“En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles.” Así dice la flamante Constitución local al inicio de un gigantesco artículo 8. ¿Qué posibles consecuencias pueden derivarse de esta redacción?
El líder de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, tiene una respuesta que puede resultar definitiva: se trata del reconocimiento a la educación superior como un derecho (según da cuenta Martí Batres en su artículo “Morena, la fuerza de empuje en la Constituyente”), que fue uno de los principales objetivos que se plantearon los diputados constituyentes de este partido para que ningún joven sea excluido de este nivel (por motivos de cupo conforme a la demanda o porque no haya aprobado un examen de admisión).
¿En verdad estamos ante el declive del mérito como condición de ingreso a la educación superior y el cambio por un criterio distinto, el del merecimiento por dignidad? El mismo artículo dice que “se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria”; la cual es, de acuerdo con la Constitución federal, la que va de preescolar a bachillerato. De tal modo que el gobierno o los poderes locales no están obligados a garantizarla en el nivel superior. Lo que sí establece la nueva Constitución es que las autoridades educativas fomenten “oportunidades de acceso a educación superior”. Pero otro artículo, el 11, dice que “las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio” de los derechos de las personas jóvenes, incluido el de educación.
¿Pero en la vida real cómo se puede hacer efectivo esto? ¿Quienes sean rechazados podrán demandar ante el Tribunal Superior de Justicia su admisión? ¿El congreso local asignará un cuantioso presupuesto a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para que amplíe su matrícula? ¿Las alcaldías gobernadas por Morena financiarán a las incipientes escuelas universitarias promovidas por sus militantes? El artículo 8 también dice que “las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en todos los niveles y modalidades”. ¿Quiénes son estas autoridades? De acuerdo con la Ley General de Educación (artículos 11 y 15), además del secretario de educación de la ciudad, también podrían serlo los directores de educación de los ayuntamientos.
¿O podrá haber la combinación de varias de estas posibilidades y algunas otras? La especulación no es de menor importancia. La campaña a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador tiene como primera promesa la de asegurar educación a trescientos mil jóvenes rechazados de nivel medio superior y superior y además pagarles una beca, a cada uno de ellos, de 2,400 pesos. (O sea que va a convenir más ser rechazado que aprobar un examen de ingreso). Además, habrá una “acción” para que 2.3 millones de jóvenes obtengan trabajo “como aprendices” y reciban una beca de 3,500 pesos mensuales.
¿Puede haber controversia entre la autonomía universitaria y el derecho humano a la educación? Tal vez este derecho no pueda demandarse con éxito ante instituciones federales o nacionales, como la unam, el ipn o la Pedagógica, ¿pero qué tal en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? ¿Y por qué no en la Universidad Autónoma Metropolitana, que, aunque financiada con recursos federales, le corresponde atender la demanda de educación superior de la zona metropolitana?
Pero el artículo 8 tiene todavía mucha más cuerda en esta misma declaración. El derecho es “de todas las personas”, lo que implica que puede tratarse de alguien de cualquier estado del país, que no está obligado a comprobar su residencia en la Ciudad de México y que puede ser incluso extranjero. De inicio, la población conurbada podría acogerse al carácter humanitario del precepto. Y, además, dice que en todos los niveles, lo que incluye también el posgrado, dado que forma parte del nivel superior.
No hay que perder de vista la alianza de AMLO con la CNTE (para echar abajo la reforma educativa) y el apoyo que tiene de sindicatos universitarios, numerosos académicos de educación superior y movimientos estudiantiles que van del antipriismo a eso que llaman la defensa de la educación superior o de representación de estudiantes excluidos. Tampoco hay que ignorar el querido anhelo de numerosas familias de colgar los títulos de los hijos en la sala de la casa como testimonio de algún tipo de éxito, señal inequívoca de que ser licenciado no es un lujo, sino una necesidad de la que nadie debe ser privado.
Con este panorama, la flamante Constitución de la Ciudad de México resultó inútil para la fallida carrera de Miguel Ángel Mancera, pero puede terminar siendo un magnífico apoyo para la del candidato de la esperanza. ~
Politólogo y comunicólogo. Se dedica a la consultoría, la docencia en educación superior y el periodismo.
