Si algún fantasma recorre hoy Europa, es el fantasma del descontento. Ahí están los disturbios que sacuden a la sociedad francesa, donde las protestas estudiantiles han degenerado en episodios de pillaje y destrozo patrimonial; huelga decir que la gran beneficiaria de semejante estado de cosas es Marine Le Pen, quien goza de una inmejorable oportunidad de conquistar el Elíseo. Pero también se han echado a la calle algunos jóvenes españoles y unos cuantos portugueses para demandar de sus gobiernos una vivienda más asequible; por su parte, los votantes alemanes siguen fragmentando sus parlamentos regionales –los poscomunistas de Die Linke se disponen a gobernar Berlín– y la popularidad del canciller Merz, quien ganó las elecciones con una agenda reformista, se encuentra bajo mínimos. Y aunque al nuevo primer ministro británico parece irle mejor de lo previsto, todavía no ha adoptado ninguna medida impopular y el debilitamiento de Reform UK –el partido de Nigel Farage– tiene más que ver con el vigoroso liderazgo de Kemi Badenoch al frente de los conservadores que con la satisfacción de los votantes. Tanto en Portugal como en España, por lo demás, la extrema derecha sigue creciendo; el partido de Silvia Orriols despunta en Cataluña. Pese a que el centro político no ha desaparecido, como demuestran esas democracias escandinavas que siguen funcionando como siempre, la polarización amenaza con convertir las llamadas a las urnas en batallas existenciales entre populismos de izquierda y derecha. Menos mal que solo los franceses –nostálgicos de la monarquía absolutista– deciden quién les gobierna conforme a un sistema presidencialista: que la elección directa del presidente fomenta por definición el populismo.

Ni que decir tiene que el malestar va por barrios: al pensionista máximo español nada le turba. Y tampoco es lo mismo pertenecer a eso que aún podríamos llamar clase trabajadora que nutrir las filas del activismo ideológico empeñado en subvertir el orden liberal, siendo muy fácil distinguir entre unos y otros: el activista protesta incluso si todo va bien, mientras que el individuo desfavorecido –sean cuales sean las razones que expliquen su situación– agradecerá cualquier mejora significativa de su situación personal. Cabe asimismo esperar que una sociedad próspera contenga un menor número de opositores frontales que una donde los recursos se han hecho escasos. Solíamos así pensar que el populismo es una enfermedad de las sociedades en vías de desarrollo y que las sociedades ricas solo podían experimentarla en forma de catarro; antes de la Gran Recesión y con excepciones tan vistosas como Silvio Berlusconi, el populismo europeo solía expresar eso que se llama “chovinismo del bienestar” y rara vez despuntaba en las urnas. Desde que estalló la crisis, sin embargo, las cosas han cambiado. Y no es mala idea recordar que los primeros neopopulismos exitosos surgieron a la izquierda del espectro ideológico en unos países mediterráneos especialmente castigados por la crisis financiera: Podemos en España, Syriza en Grecia, el Movimiento 5 Estrellas en Italia. Luego ya llegarían los populismos de derecha y el propio 5 Estrellas pasaría de una difusa oferta ideológica de izquierda –recordemos que su plataforma de voto electrónico se llamaba Rousseau– a una difusa oferta ideológica de derecha.

En cualquier caso, mi propósito aquí no es abundar en lo sucedido durante los últimos años, sino que me propongo explicarlo adoptando una perspectiva más amplia. Es aquella que proporciona una literatura situada a medio camino entre la sociología y la ciencia política, que introduce en el análisis de la actual crisis de la democracia liberal una dimensión histórica y atiende a las condiciones bajo las cuales se ha desplegado la sociedad moderna desde la segunda posguerra mundial en adelante. Bajo estos presupuestos se dibuja una dialéctica de la modernidad llena de efectos indeseados, efectos que a su vez condicionan las posibilidades abiertas en cada momento histórico. A estas alturas, como es patente, prima el desconcierto: incumplidas las promesas de la modernidad que legitimaban la acción estatal, acaso porque siempre fueron promesas de imposible cumplimiento, carecemos de alternativa discernible pese a que algunas doctrinas –del posliberalismo al decrecimiento– se postulan como tales. Y de ahí que nos sintamos atrapados en un callejón sin salida.

