El pasado 7 de julio se celebraron elecciones locales en 15 estados[1]. A lo largo del proceso electoral, en al menos siete estados[2] se registraron actos de violencia en los que grupos asociados al crimen organizado estuvieron involucrados. Esta violencia no solo fue física, sino que también hubo amenazas que llevaron a que los partidos políticos no pudieran postular candidatos en algunos municipios. Desafortunadamente, esta no es la primera vez que actos de esta naturaleza suceden en medio de procesos electorales. Desde 2007, las elecciones en México han estado marcadas por la violencia criminal. ¿Cuál es la motivación del crimen organizado para intervenir en los procesos electorales? ¿Cuáles son las consecuencias de tales acciones?
La corrupción, el soborno y la intimidación son elementos fundamentales en la relación entre los grupos del crimen organizado y funcionarios del gobierno. La combinación de estos tres elementos le permite a los grupos criminales comprar protección para sus territorios e impunidad para sus crímenes. Si bien no tienen un fin ideológico o partidista —como puede ser el caso de otros grupos armados no estatales, como grupos guerrilleros o paramilitares— las organizaciones criminales sí están interesadas en influir en el sistema político, con el fin de alterar la composición del gobierno y su política pública en materia de seguridad. Dado que los grupos criminales operan a nivel local, estos buscan establecer redes de protección, también a nivel local. Una vez que logran este cometido a través de algún partido o funcionario público —vía corrupción o amenazas— su interés está en afianzar dicha relación y ampliar su capacidad para incidir, por ejemplo, en el nombramiento de agentes en puestos de seguridad claves para su operación, como los directores de la policía municipal o de los centros penitenciarios. De esta manera esperan incrementar sus ganancias económicas y operar con cierto nivel de inmunidad ante la ley.
Los procesos electorales a nivel local son puntos focales en los que las organizaciones criminales utilizan todos sus medios para lograr esos propósitos, ejerciendo violencia en contra de candidatos o partidos que no los favorecen y apoyando a aquellos que sí.
El domingo pasado, el PRI solicitó protección al Instituto Electoral de Coahuila para los candidatos a alcaldes en varios municipios de la entidad, entre los que se encontraban Saltillo y Acuña. Aún con esta situación de inseguridad, el PRI ganó en Acuña. En estas elecciones, el PRD no pudo registrar candidatos en los municipios duranguenses de Canelas, Tamazula, San Pedro del Gallo, Hidalgo, Otáez y San Bernardo por cuestiones de inseguridad. El PAN no postuló candidatos en San Bernardo e Indé por las mismas razones. Así, en el municipio de San Bernardo solo hubo un candidato postulado por la coalición del PRI-PVEM-Panal que se llevó el 78% de los votos. 21% fueron votos nulos y el 1% restante fue para candidatos no registrados[3].
En circunstancias como estas, los esfuerzos de movilización partidista necesariamente son menores y la competencia electoral también. Ante esta situación, las opciones de los votantes se reducen y su motivación para participar en elecciones también. Estudios recientes han mostrado el impacto negativo que la violencia criminal –en particular la que se dirige en contra de candidatos y autoridades públicas– tiene sobre la participación electoral[4]. En San Bernardo, el 54% de los votantes acudió a las casillas. Esto, en comparación con el 72% de nivel de participación en el municipio de San Juan de Guadalupe, Durango[5], donde los tres partidos pudieron registrar candidatos y en donde en los últimos 7 años no se han registrado amenazas o agresiones de grupos criminales en contra de partidos o autoridades en tiempos electorales.
En 2007, durante el proceso electoral en Tamaulipas, los candidatos del PAN recibieron amenazas en al menos 10 municipios, lo que les impidió hacer campaña para las alcaldías.Lo mismo sucedió en la elección de 2010 del mismo estado y el partido decidió no registrar candidatos en los municipios de Camargo, Nueva Ciudad Guerrero y Mier. Michoacán y Guerrero no han sido la excepción. En la elección de 2011 en Michoacán, los siete partidos participantes tuvieron problemas para registrar candidatos a alcaldes, en al menos un municipio, debido a amenazas del crimen organizado. En total, hubo 20 alcaldías que se quedaron sin candidatos de al menos un partido. En Guerrero, en la elección de 2012, seis precandidatos del PRI también se retiraron de la competencia.
En otros casos, las amenazas no se hacen esperar y la violencia es directa. Desde 2007, más de veinte candidatos han sido secuestrados o asesinados[6].Y de las elecciones de este 7 de julio sobresalen los asesinatos del candidato a edil en San Dimas, Durango, José Ricardo Reyes Zamudio (Movimiento Ciudadano), y de Jaime Orozco Madrigal, candidato del PRI a la alcaldía de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. En ambos casos, a pesar de estos eventos, los partidos amenazados resultaron ganadores. En San Dimas, la hija de Reyes Zamudio asumió la alcaldía y ganó con el 49% de los votos. El nivel de participación fue del 49%. En Guadalupe y Calvo, el PRI resultó ganador con el 69% de los votos. Sin embargo, el nivel de participación apenas alcanzó el 30%.
