A fines de junio, el Tribunal Internacional de La Haya, establecido en 1993 por las Naciones Unidas para enjuiciar a los responsables de los genocidios que ensangrentaron por años a la ex Yugoslavia, recibió en calidad de prisionero al principal acusado de las masacres, el ex presidente serbio Slobodan Milosevic. Irónicamente, la extradición de Milosevic se llevó a cabo en el aniversario de la derrota de los serbios a manos de los otomanos en la batalla de Kosovo en 1389. Derrota que marcó para siempre con un signo de fatalidad y nihilismo la memoria colectiva serbia. El 28 de junio del 2001 se conmemoraba asimismo el arranque de la meteórica carrera política de Milosevic. En 1989, en el seiscientos aniversario de aquella legendaria batalla contra los turcos, el presidente había hecho un llamado incendiario a los serbios para vengar cualquier derrota y construir, a expensas de Croacia y Bosnia Herzegovina, la Gran Serbia. El discurso consolidó a Milosevic en el poder e inició la cadena de guerras civiles que ensangrentaron al país por casi un decenio y que culminó con la extradición del líder serbio.
El traslado de Milosevic a La Haya fue igualmente la venganza final de los Estados Unidos. Washington había advertido al presidente yugoslavo Vojislav Kostunica y al primer ministro serbio Zoran Djindjic que no acudiría a la reunión de países donadores en Bruselas convocada para el 29 de junio si Slobodan Milosevic no era entregado al Tribunal de la ONU. Serbia, devastada por años de desgobierno y por los bombardeos de la OTAN, necesitaba de manera urgente ayuda económica e inversión extranjera. A cambio de Milosevic, la Unión Europea y los Estados Unidos otorgaron, en efecto, 1.8 mil millones de dólares en ayuda al gobierno serbio.
Más allá de la renovada cooperación económica entre Belgrado y los países de Occidente, la extradición y juicio del ex presidente serbio tuvo y tendrá importantes repercusiones dentro y fuera del país. En Serbia provocó inmediatamente una ola de inestabilidad política. El primer ministro yugoslavo Zoran Zizic renunció al gobierno y creó nuevas fisuras en la coalición gobernante que tomó el poder en octubre. Aunque esta renuncia no afecta al presidente Kostunica, electo por votación directa, sí lo obliga a formar un nuevo gobierno o a convocar a nuevas elecciones. Más grave aún fue el enfrentamiento entre Kostunica, que se opuso siempre a extraditar a Milosevic y propuso repetidamente juzgarlo en Belgrado, y Djindjic, que tomó la decisión de trasladarlo a La Haya por encima de los deseos del presidente.
La inestabilidad generada por esos enfrentamientos podría profundizarse con graves consecuencias si la opinión pública serbia se radicaliza durante el juicio de Milosevic. Aunque la cabeza del Tribunal, la suiza Carla del Ponte, advirtió que el acusado es el ex presidente y no el pueblo serbio, líderes de ultraderecha como Vojislav Seselj, del Partido Radical, han repetido una y otra vez que "juzgar a Milosevic es juzgar a toda Serbia". Y, en gran parte, tienen razón. Aunque Slobodan Milosevic convirtió a la mentira en política de Estado, es imposible aceptar el argumento de muchos serbios en el sentido de que nadie en el país sabía de la existencia de las campañas de "limpieza étnica". La brutalidad serbia fue tan abierta y consistente que pocos pueden haber creído realmente que las ofensivas serbias, desde la destrucción de Vukovar en Croacia hasta la masacre de Srebrenica en Bosnia y los asesinatos de albaneses en Kosovo eran, como repetía la propaganda del gobierno, una invención de Occidente.
Dentro de Serbia, los testimonios de asesinatos de albaneses kosovares se han multiplicado y el gobierno de Djindjic los ha expuesto repetidamente en los medios de comunicación masiva para erosionar las protestas por la extradición de Milosevic. Las evidencias que se presentarán durante el juicio confrontarán aún más abiertamente a los serbios con la responsabilidad colectiva o la complicidad silenciosa con que acompañaron las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el ejército serbio y por los serbios-bosnios en casi todo el territorio de la antigua Yugoslavia.
Más allá de las fronteras de Serbia, la extradición de Milosevic rompió la impunidad con que líderes políticos y comandantes militares han llevado a cabo crímenes contra la humanidad. Augusto Pinochet y Milosevic son prueba de que el brazo de la justicia se ha extendido y abarca un territorio cada vez más amplio. El juicio del ex presidente serbio podría ser la alborada de una era en que el derecho se aplicará por encima de las fronteras. Este fenómeno, acorde con la globalización, amenaza con debilitar la soberanía nacional y ha despertado temores en diversos países. Entre ellos sobresale Norteamérica, siempre dispuesta a aplicar todo tipo de presiones para encarcelar a criminales, siempre y cuando no sean norteamericanos. Washington se ha negado convenientemente a apoyar el establecimiento de una Corte Internacional de Justicia. Otras naciones han advertido que procesos como el que escenificará la Corte de La Haya pueden convertirse en armas políticas impredecibles.
Será responsabilidad de la comunidad internacional establecer los límites y las reglas dentro de los cuales deberán actuar los tribunales internacionales para evitar resultados negativos y violaciones a la soberanía de los Estados. Por lo pronto, el hecho de que tiranos del corte de Pinochet, que asesinó a miles de sus compatriotas, o dictadores como Milosevic sepan que no hay impunidad para sus crímenes, es un avance innegable para el mundo entero. –
Estudió Historia del Arte en la UIA y Relaciones Internacionales y Ciencia Política en El Colegio de México y la Universidad de Oxford, Inglaterra.