Habla así el sociólogo Ulrich Bröckling de una modernidad que no es tardía sino una a la que se le ha hecho demasiado tarde a causa de la deflación de las expectativas de futuro: los progresistas han dejado de creer en sus propias utopías y reaccionan a la defensiva. Según los también sociólogos Carolin Amlinger y Oliver Nachtwey, el empoderamiento del ciudadano enarbolado por los movimientos emancipatorios de los años 60-70 no se ha materializado y son los populistas de derecha quienes capitalizan en nuestros días la experiencia de una “libertad ofendida”; nos sentimos privados de poder y reaccionamos defendiendo nuestras libertades en lugar de abrazar la solidaridad social. Otros autores ponen el énfasis en la esclerosis del sistema, cuyo funcionamiento se encuentra aquejado por eso que el politólogo belga Anton Jäger denomina “polarización hiperpolítica”, vale decir una creciente politización que sin embargo carece de consecuencias estructurales. El también politólogo Veith Selk habla por su parte de una “parálisis liberal” que tendría su paradójico origen en la democratización de las sociedades occidentales, incapaces de cumplir con las expectativas despertadas durante la consolidación de los regímenes democráticos en la segunda posguerra: estabilidad socioeconómica, cohesión cultural, desarrollo supervisado por la política. Y con ello sufre la autoimagen de esas sociedades, que solo a duras penas pueden seguir viéndose a sí mismas como “modernas”.

Sobre la “ingobernabilidad” de las sociedades democráticas

Es aquí donde la referencia a la década de los 70 del pasado siglo –marcada por la crisis del petróleo, la estanflación y la violencia política– resulta obligada. Para el sociólogo Peter Wagner, se abrió en aquel momento una cesura que no ha dejado de ensancharse hasta hoy: al aumento de la desigualdad social en el interior de las sociedades occidentales vino a sumarse una creciente diversidad de opiniones y preferencias en el marco de una sociedad menos rígida y más contenciosa. Pero la capacidad para lidiar con los problemas de ahí derivados no ha mejorado; el aprendizaje colectivo ha sido más bien pobre. Al mismo tiempo, el mundo se hizo más global y las economías también; los gobiernos perdieron influencia sobre los procesos domésticos. La irrupción de los nuevos movimientos sociales y la expansión de la educación universitaria impulsaron una individualización que ha restado potencia a las viejas tradiciones, incluidas las tradiciones políticas basadas en el respeto a la autoridad y la aceptación de los ritos institucionales. Simultáneamente la demanda de una democracia directa se hizo común entre los movimientos emancipatorios, pese a que los gobiernos ni siquiera sabían qué palancas emplear para superar una grave crisis económica que vino acompañada de nuevas ansiedades ecológicas y la consiguiente sensación de que no hay futuro.

Es por eso pertinente recuperar el debate sobre la “ingobernabilidad” de las sociedades democráticas planteado en aquellos años. Fueron los conservadores quienes alertaron acerca de la creciente dificultad de los gobiernos para tomar decisiones políticas eficaces en una sociedad liberal que por momentos parecía desordenarse sin remedio. Muchas de las predicciones formuladas entonces se han probado exageradas: el politólogo alemán Wilhelm Hennis previno sobre la llegada de la “anarquía” y no faltaron quienes anticiparon un colapso de la actividad estatal. Pero lo que se dijo entonces –o lo que algunos comentaristas dijeron entonces– nos resulta familiar. Porque también los conservadores de los años 70 identificaron una “policrisis” que amenazaba la estabilidad del orden social; a la crisis económica y financiera se sumaban el incremento de las demandas ciudadanas y la erosión de la autoridad estatal. Para colmo, los problemas a los que se enfrentaban los Estados desbordaban las fronteras nacionales –del suministro de energía al terrorismo internacional– y el riesgo de guerra nuclear suscitaba el inédito temor a la destrucción de la especie.