Los casos de San Dimas y Guadalupe y Calvo en estas elecciones –así como el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a gobernador por Tamaulipas, en 2010— sugieren que si bien el crimen organizado intenta incidir directamente en los procesos electorales, no siempre tiene la capacidad de imponer a sus candidatos y determinar la elección. Esto podría ser particularmente cierto en el caso de municipios en los que dos grupos criminales están en disputa y existe una especie de balance de poder entre ambos, donde ninguno es más fuerte que el otro.
La violencia criminal en las elecciones no solo se dirige hacia candidatos y partidos, sino también a las autoridades públicas y votantes. De acuerdo con la Federación Nacional de Municipios en México, más de 30 alcaldes han sido asesinados en los últimos cuatro años. Este tipo de eventos, junto con las agresiones en contra de partidos, impactan en el electorado y su participación, ya que inevitablemente alteran el ambiente político y la percepción de los votantes respecto a la inseguridad asociada con la actividad electoral.
El caso más reciente de agresiones en contra de votantes se registró en las elecciones locales de Michoacán en noviembre 2011, donde La Familia Michoacana amenazó a los habitantes del municipio de Tuzantla para votar por el PRI. En la misma elección, en La Piedad, Michoacán, se imprimió un desplegado anónimo en el periódico AM en el que se advertía a los votantes que no salieran a votar por el PAN, ni portaran propaganda de ese partido, para evitar muertes inocentes. En el proceso electoral del 2009, en Guerrero, se registraron amenazas similares de ‘halcones’ que supervisaban quién iba a votar[7]. Estudios académicos han mostrado que este tipo de intimidación a los votantes reduce los niveles de participación electoral.
Finalmente, está la posibilidad de que el crimen organizado, en su intento de colocar a su opción política preferida, financie campañas. Durante el reciente proceso electoral en Aguascalientes, la Procuraduría de Justicia del estado inició una investigación sobre el supuesto financiamiento de La Familia Michoacana a la campaña del candidato del PAN a la alcaldía de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, quien rechazó por completo la acusación. El PAN ganó la elección con el 44% de los votos. La investigación sigue abierta y por lo tanto, la respuesta a la pregunta de si existió tal vínculo con La Familia sigue pendiente.
Desafortunadamente, en otros países latinoamericanos se replican escenarios similares. Las elecciones de Guatemala en 2011 sumaron más de treinta muertes asociadas a violencia criminal-electoral y las irregularidades en el financiamiento de las campañas abrieron investigaciones en torno a la presencia de dinero ilícito. Una situación similar se presentó en Colombia, donde más de cuarenta candidatos fueron asesinados en previo a las elecciones locales de 2011.
Denunciar y echar luz sobre este tipo de violencia es importante, pero lo es aún más darle seguimiento a los casos. ¿Quién está detrás de los asesinatos y amenazas a autoridades, candidatos y partidos? ¿Por qué? ¿Hay o no dinero del narco en las campañas? Si lo hay, ¿cuáles son las consecuencias de tal financiamiento? Esta es una tarea que, en parte, también le corresponde a los institutos electorales, quienes deberían tomar seriamente la tarea de evaluar las condiciones de seguridad, así como las consecuencias de la violencia en la participación, las preferencias electorales e incluso la confianza en la institución. Es fundamental identificar cuáles son las zonas del país en las que objetivamente no se puede ejercer el voto libremente y a partir de esta tarea, los institutos, junto con los congresos locales, deberían delinear soluciones efectivas. Finalmente, es también responsabilidad de los partidos políticos informar en dónde enfrentan problemas de seguridad, previo a la elección. Su aportación en este sentido es esencial para realizar un diagnóstico fundamentado y objetivo respecto a las condiciones de inseguridad que afectan los comicios electorales. Solo así será posible superar los retos que la violencia representa para la democracia y las elecciones en México.
[1]Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En Sonora se celebró una elección extraordinaria, en Hidalgo solo se realizaron elecciones para la renovación de la legislatura local y en Baja California se renovó la gubernatura del estado.
[2]Coahuila, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.
[3]Con base en datos del PREP del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, con el 100% de las actas capturadas. Ver:
[4]Ver: Carreras, Miguel y Alejandro Trelles. 2012. “Bullets and Votes: Violence and Electoral Participation in Mexico.” Journal of Politics in Latin America 2:89–123; Bravo Regidor, Carlos y Gerardo Maldonado Hernandez. 2012. Balas y Votos: Qué efecto tiene la violencia sobre las elecciones. En Las Bases Sociales del Crimen
Organizado y la Violencia en Mexico, ed. Jose Antonio Aguilar. Mexico: SSP; Ley, Sandra. 2013. “To Vote or Not to Vote: Elections in the Midst of Violence”. Documento presentado en el Seminario Política y Gobierno, CIDE, México, 26 de junio 2013.
[5]Las proporciones de población mayor de 65 años, niveles de desarrollo, urbanización y alfabetización son muy similares entre estos dos municipios. Incluso los niveles de participación entre estos municipios en la elección pasada (2010) fueron similares. En San Bernardo, la participación en ese año fue del 61%, mientras que en San Juan de Guadalupe fue del 65%.
[6]Este número excluye amenazas y tampoco toma en cuenta los municipios en los que los partidos no pudieron postular candidatos debido a cuestiones de inseguridad.
[7]Jimenez, Benito. 2009. “Estaban cazando a quien votaba y los intimidaban.” Reforma. Nacional. Julio 6, 2009, p.21.
Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Duke e investigadora visitante en el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales en la Universidad de Notre Dame.
