxima preocupación es atender el aumento del crimen en sus comunidades y ciudades, asunto relegado por la policía que gestiona Ben-Gvir. Cerca del 9% del padrón lo conforman jóvenes entre 18 y 22 años (600 mil israelíes) que votarán por primera vez, la cifra más alta en la historia del país; unos 105 mil son haredíes y más de 118 mil, árabes ciudadanos de Israel.
Los llamados partidos árabes (donde también hay candidatos judíos) juegan un papel central en esta elección, pues sin ellos, el bloque anti Netanyahu no suma mayoría. Para un sector del electorado judío de la izquierda israelí, estos partidos (la Lista Conjunta y Ra’am) se han convertido en una alternativa que logra articular una salida concreta a las contradicciones políticas y morales que trae consigo el conflicto con los palestinos. Si la participación del sector árabe el día de la jornada electoral alcanza los máximos históricos que se proyectan (se espera que la participación alcance 60%), es probable que los partidos árabes aumenten su representación proporcional en la siguiente Knéset.
La fragmentación del voto anti Netanyahu ha fortalecido a otras opciones de derecha que se concentran en el bloque opositor. Prometen la posibilidad de un gobierno enfocado en salvaguardar las formas de institucionalidad democrática que depende de la división de poderes.
Por una parte, la elección misma ha estado en riesgo. El 23 de septiembre, el Comité Central de Elecciones (CCE), integrado principalmente por representantes de los partidos bajo la proporcionalidad del parlamento, aprobó, por 18 votos contra 5, descalificar a los partidos árabes, Ra’am y la Lista Conjunta. La Suprema Corte revirtió por unanimidad la exclusión. Lo que impidió que los árabes ciudadanos israelíes quedaran sin representación propia fue precisamente la institución que el actual gobierno quiere neutralizar. Si Netanyahu no pierde, quizá sea la última vez que eso suceda.
Y es que, a pesar del rechazo social, el actual gobierno logró pasar leyes que atentan contra la independencia del poder judicial durante la guerra en Gaza. La reforma del Comité de Selección Judicial de marzo de 2025 entra en vigor con la próxima legislatura: seis de sus nueve miembros serán políticos, y los nombramientos a la Suprema Corte ya no requerirán el voto de ningún juez. En un país sin constitución escrita y con un parlamento unicameral controlado por el gobierno, politizar la Corte mina la división de poderes, condición básica de toda democracia (como bien lo sabemos en México). En una siguiente elección, una Corte a modo se alinearía a los caprichos del poder ejecutivo.
A ello se suman el intento de destituir a la fiscal general Gali Baharav-Miara, anulado por unanimidad de la Suprema Corte en diciembre de 2025. Sin embargo, siete meses después, el parlamento aprobó una ley que permite al gobierno desoír las opiniones jurídicas de la Fiscalía.
Finalmente, no podemos olvidar la falta de rendición de cuentas y los intereses personales de Netanyahu. Acusado formalmente desde 2019, sigue gobernando mientras es juzgado. La ley no lo obliga a renunciar, pero en cualquier sistema democrático, sería inaceptable no hacerlo. Incluso, en 2008, el entonces primer ministro Ehud Olmert anunció su dimisión ante investigaciones de corrupción en su contra, antes incluso de ser acusado. Netanyahu, en cambio, se mantiene en el poder mientras su juicio se alarga.
El costo de la impunidad se mide también hacia el exterior. Israel vive su peor momento en el concierto internacional, bajo el liderazgo de Netanyahu. Desde noviembre de 2024 pesa sobre él una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Esto sin olvidar que la Corte Internacional de Justicia, que en enero de 2024 ordenó a Israel adoptar medidas para prevenir actos de genocidio, aún debe resolver el fondo de la demanda de Sudáfrica.
Tampoco Estados Unidos es ya un respaldo sin fisuras. Donald Trump intervino en la campaña para declarar su “apoyo pleno y absoluto” a Netanyahu (con la guerra de Irán entre los ojos), pero esa alianza personal (y tensa) oculta una erosión más profunda: los cuestionamientos a la atrocidad en Gaza han creado distancia con Israel tanto en el partido demócrata como en el republicano. Esa “relación especial” depende de un Trump desacreditado entre el público israelí. Así, el respaldo trumpiano podría jugar en contra del primer ministro: grandes sectores de la sociedad israelí están exhaustos después de tres años de un estado de guerra multifrontal que parece interminable. Reiniciar la guerra con Irán –que sigue promoviendo Netanyahu– implicaría regresar a los refugios antiaéreos con todos los costos económicos y sociales que eso implica.
En Europa, la presión ya no es solo retórica. Varios países comenzaron a prohibir la importación de productos de los asentamientos judíos en Cisjordania, Jerusalén oriental y los Altos del Golán, ilegales de acuerdo al derecho internacional. El propio Netanyahu admitió hace unos días el aislamiento de Israel, incluso proponiendo salir del sistema financiero internacional para darle vuelta a las sanciones y el potencial fin de la ayuda estadounidense.
Juntas, estas piezas describen un proyecto que subordina el interés del público israelí al destino judicial de un solo hombre y la protección de su pellejo político a cualquier precio. Por eso no da lo mismo quién gane: una oposición en el poder buscaría salvaguardar la institucionalidad del Estado y frenar la corrupción. No es cualquier cosa. Quizá un liderazgo renovado abra nuevamente la posibilidad para una solución política y viable con los palestinos de Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental que –desde 1967– viven bajo distintos registros de la ocupación israelí. Un tema que, sin duda, cuestiona los fundamentos democráticos del Estado judío. ~
- Las elecciones en Israel se desarrollan bajo un sistema de representación proporcional casi pura. Los israelíes no votan por una persona, sino por una lista por partido o unión electoral de partidos. Los 120 escaños de la Knéset (parlamento) se reparten de forma proporcional entre las listas que superan el umbral mínimo del 3.25 % de los votos, que equivale a cuatro escaños. Este sistema arroja como resultado un parlamento muy fragmentado, en el que ningún partido ha obtenido nunca mayoría propia. Todos los gobiernos han sido de coalición.
Los votos a las listas que reciben menos de 3.25% se excluyen del conteo final, con lo que aumenta el peso relativo de las demás. En las elecciones de 2022 se perdieron por esa razón unos 420,000 votos, el 9% del total. Meretz, el partido de izquierda sionista, se quedó a tan solo 4,000 votos de alcanzar el umbral. De haberlo logrado, Netanyahu no habría formado la coalición que ha gobernado desde entonces.
Así, una vez concluida la jornada electoral y publicados los resultados oficiales, comienza un proceso de negociación largo, a veces infructuoso. Cada partido que ha logrado representación parlamentaria recomienda al presidente a un candidato a primer ministro. Tras la consulta, el presidente encarga a uno de ellos la formación de gobierno. El candidato cuenta hasta con 28 días, prorrogables a 14 más, para reunir una coalición, preferentemente, de al menos 61 escaños. La ley solo exige obtener más votos a favor que en contra en la Knéset, pero un gobierno sin mayoría propia es frágil. Si el primer candidato fracasa, el presidente puede encargar la tarea a otro, y si tampoco lo consigue, la propia Knéset tiene 21 días para proponer un nombre. De lo contrario, se convoca a nuevas elecciones. ↩︎