Se llamó asimismo la atención entonces sobre el debilitamiento de los lazos tradicionales que aseguraban la cohesión de las comunidades nacionales, un tema que ha vuelto con fuerza en estos últimos años. Para Samuel Huntington, de hecho, es la propia vitalidad de la democracia en los años 60 la que explica los problemas de gobernabilidad de los años 70; al fin y al cabo, las normas escritas del constitucionalismo democrático pueden volverse contra él de acuerdo con sus propias premisas normativas: si todo es revisable, nada es sagrado. Para los conservadores de hace medio siglo, la gobernabilidad solo podía ser restaurada si se moderaban las expectativas ciudadanas y se atenuaban sus demandas; no pidamos todo a una política que no puede dárnoslo. Algo parecido ha señalado el alemán Claus Offe, quien ha identificado una “sobrecarga autoinfligida” del sistema como causa de su ineficacia e identificado la superación del Estado por la política como una de las causas de la crisis del Estado del Bienestar. Ahí tenemos el debate sobre las pensiones como inmejorable ejemplo de este problema estructural: se ganan elecciones prometiendo gasto y se pierden cuando se piden sacrificios.

Un escepticismo generalizado

Ocurre que también los progresistas se enfrentaron a la crisis de los años 70 y le dieron una respuesta que no debe pasarse por alto. Y es que, como ha señalado con agudeza el sociólogo Ingolfur Blühdorn, el progresismo ha permanecido ciego a sus propias contradicciones. En particular, concluyeron que todo podía resolverse fácilmente por medio de una “reinvención de la política” –la expresión es de Ulrich Beck– que atacase el problema de fondo, a saber: el capitalismo. Siendo este último incompatible con el empoderamiento, es preciso reemplazarlo por una alternativa social y ecológicamente sostenible que haga posible una auténtica emancipación; la salida está por ello en un aumento de los canales participativos y en la búsqueda de una democracia directa. Asunto distinto es que los progresistas de los 70 supieran cómo hacer tal cosa en ausencia del apoyo social necesario para instigar una transformación semejante; máxime cuando el crecimiento económico hace posible la autorrealización personal y permite mejorar la situación de los grupos sociales más desventajados.

Para Blühdorn, ni los conservadores ni los progresistas han logrado, ni entonces ni ahora, ofrecer soluciones plausibles. Y la razón principal es que son incapaces de analizar desapasionadamente las causas del problema que ellos mismos diagnostican; se dejan llevar por sus preferencias políticas y confían en que la política puede lograr todo aquello que se proponga: como si la sociedad fuese un bloque de plastilina que pudiéramos moldear de acuerdo con nuestros deseos. Pero es al revés: el cambio social tiene su propia lógica y las dinámicas emancipatorias de la modernidad no son ni mucho menos ajenas a ella, ya que la autorrealización individual sigue siendo uno de los valores dominantes y sus efectos –por ejemplo sobre la  tasa de natalidad– no pueden ignorarse fácilmente. De la misma manera, el acuerdo social es cada vez más precario y los procesos de formación de la opinión pública difícilmente conducen a la gestación de mayorías legitimadoras del cambio político; los sistemas de partidos se han fragmentado y el reiterado fracaso de las promesas emancipatorias –indispensables para legitimar la acción estatal– han desembocado en un escepticismo generalizado.

Ocurre que ni conservadores ni progresistas han sabido rehacer sus diagnósticos ni renovar su oferta ideológica. De un lado, los posliberales cargan las tintas sobre la disolución de las comunidades nacionales y proponen una suerte de rearme cultural que haga posible desplegar de nuevo las virtudes políticas tradicionales, reorientando la acción política hacia la búsqueda del bien común. Del otro, los progresistas no han abandonado su costumbre de arremeter contra el capitalismo, aunque suelan referirse a él diciendo “neoliberalismo”; siguen creyendo que las herramientas de la democracia directa habrían de facilitar la transición hacia un sistema social alternativo cuyos contornos nadie ha sabido dibujar todavía. Tal es el razonamiento que se trasluce en la entrevista de Daniel Gascón al sociólogo Christopher Guilluy sobre los disturbios franceses que publicó hace un par de días esta misma revista: pese a la formidable magnitud del gasto social del Estado francés, Guilluy cree que el sistema ha fallado a la gente y que la solución pasa por “reactivar la democracia, quizá con democracia directa, con referéndums, pero en cualquier caso devolviendo poder al pueblo”. O sea: vino viejo en viejos odres.

Parálisis liberal

Ni conservadores ni progresistas terminan así de aceptar que vivimos en sociedades tardomodernas que han sufrido cambios sociales y culturales irreversibles: la restauración del viejo orden es inviable. Y eso ayuda a explicar el ascenso global del populismo, que no es un programa ideológico sino un estilo político que moviliza un pueril anhelo: que la democracia cumpla su promesa originaria y sea un verdadero gobierno del pueblo. ¡Como si hubiera un pueblo! El carácter difuso de las demandas populistas –junto con el agotamiento de las propuestas conservadora y progresista– viene a confirmar que no existe un proyecto político capaz de sustituir a la democracia liberal-capitalista. Eso no impide que se abra paso una demanda generalizada de protección; allí donde el populismo ha llegado al poder, con todo, ha sido incapaz de dar con una fórmula mágica susceptible de ser exportada al resto del mundo.

Es verdad que Branko Milanovic ha postulado un liberalismo de mercado nacional que ponga freno a los efectos colaterales de la globalización; o que Stephen Davies defiende un “colectivismo nacional” de cuño conservador. Pero ni siquiera la ofensiva trumpista contra el librecambismo –irónicamente criticada por la misma izquierda antiglobalista que venía demandándola– parece destinada a cambiar las cosas. ¿Tendrá razón Alex Hochuli, quien predice una “brasileñización del mundo” mediante la que los países ricos adoptarán los rasgos estructurales de la periferia capitalista y en particular de Brasil? O sea: informalización masiva del trabajo, pérdida de capacidad estatal, generalización de la desconfianza ciudadana hacia la política. Tampoco eso, a decir verdad, está demasiado claro.

Quienes reclaman una mayor presencia del poder público, por su parte, dan la impresión de no haber estado atentos a lo sucedido en nuestras sociedades durante los últimos cincuenta años: los ya lejanos éxitos de Reagan y Thatcher al final de la Guerra Fría no han conducido a un Estado mínimo, sino a un Estado que se encuentra cada vez más presente en la vida social y regula un número creciente de actividades colectivas y personales. De ahí que el politólogo alemán Michael Greven hablase de una “sociedad política” para referirse al proceso mediante el cual el subsistema político deja de ser uno más entre los distintos subsistemas sociales –como el jurídico o cultural o económico– y penetra en los demás, sin que aumente por ello la capacidad para la toma de decisiones a la vez eficaz y legítima. O sea: la política decide más y sobre un mayor número de asuntos, pero lo hace con menor eficacia y en consecuencia va dejándose su legitimidad por el camino. El resultado es esa “parálisis liberal” que describe Selk, que solo se ve superada ocasionalmente cuando se adoptan grandes decisiones en el marco de un estado de excepción: una “política de emergencia” que responde a las crisis saltándose los procedimientos y filtros democráticos.

Vivimos así en una democracia liberal tardía definida por la intensificación del desacuerdo y la erosión populista de sus instituciones, incapaces de gestionar racionalmente las consecuencias indeseadas de sus viejas políticas bienestaristas ante la oposición de unas cohortes generacionales que han sido educadas en la creencia de que la voluntad política basta para asegurar las bases del progreso social. Se abre con ello una brecha generacional que no se deja suturar fácilmente, sobre todo en aquellos países donde la economía se basa en el uso intensivo de mano de obra y se ha renunciado a participar en la carrera global por la innovación. Si a eso añadimos las tensiones que generan los flujos migratorios allí donde la población local se ha empobrecido, nos encontramos con una situación que ni la política sabe cómo resolver más allá de la puesta en circulación de vistosos eslóganes electorales –como el “otoño de las reformas” de Merz– llamados a agudizar la frustración de los votantes.

No obstante, conviene recordar que sigue habiendo sociedades razonablemente bien gobernadas donde la parálisis solo es relativa: de Dinamarca a Australia. Y no deja de ser un consuelo que la transformación social de las últimas décadas haga más difícil el éxito de los modelos autoritarios que se postulan como alternativa a la democracia liberal; digamos que la guerra ideológica es una guerra de posiciones que nadie puede ganar del todo. Ya veremos qué nos deparará el futuro; en cuanto al presente, sale obviamente de un pasado  –el despliegue histórico de la modernidad– del que no podemos librarnos fácilmente. Hagamos, al menos, el esfuerzo por conocerlo; solo así será posible modificar su curso.